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Hacienda local

Déficit y gasto público local

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Diego Marín-Barnuevo Fabo y Francisco Velasco Caballero

La obligación de reducir el déficit del Estado ha implicado que todas las Administraciones Públicas tuvieran que asumir significativas restricciones en su política de gasto y, con ello, en su capacidad de prestación de servicios públicos. Estas restricciones han sido especialmente severas para las Entidades Locales, que primero sufrieron la prohibición absoluta de incurrir en déficit como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución (a diferencia de la Administración Estatal y la Autonómica), y después han visto cómo la Ley orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Ley 27/2013, de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) han establecido nuevos límites a su capacidad de disposición presupuestaria incluso en caso de tener superávit.

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De cómo la tasa de la telefonía móvil acabó en un auto

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Un apunte al Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de enero de 2014

Dra. Montserrat Ballarín Espuña
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra
(montserrat.ballarin@upf.edu)

La tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local impuesta a las operadoras de telefonía móvil (en adelante, tasa de la telefonía móvil), ha suscitado, en la última década, importantes controversias jurídicas en nuestro país, llegando incluso a originar dos pronunciamientos del Tribunal Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE). El último de ellos ha sido el Auto del TJUE de 30 de enero de 2014, que resolvió dos cuestiones prejudiciales planteadas por un Juzgado de lo Contencioso-administrativo en las que solicitaba precisar algunos aspectos de la STJUE de 12 de julio de 2012. Dicha sentencia, que constituyó el primer pronunciamiento del TJUE sobre el tema, había resuelto otras cuestiones prejudiciales del Tribunal Supremo (TS) declarando incompatibles con el Derecho de la Unión aspectos fundamentales de dicha tasa tal como había sido regulada por la mayoría de ayuntamientos españoles. Seguir Leyendo De cómo la tasa de la telefonía móvil acabó en un auto

¿Presupuestos locales aprobados por Junta de Gobierno y no por el Pleno?

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Por Begoña Sesma Sánchez

Históricamente, Monarcas, primero, y Gobiernos más tarde, han buscado el consentimiento y la aceptación de sus ciudadanos para imponerles exacciones y contribuciones con las que financiar gastos de interés general, públicos, de los que daban cuenta antes y después. Ésta es la esencia de la institución presupuestaria, íntimamente democrática: que los ciudadanos o sus representantes participen y autoricen el destino del dinero público obtenido, en parte, a través de su obligada contribución. También ésta es la esencia de muchos de los principios jurídico financieros constitucionalizados hoy en día (reserva de Ley tributaria, reserva de Ley presupuestaria, autorización legal para contraer deuda…). Es más, presupuesto y participación ciudadana, y no sólo consentimiento ciudadano de los gastos que elige el poder ejecutivo, es la filosofía que inspira los llamados “presupuestos participativos”, especialmente reivindicados en el ámbito local, en los que se postula y promueve la participación directa de los ciudadanos en la elección de los gastos (inversiones, actividades…) que más preocupan o interesan a los vecinos de una ciudad.

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¿5.000 euros por presentar un recurso? El perenne problema de la cuantificación de las tasas

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Por  César Martínez Sánchez

Hace unos días, una compañera –notablemente indignada– me comunicaba que se había creado una nueva tasa relativa al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en virtud de la cual se obligaba a los recurrentes a abonar una cuota que oscilaba entre un mínimo de 750 y un máximo de 5.000 euros (aquí está enlazada la ley de creación). La cuantía de la tasa depende directamente del valor estimado del contrato que es objeto de recurso, reclamación o cuestión de nulidad, de suerte que cuanto mayor sea el valor de esta, mayor será la cuota tributaria a satisfacer.

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