Jurisprudencia

TS –Proceso contencioso-administrativo

STS 1132/2022. Las previsiones del artículo 110.5 b) de la Ley de la Jurisdicción han de extenderse a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la del Tribunal Constitucional. Por otra parte, la pendencia de algún recurso de casación sobre la cuestión determinante de la extensión de efectos basta para acordar la suspensión que prevé el artículo 110.6 de la Ley de la Jurisdicción.

STS 1132/2022 de 14 de septiembre. Se interpone recurso de casación por la Comunidad Autónoma de Madrid contra la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el marco del recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 11 de Madrid.

La cuestión principal se centra en determinar si el listado de circunstancias que motivan la desestimación del incidente de extensión de efectos, conforme al artículo 110.5 LJCA, se debe reputar como un numerus clausus o como un numerus apertus, que permitiría al órgano jurisdiccional contencioso-administrativo competente desestimar el incidente cuando aprecie la disconformidad a Derecho de la sentencia cuya extensión de efectos se pretende

El TS recurre a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y dispone que en definitiva, la eficacia y utilidad del instituto procesal de la extensión de efectos, aparte de la rigurosa constatación de identidades y demás requisitos formales exigibles, exige que el pronunciamiento de fondo, ya firme e inatacable cuya extensión se pretende, sea jurídicamente seguro, consolidado, de manera que no se expanda si es que en otros casos ha sido desautorizado jurisprudencialmente o está pendiente de confirmación. Es menester, por tanto, que el efecto cuya extensión que se pretende no sea contrario a la jurisprudencia, entendida en sentido amplio, jurisprudencia que tiene así carácter determinante y vinculante como garantía que es de seguridad jurídica y unidad de criterio.

La sentencia impugnada aplica un criterio contrario a nuestra jurisprudencia, que es, en los extremos aquí discutidos, favorable a la Comunidad Autónoma de Madrid. Nos referimos a la expresada por la sentencia n.º 1135/2021, de 15 de septiembre (casación n.º 7804/2019), la cual, a su vez, sigue el criterio sentado anteriormente por la Sala en las sentencias n.º 650/2021, de 10 de mayo (casación n.º 5291/2019) y n.º 827/2021, de 10 de junio (casación n.º 5143/2019).

A los efectos del artículo 110.6, interpretado en los términos antes expuestos, la Administración apelante le advirtió de que pendían diversos recursos de casación sobre la cuestión litigiosa y la Sección sentenciadora bien pudo constatar que ante la Sección Séptima de la misma Sala de Madrid se habían preparado varios. Estas circunstancias aconsejaban que esperase a que este Tribunal Supremo se pronunciase en firme para así evitar que, extensión de efectos mediante, se propagase un criterio al menos cuestionado y, en todo caso, necesitado de confirmación. De ahí que no hubiera razones para denegar la suspensión.

De modo que, las previsiones del artículo 110.5 b) de la Ley de la Jurisdicción han de extenderse a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la del Tribunal Constitucional. Por otra parte, la pendencia de algún recurso de casación sobre la cuestión determinante de la extensión de efectos basta para acordar la suspensión que prevé el artículo 110.6 de la Ley de la Jurisdicción.

En este sentido, el TS estima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid contra la sentencia dictada por el TSJ de Madrid, procediendo a anularla.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 3285/2022 – ECLI:ES:TS:2022:3285).

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