El pasado 28 de febrero se aprobó la primera instrucción dictada por la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación (OIRESCON). Su contenido se dedica a una de las cuestiones más controvertidas en materia de contratación pública: la interpretación del alcance del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). No interesa ahora, sin embargo, analizar los criterios que ha preferido la Oficina para aplicar el precepto referido -aunque, sin duda, suscitarán numerosos comentarios e interpretaciones-. En este momento el principal interés de la instrucción reside, a mi juicio, en la determinación del alcance de su fuerza vinculante que, a su vez, marca la posición institucional de la OIRESCON en la organización administrativa de la contratación pública.
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JUNTAS CONSULTIVAS Y CONTRATOS MENORES
Silvia Díez Sastre
Instituto de Derecho Local de la UAM
En los últimos días hemos asistido a la publicación sucesiva de informes de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa del Estado (JCCAE) y de Aragón (JCCAAr). Algunos de estos pronunciamientos se centran en el alcance del artículo 118.3 LCSP, relativo a la imposibilidad de adjudicar varios contratos, que individual o conjuntamente superen los umbrales fijados para los contratos menores (Informes JCCAE 41/2017, 42/2017 y 5/2018 y JCCAAr 3/2018). El resultado es que, antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), ya existen criterios interpretativos contradictorios sobre el alcance de algunos de sus preceptos más importantes en la práctica. A continuación, se da cuenta de los mismos y se formulan algunas apreciaciones críticas.
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¿El nuevo régimen de los contratos menores se aplica a todos los entes del sector público?
Silvia Díez Sastre
Instituto de Derecho Local-UAM
Si se compara con el TRLCSP, la nueva LCSP ha realizado una apuesta por unificar y legalizar el régimen jurídico aplicable a la contratación de los entes del sector público. En esa clave hay que interpretar la imposición de las mismas normas de preparación y adjudicación a todos los contratos armonizados, con independencia de que el poder adjudicador tenga o no el carácter de Administración Pública (art. 317 LCSP); así como la desaparición total de las instrucciones internas en la adjudicación de los contratos no armonizados de poderes adjudicadores no Administración Pública (art. 318 LCSP) y parcial en el caso de los entes del sector público que no son poder adjudicador (art. 321 LCSP).
Los órganos de recursos contractuales de las entidades locales
Silvia Díez Sastre y Francisco Velasco Caballero
Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid
Entre las múltiples novedades que incluye la nueva LCSP se cuenta una nueva regulación de los recursos en materia de contratación, tanto sustantiva como organizativa. Detengámonos ahora en una de las novedades, la regulación expresa sobre qué órganos independientes han de resolver los recursos especiales interpuestos contra la actividad contractual de las entidades locales. Aquí el nuevo art. 46.4 LCSP reproduce en parte el anterior art. 41.4 TRLCSP e introduce una novedad singular para los municipios de gran población y para las diputaciones provinciales.
