{"id":19146,"date":"2026-09-23T13:35:10","date_gmt":"2026-09-23T11:35:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=19146"},"modified":"2026-09-23T13:35:10","modified_gmt":"2026-09-23T11:35:10","slug":"diez-anos-de-jurisprudencia-casacional-tributaria-relevancia-en-el-ambito-local","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/diez-anos-de-jurisprudencia-casacional-tributaria-relevancia-en-el-ambito-local\/","title":{"rendered":"Diez a\u00f1os de jurisprudencia casacional tributaria: relevancia en el \u00e1mbito local"},"content":{"rendered":"

\"SeEl modelo de recurso de casaci\u00f3n de la LO 7\/2015<\/strong><\/p>\n

Como es sabido, la Disposici\u00f3n Final Tercera de la Ley Org\u00e1nica 7\/2015, de 21 de julio, por la que se modificaba la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modific\u00f3 tambi\u00e9n la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa (LJCA) y estableci\u00f3 un modelo de recurso de casaci\u00f3n totalmente distinto del vigente en ese momento.<\/p>\n

Seg\u00fan afirma el Pre\u00e1mbulo de dicha LO 7\/2015, la reforma pretend\u00eda que el recurso de casaci\u00f3n no operase como una tercera instancia, sino que \u201ccumpla estrictamente su funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica<\/em>\u201d. Para ello, se estableci\u00f3 un nuevo criterio de admisi\u00f3n de los recursos basado en la concurrencia de inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia. De este modo, el precedente criterio de admisi\u00f3n (basado en la elevada cuant\u00eda del recurso, superior a los 600.000 euros) fue sustituido por un nuevo criterio de admisi\u00f3n, que es la apreciaci\u00f3n por parte del Tribunal de que la cuesti\u00f3n planteada presenta inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia, que se identifica con la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el art\u00edculo 88. 2 y 88.3 de la LJCA.<\/p>\n

Esa modificaci\u00f3n de las reglas de admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n ha determinado que el Tribunal Supremo haya creado en estos diez a\u00f1os de vigencia de la ley un acervo de jurisprudencia tributaria enorme, puesto que ha dictado m\u00e1s de 3.000 sentencias entre las que es posible identificar m\u00e1s de 1.000 sentencias que establecen una doctrina novedosa en la interpretaci\u00f3n de las normas e instituciones tributarias (y, como es sabido, una sola sentencia establece jurisprudencia, aunque no se diga expresamente en la LJCA). Ello, como es l\u00f3gico, ha conferido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo un valor extraordinario en la conformaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del sistema tributario espa\u00f1ol.<\/p>\n

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La jurisprudencia casacional referida al sistema tributario local<\/strong><\/p>\n

El recurso de casaci\u00f3n establecido por la LO 7\/2015 ha sido tambi\u00e9n de gran relevancia en la interpretaci\u00f3n del sistema tributario local, puesto que con el anterior recurso de casaci\u00f3n era pr\u00e1cticamente imposible que los problemas tributarios locales fueran conocidos por el Tribunal Supremo (porque es muy raro que un tributo local establezca obligaciones tributarias de m\u00e1s de 600.000 euros). Sin embargo, con el cambio de modelo se ha generado una abundante y relevante jurisprudencia sobre distintas cuestiones de tributaci\u00f3n local.<\/p>\n

Para poner de manifiesto la relevancia cuantitativa que ha tenido en el \u00e1mbito local la reforma del recurso de casaci\u00f3n hemos utilizado los datos contenidos en \u201cJurisprudencia Casacional Tributaria. A\u00f1o 2025\u201d<\/a>, en donde se afirma que el n\u00famero de sentencias que establecen una doctrina novedosa (es decir, no reiteran lo afirmado en sentencias previas) en estos primeros diez a\u00f1os de vigencia de la ley ha sido de 935 (una vez descontadas las sentencias que no fijan doctrina). Y de todas ellas, 125 est\u00e1n directamente referidas a los tributos locales, por lo que el porcentaje de sentencias dictadas en relaci\u00f3n con esta materia se sit\u00faa en torno al 15%, lo que constituye un porcentaje alt\u00edsimo que refleja el cambio de paradigma mencionado anteriormente.<\/p>\n

En cuanto a la relevancia cualitativa, es necesario comenzar recordando las numerosas sentencias dictadas en relaci\u00f3n con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) como consecuencia de las desafortunadas sentencias del Tribunal Constitucional. Primero, en relaci\u00f3n con la recta interpretaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad contenida en la STC 59\/2017, de 11 de mayo, en las que se cuestionaba la llamada \u201ctesis maximalista<\/em>\u201d; y despu\u00e9s en relaci\u00f3n con la recta interpretaci\u00f3n de la limitaci\u00f3n de efectos de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad contenida en la STC 182\/20021, de 26 de octubre. El contenido exacto de esa jurisprudencia casacional tiene ahora menos inter\u00e9s porque, como es sabido, el Real Decreto-ley 26\/2021, de 8 de noviembre, estableci\u00f3 un nuevo m\u00e9todo de cuantificaci\u00f3n de la base imponible de este impuesto.<\/p>\n

S\u00ed tiene inter\u00e9s recordar la jurisprudencia establecida para reconocer la legitimaci\u00f3n activa en la impugnaci\u00f3n del IIVTNU a quienes hubieran asumido el pago de las obligaciones tributarias por pacto o contrato, dado que es bastante habitual ese pacto entre particulares en relaci\u00f3n con este impuesto, reconocida en la STS de 30 de octubre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:3488<\/a>), incluso en los supuestos en que no se hubiera presentado recurso de reposici\u00f3n y la revisi\u00f3n administrativa hubiera comenzado en el Tribunal Econ\u00f3mica, cuyas reglas de procedimiento prev\u00e9n expresamente la falta de legitimaci\u00f3n de quienes asumen obligaciones tributarias por pacto o contrato (STS de 18 de abril de 2023, ECLI:ES:TS:2023:1463<\/a>).<\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha establecido una jurisprudencia important\u00edsima en materia catastral y en relaci\u00f3n con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, como la contenida en la STS de 19 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:579<\/a>) que reconoci\u00f3 la posibilidad de impugnar el valor catastral firme al impugnar la liquidaci\u00f3n del IBI en los casos en que se apreciara la concurrencia de circunstancias excepcionales. O, tambi\u00e9n la contenida en la STS de 18 de mayo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:966<\/a>), que exige anular las liquidaciones del IBI cuando se anulan los valores catastrales, sin necesidad de esperar a que se fijen nuevos valores catastrales; que se completa con la STS de 3 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1752<\/a>), que reconoci\u00f3 que la minoraci\u00f3n del valor catastral derivada de un procedimiento de subsanaci\u00f3n de discrepancias del art. 18 LCI legitima la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos por los tributos pagados con un valor que era err\u00f3neo.<\/p>\n

En el \u00e1mbito del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) tambi\u00e9n se han dictado varias sentencias que establecen una jurisprudencia casacional muy importante, entre las que cabe citar algunas dictadas despu\u00e9s de la crisis econ\u00f3mica de los a\u00f1os 2008-2014, como la STS de 4 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3581<\/a>), en la que se estableci\u00f3 que, en caso de no iniciarse las obras, el sujeto pasivo puede solicitarse la devoluci\u00f3n de lo pagado en los cuatro a\u00f1os siguientes a la p\u00e9rdida de eficacia de la licencia.<\/p>\n

Tambi\u00e9n son especialmente relevantes en el \u00e1mbito del ICIO las referidas a la posici\u00f3n jur\u00eddica de los sujetos pasivos, como la STS de 19 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3955<\/a>), en la que se afirm\u00f3 que tiene la condici\u00f3n de sustituto del contribuyente en el ICIO quien ejecuta la obra, aunque el due\u00f1o de la obra hubiera solicitado la licencia o hubiera sido parte de un procedimiento de aplicaci\u00f3n de los tributos. Directamente vinculadas con la anterior, cabe mencionar la STS de 11 de abril de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1613<\/a>), en la que se dijo que la exigencia de la liquidaci\u00f3n provisional al contribuyente y no al sustituto es un vicio material grave que determina la nulidad del acto, por lo que carecer\u00eda de efectos interruptivos de la prescripci\u00f3n; y la STS de 17 de febrero de 2023, (ECLI:ES:TS:2023:523<\/a>), en la que se afirm\u00f3 que la Administraci\u00f3n no puede girar la liquidaci\u00f3n directamente al contribuyente en aquellos impuestos en los que existe un sustituto.<\/p>\n

Respecto de las tasas locales ha habido numerosos pronunciamientos, entre los que cabe destacar la STS de 14 de junio de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:2427<\/a>), en la que se estableci\u00f3 como doctrina jurisprudencial que las ordenanzas fiscales deben regular los elementos esenciales del tributo de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL, sin que resulten admisibles m\u00e9todos de cuantificaci\u00f3n de tasas distintos de los previstos en dicha ley; la STS de 21 de octubre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3400<\/a>), que aclar\u00f3 la exigencia de que los criterios de cuantificaci\u00f3n de las tasas deben ser claros y estar oportunamente explicados en la ordenanza fiscal, sin que sea suficiente su especificaci\u00f3n en el Informe T\u00e9cnico-Econ\u00f3mico; y la STS de 3 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:4162<\/a>), que caus\u00f3 una aut\u00e9ntica conmoci\u00f3n al establecer que las tasas por ocupaci\u00f3n del dominio p\u00fablico deben establecer reglas de cuantificaci\u00f3n diferente para los supuestos de utilizaci\u00f3n privativa y los de aprovechamiento especial del dominio p\u00fablico.<\/p>\n

Finalmente, es oportuno recordar dos important\u00edsimas sentencias relativas al procedimiento de recaudaci\u00f3n que son muy criticadas por los ayuntamientos. En primer lugar, la STS de 28 de mayo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1421<\/a>), en la que se estableci\u00f3 que la Administraci\u00f3n no puede dictar la providencia de apremio antes de resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto, aunque el interesado no hubiera solicitado expresamente la suspensi\u00f3n de ejecuci\u00f3n del acto impugnado. Y, en \u00faltimo lugar, la STS de 22 de enero de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:174<\/a>) que estableci\u00f3 que los ayuntamientos no pueden dictar diligencias de embargo sobre cuentas bancarias abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera de su t\u00e9rmino municipal (lo que excluye tambi\u00e9n la posibilidad de embargo del dinero depositado en cuentas bancarias digitales).<\/p>\n

Como se desprende de lo expuesto, la reforma del modelo de recurso de casaci\u00f3n derivada de la aprobaci\u00f3n de la LO 7\/2015 ha sido una aut\u00e9ntica revoluci\u00f3n en el \u00e1mbito tributario local al posibilitar que el Tribunal Supremo conociera los problemas jur\u00eddicos existentes en este \u00e1mbito del Derecho y, adem\u00e1s, estableciera una jurisprudencia clara que ha contribuido de forma decisiva al fortalecimiento de la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n

\n

Diego Mar\u00edn-Barnuevo Fabo<\/p>\n

Catedr\u00e1tico de Derecho Financiero y Tributario<\/p>\n

Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/p>\n

https:\/\/orcid.org\/0000-0002-3563-6338<\/p>\n

 <\/p>\n

P.S.<\/strong> No quiero terminar este art\u00edculo sin invitar al lector a leer el interesante trabajo de investigaci\u00f3n de la catedr\u00e1tica de la Universidad de Alicante Aurora Ribes sobre \u201cLa necesaria reforma del ICIO: Cuestiones problem\u00e1ticas y propuestas de mejora<\/em>\u201d, que acaba de publicar la Editorial Atelier y se puede descargar, gratis, pinchando aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El modelo de recurso de casaci\u00f3n de la LO 7\/2015 Como es sabido, la Disposici\u00f3n Final Tercera de la Ley Org\u00e1nica 7\/2015, de 21 de julio, por la que se… Seguir Leyendo Diez a\u00f1os de jurisprudencia casacional tributaria: relevancia en el \u00e1mbito local<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18725,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[],"class_list":["post-19146","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-blog"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/miamiaccidentlawyer-law-4617873_1280.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19146"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19146\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19147,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19146\/revisions\/19147"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18725"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}