Tag

Contratación Pública

Delimitación del concepto y régimen jurídico de los contratos de servicios sociales: Informe 52/18, de 21 de octubre de 2019, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

By Blog No Comments

No es la primera vez que nos ocupamos de los llamados contratos de prestación de servicios a las personas en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en adelante, LCSP (ver blog IDL-UAM del 21 de noviembre de 2018). En esta ocasión se pretende dar cuenta del reciente Informe 52/18 Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE, en adelante) que constituye un intento de fijar el concepto y régimen jurídico de este tipo de contratos de servicios.

Como ya es bien sabido, además de la supresión del contrato de gestión de servicios y su sustitución por las nuevas modalidades de contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios (arts. 15 y 17 LCSP), la LCSP 2017 configura una nueva categoría de contratos en función de su objeto: aquellos que conllevan prestaciones directas a los ciudadanos (conocidos también como “contratos a las personas”), para los que la LCSP establece un régimen jurídico especial, denominándoles “servicios especiales” del Anexo IV.

Seguir Leyendo Delimitación del concepto y régimen jurídico de los contratos de servicios sociales: Informe 52/18, de 21 de octubre de 2019, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

Prohibición de contratar y conflictos de intereses de los cónyuges y personas en análoga relación de convivencia afectiva de los electos locales

By Blog No Comments

La legislación básica de contratación pública ha previsto durante décadas la prohibición de contratar del cónyuge o persona en análoga relación de convivencia afectiva de cargos electos cuando presta directamente servicios como operador económico o participa de forma relevante en una empresa que puede ser contratista de la misma Administración (art. 20 e) LCAP; art. 20 e) TRLCAP; art. 49.1 f) LCSP 2007; art. 60.1 f) TRLCSP). Esa prohibición se traducía en la exclusión de la licitación pública y, en caso de incumplirse, conllevaba la nulidad de pleno de Derecho de los actos y del contrato (art. 39.2 a) LCSP). La aplicación de esa prohibición de contratar se producía habitualmente de forma automática constatando simplemente la existencia de un vínculo matrimonial y comprobando que el contrato se financiaba efectivamente por la Administración afectada (art. 178.2 d) LOREG) -sirva como ejemplo el Informe JCCAAragón, 7/2013, de 10 de abril-.

Seguir Leyendo Prohibición de contratar y conflictos de intereses de los cónyuges y personas en análoga relación de convivencia afectiva de los electos locales