Hace casi dos décadas, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local creó un órgano colegiado y especializado, que tiene entre otras funciones la de resolver las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia local en los denominados “municipios de gran población”, que son aquellos a los que resulta de aplicación el régimen de organización y funcionamiento contenido en el Título X de la LBRL.
La vía económico-administrativa previa a la vía judicial ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Desde la perspectiva de la Administración encuentra su fundamento al poner en su conocimiento el contenido de la pretensión, dándole la oportunidad de resolverla y evitar la vía judicial, y desde la perspectiva del recurrente le permite descargarse de los costes del proceso para obtener la satisfacción de su pretensión (cfr. entre otras, STC 275/2005, de 7 de noviembre, FJ 4,ECLI:ES:TC :2005:275). Esta última perspectiva es relevante al poner de manifiesto que no opera solamente como un beneficio de la Administración sino también de los administrados.
Bandera de la Comunidad Valenciana. Autoría: Freepik.
Hace justo un año, en este mismo blog (ver blog IDL-UAM del 10 de febrero de 2021) daba cuenta de la presentación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de una cuestión prejudicial (asunto C-436/20) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, en lo fundamental, plantea si la limitación de los llamados “conciertos sociales” a entidades sin ánimo de lucro que realiza la normativa valenciana es o no contraria a las libertades de establecimiento y prestación de servicios del TFUE, la Directiva de Servicios y las Directivas de contratación pública. Más concretamente, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), asociación integrada por diversas empresas privadas, solicita ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la anulación del Decreto 181/2017 de la Comunidad Valenciana, al considerar que se opone a que las entidades con ánimo de lucro celebren “acuerdos de acción concertada” con la Administración pública. En virtud de estos acuerdos, la Administración encomienda a entidades de iniciativa social la gestión de determinados servicios sociales y, a este respecto, no está obligada a seguir los procedimientos establecidos en la legislación de la Unión sobre contratación pública. El problema para la entidad recurrente es que el Decreto valenciano 81/2017 establece que solo las entidades privadas sin ánimo de lucro (no solo a las organizaciones o asociaciones de voluntariado) pueden celebrar tales acuerdos para la prestación de servicios sociales a cambio de una remuneración sin que tengan que pasar por un proceso competitivo, transparente y en el que rija la igualdad de trato.