Jurisprudencia

TS – Contratos públicos

STS 1210/2020. El momento en el que un potencial licitador debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social es el de la fecha de licitación o presentación de la oferta, no el de la adjudicación.

STS 1210/2020, de 28 de noviembre. Una sociedad interpone recurso de casación contra la sentencia del TSJ de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) que estimó la apelación planteada por el Cabildo Insular de Tenerife contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife. La sentencia apelada estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha sociedad contra su exclusión de la licitación de un contrato público no armonizado por parte del Cabildo.

La cuestión gira en torno al momento que debe tomarse como referencia para comprobar si el licitador está o no al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y con las Seguridad Social. La recurrente en casación considera que ese momento es el inmediatamente anterior a la adjudicación, mientras que la Administración y el TSJ entienden que es el del inicio de la licitación. Todos ellos se apoyan en distintas interpretaciones del TRLCSP (aplicable ratione temporis) como de la Directiva 2014/24/UE.

El TS estudia la jurisprudencia del TJUE y las normas invocadas y concluye, en primer lugar, que no hay vulneración del Derecho europeo de contratos. Es cierto que en el momento de la licitación la Directiva 2014/24/UE ya contaba con efecto directo, al no haber sido transpuesta en plazo. Pero el contrato está por debajo de los umbrales para contratos armonizados, por lo que sólo se aplicarían, en su caso, los principios generales, pero no las reglas de la Directiva.

En lo que hace a la interpretación de los arts. 60.1.d y 61.1 TRLCSP, el TS señala que la interpretación más acorde con los principios europeos es la de entender que el momento de referencia para comprobar si el licitador está al corriente o no es el de la fecha de licitación o presentación de la oferta. Sostener lo contrario implicaría hacer de mejor condición al licitador deudor que al no deudor, si se permitiese la subsanación en el momento de la adjudicación.

Por ello, el TS desestima el recurso de casación planteado por la sociedad licitadora.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 2970/2020 – ECLI: ES:TS:2020:2970).