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Urbanismo

Curso: Derecho Urbanístico

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Cartel con indicaciones sobre el curso de Derecho Urbanístico

PRESENTACIÓN:

Gracias a su estructura semipresencial, el Curso “Derecho Urbanístico” impartido en el marco del Máster en Derecho y Administración Local 11ª edición, es idóneo para quienes deseen simultanear la realización de este curso con el desempeño de su actividad profesional.

ESTRUCTURA:

El programa se compone de dos módulos, de cuatro semanas cada uno. Las sesiones presenciales tendrán lugar al inicio y al final de cada módulo. La actividad on line se ordena por semanas: la primera es de estudio guiado y las dos siguientes de resolución de supuestos prácticos y foro de debate. La última semana es para la consolidación del aprendizaje, que se cierra con la resolución de un caso práctico más complejo.

Los materiales y las actividades son accesibles a través de la plataforma Moodle www.aulaidluam.com. Tanto el estudio guiado como los casos prácticos son objeto de corrección motivada y calificación por el profesor del módulo.

EVALUACIÓN:

Los estudiantes recibirán para cada módulo una nota basada en un barreño de 100 puntos, que se corresponderá a la suma de los puntos obtenidos en las distintas pruebas de evaluación continua (hasta 70 puntos) y en el examen presencial final (hasta 30 puntos). Para superar el módulo será necesario obtener una puntuación total de al menos 50 puntos (35 puntos de evaluación continua y 15 puntos de la prueba final).

PROGRAMA:

  • Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. El desarrollo sostenible.
  • Situaciones básicas de suelo y clasificación urbanística.
  • Planeamiento urbanístico.
  • Convenios urbanísticos.
  • Gestión urbanística.
  • Disciplina urbanística.
  • Intervención en el mercado del suelo.
  • Patrimonios Públicos.
  • Vivienda Protegida.

ADMISIÓN:

  • Plazo de inscripción: hasta el 15 de noviembre de 2020 o hasta completar plazas.
  • Titulación de acceso: Grado o Licenciatura en Derecho. Otras titulaciones deberán acreditar experiencia profesional en la administración local.
  • Para realizar la inscripción: enviar un correo a idluam@uam.es.

COSTE:

1.000€. Los empleados de ayuntamientos colaboradores del IDL-UAM tendrán un descuento del 30% sobre el importe de la matrícula. Se ofrece una beca total o dos parciales a solicitudes que acrediten circunstancias socioeconómicas que justifiquen la necesidad de beca.

SESIONES PRESENCIALES *

  • 11 de diciembre de 2020
  • 27 de enero de 2020
  • 28 de enero de 2021
  • 24 de febrero de 2021
  • 26 de febrero de 2021

* Mientras las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria del covid 19 lo aconsejaste, las sesiones serán online.

MÁS INFORMACION: info.idl@uam.es

Nulidad de planes urbanísticos

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Fotografía grúas

Hace unos pocos meses, aún en la “antigua normalidad”, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictó una importante sentencia (318/2020) en la que se abría camino la declaración de nulidad absoluta parcial de los planes urbanísticos, cuando la infracción de la ley es individualizable en concretas determinaciones del plan, sin contaminar éste en su conjunto. Esta sentencia fue valorada positivamente por la doctrina, en general. Aunque en seguida mi colega JA Chinchilla planteó si esa apertura hacia la nulidad absoluta-parcial regía sólo para infracciones sustantivas del plan o si también podría ampliarse a casos en los que la infracción es procedimental, como la no solicitud de un informe preceptivo sobre recursos hidrológicos o de telecomunicaciones.

Pues bien, en aparente respuesta a esta pregunta, la más reciente STS de 27 de mayo de 2020 (RC 6731/2028) amplía los confines de la nulidad absoluta parcial hacia los defectos procedimentales. En concreto, el plan general de Yaiza (Lanzarote), que se había aprobado definitivamente sin haberse recibido aún el preceptivo informe litoral del Estado (conforme al art. 117.2 de la Ley de Costas), se declara nulo de pleno Derecho sólo para la ordenación urbanística referida a la parte litoral del término municipal, donde rigen las servidumbres y prohibiciones urbanísticas de la Ley de Costas.

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Un pequeño paso para el Tribunal Supremo, un gran salto para el derecho urbanístico. La limitada restricción del alcance de la nulidad de los planes urbanísticos en la STS de 4 de marzo de 2020.

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La configuración de los planes de urbanismo como disposiciones administrativas de carácter general por parte del Tribunal Supremo ha llevado aparejada la consideración de que cualquier ilegalidad (sustantiva o procedimental) suponía su nulidad de pleno derecho del plan impugnado y de todos los planes de rango inferior que desarrollaban al mismo (nulidad en cascada). En concreto, se afirma por el Tribunal Supremo que si se ha producido un vicio formal atinente al procedimiento de elaboración de los planes, sus consecuencias han de proyectarse sin remedio a la totalidad del instrumento de planeamiento globalmente considerado. Si se ha producido una infracción material, la nulidad parcial se contrae a los supuestos en que solo algunas de las concretas determinaciones de ordenación incluidas en los planes son las que no se ajustan a derecho (p.e., la ilegal clasificación de una parcela como urbana cuando debe ser clasificada como suelo en situación rural). Esta construcción se completa con la consideración de que no resulta posible ni la subsanación ni la convalidación de trámites o contenido material del planeamiento declarado ilegal, en la medida en que la nulidad se declaraba con efectos ex tunc. La consecuencia práctica de esta construcción es el denominado «drama de la anulación del planeamiento» (F.J. Jiménez de Cisneros Cid, La nueva Ley del Suelo de Galicia en el marco del sistema urbanístico español, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 308, pp. 17-38), que plantea a los operadores jurídicos tres claros problemas: (i) los efectos de la nulidad del plan sobre los actos de desarrollo y ejecución del planeamiento anulado, (ii) la ejecución o inejecución de la sentencia anulatoria y (iii) la eventual indemnización de los afectados por los daños y perjuicios derivados de la actuación administrativa (he analizado estas cuestiones aquí y aquí). La primigenia ordenación que fue desplazada por el plan anulado, y que ahora recobra vigencia, no resulta adecuada en la mayoría de ocasiones. Y ello no solo porque la misma no contempló la realidad actualmente existente, sino también porque el marco normativo aplicable al plan que ahora recobra vigencia ha podido sufrir cambios significativos, dando lugar a situaciones traumáticas. Surge así la necesidad de aprobar en el menor tiempo posible un nuevo planeamiento que, en la medida de lo posible, recoja las determinaciones del plan anulado que sean compatibles con la legalidad vigente o, en su caso, subsane los defectos procedimentales en los que se hubiese incurrido. Lo absurdo e ineficaz de esta solución es evidente.

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