Jurisprudencia

TS – Gestión de residuos

By 15 abril, 2021No Comments

STS 1420/2020. Los Ayuntamientos que deseen imponer la obligatoriedad de su servicio de gestión de residuos sólo deberán justificar la mayor eficiencia y eficacia del mismo frente a opciones privadas.

STS 1420/2020, de 29 de octubre. La Sentencia del TSJ de Illes Balears es recurrida en casación por dos Clubes Náuticos. Ésta aprecia la conformidad de la Ordenanza municipal que se impugnaba, aprobada por el Ayuntamiento de Calvià, con la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados (LRSC).

Los recurrentes en el tribunal a quo alegaban la ilegalidad de la Ordenanza, que regula la recogida de residuos y limpieza de espacios públicos, arguyendo que la misma no motivaba la mayor eficacia y eficiencia de la incorporación obligatoria de los productores de residuos al sistema de gestión implantado por el Ayuntamiento, frente a la gestión privada por parte de cada productor, acreditación que debía concurrir en virtud del art. 12.5.c) LRSC. No obstante, el TSJ entiende que dicha acreditación sí concurrió y, por tanto, declara la norma municipal impugnada conforme a Derecho.

En sede casacional, el recurso se centra en la interpretación del art. 12.5.c) LRSC, conforme al cual la entidad local puede imponer la incorporación obligatoria al servicio de gestión de residuos municipal en “determinados supuestos” y siempre que se acredite la mayor eficacia y eficiencia. Con ello, los recurrentes consideran que la posibilidad de imponer la obligatoriedad del servicio, aun probada su mayor eficacia y eficiencia, debe circunscribirse a determinados supuestos y no puede establecerse, como lo ha hecho el Ayuntamiento recurrido, a todos los productores del término municipal. Esta interpretación es combatida por el Ayuntamiento, que considera que el art. 12.5.c) LRSC tan solo confiere una potestad a las Entidades Locales para singularizar dicha obligatoriedad, mas no una obligación de determinar los concretos productores de residuos que quedan sujetos al sistema de gestión municipal.

El TS, después de exponer el marco jurídico para la resolución, empieza diferenciando los conceptos de recogida y gestión. Mientras que el primero constituye un servicio obligatorio [art. 26.1.a) LBRL], el segundo es un servicio cuya obligatoriedad no deriva ex lege sino sólo cuando el Ayuntamiento acredite la mayor eficacia y eficiencia del mismo, frente a las gestiones privadas [art. 12.5.c) LRSC]. Además, la gestión supone una actividad del ciclo completo y por tanto es más que la mera recogida.

Entrando al fondo de la controversia, el TS interpreta el precepto objeto del interés casacional de manera contraria a la expuesta por los recurrentes. En efecto, considera que la imposición obligatoria del servicio de gestión sólo requiere que concurra la acreditación de mayor eficiencia y eficacia. Así, cuando la norma se refiere a que dicha obligación se delimitará a “determinados supuestos”, ello debe entenderse de manera extensiva a todo el término municipal, siempre que los informes abarquen todos estos supuestos en su acreditación de mayor eficacia y eficiencia.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 3506/2020 – ECLI:ES:TS:2020:3506).

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