{"id":3566,"date":"2019-03-27T10:14:23","date_gmt":"2019-03-27T09:14:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=3566"},"modified":"2019-03-27T10:14:23","modified_gmt":"2019-03-27T09:14:23","slug":"la-defensa-de-la-ciudad-habitable-y-accesible-para-las-personas-con-discapacidad-frente-al-acoso-de-las-terrazas-y-veladores-el-aldabonazo-del-tribunal-supremo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/la-defensa-de-la-ciudad-habitable-y-accesible-para-las-personas-con-discapacidad-frente-al-acoso-de-las-terrazas-y-veladores-el-aldabonazo-del-tribunal-supremo\/","title":{"rendered":"La defensa de la ciudad habitable y accesible para las personas con discapacidad frente al acoso de las terrazas y veladores. El aldabonazo del Tribunal Supremo"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"\"<\/a>La ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de nuestro pa\u00eds, la estructura de nuestras ciudades y nuestra idiosincrasia como sociedad ha generado en los \u00faltimos a\u00f1os una notable transformaci\u00f3n del paisaje urbano provocada por la existencia de las terrazas y veladores vinculadas a establecimientos de restauraci\u00f3n que se ubican, fundamentalmente, sobre el espacio p\u00fablico (aceras y plazas). Ocupaci\u00f3n especial del dominio p\u00fablico regulada por la mayor\u00eda de los Ayuntamientos espa\u00f1oles a trav\u00e9s de la correspondiente Ordenanza donde se intenta conjugar intereses contrapuestos. En este sentido, p.e., resulta expresiva la justificaci\u00f3n de la todav\u00eda vigente Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hosteler\u00eda y Restauraci\u00f3n del Ayuntamiento de Madrid de 30 de julio de 2013<\/a>. La ordenanza contempla la necesidad de armonizar usos e intereses de distinta naturaleza, y viene determinada por tres objetivos prioritarios, dinamizar, simplificar y facilitar. Pretende compaginar el uso de actividades econ\u00f3micas privadas en la v\u00eda p\u00fablica con el resto de usos compatibles. Por ello, aunque se trata de favorecer la instalaci\u00f3n de terrazas en la ciudad de Madrid fijando procedimientos y condiciones t\u00e9cnicas claras y sencillas, se vela por el inter\u00e9s general con car\u00e1cter primordial, porque el paisaje urbano de la ciudad mantenga equilibrio y armon\u00eda, respetando los derechos de los viandantes, los consumidores y la seguridad de las instalaciones.<\/p>\n

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Ese conflicto se resuelve por las Ordenanzas estableciendo criterios t\u00e9cnicos de ubicaci\u00f3n de las terrazas y veladores, pero no siempre de forma correcta. As\u00ed la anteriormente se\u00f1alada Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid precisa (art. 7) que \u201cla anchura libre de paso para los peatones no puede ser inferior a 2,50 metros, respet\u00e1ndose un itinerario de forma continua, evitando quiebros a lo largo de una l\u00ednea de manzana\u201d, ya que \u201clas terrazas se disponen longitudinalmente en la l\u00ednea de bordillo de la acera, frente a la fachada del establecimiento y en su caso, la de los colindantes\u201d. No obstante, se permite excepcionar esta regulaci\u00f3n general \u201cs\u00f3lo en calles peatonales y en aceras donde sea perjudicial para el tr\u00e1nsito peatonal instalar la terraza en l\u00ednea de bordillo\u201d, donde se puede autorizar la instalaci\u00f3n de terraza adosada a la fachada del edificio. En tal supuesto \u201ces requisito imprescindible disponer de elementos separadores, de forma que se delimite el itinerario peatonal\u201d. Esta no es una regulaci\u00f3n aislada, sino que aparece todav\u00eda en otras muchas Ordenanzas Municipales, con diferentes variantes. P.e., la Ordenanza reguladora de terrazas en establecimientos p\u00fablicos de hosteler\u00eda y asimilados de Vitoria-Gasteiz de 29 de octubre de 2010<\/a>, incorpora expresamente la exigencia de que \u201cla instalaci\u00f3n deber\u00e1 garantizar un itinerario peatonal accesible, libre de obst\u00e1culos junto a fachada, salvo lo establecido en el p\u00e1rrafo 7.c de este art\u00edculo, con el fin de proteger la seguridad del viandante conforme a lo establecido en la normativa de promoci\u00f3n de la accesibilidad y supresi\u00f3n de barreras arquitect\u00f3nicas\u201d, si bien permite que \u201csi por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, fuera conveniente la ubicaci\u00f3n de la terraza junto a fachada del establecimiento se podr\u00e1 autorizar, previo informe t\u00e9cnico correspondiente sobre el dise\u00f1o y condiciones de la misma\u201d. Y esa excepci\u00f3n prevista se proyecta sobre todo el casco medieval.<\/p>\n

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2019<\/strong>(Recurso de Casaci\u00f3n n\u00fam. 1152\/2016.ECLI:ES:TS:2019:354<\/a>), con toda decisi\u00f3n y correcci\u00f3n ha puesto t\u00e9rmino a una regulaci\u00f3n que, en ocasiones impide a una parte de nuestros conciudadanos el ejercicio de sus derechos. En concreto, anula diversos apartados de los art. 63 y 65 de la Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades econ\u00f3micas de Elche de 29 de julio de 2013<\/a>, que regulan la instalaci\u00f3n en aceras de terrazas en posiciones interior y adosada a las fachadas. En concreto, la Ordenanza permit\u00eda autorizar la instalaci\u00f3n en aceras de terrazas pegadas a la alineaci\u00f3n de fachadas [art\u00edculo 63.b).i)]; para calles peatonales o de acceso restringido permit\u00eda la instalaci\u00f3n de terrazas adosadas a fachadas o pegadas a la alienaci\u00f3n de ellas [art\u00edculo 63.b).i)]; y posibilita diversos modelos de terrazas en posici\u00f3n interior, en aceras o en calles peatonales, parques, plazas o bulevares [art\u00edculo 65.1.1.a) y 2]. El razonamiento del Tribunal Supremo parte de considerar una obligaci\u00f3n constitucional de las Administraciones p\u00fablicas regular las condiciones b\u00e1sicas de accesibilidad y utilizaci\u00f3n de los espacios p\u00fablicos, sobre la base del art. 9.2 de la Constituci\u00f3n (\u201cCorresponde a los poderes p\u00fablicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obst\u00e1culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, cultural y social\u201d) y del art. 49 de la Constituci\u00f3n (\u201cLos poderes p\u00fablicos realizar\u00e1n una pol\u00edtica de previsi\u00f3n, tratamiento, rehabilitaci\u00f3n e integraci\u00f3n de los disminuidos f\u00edsicos, sensoriales y ps\u00edquicos, a los que prestar\u00e1n la atenci\u00f3n especializada que requieran y los amparar\u00e1n especialmente para el disfrute de los derechos que este T\u00edtulo otorga a todos los ciudadanos\u201d). Lo relevante de la posici\u00f3n del Tribunal Supremo no es tanto que aprecie una vulneraci\u00f3n de la normativa b\u00e1sica estatal sobre accesibilidad, sino la frontal vulneraci\u00f3n del derecho fundamental y sensible de estos ciudadanos.<\/p>\n

A\u00fan cuando no lo explicita, aqu\u00ed el Tribunal Supremo se est\u00e1 refiriendo al derecho a su movilidad personal que garantice su accesibilidad y no discriminaci\u00f3n en el \u00e1mbito de los espacios p\u00fablicos urbanizados y la edificaci\u00f3n, establecido hoy por los arts. 22 y 25 del Real Decreto Legislativo 1\/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi\u00f3n social<\/a>, en desarrollo del art. 20 de la Convenci\u00f3n de la ONU sobre los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad) de 13 de diciembre de 2006<\/a>. Como ha precisado recientemente el prof. Jos\u00e9 Mar\u00eda RODR\u00cdGUEZ DE SANTIAGO, No puedo subir a mi casa. Instrumentos jur\u00eddicos para la accesibilidad de las personas mayores a su vivienda<\/em><\/a>, Anuario de Derecho Municipal n\u00fam. 10 (2016), p\u00e1gs. 91-113, en el sistema de protecci\u00f3n integral de las personas con discapacidad la idea regulativa es que todos (sujetos p\u00fablicos y privados: Administraci\u00f3n, empresarios, propietarios\u2026) quedan obligados a poner de su parte para configurar en la realidad una sociedad (en sentido amplio: la ciudad, la vivienda, el puesto de trabajo, el colegio electoral, la escuela o el hospital) sin barreras. Se refuerza la protecci\u00f3n de este colectivo de personas al considerar \u00a0que la omisi\u00f3n de las acciones positivas singularmente favorables para estos colectivos (y que no resultan desproporcionadas) presenta un car\u00e1cter neta y positivamente discriminatorio y es, por tanto, contraria al art. 14 CE, en los t\u00e9rminos fijados por el art. 63 del citado Real Decret\u00f3 Legislativo 1\/2013 (vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad de oportunidades ante el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad). Y la concreta acci\u00f3n positiva que debe adoptar la Administraci\u00f3n municipal en este caso es el dise\u00f1o universal de la ubicaci\u00f3n de las terrazas que garantice la movilidad de este colectivo, en su caso con los ajustes razonables que resulten precisos.<\/p>\n

En ese contexto normativo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2019 precisa que \u201cLa necesidad de una pol\u00edtica de integraci\u00f3n de los disminuidos f\u00edsicos, sensoriales y ps\u00edquicos constituye un mandato de nuestra Carta Magna que exige la adopci\u00f3n de una serie de medidas tendentes a facilitar la movilidad y accesibilidad a este grupo social, a cuyo fin las administraciones p\u00fablicas competentes deber\u00e1n aprobar las normas urban\u00edsticas y arquitect\u00f3nicas b\u00e1sicas que persigan la finalidad expresada\u201d. Y esa normativa ha sido fijada, con car\u00e1cter general y con aplicaci\u00f3n en todo el territorio nacional, fundamentalmente por el Real Decreto 505\/2007<\/a>, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones b\u00e1sicas de accesibilidad y no discriminaci\u00f3n de las personas con discapacidad para el acceso y utilidad de los espacios p\u00fablicos urbanizados y edificaciones; as\u00ed como tambi\u00e9n por la Ley 13\/1982, de 7 de abril, de integraci\u00f3n social de los minusv\u00e1lidos, y la Ley 51\/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminaci\u00f3n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La concreci\u00f3n, a nivel de ocupaci\u00f3n del espacio p\u00fablico, se contiene en la Orden del Ministerio de la Vivienda 561\/2010<\/a>, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento t\u00e9cnico de condiciones b\u00e1sicas de accesibilidad y no discriminaci\u00f3n para el acceso y utilizaci\u00f3n de los espacios p\u00fablicos urbanizados. Dicha Orden impone la existencia de un \u201citinerario peatonal accesible\u201d, el cu\u00e1l debe (i) discurrir siempre de manera colindante o adyacente a la l\u00ednea de fachada o elemento horizontal que materialice f\u00edsicamente el l\u00edmite edificado a nivel del suelo; (ii) poseer en todo su desarrollo una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de direcci\u00f3n de las personas independientemente de sus caracter\u00edsticas o modo de desplazamiento; (iii) poseer en todo su desarrollo una altura libre de paso no inferior a 2,20 m; y (iv) no presentar escalones aislados ni resaltes. El Tribunal Supremo describe, con toda nitidez, como estos requisitos posibilitan que una persona invidente pueda en su deambular orientarse con la l\u00ednea de fachada o elemento horizontal que materialice f\u00edsicamente el l\u00edmite edificado a nivel del suelo, recordando al efecto c\u00f3mo los invidentes pretenden orientarse con su bast\u00f3n, por razones evidentes de seguridad, siguiendo la l\u00ednea de fachada de las edificaciones. Por ello, si se ocupa el espacio inmediato a esa l\u00ednea de fachada o de la correspondiente a ese elemento horizontal por una terraza o velador, la Administraci\u00f3n municipal est\u00e1 autorizando la creaci\u00f3n de un obst\u00e1culo que limita injustificadamente el derecho de movilidad de los invidentes por los espacios p\u00fablicos. Y para el Tribunal Supremo la ilegalidad de tal regulaci\u00f3n no queda salvada porque la Ordenanza remita a una decisi\u00f3n concreta de los servicios t\u00e9cnicos municipales para determinar, en cada caso, la mejor ubicaci\u00f3n.<\/p>\n

La lectura de las consecuencias derivadas de esta decisi\u00f3n del Tribunal Supremo no deja lugar a duda alguna. Las Administraciones municipales que a\u00fan no han adaptado sus Ordenanzas a esta exigencia ineludible no deber\u00edan perder ni un minuto en iniciar el procedimiento para modificarlas y, en su caso, revisar las autorizaciones otorgadas desconociendo el derecho fundamental de estos ciudadanos, que no puede verse afectado ni por el inter\u00e9s econ\u00f3mico del municipio en otorgar autorizaciones para la ocupaci\u00f3n de mayores espacios ni por el inter\u00e9s de los restantes ciudadanos en disfrutar de un esparcimiento al aire libre.<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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