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Urbanismo

La imprecisa diferenciación entre actuaciones de urbanización y actuaciones de dotación y su incidencia sobre el deber de entrega de terrenos para la dotación pública de viviendas sometidas a algún régimen de protección, con destino exclusivo al alquiler. Las SSTS de 16 de febrero de 2021

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Fachada del Tribunal Supremo

La diferenciación en la práctica de las diferentes actuaciones sobre el medio urbano reguladas en el art. 7 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU) no resulta sencilla. Buena prueba de ello son las Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:739) y (ECLI:ES:TS:2021:733). Los problemas se presentan fundamentalmente en la diferenciación entre una actuación de reforma o renovación de la urbanización y una actuación de dotación, no siendo esta una cuestión baladí, dado los diferentes deberes urbanísticos asociados a unas y otras. La parquedad de la regulación del TRLSRU, impuesta por el carácter básico de la regulación estatal que debe dejar el correspondiente margen de actuación a las Comunidades Autónomas para no prefigurar su modelo urbanístico pero a la vez garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad ex art. 149.1.1ª CE, es manifiesta. Así, el art. 7.1.a).2 TRLSRU define, dentro de las actuaciones de urbanización, a las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización como aquellas que tienen lugar sobre un suelo en situación básica de urbanizado (definido en el art. 21.3 TRLSRU, por lo que aquí interesa, como aquél integrado en la trama urbana y que cuenta con los servicios urbanísticos básicos proporcionados por las redes contempladas por el planeamiento) y que tienen por objeto bien crear nuevas parcelas aptas para la edificación o actuar sobre las existentes, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, renovando o reformando la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. Frente a ello, el art. 7.1.b) TRLSRU define a las actuaciones de dotación a aquellas que tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.

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Entidades colaboradoras en el control urbanístico de las obras objeto de declaración responsable

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La Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre, ha modificado profundamente el régimen de control municipal previo de las “obras ordinarias”, las que no requieren de un previo proyecto técnico de edificación (nuevo art. 152 de la Ley madrileña 9/2001, del Suelo: LSM). Para estas obras ya no es necesario contar con una previa licencia municipal de obras. Basta con la previa presentación por el promotor, en el ayuntamiento, de una declaración responsable. Luego, una vez iniciadas o terminadas las obras, el ayuntamiento tendrá que comprobar que lo declarado y/o ejecutado es conforme con la ordenación urbanística: con los planes y con las ordenanzas urbanísticas. Dice al respecto el nuevo art. 159.1 LSM que “Las declaraciones responsables serán objeto necesariamente de control posterior por el ayuntamiento o sus entidades colaboradoras a las que se refieren las disposiciones adicionales primera y segunda de esta Ley”. Sabemos de la existencia de entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) que actúan en el municipio de Madrid. La pregunta es ahora si, como anuncia el art. 159 LSM esas ECU efectivamente van a poder participar, y en qué medida, en la comprobación de las obras objeto de declaración responsable. El criterio central para dar una respuesta es definir con quién colabora la ECU, si con el ayuntamiento o con el particular. De esta cuestión me ocupé hace ya unos años.

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Curso: Derecho Urbanístico

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Cartel con indicaciones sobre el curso de Derecho Urbanístico

PRESENTACIÓN:

Gracias a su estructura semipresencial, el Curso “Derecho Urbanístico” impartido en el marco del Máster en Derecho y Administración Local 11ª edición, es idóneo para quienes deseen simultanear la realización de este curso con el desempeño de su actividad profesional.

ESTRUCTURA:

El programa se compone de dos módulos, de cuatro semanas cada uno. Las sesiones presenciales tendrán lugar al inicio y al final de cada módulo. La actividad on line se ordena por semanas: la primera es de estudio guiado y las dos siguientes de resolución de supuestos prácticos y foro de debate. La última semana es para la consolidación del aprendizaje, que se cierra con la resolución de un caso práctico más complejo.

Los materiales y las actividades son accesibles a través de la plataforma Moodle www.aulaidluam.com. Tanto el estudio guiado como los casos prácticos son objeto de corrección motivada y calificación por el profesor del módulo.

EVALUACIÓN:

Los estudiantes recibirán para cada módulo una nota basada en un barreño de 100 puntos, que se corresponderá a la suma de los puntos obtenidos en las distintas pruebas de evaluación continua (hasta 70 puntos) y en el examen presencial final (hasta 30 puntos). Para superar el módulo será necesario obtener una puntuación total de al menos 50 puntos (35 puntos de evaluación continua y 15 puntos de la prueba final).

PROGRAMA:

  • Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. El desarrollo sostenible.
  • Situaciones básicas de suelo y clasificación urbanística.
  • Planeamiento urbanístico.
  • Convenios urbanísticos.
  • Gestión urbanística.
  • Disciplina urbanística.
  • Intervención en el mercado del suelo.
  • Patrimonios Públicos.
  • Vivienda Protegida.

ADMISIÓN:

  • Plazo de inscripción: hasta el 15 de noviembre de 2020 o hasta completar plazas.
  • Titulación de acceso: Grado o Licenciatura en Derecho. Otras titulaciones deberán acreditar experiencia profesional en la administración local.
  • Para realizar la inscripción: enviar un correo a idluam@uam.es.

COSTE:

1.000€. Los empleados de ayuntamientos colaboradores del IDL-UAM tendrán un descuento del 30% sobre el importe de la matrícula. Se ofrece una beca total o dos parciales a solicitudes que acrediten circunstancias socioeconómicas que justifiquen la necesidad de beca.

SESIONES PRESENCIALES *

  • 11 de diciembre de 2020
  • 27 de enero de 2020
  • 28 de enero de 2021
  • 24 de febrero de 2021
  • 26 de febrero de 2021

* Mientras las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria del covid 19 lo aconsejaste, las sesiones serán online.

MÁS INFORMACION: info.idl@uam.es

Atenuación del control urbanístico de los municipios madrileños sobre las obras estatales o autonómicas

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Fotografía grúas

La nueva Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre, que reforma la vigente Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSM), ha modificado profundamente el control municipal sobre las obras y demás actuaciones urbanísticas. En general, la reforma ha atenuado los controles municipales. Por ejemplo, sometiendo una buena parte de las obras a simple declaración responsable, en lugar de a previa licencia de obras. Otra de las reformas, a la que me refiero ahora, rebaja muy intensamente el ya de por sí muy atenuado control municipal sobre las obras supramunicipales (el regulado en el hasta hoy vigente art. 161 LSM).

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Licencias y declaraciones responsables urbanísticas en la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid

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Fotografía grúas

En los últimos años, y de la mano de los condicionantes normativos impuestos desde el Derecho de la Unión Europea para garantizar el mercado interior y la libre circulación de servicios, el Derecho español ha abordado una estructural y radical transformación del modelo de intervención administrativa de la actividad privada, en un intento de eliminar o reducir la intensidad de los mecanismos de control administrativo previo al ejercicio de ciertas actividades de los particulares.

De esta forma, la búsqueda de la simplificación administrativa ha alcanzado a los instrumentos de intervención del suelo. Con el objetivo de agilizar los trámites administrativos, la licencia urbanística, como típica y tradicional técnica de control preventivo de la edificación, está siendo sustituida por otros mecanismos de control a priori más sencillos: declaración responsable o comunicación previa.

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