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- Introducción
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En el ámbito local, los tributos más relevantes como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica son tributos de cobro periódico por recibo.
Estos tributos se caracterizan porque su gestión se realiza a través de la aprobación anual de padrones o matrículas, que contienen todas las liquidaciones. Estas liquidaciones no se notifican cada ejercicio de forma individualizada a los sujetos pasivos, sino mediante edictos (art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria – LGT-).
Este sistema de gestión afecta tanto al período voluntario de pago, como a la impugnación de las liquidaciones.
Respecto al plazo de pago en período voluntario, el art. 62.3 LGT establece que será el que haya establecido la norma reguladora de estos tributos, que no podrá ser inferior a dos meses, y en caso de que no se haya establecido, el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Comienza a ser habitual ver cómo famosos personajes se sientan en el banquillo de los acusados por defraudar a Hacienda y cómo se libran de la cárcel, tras el desembolso de elevadas cuantías de dinero. El delito de defraudación tributaria en España, regulado en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal, establece unas penas que oscilan entre la prisión de uno a seis años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Ahora bien, merece la pena estudiar cómo se distribuyen las penas dentro del marco penal que la ley les atribuye, cuánto tardan nuestros tribunales en resolver, o cómo de “rentable” es litigar para los acusados o la propia Administración.
Como es conocido, los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria, es decir, son una especie de compensación específica del coste financiero que para la Administración tributaria supone dejar de disponer a tiempo cantidades dinerarias que le son legalmente debidas (véase, STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9).
