Jurisprudencia

TS – IBI

STS 1154/2022. Es procedente la liquidación del IBI correspondiente a los periodos impositivos no prescriptos posteriores a la fecha de la alteración catastral, al margen de que esta fecha tenga una antigüedad superior a cuatro años. En este sentido, el único límite para liquidar posteriormente el IBI en función de nuevo valor catastral será el de la prescripción del derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante liquidación.

STS 1154/2022 de 19 de septiembre. Se interpone recurso de casación por el Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm.6 de Valencia dictada en el marco de un procedimiento abreviado contra la resolución del Jurado Tributario del Ayuntamiento de Valencia desestimatoria de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra resoluciones municipales en el marco del IBI.

La cuestión principal se centra en Determinar si la tramitación de un procedimiento de regularización catastral, que conlleva la modificaci6n del valor catastral en virtud del cual se fija la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles, interrumpe o no el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación de las cuotas de ese tributo.

El TS recurre a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y dispone que Es un procedimiento específico, que corresponde “en los supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación, con el fin de garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria”, siendo de aplicación al mismo, en lo no previsto por dicha Disposición adicional, el régimen jurídico establecido en los artículos 11 y 12 de este Texto Refundido. Ello significa, contrariamente a lo que entiende la sentencia recurrida, que el procedimiento de regularización catastral tiene naturaleza tributaria, lo que entraña que se regirá por lo dispuesto en el TRLCI, pero “siendo de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como sus disposiciones de desarrollo” (apartado 1 del artículo 12 TRLCI).

No está previsto, sino todo lo contrario, queda excluida la posibilidad de que las actuaciones objeto de regularización se tramiten a través de fórmulas de colaboración.

La incorporación en el Catastro de los bienes inmuebles o la modificación de su descripción, resultante de la regularización, surtirá efectos desde el día siguiente a aquél en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen.

No se concibe como procedimiento de regularización catastral, la valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico prevista en la Disposición Adicional Cuarta del TRLCI , introducida por la citada Ley 16/2012, de 27 de diciembre .

Nos hallamos, pues, ante un acto de gestión catastral separado, que se notifica de manera independiente del acto de gestión tributaria que se recurre en el marco del presente recurso de casación. Ello suscita la cuestión de si tal acto catastral puede retrotraer sus efectos a la fecha del devengo del IBI siguiente al que tuvo lugar, al margen de que su notificación se produzca después. Sabido es que el IBI se devengará el primer día del período impositivo y que éste coincide con el año natural.

Pues bien, el artículo 75.3 TRLRHL establece que “los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario, tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales”. En la sentencia recurrida se declara: “el acuerdo establece una fecha de efectos de la alteración catastral, 22 de enero de 1998, todo ello conforme al artículo 75.3 de la Ley de Haciendas Locales, en relación con el apartado 4º de la Disposición Adicional tercera de la Ley del Catastro. Es decir, que el acuerdo de alteración supone que tales construcciones preexistían a fecha anterior a la comprobación en concreto a 22 de enero de 1998. El interesado pudo combatir esa conclusión en sede del procedimiento de revisión catastral -probando que las construcciones eran posteriores- pero no lo hizo, consintiendo esa declaración de efectos”. Ello quiere decir que, en esta ocasión, su efectividad se produce desde el 22 de enero de 1998, sin perjuicio de la prescripción de las deudas tributarias correspondientes.

El artículo 77.1 TRLRHL establece que la liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del IBI, serán competencia de los ayuntamientos. Por su parte el apartado 5 del mismo artículo dispone que el IBI se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro.

El IBI es un impuesto de gestión compartida, en que la gestión catastral se atribuye a la Administración General del Estado, concretamente, a la Dirección General de Catastro, correspondiendo la gestión tributaria a los ayuntamientos. Ambos procedimientos tienen naturaleza tributaria. Los actos derivados de la gestión tributaria no son, ni pueden ser, ajenos ni autónomos de la gestión catastral y, concretamente, el procedimiento de regularización catastral es secuencialmente previo al procedimiento de gestión tributaria. La gestión catastral y la gestión tributaria están interrelacionados.

En el marco del procedimiento de regularización catastral se han llevado a cabo actuaciones amparadas en la Disposición Adicional Tercera del TRLCI. Según la sentencia recurrida el acuerdo resultante de tales actuaciones no ha sido recurrido por el interesado.

La efectividad tributaria del nuevo valor catastral se produce desde que surte efectos la regularización catastral, con la retroactividad que proceda, limitada solo por la prescripción aplicable, que no desde el año siguiente al acuerdo por el que se determine el correspondiente valor catastral o incluso a la notificación de ese valor.

Por tanto, es procedente la liquidación del IBI correspondiente a los periodos impositivos no prescriptos posteriores a la fecha de la alteración catastral, al margen de que esta fecha tenga una antigüedad superior a cuatro años. En este sentido, el único límite para liquidar posteriormente el IBI en función de nuevo valor catastral será el de la prescripción del derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante liquidación, cuyo plazo quedó interrumpido por las actuaciones catastrales llevadas a cabo por la Gerencia Regional del Catastro de Valencia en el marco del procedimiento de regularización catastral origen de los actos administrativos aquí recurridos.

La regularización catastral, por tanto, produce un doble efecto. En el Catastro, desde el día siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o modificación catastral, independientemente del momento en que se notifiquen. En el IBI, en el periodo impositivo siguiente a partir del cual tengan efectos catastrales.

Como se ha declarado ya, este procedimiento también tiene naturaleza tributaria, por tanto, las actuaciones realizadas con conocimiento formal del interesado interrumpen la prescripción. Producida ésta, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción.

En este sentido, el TS estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 3332/2022 – ECLI:ES:TS:2022:3332).

 

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