Jurisprudencia

TS – Obligaciones tributarias

By 12 septiembre, 2023No Comments

STS 283/2023. La minoración del alcance cuantitativo global de la responsabilidad tributaria comporta la obligación de dictar un nuevo acuerdo derivativo de responsabilidad conforme al nuevo importe, sin que puedan mantenerse las actuaciones recaudatorias contra el declarado responsable.

STS 283/2023 de 7 de marzo de 2023. Se interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimaba el recurso interpuesto por un particular contra la resolución del TEAC con relación a un acuerdo de derivación de responsabilidad tributaria.

La cuestión principal se centraba en determinar si en los supuestos de anulación parcial en vía judicial de una declaración de responsabilidad del artículo 42.2 a) LGT, la AEAT está obligada a dictar un nuevo acuerdo declarativo de responsabilidad conforme al nuevo importe y proceder a la exigencia de este en el período voluntario, o, por el contrario, subsiste el acto inicial y, consecuentemente, no hay supuesto alguno de retroacción para que se proceda a ejecutar por el órgano correspondiente.

El TS recurre a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y dispone que, es importante recordar que nos encontramos en el ámbito de unas actuaciones ejecutivas con relación a un acuerdo de derivación de responsabilidad tributaria por lo que, el alcance cuantitativo de esa responsabilidad tiene unas consecuencias evidentes sobre algunas obligaciones accesorias ( art 25 LGT), por ejemplo, en orden a los recargos del período ejecutivo o a los intereses de demora y, fundamentalmente, como antecedente, sobre el plazo de pago establecido en el art. 62.2 LGT, al que se refiere la resolución del TEAC que se encuentra en la base de este recurso de casación apuntando “que al no realizarse el ingreso en dicho plazo se inició la vía ejecutiva habilitante de los apremios.”

Es por ello por lo que la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad de la exigencia de alegar válidamente el desconocimiento del uso del euskera para que se pueda ejercer la opción lingüística. Con dicha exigencia se quiebra el equilibrio lingüístico entre las dos lenguas cooficiales al condicionarse el uso del castellano al desconocimiento del euskera, de modo que los derechos de libre opción en materia lingüística de quien representa a los ciudadanos en las entidades locales se restringen de forma injustificada.

Evidentemente, no es lo mismo encarar o hacer frente a una cantidad o a otra distinta, de manera que, dicha circunstancia puede ser determinante para que el pago se realice o no en plazo voluntario y, por ende, para evitar, en su caso, actuaciones ejecutivas como las que constituyen el objeto exclusivo de la controversia casacional.

Por último, llama la atención la circunstancia de que, encontrándonos en un supuesto de responsabilidad del artículo 42.2 LGT, desligado -en los términos que hemos expuesto en el anterior fundamento de derecho- de la deuda tributaria principal, se dictaran en el presente caso cinco providencias de apremio que, como explícitamente reconoce la resolución del TEAC “tenían su origen en el procedimiento de derivación de responsabilidad seguido contra el interesado” y pese a ello, vengan referenciadas, en las diligencias de embargo subsiguientes, a las conceptos que constituían la deuda del obligado principal.

Así, establece el TS, con base en el artículo 93.1 LJCA, en función de lo razonado precedentemente, lo siguiente:

“En las circunstancias del presente caso, la minoración del alcance cuantitativo global de la responsabilidad tributaria, derivada a tenor del artículo 42.2.a) LGT , comporta la obligación de dictar un nuevo acuerdo derivativo de responsabilidad conforme al nuevo importe, sin que puedan mantenerse las actuaciones recaudatorias contra el declarado responsable, seguidas sobre la base del incorrecto alcance originario de la responsabilidad tributaria”.

Por lo tanto, tendiendo a lo expresado, a juicio del TS la sentencia recurrida resulta contraria a esa doctrina por lo que procede estimar el recurso de casación, así como el recurso contencioso-administrativo.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 883/2023 – ECLI:ES:TS:2023:883).

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