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Competencias locales

El Pleno: máximo órgano de gobierno de las entidades locales

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El Pleno: máximo órgano de gobierno de las entidades locales
Angel Zurita
Letrado del Ayuntamiento de Bilbao

Cada vez es más frecuente identificar el gobierno de las entidades locales con el Presidente y la Junta, sin tener en cuenta que el Pleno es su maximo órgano de gobierno. Esta concepción parlamentaria del gobierno local conduce a situaciones curiosas. Por ejemplo, al analizar los dos anteproyectos de ley que pretenden sustituir la Ley 30/92, de régimen jurídico de las Administraciones Publicas y el procedimiento administrativo común, donde se alude en varias ocasiones a los órganos de gobierno locales.

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¿Cuándo deben abstenerse los concejales?

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¿Cuándo deben abstenerse los concejales?

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid

En las últimas semanas, los medios de comunicación ofrecen información y opinión sobre el deber de abstención de los concejales, cuando ante sí tienen asuntos en los que hay interés propio o se refieren a familiares. Entre estos casos es de especial notoriedad el de la exconcejal de IU en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

Con independencia de la solución que pueda corresponder a cada concreto caso, lo cierto es que el deber de abstención de los concejales está hoy en el centro del debate político. Con carácter general, los medios de comunicación están ofreciendo una concepción estricta del deber de abstención, tachando consecuentemente de ilegal toda actuación de un concejal en la que hubiera una conexión de interés o de parentesco con el asunto sometido a su consideración. Sin embargo, en mi opinión el deber de abstención de los concejales no es tan extenso como sugieren la mayoría de los medios de comunicación.

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La elección del alcalde en el Reino Unido

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La elección del alcalde en el Reino Unido

Carmen Navarro (visiting scholar) y David Sweeting (senior lecturer)

Centre for Urban and Public Policy Research.
 School for Policy Studies. University of Bristol

Continuando con la línea de reflexión iniciada en este blog sobre la elección directa del alcalde, hoy miramos al Reino Unido como caso que ilustra la introducción del modelo, nos permite observar algunas de las causas que están detrás de este tipo de reforma y ofrece información de interés para poner en contraste con la realidad española.
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“Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, por Julia Ortega Bernardo

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Novedad bibliográfica: “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, Julia Ortega Bernardo, Marcial Pons, Madrid, 2014, 359 páginas, con prólogo de José María Rodríguez de Santiago

Los Gobiernos locales aprueban Ordenanzas en las que se decide que determinados derechos fundamentales sean limitados u optimizados en atención a bienes colectivos cuya protección se sitúa en su ámbito competencial. Del análisis crítico del espacio regulativo que ocupa en la praxis el poder de Ordenanza en materia iusfundamental cabría inducir unas pautas generales. A partir de ese análisis esta obra tiene como objetivo formular un canon, no sólo descriptivo sino también prescriptivo, sobre los presupuestos, requisitos y funcionalidad de la Ordenanza, acorde al cual se la considera una decisión «ponderativa» (incluso «optimizadora »), de «ajuste singular», y reguladora de aspectos «esenciales» en materia de derechos fundamentales.Seguir Leyendo “Derechos fundamentales y ordenanzas locales”, por Julia Ortega Bernardo

Cuando hay contradicción entre la LRSAL y una ley autonómica: ¿qué ley debe aplicar un ayuntamiento?

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Francisco Velasco Caballero

La nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL) entra en contradicción con numerosas normas legales de las comunidades autónomas. Tanto con leyes autonómicas de régimen local (de desarrollo de la legislación básica estatal) como con leyes sectoriales autonómicas (como las que atribuyen a los ayuntamientos competencias propias en materia de servicios sociales). Aunque pueda parecer sorprendente, nuestro sistema constitucional no contiene un criterio formal claro y determinante sobre cuál debe ser la norma legal aplicable, la estatal o la autonómica. Esto determina que, a la postre, será cada entidad local quien deba adoptar, en cada caso concreto, una opción aplicativa razonable y justificable. Esa opción unas veces consistirá en la aplicación de la ley autonómica, y otras veces pude llevar a la aplicación de la LRSAL. Veamos.

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Aplicación de la LRSAL en Madrid y Barcelona

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Por Francisco Velasco Caballero

La LRSAL es de aplicación singular y restringida en las ciudades de Madrid y Barcelona, por mandato expreso de la DA 5ª LRSAL, que precisamente lleva por título “regímenes especiales de Madrid y Barcelona”. De manera que, sin perjuicio de las precisiones que siguen más adelante, en Madrid rige, frente a la LRSAL, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid (LCREM). Y en Barcelona se aplica, antes de la LRSAL, la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona (LREB) y la Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona. A esta conclusión se podría haber llegado directamente, sin necesidad de una disposición adicional específica en la LRSAL, de dos formas. Primero, mediante, la aplicación de los criterios nomodinámicos tradicionales. Y segundo, induciendo criterios de preferencia aplicativa de la Constitución y los Estatutos de Autonomía de Madrid y Cataluña. Ahora bien, como ya ha sostenido mi colega Alfredo Galán, de la Universidad de Barcelona, estas vías hermenéuticas, aunque posibles, son inciertas e  incompletas: no aseguran la aplicación preferente de todas las normas especiales de Madrid y Barcelona. Estas insuficiencias, a las que ahora me referiré con más detalle, han sido superadas mediante la DA 5ª LRSAL.

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Estrategias políticas de identificación de las competencias municipales propias

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 Por Francisco Velasco Caballero

Como es sabido, la nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece un régimen de prelación de actividades para los municipios. De tal manera que los municipios deben ejercer, antes de nada, actividades que resultan de competencias propias. Las demás actividades, que para la LRSAL son “impropias” o “distintas de las propias” se pueden ejercer en dos regímenes distintos: o bien por delegación (art. 27 LBRL) o bien previa autorización supramunicipal, por medio de dos informes vinculantes, uno de sostenibilidad financiera y otro de “no duplicidad” de actividades.

A partir de aquí, la clave del nuevo sistema está en determinar qué competencias municipales son propias y cuales “distintas de las propias”. En este punto sorprende la senda marcada por la FEMP y expresada también por algunos grandes ayuntamientos, como el de Zaragoza (véase el informe general de este ayuntamiento en www.idluam.es). Según esta línea interpretativa, sólo son propias las competencias municipales referidas a las materias enunciadas en el art. 25.2 LBRL. Las demás competencias son “distintas de las propias”. Así, el informe del Ayuntamiento de Zaragoza incluye en la lista de actividades impropias una importante parte de la actual realidad municipal (vivienda, consumo, escuelas taller…). Esta línea interpretativa tiene un claro sentido financiero: se pretende que para todas aquellas actividades “impropias” la correspondiente Comunidad Autónoma suscriba un convenio de delegación con los ayuntamientos, convenio en el que, conforme al art. 27 LBRL, necesariamente ha de contenerse la financiación plena de la actividad. De esta manera, los ayuntamientos mantendrían las actividades “impropias” actuales, sólo que ahora en régimen de delegación y con nueva financiación autonómica. Varios son los comentarios que merece esta estrategia municipal:

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