{"id":19451,"date":"2026-11-11T10:00:16","date_gmt":"2026-11-11T09:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=19451"},"modified":"2026-10-27T14:17:23","modified_gmt":"2026-10-27T13:17:23","slug":"inteligencia-artificial-y-empleo-publico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/inteligencia-artificial-y-empleo-publico\/","title":{"rendered":"Inteligencia Artificial y Empleo P\u00fablico"},"content":{"rendered":"

Cuando el algoritmo gestiona al personal en el sector p\u00fablico: \u00bfqui\u00e9n responde ante el empleado p\u00fablico?<\/h2>\n

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\"PlacaEn septiembre de 2025, el Tribunal Supremo dio un paso importante relacionado con la incidencia de la IA en decisiones administrativas: en el caso de la aplicaci\u00f3n BOSCO, utilizada para decidir qui\u00e9n tiene derecho al bono social el\u00e9ctrico, afirm\u00f3 que cuando un algoritmo determina o condiciona el reconocimiento de derechos, la ciudadan\u00eda puede tener derecho a conocer su funcionamiento, incluido, cuando sea necesario, su c\u00f3digo fuente. Ni la propiedad intelectual ni la seguridad p\u00fablica pueden invocarse en abstracto para blindar esa opacidad.<\/p>\n

La sentencia se refiere de prestaciones sociales, pero deja flotando una pregunta que el Derecho del empleo p\u00fablico todav\u00eda no ha respondido con claridad: si esto vale para quien solicita una ayuda, \u00bfqu\u00e9 ocurre cuando el algoritmo se aplica a quienes trabajan para la propia Administraci\u00f3n?<\/p>\n

La pregunta ya no es hipot\u00e9tica. La digitalizaci\u00f3n administrativa dej\u00f3 hace tiempo de ser un horizonte y se ha instalado en el d\u00eda a d\u00eda de los empleados p\u00fablicos. Hay sistemas que ordenan candidatos en procesos selectivos, que punt\u00faan el desempe\u00f1o, que asignan tareas o que cruzan datos de control horario. El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial los considera de alto riesgo precisamente porque inciden en el acceso al empleo, en la promoci\u00f3n y en las condiciones de trabajo. Que la decisi\u00f3n la prepare o la adopte una m\u00e1quina no la sit\u00faa fuera del Derecho, pero s\u00ed puede dificultar enormemente que alguien pueda discutirla.<\/p>\n

Conviene recordar, adem\u00e1s, que la Administraci\u00f3n no es un empleador cualquiera. Est\u00e1 sometida a legalidad estricta, a la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad y a los principios de igualdad, m\u00e9rito y capacidad. No es lo mismo un sistema que se limita a ejecutar una operaci\u00f3n reglada que otro que recomienda, punt\u00faa o prioriza, y menos a\u00fan uno que, aun present\u00e1ndose como mera ayuda, acaba condicionando de hecho el sentido de la decisi\u00f3n. Cuanto mayor es la intensidad tecnol\u00f3gica, m\u00e1s exigente debe ser la supervisi\u00f3n humana. Y esa supervisi\u00f3n ha de ser real: no basta con que una persona refrende mec\u00e1nicamente lo que la m\u00e1quina propone.<\/p>\n

Hay, por otro lado, una singularidad poco comentada que cambia el modo de pensar la protecci\u00f3n. Cuando un empleador privado incumple la normativa preventiva, se expone a sanciones. En el empleo p\u00fablico, en cambio, el sistema se articula sobre medidas correctoras, con un efecto disuasorio mucho menor. Esto significa que, en la pr\u00e1ctica, el peso de la tutela se desplaza hacia otros mecanismos: el control judicial, la transparencia y la posibilidad de reclamar por los da\u00f1os sufridos. Si la prevenci\u00f3n sanciona poco, la reparaci\u00f3n tiene que funcionar bien.<\/p>\n

\u00bfFunciona? Esa es la cuesti\u00f3n de fondo. Un empleado p\u00fablico que ve truncada su carrera por una evaluaci\u00f3n sesgada, o que pierde una plaza por un error del sistema, dispone de varias v\u00edas: la prevenci\u00f3n de riesgos laborales cuando el problema nace de c\u00f3mo se ha organizado tecnol\u00f3gicamente el trabajo, la responsabilidad patrimonial cuando el da\u00f1o procede de una decisi\u00f3n o del funcionamiento del servicio, y el principio de indemnidad, que la jurisprudencia reciente ha ido perfilando con una autonom\u00eda creciente. Cada una tiene sus requisitos, sus plazos y sus ventajas, y no siempre es sencillo saber por cu\u00e1l de ellas conviene optar. Algunas cuestiones son especialmente delicadas: \u00bfpuede la opacidad del sistema tecnol\u00f3gico jugar en contra del perjudicado? \u00bfEs el error algor\u00edtmico un riesgo normal del cargo o una externalidad que la Administraci\u00f3n debe asumir? \u00bfCorre el plazo para reclamar mientras el afectado ignora que la causa del da\u00f1o fue un algoritmo?<\/p>\n

Mi impresi\u00f3n es que no estamos ante un vac\u00edo de tutela, sino ante un ordenamiento que debe ser interpretado a la luz de un riesgo nuevo. Las instituciones cl\u00e1sicas siguen siendo \u00fatiles, pero exigen una lectura actualizada, porque quien obtiene las ventajas organizativas de una herramienta no puede trasladar a su personal los costes an\u00f3malos de sus fallos. Y a ello se suma una v\u00eda, la negociaci\u00f3n colectiva, que quiz\u00e1 sea la m\u00e1s \u00e1gil para dar contenido concreto a esas garant\u00edas en cada Administraci\u00f3n.<\/p>\n

Quien desee profundizar en estas cuestiones puede consultar el cap\u00edtulo \u00abLa Administraci\u00f3n p\u00fablica como empleadora ante los retos tecnol\u00f3gicos: responsabilidad, prevenci\u00f3n y reparaci\u00f3n\u00bb, incluido en Riesgo tecnol\u00f3gico y trabajo: concepto, prevenci\u00f3n y reparaci\u00f3n, Ed. Tirant lo Blanch, 2026, que examina con detalle los aspectos aqu\u00ed apenas apuntados. Est\u00e1 disponible en acceso abierto en el siguiente enlace:<\/em> https:\/\/open.tirant.com\/cloudLibrary\/ebook\/show\/9791370594305<\/a>.<\/em><\/p>\n

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Alfonso Esteban Miguel<\/p>\n

\u00a0Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, miembro del IDL-UAM<\/p>\n

Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/p>\n

Red social\/Orcid ID: https:\/\/orcid.org\/0000-0001-6897-802X<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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