Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la parte de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 (OMS), que contiene la regulación de Madrid Central y las demás “ordenaciones permanentes” (artículos 21-25; Sentencia 445/2020, de 27 de julio, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo).
La resolución judicial basa la anulación en un defecto de tramitación: la falta de cumplimentación suficiente del trámite de información pública exigido por la normativa por la que se rige el procedimiento de aprobación de Ordenanzas, que en el caso del municipio de Madrid está regulado por su ley especial: la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (LCREM).
Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló parcialmente la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en la parte específicamente referida a “Madrid Central” (Sentencia 445/2020, de 27 de julio, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo). En realidad, el Tribunal ha dictado tres sentencias. Ahora me refiero sólo a la primera, que se centra en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza y, más en especial, al trámite de información pública.
Según la sentencia, el Ayuntamiento no respetó debidamente el trámite de información pública que para los municipios en general establece el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y que para la ciudad de Madrid impone el art. 48 de la Ley de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (LCREM).
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