STC 108/2022. La relevancia constitucional de un error se produce cuando la resolución judicial no se corresponde con la realidad por haber cometido el órgano judicial una equivocación manifiesta en la determinación y selección del presupuesto fáctico sobre el que se asiente su decisión, siempre que constituya su soporte único o básico.
STC 114/2022. El TC procede a declarar nulo el inciso “o superen los cursos de formación que a tal efecto pudieran establecerse, siempre que tales cursos tengan validez a efectos de integración en las distintas escalas y categorías” de la disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 2/2007 , de 23 de marzo, de coordinación de policías locales.
1.- En una entrada anterior hemos hecho breve referencia a los desarrollos que la acción exterior de las entidades locales ha conocido en el Derecho comparado y proyectado los avances experimentados en los ordenamientos alemán, francés y -en menor medida- italiano sobre la interpretación del marco constitucional español. La exposición se completa ahora con el análisis de algunos de los aspectos críticos de la regulación infraconstitucional del fenómeno, que, como habrá de comprobarse seguidamente, se caracteriza por una comprensión en algunos casos discutible de los principios constitucionales en liza, así como por una cierta dispersión, fruto no solo de la coexistencia de instrumentos de Derecho supranacional provenientes de sistemas institucionales diversos -Consejo de Europa y Unión Europea-, sino también de la falta de planificación del legislador estatal. Al igual que en la ocasión anterior, en los párrafos que siguen se ofrece una apretada síntesis de cuestiones abordadas con mayor detenimiento en la monografía La acción exterior local: bases constitucionales.
Hace casi dos décadas, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local creó un órgano colegiado y especializado, que tiene entre otras funciones la de resolver las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia local en los denominados “municipios de gran población”, que son aquellos a los que resulta de aplicación el régimen de organización y funcionamiento contenido en el Título X de la LBRL.
La vía económico-administrativa previa a la vía judicial ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Desde la perspectiva de la Administración encuentra su fundamento al poner en su conocimiento el contenido de la pretensión, dándole la oportunidad de resolverla y evitar la vía judicial, y desde la perspectiva del recurrente le permite descargarse de los costes del proceso para obtener la satisfacción de su pretensión (cfr. entre otras, STC 275/2005, de 7 de noviembre, FJ 4,ECLI:ES:TC :2005:275). Esta última perspectiva es relevante al poner de manifiesto que no opera solamente como un beneficio de la Administración sino también de los administrados.