Esta semana se ha hecho pública la STC de 31 de octubre de 2019, en la que se declara la inconstitucionalidad del artículo 107.4 TRLRHL “en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente”.
El contenido de la sentencia no puede considerarse sorprendente, porque el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) está siendo sometido a un escrutinio especialmente severo en los últimos años y, además, las SSTC 26/2017, de 16 de febrero y STC 59/2017, de 11 de mayo, ya permitía aventurar un fallo de esta naturaleza, al establecer que (i) el objeto del tributo es “la renta potencial que deriva de la titularidad de un terreno de naturaleza urbana puesta de manifiesto con ocasión de su transmisión” (FJ 3º STC 26/2017); y que (ii) el principio de no confiscatoriedad “exige que dicho efecto no se produzca «en ningún caso», lo que permite considerar que todo tributo que agotase la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos o que sometiese a gravamen una riqueza inexistente en contra del principio de capacidad económica, estaría incurriendo en un resultado obviamente confiscatorio que incidiría negativamente en aquella prohibición constitucional” (FJ 2º STC 26/2017).
Hace unos días (el 31 de octubre de 2019), el Boletín Oficial del Estado publicaba la interesante Sentencia del Tribunal Constitucional 112/2019, de 3 de octubre (ECLI:ES:TC:2019:112), en relación con un recurso de amparo interpuesto por la demandante por considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción.