fake-news<\/em>.<\/p>\nPor todo ello, se hace necesario garantizar una adecuada protecci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal en los procesos electorales y en la utilizaci\u00f3n que de estos datos hacen las formaciones pol\u00edticas.<\/p>\n
De acuerdo con el art. 9.1 del Reglamento (UE) 2016\/679, de 27 de abril, de protecci\u00f3n de datos (RGPD), est\u00e1 prohibido el tratamiento de datos personales que revelen las opiniones pol\u00edticas, aunque el apartado 2 del mismo precepto s\u00ed que autoriza su tratamiento cuando concurra alguna de las circunstancias en \u00e9l previstas. El tratamiento de las categor\u00edas especiales de datos personales es uno de los \u00e1mbitos en los que de manera expresa el Reglamento ha reconocido a los Estados miembros un margen de maniobra a la hora de especificar sus normas. Los datos que revelen opiniones pol\u00edticas se encuentran dentro de estas categor\u00edas especiales de datos. As\u00ed, el apartado 1 del art. 9.1 RGPD autoriza el tratamiento cuando \u201ces necesario por razones de un inter\u00e9s p\u00fablico esencial (\u2026), que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protecci\u00f3n de datos y establecer medidas adecuadas y espec\u00edficas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado\u201d. Y el apartado a) autoriza el tratamiento en el supuesto de que el interesado hubiera dado su consentimiento expl\u00edcito para ello, si bien esta excepci\u00f3n puede enervarse \u201ccuando el Derecho de la Uni\u00f3n Europea o de los Estados miembros establezca que la prohibici\u00f3n mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado\u201d.<\/p>\n
De esta forma, en lo que aqu\u00ed interesa, el Reglamento europeo no excluye que los Estados miembros puedan autorizar la recopilaci\u00f3n de datos personales sobre las opiniones pol\u00edticas en el marco de las actividades electorales, si bien esta autorizaci\u00f3n est\u00e1 condicionada al establecimiento de \u201cgarant\u00edas adecuadas\u201d (ver Considerando 56 del Reglamento).<\/p>\n
Igualmente, el art. 9.1 LOPD dispone que \u201ca fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastar\u00e1 para levantar la prohibici\u00f3n del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideolog\u00eda, afiliaci\u00f3n sindical, religi\u00f3n, orientaci\u00f3n sexual, creencias u origen racional o \u00e9tnico\u201d, aunque en el apartado 2 admite que esto \u201cno impedir\u00e1 el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos en el art. 9.2\u201d del Reglamento Europeo.<\/p>\n
La reforma del art. 58.bis.1 LOREG llevada a cabo por la LOPD de diciembre 2018 ampara la recopilaci\u00f3n (que, como antes hemos visto, en principio, estar\u00eda prohibida) de datos personales relativos a opiniones pol\u00edticas y lo hace en la existencia, gen\u00e9rica, de \u201cun inter\u00e9s p\u00fablico\u201d (no en un \u201cinter\u00e9s p\u00fablico esencial\u201d, como exige el Reglamento europeo). Los sujetos que son habilitados para llevar a cabo esta \u201crecopilaci\u00f3n\u201d (este tratamiento, en realidad) son los partidos pol\u00edticos \u201cen el marco de sus actividades electorales\u201d, sin que concrete qu\u00e9 se entiende por estas actividades, ni si se refiere o no al per\u00edodo de campa\u00f1a electoral legalmente previsto en cada proceso electoral.\u00a0 Adem\u00e1s, para obtener dicho amparo, basta con la oferta de unas inciertas e indeterminadas \u201cgarant\u00edas adecuadas\u201d (otro concepto jur\u00eddico indeterminado).<\/p>\n
De esta forma, el art. 58.bis.1 LOREG, objeto de enjuiciamiento por el Tribunal Constitucional, contiene una modificaci\u00f3n normativa que hace posible un tratamiento de datos que, de no existir dicha habilitaci\u00f3n, estar\u00eda prohibido tanto por el Derecho de la Uni\u00f3n Europea, como por nuestro ordenamiento jur\u00eddico (art. 9.1 RGPD y art. 9.2 LOPD).<\/p>\n
En este contexto normativo, el Tribunal Constitucional identifica el n\u00facleo de la controversia en decidir si el legislador ha vulnerado la reserva de ley y el contenido esencial del derecho fundamental a la protecci\u00f3n de datos personales (art. 18.4 CE en conexi\u00f3n con el art. 53.1 CE), por renunciar a establecer el marco en el que se habilita el tratamiento, la finalidad del mismo y las garant\u00edas adecuadas al concreto uso de la inform\u00e1tica previsto en la norma impugnada.<\/p>\n
En primer lugar, el Tribunal concluye que la legitimidad constitucional de la restricci\u00f3n del derecho fundamental a la protecci\u00f3n de datos personales no puede estar basada en la invocaci\u00f3n gen\u00e9rica de un indeterminado \u201cinter\u00e9s p\u00fablico\u201d. De otro modo, el legislador estar\u00eda trasladando a los partidos pol\u00edticos el desempe\u00f1o de una funci\u00f3n que solo a \u00e9l le corresponde: la determinaci\u00f3n de los l\u00edmites del derecho y su regulaci\u00f3n (ex art. 53.1 CE).<\/p>\n
En segundo lugar, considera el Tribunal que, el art. 58.bis LOREG, al no hacer referencia alguna a los presupuestos y condiciones del tratamiento de datos personales relativos a las opiniones pol\u00edticas, resulta insuficiente para determinar si las operaciones que pueden llevar a cabo los partidos pol\u00edticos ser\u00e1n o no \u201cel fruto previsible de la razonable aplicaci\u00f3n de lo decidido por el legislador\u201d. En definitiva, la disposici\u00f3n legal impugnada carece de reglas sobre el alcance y contenido de los tratamientos de datos que autoriza (s\u00f3lo recoge una condici\u00f3n limitativa: la recopilaci\u00f3n de datos personales relativos a las opiniones pol\u00edticas solo podr\u00e1 llevarse a cabo \u201cen el marco de sus actividades electorales\u201d, sin m\u00e1s concreci\u00f3n). La falta de reglas precisas y claras sobre los presupuestos y condiciones para el tratamiento de datos personales relativos a las opiniones pol\u00edticas no contribuye a identificar la finalidad de la restricci\u00f3n del derecho fundamental que se reconoce a los partidos pol\u00edticos, y viceversa.<\/p>\n
Por todo ello, concluye el Tribunal que el legislador no ha precisado qu\u00e9 finalidad o bien constitucional justifica la restricci\u00f3n del derecho de datos personales, ni ha determinado en qu\u00e9 supuestos y condiciones puede limitarse, mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposici\u00f3n de tal limitaci\u00f3n y sus consecuencias.<\/p>\n
Por \u00faltimo, tambi\u00e9n considera que la Ley no ha establecido las garant\u00edas adecuadas que para la debida protecci\u00f3n del derecho fundamental a la protecci\u00f3n de datos personales reclama la doctrina constitucional, por lo que respecta espec\u00edficamente a la recopilaci\u00f3n de datos personales relativos a las opiniones pol\u00edticas por parte de los partidos pol\u00edticos, en el marco de sus actividades electorales. Esto, en opini\u00f3n del Tribunal, constituye una injerencia en el derecho fundamental a la protecci\u00f3n de datos personales \u201cde gravedad similar a la que causar\u00eda una intromisi\u00f3n directa en su contenido nuclear\u201d.<\/p>\n
En definitiva, con esta Sentencia el Tribunal Constitucional sienta una interpretaci\u00f3n protectora de los datos de car\u00e1cter personal de contenido ideol\u00f3gico. El funcionamiento adecuado de un sistema democr\u00e1tico, el derecho a la libertad ideol\u00f3gica y el derecho a la participaci\u00f3n pol\u00edtica, pueden requerir la elaboraci\u00f3n de perfiles generales de los votantes, de modo que los partidos pol\u00edticos puedan conocer las preferencias del electorado para, as\u00ed, planificar su estrategia electoral y definir su agenda. Pero esto no puede suponer la realizaci\u00f3n de perfiles individuales, tratamientos de datos abusivos o no proporcionales, que pudieran conducir a forzar o desviar la voluntad de los electores.\u00a0 Y, con una regulaci\u00f3n tan abierta y ambigua como la que se establec\u00eda en el reformado art. 58.bis.1 LOREG, estos riesgos eran realmente ciertos.<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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Apenas tres d\u00edas despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n de las \u00faltimas elecciones locales, europeas y para gran parte de las asambleas legislativas de las Comunidades Aut\u00f3nomas, el Tribunal Constitucional ha hecho p\u00fablica la sentencia, de 22 de mayo de 20189, que anula el art. 58.bis.1 de la LOREG, que fue modificado por la Disposici\u00f3n Final 3\u00aa (apartado 2) de la Ley Org\u00e1nica 3\/2018, de 5 de diciembre, de Protecci\u00f3n de Datos Personales y Garant\u00eda de los Derechos Digitales (LOPD). El recurso fue interpuesto por el Defensor del Pueblo.<\/p>\n