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Empleo público

Los derechos del trabajador ante el Tribunal de Estrasburgo (II): selección de jurisprudencia sobre empleados públicos

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Más allá de los derechos de los trabajadores del sector privado (véase la sentencia López Ribalda y otros comentada en mi anterior entrada “Los derechos del trabajador ante el Tribunal de Estrasburgo (I)”), el TEDH protege a través de su jurisprudencia derechos reconocidos expresamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de los que son titulares también los empleados públicos, y que se proyectan en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus relaciones laborales.  Entre ellos destacan el derecho al respeto de la vida privada (artículo 8 CEDH), la libertad religiosa (artículo 9 CEDH), la libertad de expresión (artículo 10 CEDH), y la libertad sindical (artículo 11 CEDH). A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores del ámbito privado, para los que la supuesta vulneración del CEDH tiene su origen en el incumplimiento por parte del Estado (y de sus autoridades judiciales) de la obligación positiva de proteger al trabajador frente al empleador, el TEDH examina los casos planteados por empleados públicos como injerencias directas de los poderes públicos, al ser el Estado mismo o sus empresas públicas el empleador. Por lo tanto, procede a analizar si dichas injerencias están justificadas desde el punto de vista del CEDH, esto es, si cumplen con los requisitos de legalidad, finalidad (objetivo legítimo) y proporcionalidad/necesidad en una sociedad democrática (en virtud de las cláusulas de restricción de derechos previstas en el párrafo segundo de los artículos 8-11 CEDH).

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¿Es posible el reconocimiento unilateral de la condición de indefinido no fijo por parte de la Administración?

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La figura del indefinido no fijo es probablemente uno de lo vínculos jurídicos entre empleador y trabajador que mayores incertidumbres plantea en la actualidad. El objetivo inicial de esta relación peculiar entre Administración y trabajador es notorio. Trata de conciliar el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo –que impone la relación laboral indefinida ante irregularidades e incumplimientos del empleador– y los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen el acceso al empleo público en la Administración. Así, cuando el empleador incumplidor es la Administración, ante la imposibilidad de declarar la relación como fija, se impone la indefinición del trabajador. Es decir, este permanecerá en su puesto hasta la cobertura reglamentaria de la plaza o su amortización definitiva.

A pesar de que, en un inicio, el reconocimiento del indefinido no fijo estaba reservado a los supuestos de irregularidad en la contratación, en la actualidad corresponde dicha declaración a cualquier situación –irregular o regular– en la que las normas laborales declaren la indefinición de la relación. Ello es importante, como en seguida se apuntará, para la determinación del modo en que las Administraciones pueden o no reconocer la existencia de esta figura.

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