Comienza a ser habitual ver cómo famosos personajes se sientan en el banquillo de los acusados por defraudar a Hacienda y cómo se libran de la cárcel, tras el desembolso de elevadas cuantías de dinero. El delito de defraudación tributaria en España, regulado en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal, establece unas penas que oscilan entre la prisión de uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Ahora bien, merece la pena estudiar cómo se distribuyen las penas dentro del marco penal que la ley les atribuye, cuánto tardan nuestros tribunales en resolver, o cómo de “rentable” es litigar para los acusados o la propia Administración.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha publicado su Informe de las Líneas Fundamentales de los Presupuestos para 2020 de las Corporaciones Locales, según el cual el superávit de las CCLL se situará entorno al 0,4% del PIB en 2020.
STS 1509/2019. Quien haya asumido contractualmente el pago de algún tributo local está legitimado ante la jurisdicción contencioso-administrativa en relación con ese tributo.
Como es conocido, los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria, es decir, son una especie de compensación específica del coste financiero que para la Administración tributaria supone dejar de disponer a tiempo cantidades dinerarias que le son legalmente debidas (véase, STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9).
Una de las múltiples cuestiones que suscita su regulación es la aplicación del art. 26.5 de la LGT, que regula la liquidación de intereses de demora cuando resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación en los casos de anulación administrativa o judicial de la liquidación originaria. El citado precepto ordena computar los intereses sobre el importe de la nueva liquidación, desde el día que resulte conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 del art. 26 de la LGT, y hasta que se dicte la nueva liquidación, sin que el dies ad quem pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución anulatoria.
Dentro del ciclo de jornadas que integran el “Seminario de Gobierno y Derecho Local” organizado por la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid y el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, el martes 5 de noviembre de 2019 se llevará a cabo una sesión, a partir de las 16:00 horas, en el patio Central de Plaza de la Villa, nº5 bajo el título “Iniciativas municipales para la mejora de los distritos comerciales: los BID”.
Para ello contaremos con la participación de María Luisa Esteve Pardo, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universitat de Girona.
Asistencia gratuita. Aforo limitado. Se ruega confirmación antes del jueves 31.10.2019 a través de nuestro formulario online enlazado más abajo (excepto empleados del Ayto. de Madrid que deberán inscribirse a través de su aplicación interna).
Aforo completo. Más información
idluam@uam.es
El pasado martes 22 de octubre de 2019 se celebró en la Plaza de la Villa el Seminario “Cuestiones pendientes en casación en el ámbito tributario local”, organizado por el IDL-UAM en colaboración con la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid.
El seminario se desarrolló conforme al siguiente programa.
16:00. Apertura de la Jornada:
Rocío Catalina Fernández (Subdirectora General de Inspección Tributaria y Coordinación Catastral de la Agencia Tributaria Madrid) y Diego Marín-Barnuevo (Catedrático de Derecho Tributario. UAM)
16:10. Mesa redonda: “Cuestiones pendientes en casación en el ámbito tributario local”
Moderador: César Martínez Sánchez (Profesor de Derecho Tributario. UAM)
16:15. “El IIVTNU y el principio de no confiscatoriedad (Auto del TS de 1 de julio de 2019 en el Recurso no 981/2018, Sala Tercera, Sección Segunda)”
Juan Ignacio Gomar Sánchez (Inspector Jefe Departamento Control Subdirección General de Inspección Tributaria y Coordinación Catastral de la Agencia Tributaria Madrid). Presentación
16:35. “La tributación por utilización del dominio público local de las operadoras de telefonía fija (Auto del TS de 12 de julio de 2018, Sala Tercera, Sección Segunda)”
D. Santiago Peiró Martínez de la Riva (Subinspector de Tributos de la Subdirección General de Inspección Tributaria y Coordinación Catastral de la Agencia Tributaria Madrid). Presentación
17:00. “Cuestiones pendientes en casación en el TS ámbito tributario local”
Manuel Lucas Durán (Letrado del Tribunal Supremo. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá de Henares). Presentación
17:45. Debate y preguntas
18:00. Clausura de la Jornada:
Rocío Catalina Fernández (Subdirectora General de Inspección Tributaria y Coordinación Catastral de la Agencia Tributaria Madrid) y Juan Arrieta Martínez de Pisón (Catedrático de Derecho Tributario. UAM)
Asistencia gratuita. Aforo limitado. Necesaria inscripción previa antes del 21/10/2019 través del siguiente formulario online
Aforo completo. Más información
idluam@uam.es
Desde hace años existen notables dudas acerca de la extensión de los efectos vinculantes de las consultas a otras Administraciones diferentes de la que emitió la contestación. En particular, la cuestión se ha centrado habitualmente en el alcance que haya de darse a las contestaciones evacuadas por la Dirección General de Tributos. Esto es, ¿están obligadas las Administraciones tributarias autonómicas y locales a seguir el criterio expresado por el citado órgano?
A mi juicio la respuesta es claramente negativa, si bien no puede obviarse la existencia de algunas opiniones doctrinales abiertamente contrarias a esta conclusión, así como un acatamiento en los hechos, difícilmente cuantificable pero perceptible en la práctica, del criterio expresado por la Dirección General de Tributos. De hecho, este centro directivo ha manifestado expresamente que sí han de vincular sus contestaciones a las entidades locales (contestación de 27 de julio de 2018, V2258-18). Así pues, cumple argumentar suficientemente mi postura, tal y como haré a continuación.
STS 497/2019. Si hubo un procedimiento iniciado por declaración que terminó en una liquidación provisional, la Administración no puede comprobar posteriormente si procedía aplicar los beneficios fiscales aplicados.
