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Contratación Pública

Seminario: ¿Reformas del Derecho de Contratación Pública tras la crisis del coronavirus?

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PONENCIA:

  • ¿Reformas del Derecho de Contratación Pública tras la crisis del coronavirus?

PONENTE:

  • Martin Burgi, catedrático de Derecho público, Ludwig-Maximilians-Universität München.

PARTICIPACIÓN:

El acceso al seminario es libre hasta completar el aforo. Para participar debes pinchar en el siguiente enlace de zoom o introducir el número de identificación de la reunión y la contraseña:

Enlace directo a la reunión.

ID de reunión: 851 6036 9136
Código de acceso: 056453

Contratos “open-house”

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Madrid

Desde el mes de marzo de 2020 se han multiplicado en TED (tender electronic daily del Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE) los anuncios de contratos o procedimientos “open-house” de poderes adjudicadores alemanes con el fin de adquirir productos farmacéuticos en el marco de la pandemia de la COVID-19. Conforme a esta fórmula, todos los operadores económicos que cumplen los requisitos fijados por el poder adjudicador celebran un contrato idéntico para el suministro de ciertos productos; posteriormente, el médico, el farmacéutico o el paciente eligen el medicamento del proveedor que prefieran. El ente contratante no elige a un operador jurídico frente a otro; tampoco puede limitar el número de participantes. Realiza una offerta ad incertas personas a diferencia de la invitatio ad offerendum que tiene lugar en la licitación de un contrato público. Por su parte, los proveedores interesados no presentan ninguna oferta, solo demuestran que están en condiciones de satisfacer la necesidad anunciada. A pesar de que estos procedimientos o contratos se pueden dar a conocer por la vía ordinaria de publicación de los contratos públicos y de que, en ocasiones, se pueden confundir con la contratación de emergencia, representan una forma distinta de adquirir bienes y servicios en el mercado que no exige la tramitación de una licitación previa.

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¿Cómo está funcionado la Ley de Contratos del Sector Público a nivel local? Los gestores de contratos de servicios públicos nos lo cuentan

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Fuente: https://pixabay.com/es/photos/tablero-tiza-negocios-4862180/

En esta entrada tratamos de dar respuesta a esta pregunta a partir de los hallazgos de una reciente investigación[1], cuyos resultados se recogerán en el libro “La externalización de servicios públicos a nivel local. Experiencias, competencias y desafíos de la gestión de los contratos” (Reynaers et al., 2021), que el Instituto Nacional de Administración Pública publica a finales de este mes. El análisis pone el foco en los factores institucionales, organizacionales e individuales que influyen en la gestión de los contratos de servicios externalizados. Aspectos como el diseño del contrato y los pliegos, el seguimiento y la corrección del desempeño en caso de incumplimiento son analizados a partir del relato de los propios gestores de contratos en el ámbito local.

Como se recordará, el 9 de marzo de 2018 entraba en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponían a nuestro ordenamiento las Directivas Comunitarias sobre adjudicación de contratos de concesión y contratación pública. Lo hacía con casi dos años de retraso y después de que España fuera sancionada por la Unión Europea. Sus dos objetivos principales eran, en primer lugar, conseguir una mayor transparencia en la contratación pública y, segundo, lograr una mejor relación calidad-precio. De este modo se pretendía acabar con las prácticas de corrupción y fraude, además de sanear las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad financiera de los contratos. Todo ello debía conseguirse mediante una simplificación de los procedimientos de contratación, que redundaría, además, en una mayor calidad de la contratación y satisfacción de los usuarios con los servicios.

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La acción socio-sanitaria concertada (de la Comunidad Valenciana) ante el TJUE

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Fotografía de la ciudad de MadridComo a estas alturas ya es bien conocido (ver blog IDL-UAM del 21 de noviembre de 2018), tanto el Derecho de la Unión Europea como el Derecho español (LCSP) reconocen las singularidades de los contratos de servicios a las personas, así como de las asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro que actúan en este ámbito. Y, a partir de este dato, acepta la construcción de un régimen peculiar de contratación en este ámbito. Pero, para configurarlo, el legislador español (al igual que hizo la Directiva) ha optado no por establecer una regulación específica y diferenciada, sino que, simplemente, establece ciertas peculiaridades a lo largo del articulado de la vigente Ley de Contratos del Sector Público. A partir de estas determinaciones normativas, el Informe 52/18 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (ver blog IDL-UAM de febrero de 2020) concluye que no existe ninguna obligación legal de acudir a un contrato público para gestionar este tipo de servicios, siendo posible utilizar otro tipo de fórmulas (se entiende que se refiere a fórmulas no contractuales) como, por ejemplo, las enumeradas sin ánimo de ser exhaustivo en el artículo 11.6 de la Ley, siempre que se cumplan los requisitos que este precepto prevé.

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La contratación de las entidades locales durante el primer estado de alarma

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El pasado 14 de marzo de 2020, se decretó en España un periodo de estado de alarma como consecuencia de la propagación del SARS Covid-19. Las Administraciones Públicas de los distintos niveles territoriales se enfrentaron entonces al reto de aprovisionar y satisfacer las necesidades emergentes de los ciudadanos y el sector productivo. A partir de la información publicada por OIRESCON sobre la contratación pública durante el primer estado de alarma, en esta entrada analizaremos algunos aspectos de la contratación de las entidades locales entre marzo y junio de 2020 para paliar los efectos de la pandemia. Los datos deben tomarse con la cautela necesaria, en la medida en que solo pueden apoyarse en la información publicada, sin que sea posible determinar el alcance de los contratos celebrados que no se hayan dado a conocer cumpliendo con las normas de transparencia.

A lo largo del periodo señalado, se dio cuenta de la celebración de un total de 1.544 contratos en el nivel local. Los municipios llevaron el peso de la contratación a través de la junta de gobierno o del propio alcalde. Así, a través de los datos recogidos, los municipios celebraron el 73,2% de los contratos efectuados en España por las entidades de derecho local mientras que los órganos de contratación provinciales adjudicaron el 26,8% restante.

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