STC 18/2022. El art. 149.3 del EAC no agota las competencias de la comunidad en relación con los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre y tampoco prohíbe la atribución de esa potestad a los ayuntamientos.
STS 84/2021. Cuando en virtud de una delegación corresponda resolver el recurso de alzada contra la resolución sancionadora al mismo funcionario que dictó esta, deberá ponerse en conocimiento del órgano delegante de la competencia para resolver la alzada.
STS 64/2021. La potestad reglamentaria atribuida al pleno se ejerce sobre todas las materias, incluidas las de competencia ejecutiva y administrativa de la Junta de Gobierno Local o de otros órganos de gobierno.
El modelo competencial diseñado por la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica en materia de servicios sociales se parece más a la de una Administración indirecta de la Comunidad Autónoma gestionando competencias delegadas o encomendadas, que a la actividad desarrollada por una entidad dotada constitucionalmente de autonomía en ejercicio de competencias propias. Destacadamente en esta materia, las Comunidades Autónomas tienen un gran espacio y poder, tanto desde el punto de vista competencial y del diseño y planificación de la política social, como por el poder financiero del que disponen. De este modo, la Comunidad Autónoma se encuentra en condiciones de programar muy intensamente la actuación municipal en este ámbito.
La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) llevada a cabo por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 27/2013 (LRSAL) alteró notablemente, al menos sobre el papel y de inicio, el esquema competencial en materia de servicios sociales en la relación entre Comunidades Autónomas y entidades locales, y generó, en el momento de aprobación, importantes conflictos normativos entre diversos bloques de normas, además de hacer correr ríos de tinta entre la doctrina, culminando con los correspondientes pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional, con anulación de normas incluida. El resultado de esta reforma se puede expresar, de manera muy escueta, en afirmar que el legislador estatal procedía a (intentar, al menos) reducir el papel protagonista de las entidades locales en la prestación de servicios sociales, con la finalidad de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones existentes en aquel momento (según confiesa expresamente la Exposición de Motivos de la propia Ley), en aras de los principio de eficacia de la actuación administrativa, eficiencia en el uso de los recursos públicos y estabilidad presupuestaria y control del gasto público.
STS 659/2019. Las Diputaciones Forales no tienen competencia propia para determinar límites máximos de las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales.
STS 280/2019. Incluso una regulación únicamente urbanística y ambiental de los clubes de cannabis vulnera la competencia exclusiva estatal sobre legislación penal.
STC 132/2018: Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, función pública y administración local: inconstitucionalidad de los plazos perentorios fijados para la producción de los efectos de la resolución de convenios. Voto particular.