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Contratación Pública

La contratación de las entidades locales durante el primer estado de alarma

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El pasado 14 de marzo de 2020, se decretó en España un periodo de estado de alarma como consecuencia de la propagación del SARS Covid-19. Las Administraciones Públicas de los distintos niveles territoriales se enfrentaron entonces al reto de aprovisionar y satisfacer las necesidades emergentes de los ciudadanos y el sector productivo. A partir de la información publicada por OIRESCON sobre la contratación pública durante el primer estado de alarma, en esta entrada analizaremos algunos aspectos de la contratación de las entidades locales entre marzo y junio de 2020 para paliar los efectos de la pandemia. Los datos deben tomarse con la cautela necesaria, en la medida en que solo pueden apoyarse en la información publicada, sin que sea posible determinar el alcance de los contratos celebrados que no se hayan dado a conocer cumpliendo con las normas de transparencia.

A lo largo del periodo señalado, se dio cuenta de la celebración de un total de 1.544 contratos en el nivel local. Los municipios llevaron el peso de la contratación a través de la junta de gobierno o del propio alcalde. Así, a través de los datos recogidos, los municipios celebraron el 73,2% de los contratos efectuados en España por las entidades de derecho local mientras que los órganos de contratación provinciales adjudicaron el 26,8% restante.

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Delimitación del concepto y régimen jurídico de los contratos de servicios sociales: Informe 52/18, de 21 de octubre de 2019, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

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No es la primera vez que nos ocupamos de los llamados contratos de prestación de servicios a las personas en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en adelante, LCSP (ver blog IDL-UAM del 21 de noviembre de 2018). En esta ocasión se pretende dar cuenta del reciente Informe 52/18 Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE, en adelante) que constituye un intento de fijar el concepto y régimen jurídico de este tipo de contratos de servicios.

Como ya es bien sabido, además de la supresión del contrato de gestión de servicios y su sustitución por las nuevas modalidades de contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios (arts. 15 y 17 LCSP), la LCSP 2017 configura una nueva categoría de contratos en función de su objeto: aquellos que conllevan prestaciones directas a los ciudadanos (conocidos también como “contratos a las personas”), para los que la LCSP establece un régimen jurídico especial, denominándoles “servicios especiales” del Anexo IV.

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