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Contratación Pública

Workshops: Contratación pública y competencia (online)

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Encargos a medios propios: desafíos y perspectivas de futuro. 

  • Dña. Silvia Diez Sastre
    Prof. Titular de Derecho Administrativo UAM
    Directora del Instituto de Derecho Local
  • D. Joaquín López Vallés
    Director del Departamento de Promoción de la Competencia (CNMC)
  • Modera: Prof. Dra. Dña. María Hernando Rydings
    Profesora Contratada Doctora. Universidad Rey Juan Carlos

Inscripción hasta el 3 de octubre por correo electrónico dirigido a loreto.fernandez@urjc.es

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TS – Morosidad

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STS 810/2021.  Los recurrentes tendrán derecho al pago de una cantidad por cada factura reclamada que no hubiera sido pagada en el plazo contractual o legalmente establecido. El devengo de dicha cantidad se establece en la Ley de lucha contra la morosidad no por cada reclamación económica presentada para el pago de la deuda, sino que viene referida a cada factura que ha resultado impagada en plazo.

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El papel del Tercer Sector Social en la contratación pública local

By Blog No Comments

Con la llegada de las Directivas europeas de Contratación Pública y, en consecuencia, la entrada en vigor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) se produce un giro estratégico hacia una contratación pública social. Este cambio implica el paso de una contratación pública preocupada únicamente por los aspectos estrictamente económicos y financieros a una contratación preocupada por los aspectos sociales y medioambientales. En este sentido, el artículo 1.3 de la LCSP permite, por un lado, la posibilidad de incorporar criterios de contenido social y medioambiental en los contratos públicos, siempre que estos guarden una vinculación con el objeto del contrato, a través de las conocidas cláusulas sociales. Por otro lado, el propio precepto añade que entre los objetivos perseguidos con la inclusión de estos criterios sociales se encuentran el poder facilitar el acceso a la contratación pública tanto a las PYMES como a las entidades encuadradas en la economía social y el Tercer Sector. Por lo tanto, a priori y de forma teórica, la vigente LCSP permite fomentar la participación de organizaciones del Tercer Sector con el fin de reducir las dificultades que pueden experimentar estas entidades a la hora de competir con otros operadores económicos con ánimo de lucro en un proceso de contratación pública.

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La actividad de los órganos de recursos contractuales durante la pandemia

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En las próximas semanas, por séptimo año consecutivo, se publicará el Informe sobre la Justicia Administrativa 2021, elaborado por el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la UAM (www.cija-uam.es). El informe presenta un especial interés en esta edición, puesto que pretende medir el impacto que tuvo la pandemia en 2020 sobre el funcionamiento de la justicia administrativa en distintos sectores. Con esa finalidad se incluye una comparación con la serie de datos recopilada en los informes previos. Uno de los sectores que es objeto de análisis es la contratación pública. En particular, se estudia el funcionamiento de los órganos de recursos contractuales autonómicos, ya que el TACRC no ofrece sus datos de funcionamiento desde 2018, así como la actividad de la jurisdicción contencioso-administrativa. A continuación, se realiza un breve resumen de la actividad de los órganos de recursos contractuales.

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El reto de simplificar los procedimientos de gestión de contratos en la Administración local

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Fotografía de terrazas

Fotografía de terrazas firmada por Sofia Simou

En una entrada anterior nos referíamos al estudio que hemos concluido recientemente sobre la gestión de contratos en la Administración municipal y a sus principales ejes de análisis. Hoy ya podemos anunciar su publicación por el INAP, descargable de forma gratuita, y ahondar en uno de sus hallazgos: la percepción negativa que los gestores públicos locales de estos contratos tienen sobre la aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Esta conclusión no solo es relevante para ayudar a entender la realidad actual de las corporaciones locales, sino que tiene enormes implicaciones a futuro, cuando haya que poner en marcha acciones movilizando recursos del Next Generation UE para afrontar la recuperación económica. Pero vayamos por partes.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) incorporó un nuevo marco jurídico de extraordinaria complejidad y extensión para aplicar a las prácticas de externalización. Baste solo recordar que en las 264 páginas que ocupa en el BOE se suceden un total de 347 artículos, a los que se añaden un listado de 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias y 16 disposiciones finales.

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Seminario: ¿Reformas del Derecho de Contratación Pública tras la crisis del coronavirus?

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PONENCIA:

  • ¿Reformas del Derecho de Contratación Pública tras la crisis del coronavirus?

PONENTE:

  • Martin Burgi, catedrático de Derecho público, Ludwig-Maximilians-Universität München.

PARTICIPACIÓN:

El acceso al seminario es libre hasta completar el aforo. Para participar debes pinchar en el siguiente enlace de zoom o introducir el número de identificación de la reunión y la contraseña:

Enlace directo a la reunión.

ID de reunión: 851 6036 9136
Código de acceso: 056453

Contratos “open-house”

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Madrid

Desde el mes de marzo de 2020 se han multiplicado en TED (tender electronic daily del Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE) los anuncios de contratos o procedimientos “open-house” de poderes adjudicadores alemanes con el fin de adquirir productos farmacéuticos en el marco de la pandemia de la COVID-19. Conforme a esta fórmula, todos los operadores económicos que cumplen los requisitos fijados por el poder adjudicador celebran un contrato idéntico para el suministro de ciertos productos; posteriormente, el médico, el farmacéutico o el paciente eligen el medicamento del proveedor que prefieran. El ente contratante no elige a un operador jurídico frente a otro; tampoco puede limitar el número de participantes. Realiza una offerta ad incertas personas a diferencia de la invitatio ad offerendum que tiene lugar en la licitación de un contrato público. Por su parte, los proveedores interesados no presentan ninguna oferta, solo demuestran que están en condiciones de satisfacer la necesidad anunciada. A pesar de que estos procedimientos o contratos se pueden dar a conocer por la vía ordinaria de publicación de los contratos públicos y de que, en ocasiones, se pueden confundir con la contratación de emergencia, representan una forma distinta de adquirir bienes y servicios en el mercado que no exige la tramitación de una licitación previa.

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