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Hacienda local

La contribución del turismo al sostenimiento de los gastos públicos locales: una propuesta para mejorar la financiación local

By Observatorio de Elecciones Municipales 2015 No Comments

La contribución del turismo al sostenimiento de los gastos públicos locales: una propuesta para mejorar la financiación local

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local-UAM

Logo Elecciones Locales 2015En los programas electorales para las elecciones locales rara vez se contienen propuestas concretas en materia de ingresos locales, y este año no parece ser una excepción, sino que habitualmente se suceden llamamientos –más o menos retóricos– a la instauración de un sistema de financiación “suficiente”, “justo”, “eficiente”, etc. Esta indefinición, más allá de que pudiera responder a cierto cálculo político, obedece a dos razones principales: las competencias de las entidades locales sobre su propia financiación son limitadas (no se olvide que el sistema está regulado por una ley de las Cortes) y las necesidades financieras de los municipios son muy distintas entre sí, con lo que resulta complicado enunciar medidas precisas que puedan contentar a todos. Así pues, aprovechando que es tiempo de elecciones autonómicas y locales, vamos a realizar una propuesta que podría servir para aumentar los ingresos de las Haciendas locales.

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Planteada la cuestión de inconstitucionalidad del IIVTNU

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Planteada la cuestión de inconstitucionalidad del IIVTNU

Diego Marín-Barnuevo Fabo

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
Universidad Autónoma de Madrid

En los últimos años se han producido distintos pronunciamientos judiciales que han puesto de manifiesto la dificultad de aplicar el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) en tiempo de crisis. Sobre todo porque su método simple y objetivo de cuantificación de la base imponible era idóneo para la cuantificación del tributo en un tiempo en que los inmuebles se revalorizaban cada año, pero manifiestamente incompatible con el principio constitucional de capacidad económica en los momentos de crisis y de caída continuada de precios en el sector inmobiliario.

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Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales (Bodas Civiles)

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Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales (Bodas Civiles)

Ángel Zurita Laguna

Letrado del Ayuntamiento de Bilbao

Se anuncia la aprobación en sesión plenaria de la modificación de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales, en lo referente al servicio de celebración de bodas civiles en el Ayuntamiento de San Sebastián. La verdad es que no es fácil la distinción entre tasa y precio público, ni tampoco el instrumento de su aprobación, sobre el que hay cierta confusión, ni mucho menos sus medios de impugnación, y de hecho suelen ser variadas las soluciones que ofrecen las entidades locales a la vista de los anuncios que insertan en los boletines oficiales. Seguir Leyendo Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales (Bodas Civiles)

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA: UN TRIBUTO AÚN MÁS CUESTIONADO DURANTE LA CRISIS. Montserrat Ballarín Espuña

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EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA: UN TRIBUTO AÚN MÁS CUESTIONADO DURANTE LA CRISIS

Montserrat Ballarín Espuña
montserrat.ballarin@upf.edu
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario
Universitat Pompeu Fabra

El gravamen municipal sobre la plusvalía, aunque existe en España desde 1919, nunca ha sido percibido como justo ni ha gozado de una buena aceptación social, pero ha sobrevivido a todas las reformas gracias a su capacidad para aportar ingresos a las maltrechas arcas municipales.Seguir Leyendo EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA: UN TRIBUTO AÚN MÁS CUESTIONADO DURANTE LA CRISIS. Montserrat Ballarín Espuña

“El principio de equivalencia en el sistema tributario español”, por César Martínez Sánchez

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Novedad bibliográfica: “El principio de equivalencia en el sistema tributario español”, César Martínez Sánchez, Marcial Pons, Madrid, 2014, 390 páginas, con prólogo de Juan Arrieta Martínez de Pisón

En oposición al principio de capacidad económica, es posible que la obligación tributaria se justifique y cuantifique en función de la actividad pública generada por el contribuyente. Se trata de una lógica conmutativa, propia de la justicia de los intercambios, que trata de establecer una equivalencia entre los dos elementos de la relación, a saber: la obligación tributaria y la actividad pública. Así, la aplicación del principio de equivalencia no atiende a la posición socioeconómica del sujeto dentro de la comunidad, sino que establece una relación bilateral poder público-contribuyente.

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La calificación a efectos catastrales y fiscales del suelo urbanizable sectorizado no ordenado como rústico: Comentario de la STS de 30 de mayo de 2014

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Mª Luisa González-Cuéllar Serrano

Universidad Carlos III de Madrid

El Tribunal Supremo ha resuelto la calificación como rústicos a efectos catastrales –y, consecuentemente, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles- de los inmuebles urbanizables sectorizados sin instrumento urbanístico de desarrollo. Es decir, sólo pueden calificarse como urbano los inmuebles considerados en el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada.
Esta importante doctrina ha sido sentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de mayo de 2014, mediante la desestimación de un recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Abogacía del Estado contra Sentencia del Tribunal de Justicia de Extremadura de 26 de marzo de 2013.
La disminución del valor catastral que se derivará de la aplicación de esta Resolución va a suponer una rebaja muy importante en la cuota del IBI a estos inmuebles a los que los ayuntamientos llevaban años liquidándoles este tributo local partiendo de su calificación catastral como urbanos. Junto a ello, también tendrá incidencia en otros impuestos, como el IRPF o e IIVTNU.

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Déficit y gasto público local

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Diego Marín-Barnuevo Fabo y Francisco Velasco Caballero

La obligación de reducir el déficit del Estado ha implicado que todas las Administraciones Públicas tuvieran que asumir significativas restricciones en su política de gasto y, con ello, en su capacidad de prestación de servicios públicos. Estas restricciones han sido especialmente severas para las Entidades Locales, que primero sufrieron la prohibición absoluta de incurrir en déficit como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución (a diferencia de la Administración Estatal y la Autonómica), y después han visto cómo la Ley orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Ley 27/2013, de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) han establecido nuevos límites a su capacidad de disposición presupuestaria incluso en caso de tener superávit.

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De cómo la tasa de la telefonía móvil acabó en un auto

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Un apunte al Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de enero de 2014

Dra. Montserrat Ballarín Espuña
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra
(montserrat.ballarin@upf.edu)

La tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local impuesta a las operadoras de telefonía móvil (en adelante, tasa de la telefonía móvil), ha suscitado, en la última década, importantes controversias jurídicas en nuestro país, llegando incluso a originar dos pronunciamientos del Tribunal Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE). El último de ellos ha sido el Auto del TJUE de 30 de enero de 2014, que resolvió dos cuestiones prejudiciales planteadas por un Juzgado de lo Contencioso-administrativo en las que solicitaba precisar algunos aspectos de la STJUE de 12 de julio de 2012. Dicha sentencia, que constituyó el primer pronunciamiento del TJUE sobre el tema, había resuelto otras cuestiones prejudiciales del Tribunal Supremo (TS) declarando incompatibles con el Derecho de la Unión aspectos fundamentales de dicha tasa tal como había sido regulada por la mayoría de ayuntamientos españoles. Seguir Leyendo De cómo la tasa de la telefonía móvil acabó en un auto

¿Presupuestos locales aprobados por Junta de Gobierno y no por el Pleno?

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Por Begoña Sesma Sánchez

Históricamente, Monarcas, primero, y Gobiernos más tarde, han buscado el consentimiento y la aceptación de sus ciudadanos para imponerles exacciones y contribuciones con las que financiar gastos de interés general, públicos, de los que daban cuenta antes y después. Ésta es la esencia de la institución presupuestaria, íntimamente democrática: que los ciudadanos o sus representantes participen y autoricen el destino del dinero público obtenido, en parte, a través de su obligada contribución. También ésta es la esencia de muchos de los principios jurídico financieros constitucionalizados hoy en día (reserva de Ley tributaria, reserva de Ley presupuestaria, autorización legal para contraer deuda…). Es más, presupuesto y participación ciudadana, y no sólo consentimiento ciudadano de los gastos que elige el poder ejecutivo, es la filosofía que inspira los llamados “presupuestos participativos”, especialmente reivindicados en el ámbito local, en los que se postula y promueve la participación directa de los ciudadanos en la elección de los gastos (inversiones, actividades…) que más preocupan o interesan a los vecinos de una ciudad.

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