STS 870/2021. La decisión anterior, adoptada por el Tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho Impuesto por defectos formales de la Ponencia de Valores, carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del IBI posteriores.
La relevancia de conseguir mayores estándares de protección ambiental puede y debe conllevar políticas públicas que fomenten una mayor sostenibilidad y protección del medio natural. Lógicamente, entre las acciones públicas que pueden llevarse a cabo están las de tipo fiscal, ya sea en el ámbito del gasto público (v. gr. subvenciones para la sustitución de algunos de los elementos más contaminantes como ciertos vehículos, calderas, instalaciones, etc.); o bien en relación con los ingresos públicos, que, básicamente, suelen circunscribirse al ámbito tributario (y particularmente a las figuras de los impuestos y de las tasas). Es más: las políticas tributarias para la protección ambiental suelen concentrarse en un gravamen más elevado para las conductas con un mayor impacto ambiental y, por otro lado, en beneficios fiscales para actuaciones menos contaminantes.
STS 902/2021. El derecho a exigir la devolución de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento del deber de urbanización solo nace tras la recepción por la Administración competente de las obras de urbanización, o, en su defecto, transcurrido el plazo en que debiera haberse producido la misma desde su solicitud.
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Se acerca el mes de junio y toca hacer balance de lo aprendido en el curso enfrentándose a los temidos exámenes. Como si de un estudiante se tratase, la Administración se enfrenta a su propio periodo de evaluación en relación con la temporalidad de su personal. Una asignatura que ha ido quedando pendiente curso tras curso y que lejos de conseguir el aprobado, se ha ido consolidando el suspenso.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, tras la reforma del recurso de casación, sigue produciendo cambios significativos en la forma de entender y aplicar nuestro ordenamiento tributario y, muy particularmente, en el ámbito local. Una de sus últimas manifestaciones ha sido la doctrina establecida en relación con el procedimiento de revocación, que probablemente obligue a los ayuntamientos a modificar sus protocolos de actuación en la tramitación de dicho procedimiento.
STS 871/2021. La liquidación provisional se convierte en indebida y podrá solicitarse su devolución, cuando no pueda realizarse el hecho imponible bien por desistimiento del solicitante, constando expresamente la voluntad del solicitante de renunciar a la ejecución de la obra, bien al acordar formalmente el Ayuntamiento la declaración de caducidad de la licencia.
El mes pasado, tras una larga tramitación parlamentaria, se aprobó definitivamente la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Entre las importantes novedades que contiene esta ley, se encuentra la aprobación de dos nuevos impuestos: el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Seguir Leyendo La tasa de basuras será obligatoria en tres años
STS 791/2021. La decisión anterior, adoptada por el Tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho Impuesto por defectos formales de la Ponencia de Valores, carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del IBI posteriores.
STS 681/2021. La decisión anterior, adoptada por el Tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del IBI posteriores.
STS 708/2021. En el ámbito de una impugnación indirecta de una disposición general, que únicamente se limita a actualizar el importe de las cuotas tributarias, la impugnación indirecta solo podrá referirse a ese punto en que la ordenanza modifica la ya existente.