{"id":3889,"date":"2019-05-10T12:53:47","date_gmt":"2019-05-10T10:53:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=3889"},"modified":"2019-05-10T12:53:47","modified_gmt":"2019-05-10T10:53:47","slug":"evolucion-del-modelo-de-financiacion-local","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/evolucion-del-modelo-de-financiacion-local\/","title":{"rendered":"Evoluci\u00f3n del modelo de financiaci\u00f3n local"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"\"La mayor\u00eda de los trabajos dedicados al estudio de la financiaci\u00f3n local se refieren a la misma como \u201cun mal end\u00e9mico\u201d, como si existiera un problema cualitativo y cuantitativo que el legislador no hubiera sido capaz de resolver. En nuestra opini\u00f3n, esa cr\u00edtica podr\u00eda estar justificada hace treinta o cuarenta a\u00f1os, pero los cambios producidos en los \u00faltimos a\u00f1os permiten dudar de la veracidad de esta afirmaci\u00f3n en el momento actual, sin perjuicio de que existan algunos problemas puntuales que justificar\u00edan alguna modificaci\u00f3n legislativa.<\/p>\n

Como es sabido, la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola de 1978 reconoci\u00f3 expresamente los principios de autonom\u00eda local y suficiencia financiera en sus art\u00edculos 137 y 142, que han condicionado todas las reformas legales producidas desde 1978 orientadas a establecer el modelo de financiaci\u00f3n de las entidades locales.<\/p>\n

La primera ley que sent\u00f3 las bases de un nuevo modelo de financiaci\u00f3n local inspirado en dichos principios fue la Ley 7\/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local, que regul\u00f3 las l\u00edneas generales del nuevo modelo de hacienda Local.<\/p>\n

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Ese marco general fue oportunamente desarrollado por la Ley 39\/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que estableci\u00f3 un nuevo modelo caracterizado por la capacidad de las Corporaciones locales para configurar su sistema de financiaci\u00f3n (decidiendo la implantaci\u00f3n o no de algunos tributos y determinando la presi\u00f3n fiscal aplicada en todos sus impuestos) y por el establecimiento de nuevas v\u00edas de financiaci\u00f3n, como la participaci\u00f3n en tributos del Estado y la participaci\u00f3n en ingresos de las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/p>\n

Ese nuevo marco jur\u00eddico creado por la Ley 39\/1988 sigue todav\u00eda en vigor, aunque con algunas modificaciones significativas introducidas, fundamentalmente, a trav\u00e9s de la Ley 51\/2002, de 27 de octubre, que estableci\u00f3 cambios en la regulaci\u00f3n de todos los tributos locales para corregir algunos problemas t\u00e9cnicos y, tambi\u00e9n, para introducir novedades tan relevantes como la posibilidad de gravar m\u00e1s intensamente los Bienes Inmuebles de Caracter\u00edsticas Especiales en el IBI o la exenci\u00f3n en el IAE de las personas f\u00edsicas y las personas jur\u00eddicas con una cifra de negocios inferior al mill\u00f3n de euros.<\/p>\n

El \u00faltimo hito legislativo relevante fue la aprobaci\u00f3n del Real Decreto Legislativo 2\/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que ten\u00eda por finalidad principal dotar de mayor claridad al sistema tributario y financiero de las entidades locales. En todo caso, como es propio en este tipo de normas, no introdujo ninguna novedad significativa en el r\u00e9gimen de las haciendas locales, salvo la ordenaci\u00f3n sistem\u00e1tica de su regulaci\u00f3n.<\/p>\n

El modelo resultante de todas esas modificaciones puede decirse que es satisfactorio, porque ha funcionado razonablemente bien incluso en los a\u00f1os de la crisis econ\u00f3mica. As\u00ed, por ejemplo, resulta llamativo que los ingresos totales hayan crecido de forma pr\u00e1cticamente constante en los \u00faltimos a\u00f1os, como se advierte en el siguiente cuadro en el que se comparan los datos referidos a los ingresos totales de las entidades locales en 2004 y 2016:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

De los datos de financiaci\u00f3n de los \u00faltimos a\u00f1os resulta tambi\u00e9n llamativo el destacado peso relativo de los ingresos tributarios, que representa m\u00e1s del 50% de los ingresos totales, lo que constituye un porcentaje claramente superior a la media de otros pa\u00edses de nuestro entorno. La principal ventaja de este tipo de ingresos es que es se corresponde mejor con los principios de suficiencia y autonom\u00eda, en tanto deja en manos de los entes locales graduar la presi\u00f3n fiscal exigida en cada momento concreto, lo que permitir\u00eda incrementar la recaudaci\u00f3n impositiva en caso de que fuera necesario.<\/p>\n

Sin embargo, como dec\u00edamos, existen algunos problemas concretos que har\u00edan aconsejable una intervenci\u00f3n legislativa. El primero de ellos tiene que ver con el ingreso derivado de la participaci\u00f3n en ingresos del Estado, que habi\u00e9ndose referenciado para los grandes municipios a los ingresos obtenidos en el a\u00f1o 2004 no toma en consideraci\u00f3n los eventuales cambios en el n\u00famero de habitantes a los que debe prestarse servicio. Ello significa que una gran ciudad que hubiera incrementado su poblaci\u00f3n un 20% en los \u00faltimos diez a\u00f1os no ver\u00eda incrementada su participaci\u00f3n en ingresos del Estado, pese a tener m\u00e1s obligaciones que atender.<\/p>\n

El segundo de ellos es la lentitud estatal en resolver los problemas normativos de los entes locales, como ha sucedido pardigm\u00e1ticamente con la definici\u00f3n reglamentaria del concepto de vivienda desocupada a efectos del IBI, la regulaci\u00f3n de las tasas por ocupaci\u00f3n del dominio p\u00fablico o, m\u00e1s relevante a\u00fan, con la introducci\u00f3n de los cambios en la regulaci\u00f3n del IIVTNU exigidos por la STC 59\/2017.<\/p>\n

El tercero de ellos, m\u00e1s general, tiene que ver con la existencia de un m\u00f3delo \u00fanico (o dual, si consideramos las especialidades establecidas para los grandes municipios) que debe ser aplicado por Administraciones Locales totalmente heterog\u00e9neas. Por ello consideramos conveniente establecer un modelo de alta autonom\u00eda en la gesti\u00f3n para los municipios de m\u00e1s de 50.000 o de m\u00e1s de 20.000 habitantes (que solo son 145 y 395, respectivamente, de un total de 8.124 municipios) y otro, con menor autonomia y mayor colaboraci\u00f3n del Estado o las Diputaciones, para los municipios con menor poblaci\u00f3n.<\/p>\n

En todo caso, creemos que el modelo actual es satisfactorio y ha permitido a los entes locales crecer en la prestaci\u00f3n de servicios y en la atenci\u00f3n al ciudadano, lo que sin duda es compatible con la inveterada exigencia de los responsables pol\u00edticos de tener m\u00e1s recursos y m\u00e1s competencias para prestar mejores servicios a los ciudadanos.<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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