{"id":2838,"date":"2018-11-28T12:31:04","date_gmt":"2018-11-28T11:31:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=2838"},"modified":"2018-11-28T12:31:04","modified_gmt":"2018-11-28T11:31:04","slug":"la-contratacion-laboral-en-las-administraciones-publicas-tras-la-stc-122-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/la-contratacion-laboral-en-las-administraciones-publicas-tras-la-stc-122-2018\/","title":{"rendered":"La contrataci\u00f3n laboral en las Administraciones P\u00fablicas tras la STC 122\/2018"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"\"<\/a>Recientemente el Tribunal Constitucional ha declarado, en su sentencia 122\/2018<\/a>, la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicionales vig\u00e9sima sexta, apartado primero a) y b); y trig\u00e9sima cuarta, apartado segundo, en el inciso \u201cni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administraci\u00f3n respectiva\u201d, de la Ley 3\/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el a\u00f1o 2017.<\/p>\n

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Los preceptos anulados por el Tribunal Constitucional se\u00f1alaban lo siguiente:<\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional vig\u00e9sima sexta. Limitaciones a la incorporaci\u00f3n de personal laboral al sector p\u00fablico<\/strong>: \u201cUno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las Administraciones P\u00fablicas del art\u00edculo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5\/2015, de 30 de octubre, no podr\u00e1n considerar como empleados p\u00fablicos de su art\u00edculo 8, ni podr\u00e1n incorporar en dicha condici\u00f3n en una Administraci\u00f3n P\u00fablica o en una entidad de derecho p\u00fablico:<\/em><\/p>\n

a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios p\u00fablicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones P\u00fablicas previstas en el art\u00edculo 2.3 de la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resoluci\u00f3n, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervenci\u00f3n del servicio conforme a la legislaci\u00f3n de contratos del sector p\u00fablico que resultase aplicable a los mismos.<\/em><\/p>\n

b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles p\u00fablicas, fundaciones del sector p\u00fablico, consorcios, en personas jur\u00eddicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una Administraci\u00f3n P\u00fablica<\/em>\u201d.<\/p>\n

Y Disposici\u00f3n adicional trig\u00e9sima cuarta. Exigencia de responsabilidades en las Administraciones P\u00fablicas y entidades dependientes de las mismas por la utilizaci\u00f3n de la contrataci\u00f3n laboral<\/strong>: \u201cDos. Los \u00f3rganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones P\u00fablicas y en las entidades que conforman su Sector P\u00fablico Instrumental ser\u00e1n responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velar\u00e1n para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contrataci\u00f3n laboral temporal que pueda dar lugar a la conversi\u00f3n de un contrato temporal en indefinido no fijo. As\u00ed mismo, los \u00f3rganos de personal citados no podr\u00e1n atribuir la condici\u00f3n de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administraci\u00f3n respectiva, salvo cuando ello se derive de una resoluci\u00f3n judicial<\/em>\u201d.<\/p>\n

Los preceptos anulados trataban de evitar la entrada de personal en las Administraciones P\u00fablicas, de forma muy particular en los entes locales, al margen de los procesos de selecci\u00f3n reglados, que garantizan los principios de m\u00e9rito y capacidad en el acceso al empleo p\u00fablico. La justificaci\u00f3n de la limitaci\u00f3n se fundaba en una hipot\u00e9tica contenci\u00f3n del gasto p\u00fablico. Por otra parte, la prohibici\u00f3n anterior se completaba y perfeccionaba con un f\u00e9rreo control de la tasa de reposici\u00f3n. Es decir, con el establecimiento de serias limitaciones a la contrataci\u00f3n de nuevos empleados p\u00fablicos.<\/p>\n

Las dos variables unidas hac\u00edan pr\u00e1cticamente inviable cualquier intento de recuperar la prestaci\u00f3n directa de servicios p\u00fablicos, a trav\u00e9s de municipalizaciones o de remunicipalizaciones. Ello porque se imped\u00eda contratar nuevo personal, a la vez que se conjuraba para que el personal de terceras empresas que ven\u00edan prestando esos servicios se incorporaran a la Administraci\u00f3n por la mera voluntad del responsable pol\u00edtico de turno. Al margen quedaban principalmente aquellos supuestos en los que se hubiera producido una cesi\u00f3n ilegal o en los que la sucesi\u00f3n empresarial viniera impuesta por el art\u00edculo 44 ET. No obstante, seguramente estos supuestos no eran la principal preocupaci\u00f3n del legislador, cuando incorpor\u00f3 estas previsiones.<\/p>\n

Pues bien, estas previsiones han sido las anuladas recientemente por el Tribunal Constitucional. Bien es cierto que no por motivos de fondo, en los que no alcanza a entrar, sino por motivos de forma. En concreto, el Tribunal Constitucional entiende por unanimidad que los preceptos impugnados no integran el n\u00facleo esencial de la norma presupuestaria. Por tanto, su constitucionalidad solo habr\u00eda sido posible si las mismas hubieran encontrado encaje en el denominado \u201ccontenido eventual\u201d de las leyes de presupuestos. Sin embargo, nuevamente, el Tribunal Constitucional rechaza esta opci\u00f3n, pues las medidas no suponen una contenci\u00f3n del gasto o, al menos, este no es inmediato ni directo. El Tribunal niega tambi\u00e9n que sea admisible que las medidas constituyan un complemento necesario de la pol\u00edtica econ\u00f3mica del Gobierno o para la mayor inteligencia y mejor ejecuci\u00f3n del presupuesto. Finalmente, tampoco es posible afirmar que se traten de medidas directamente vinculadas con la pol\u00edtica econ\u00f3mica. Por tanto, como se ha avanzado, se concluye que el contenido incorporado no resulta constitucional.<\/p>\n

Cabr\u00eda preguntarse si en este momento la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad varia sustancialmente el panorama normativo. Podr\u00eda pensarse que si los preceptos anulados imped\u00edan la recuperaci\u00f3n de servicios, la llamada remunicipalizaci\u00f3n, tras su anulaci\u00f3n los Ayuntamientos que lo deseen podr\u00e1n comenzar a recobrar la gesti\u00f3n directa de aquellos servicios que consideren oportunos manteniendo en el servicio al personal que hasta ese momento ven\u00eda desarrollando sus tareas para una empresa externa. Sin embargo, creo que esta interpretaci\u00f3n no es la m\u00e1s adecuada.<\/p>\n

Las Administraciones pueden optar por municipalizar servicios asumiendo la prestaci\u00f3n directa a trav\u00e9s de su propio personal previo o con nuevos empleados provenientes de incorporaciones fruto de su tasa de reposici\u00f3n. No obstante, ni antes de la aprobaci\u00f3n de los preceptos anulados, ni durante su vigencia, ni despu\u00e9s de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad las Administraciones pueden decidir de manera unilateral incorporar nuevo personal reconociendo su car\u00e1cter irregular y, en consecuencia, su car\u00e1cter de indefinidos no fijos. Lo contrario supondr\u00eda admitir que las Administraciones p\u00fablicas pueden reconocer que adoptan decisiones contrarias a la legalidad vigente de manera unilateral y voluntaria. Por tanto, quiz\u00e1s lo m\u00e1s adecuado sea estimar que los preceptos anulados, en realidad, supon\u00edan una concreci\u00f3n de un mandato general. En consecuencia, las Administraciones seguir\u00edan vinculadas y limitadas por los principios generales de acceso al empleo p\u00fablico tras su anulaci\u00f3n.<\/p>\n

No obstante, solo los pr\u00f3ximos meses permitir\u00e1n determinar si las Administraciones desoyen las interpretaciones m\u00e1s prudentes y se optan por remunicipalizar servicios sin sopesar las consecuencias jur\u00eddicas de sus decisiones. En lugar de optar por dejar en manos de los tribunales la determinaci\u00f3n del acceso excepcional, extraordinario y temporal al empleo p\u00fablico, con las declaraciones de indefinidos no fijos; o incluso por exigir una hipot\u00e9tica reforma legislativa que permita \u2013en algunos supuestos, bajo algunas circunstancias tasadas y sin mediar arbitrariedades\u2013que las Administraciones puedan reconocer el car\u00e1cter indefinido no fijo del personal. Por ejemplo, cuando en situaciones similares una autoridad judicial haya dictaminado para un trabajador de la propia Administraci\u00f3n su condici\u00f3n de indefinido no fijo, podr\u00eda ser razonable que el legislador permita en un futuro que los entes locales puedan reconocer el car\u00e1cter indefinido no fijo de esas relaciones por econom\u00eda procesal.<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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