{"id":3080,"date":"2019-01-23T12:00:27","date_gmt":"2019-01-23T11:00:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=3080"},"modified":"2019-01-23T14:17:26","modified_gmt":"2019-01-23T13:17:26","slug":"el-tribunal-supremo-considera-que-la-liquidacion-definitiva-del-icio-esta-vinculada-al-contenido-de-la-liquidacion-provisional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/el-tribunal-supremo-considera-que-la-liquidacion-definitiva-del-icio-esta-vinculada-al-contenido-de-la-liquidacion-provisional\/","title":{"rendered":"El Tribunal Supremo considera que la liquidaci\u00f3n definitiva del ICIO est\u00e1 vinculada al contenido de la liquidaci\u00f3n provisional"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"\"<\/a>El ICIO es un impuesto regulado con poco acierto en los art\u00edculos 100 a 103 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Una de las principales manifestaciones de esa desafortunada regulaci\u00f3n consiste es denominar \u201cliquidaci\u00f3n provisional<\/em>\u201d a lo que realmente constituye un \u201cingreso a cuenta\u201d<\/em>, que tiene unas reglas de cuantificaci\u00f3n espec\u00edficas distintas de las establecidas para la liquidaci\u00f3n definitiva. Esa irregularidad fue denunciada hace tiempo por la doctrina y ha sido se\u00f1alada tambi\u00e9n por una abundante jurisprudencia.<\/p>\n

Pero lo cierto es que el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 13 de diciembre de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:4303)<\/a><\/strong>, dictada en recurso de casaci\u00f3n de la LO 7\/2015, parece no haber advertidos todas las consecuencias jur\u00eddicas que derivan de esa diferente naturaleza, porque ha determinado que \u201cla Administraci\u00f3n gestora del impuesto no puede introducir en la liquidaci\u00f3n definitiva, partidas o conceptos que, figurando en el presupuesto aportado por el interesado, no se incluyeron, pudiendo haberse hecho, por tanto, en la liquidaci\u00f3n provisional. En particular, no pueden rectificarse en perjuicio del sujeto pasivo los conceptos, partidas, equipos o instalaciones no incorporadas a la liquidaci\u00f3n provisional cuanto tal rectificaci\u00f3n empeora la situaci\u00f3n jur\u00eddica del interesado\u201d.<\/em><\/p>\n

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Se trata de una afirmaci\u00f3n clara y contundente que, en nuestra opini\u00f3n, no toma en consideraci\u00f3n todas las consecuencias jur\u00eddicas derivadas del hecho de que el par\u00e1metro de cuantificaci\u00f3n de la \u201cliquidaci\u00f3n provisional\u201d sea distinto del establecido para la \u201cliquidaci\u00f3n definitiva\u201d.<\/p>\n

En efecto, como es sabido, el art. 103 TRLRHL dispone que la liquidaci\u00f3n provisional se determinar\u00e1 en funci\u00f3n del presupuesto de obra o de los \u00edndices o m\u00f3dulos contenidos en la ordenanza fiscal, mientras que la liquidaci\u00f3n definitiva debe determinarse teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la obra. Ello constituye una clara diferencia cualitativa en el par\u00e1metro de cuantificaci\u00f3n de las llamadas \u201cliquidaci\u00f3n provisional\u201d y \u201cliquidaci\u00f3n definitiva\u201d que, en nuestra opini\u00f3n, impide establecer una vinculaci\u00f3n material entre el contenido de una y otra.<\/p>\n

Es cierto que, como explica la sentencia, la liquidaci\u00f3n provisional, \u201ces un acto de voluntad administrativa que, de suyo, incorpora un acto de gravamen -perjudicial como es para los derechos e intereses de su destinatario- y, por ende, susceptible de impugnaci\u00f3n administrativa y jurisdiccional (pueden verse, a tal efecto, los art\u00edculos 102 y siguientes de la LGT, en relaci\u00f3n con los concordantes de nuestra LJCA)\u201d<\/em>.\u00a0 Y partiendo de esa premisa, \u201csu calificaci\u00f3n como acto definitivo -en el sentido de impugnable-, pese a su confuso nombre, impide su revisi\u00f3n de oficio in malam partem por mero ajuste de las partidas o conceptos que se incluyen en la liquidaci\u00f3n definitiva. Tal agravaci\u00f3n no puede efectuarla la Administraci\u00f3n si no se somete previamente a los rigurosos requisitos legales establecidos al efecto, cuando pretenda empeorar la situaci\u00f3n jur\u00eddica del destinatario, como aqu\u00ed sucede, en los art\u00edculos 217, 218 y concordantes de la Ley General Tributaria<\/em>\u201d.<\/p>\n

Pero siendo ello cierto, subiste la diferencia cualitativa y cuantitativa entre la liquidaci\u00f3n provisional y la definitiva, del mismo modo que existe una diferenciaci\u00f3n similar entre el contenido de las retenciones de IRPF soportadas por el contribuyente y la liquidaci\u00f3n correspondiente. Tambi\u00e9n en este caso el acto de retenci\u00f3n es un acto de gravamen susceptible de impugnaci\u00f3n, pero de ello no se puede deducir una vinculaci\u00f3n entre el contenido de la retenci\u00f3n y el de la liquidaci\u00f3n del IRPF, porque este \u00faltimo de gravamen tiene unos par\u00e1metros de cuantificaci\u00f3n distinto de los anteriores y, por tanto, cuando se determina, no se produce una \u201crevisi\u00f3n de oficio in malam partem\u201d <\/em>del acto inicial, sino que se produce un acto de distinto contenido, distinta naturaleza y distinto devengo.<\/p>\n

Mutatis mutandi<\/em>, podr\u00edamos decir que en el ICIO sucede lo mismo que en el IRPF: la liquidaci\u00f3n definitiva tiene distinto contenido, distinta naturaleza y distinto devengo de lo que constituy\u00f3 un ingreso a cuenta en el momento de obtenerse la licencia, por lo que no se trata de una modificaci\u00f3n de un mismo acto de liquidaci\u00f3n producido con anterioridad. De hecho, en caso de impugnaci\u00f3n, la liquidaci\u00f3n provisional llevar\u00eda un cauce de impugnaci\u00f3n distinto del previsto para la liquidaci\u00f3n definitiva..<\/p>\n

Por ello no compartimos la afirmaci\u00f3n, contenida en la sentencia, de que \u201cla liquidaci\u00f3n definitiva verifica la correspondencia, cualitativa y cuantitativa, de las partidas presupuestadas sobre el proyecto con lo que resulte de la ejecuci\u00f3n final, lo que necesariamente requiere una actividad de comprobaci\u00f3n in situ\u201d<\/em>. En nuestra opini\u00f3n, la liquidaci\u00f3n definitiva no verifica la correspondencia entre lo declarado y el coste real y efectivo de la obra, porque en esa fase es irrelevante el presupuesto de obra o los \u00edndices o m\u00f3dulos incluidos en la ordenanza fiscal; lo \u00fanico relevante en ese momento es determinar el coste real y efectivo de la obra, que es la verdadera base imponible del impuesto.<\/p>\n

Claro que la Ley de Haciendas Locales llama a enga\u00f1o cuando define la base imponible en el art\u00edculo 102.1 por referencia al coste real y efectivo de la obra y despu\u00e9s, en el art\u00edculo 103.1, atribuye la misma denominaci\u00f3n (base imponible) al par\u00e1metro de cuantificaci\u00f3n del ingreso a cuenta, pese a que le atribuye un contenido distinto (el presupuesto de obra o los m\u00f3dulos contenidos en la ordenanza). Es obvio que el impuesto no puede tener dos bases imponibles de contenido distinto y lo que se ha producido en un grave error de t\u00e9cnica legislativa al denominar \u201cliquidaci\u00f3n provisional\u201d a lo que realmente es un \u201cingreso a cuenta\u201d y \u201cbase imponible de la liquidaci\u00f3n provisional\u201d a lo que realmente es un par\u00e1metro de cuantificaci\u00f3n sensiblemente distinto de la base imponible del impuesto.<\/p>\n

En todo caso, pese a la aparente relevancia de la jurisprudencia formada con dicha sentencia, es oportuno destacar que tendr\u00e1, previsiblemente, poca transcendencia pr\u00e1ctica. Porque la mayor\u00eda de las ordenanzas fiscales establecen el deber de \u201cautoliquidar\u201d ese ingreso a cuenta, de tal modo que ser\u00e1n pocos los supuestos en los que la Administraci\u00f3n haya dictado un acto administrativo de cuantificaci\u00f3n, en el que consten las partidas que deben computarse para la determinaci\u00f3n de ese ingreso a cuenta.<\/p>\n

S\u00f3lo resta por saber qu\u00e9 opinar\u00e1 el Tribunal Supremo de las ordenanzas fiscales que imponen al contribuyente la exigencia de presentar una \u201cautoliquidaci\u00f3n\u201d en el momento de finalizaci\u00f3n de obra (como sucede en Madrid y en otros municipios). Se trata de una disposici\u00f3n reglamentaria que establece una obligaci\u00f3n no prevista en la Ley de Haciendas Locales y, por tanto, podr\u00eda considerarse contraria a lo dispuesto en el art\u00edculo 8 LGT. Pero lo que queremos destacar ahora es que dicha \u201csegunda autoliquidaci\u00f3n\u201d no tendr\u00eda ning\u00fan encaje en el modelo de procedimiento de liquidaci\u00f3n resultante de la sentencia analizada, en el que s\u00f3lo habr\u00eda un acto de liquidaci\u00f3n dictado en el inicio de la obra y posteriormente modificado en el momento de finalizaci\u00f3n de obra.<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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