STS 1327/2019. Los miembros de la UTE están legitimados individualmente para impugnar la incautación de la garantía tras la liquidación del contrato.
STS 1466/2019. La nueva adjudicación de un contrato por haberse anulado la adjudicación original lo es por el plazo total del contrato, aunque hayan transcurrido 20 años desde la adjudicación anulada.
STS 1277/2019. En caso de resolución del contrato por culpa del contratista puede incautarse la garantía antes de determinar el importe de las indemnizaciones que procedan.
STS 1243/2019. La resolución de una concesión de servicios por impago de la Administración durante más de 6 meses da derecho al contratista a reclamar lucro cesante.
STS 1223/2019. La aceptación sin reservas de la liquidación de un contrato de obra no impide al contratista reclamar intereses de demora por retrasos en el pago de certificaciones de obra.
STS 1102/2019. El pago efectuado al cesionario de una certificación municipal de obra libera al Ayuntamiento del pago de intereses o cualquier otro concepto al contratista.
STJUE de 25 de septiembre de 2019. La normativa europea se opone a la limitación cuantitativa a la subcontratación
Resolución núm. 156/2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales.
El pasado 28 de febrero se aprobó la primera instrucción dictada por la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación (OIRESCON). Su contenido se dedica a una de las cuestiones más controvertidas en materia de contratación pública: la interpretación del alcance del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). No interesa ahora, sin embargo, analizar los criterios que ha preferido la Oficina para aplicar el precepto referido -aunque, sin duda, suscitarán numerosos comentarios e interpretaciones-. En este momento el principal interés de la instrucción reside, a mi juicio, en la determinación del alcance de su fuerza vinculante que, a su vez, marca la posición institucional de la OIRESCON en la organización administrativa de la contratación pública.
Seguir Leyendo La obligatoriedad de las instrucciones de la OIRESCON
