![\"\"](\"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/IMG_B1_19_04_03.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
La reforma del\u00a0recurso de casaci\u00f3n \u00a0en el \u00e1mbito contencioso-administrativo, operada por la D. F. Tercera de la LO 7\/2015, de 21 de julio,\u00a0 ha \u00a0implicado\u00a0un cambio de paradigma en su configuraci\u00f3n y, en lo que aqu\u00ed interesa, \u00a0ha ampliado \u00a0significativamente el n\u00famero de resoluciones sobre tributos locales que tienen acceso a la \u00a0casaci\u00f3n. La regulaci\u00f3n anterior limitaba extraordinariamente el acceso al Tribunal Supremo de las cuestiones relacionadas con la Hacienda local[v\u00e9ase, FERN\u00c1NDEZ MONTALVO, R. (2014), Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de Hacienda local<\/i>]. Actualmente, el vigente recurso de casaci\u00f3n contencioso-administrativo constituye un instrumento procesal volcado en la funci\u00f3n hermen\u00e9utica del Derecho P\u00fablico, administrativo y tributario, en el que la noci\u00f3n de \u201cinter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de la jurisprudencia\u201d<\/i>se erige en \u00a0la piedra angular del nuevo modelo casacional \u00a0(v\u00e9ase, el ATS de 19 de junio de 2017 -Rec. N\u00ba. 273\/2017-<\/b>).<\/p>\n
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Esta nueva realidad procesal para las Haciendas locales presenta su manifestaci\u00f3n m\u00e1s patente \u00a0en las m\u00faltiples sentencias que pueden consultarse diariamente en el Centro de Documentaci\u00f3n Judicial (CENDOJ), sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza, que traen causa de la conocida\u00a0 STC 59\/2017, de 11 de mayo. Ahora bien, junto a los autos y sentencias referidas a dicho impuesto, el Tribunal Supremo tambi\u00e9n \u00a0ha admitido a tr\u00e1mite recursos de casaci\u00f3n en lo que se examinan cuestiones sustanciales (formales y materiales) \u00a0relacionadas con el resto de figuras tributarias locales.<\/p>\n
En este comentario rese\u00f1amos algunas de las sentencias y autos m\u00e1s recientes relacionadas con las tasas locales. En primer lugar, la STS de 31 de enero de 2019 -Rec. N\u00ba. 1898\/2017- <\/strong>\u00a0relativa a la tasa por suministro y utilizaci\u00f3n de agua potable, en la que el Tribunal Supremo fija doctrina sobre una problem\u00e1tica cl\u00e1sica en la dogm\u00e1tica tributaria: si\u00a0 la naturaleza retributiva de las tasas permite que el principio de capacidad econ\u00f3mica\u00a0pueda ser utilizado como criterio modulador de su cuant\u00eda, y pueda justificar que \u00a0una menor contribuci\u00f3n al coste del servicio p\u00fablico de unos sujetos pasivos pueda ser repercutida al resto.<\/p>\n El Tribunal Supremo parte en su razonamiento de tres premisas ya conocidas, en primer lugar, que el principio de capacidad econ\u00f3mica se proclama en el art\u00edculo 31.1 CE para la totalidad del sistema tributario. Aqu\u00ed cabe recordar que el Tribunal Constitucional, desde antiguo, viene diferenciando entre la capacidad econ\u00f3mica como \u00abfundamento\u00bb de la tributaci\u00f3n\u00a0 y la capacidad econ\u00f3mica como \u00abmedida\u00bb del tributo, y mantiene que \u201cel tributo, \u00abcualquier tributo\u00bb, debe gravar un presupuesto de hecho revelador de capacidad econ\u00f3mica\u201d<\/em>(SSTC 276\/2000, de 16 de noviembre, FJ 4; y 193\/2004, de 4 de noviembre, FJ 5; y AATC 24\/2005, de 18 de enero, FJ 3; 407\/2007, de 6 de noviembre, FJ 4, y 71\/2008, de 26 de febrero, FJ 5).En segundo lugar, que el art. 24.4 del TRLRHL dispone expresamente que “4. Para la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda de las tasas podr\u00e1n tenerse en cuenta criterios gen\u00e9ricos de capacidad econ\u00f3mica de los sujetos obligados a satisfacerlas<\/em>” \u00a0y, por \u00faltimo, que en el \u00e1mbito de las tasas rige fundamentalmente el principio de equivalencia entre los costes del servicio y el importe de las tasas establecidas para retribuirlo, \u00a0que no opera sobre el coste del servicio concreto prestado a cada sujeto pasivo, sino con el correspondiente al conjunto del servicio o la actividad de que se trate.<\/p>\n Con base a estos presupuestos, el Tribunal Supremo razona que, una vez respetado el l\u00edmite m\u00e1ximo derivado del coste total del conjunto de servicios, el reparto individual de la tasa puede ser desigual mediante su modulaci\u00f3n con criterios de capacidad econ\u00f3mica, que han de estar objetivados y ser razonables, y que deben efectuarse con pautas de proporcionalidad que tengan en cuenta el grado de utilizaci\u00f3n del servicio. As\u00ed, en el particular supuesto enjuiciado, el Tribunal Supremo concluye que \u00a0los hechos y criterios que se recogen en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por suministro y utilizaci\u00f3n de agua potable del Ayuntamiento de A Coru\u00f1a\u00a0 para reducirla o dispensarla son expresivos de situaciones individuales de necesidad o vulnerabilidad, por lo que resultan razonables y objetivos, y los recogidos para establecer un superior importe tambi\u00e9n resultan proporcionales en la medida que toman en consideraci\u00f3n un nivel superior de utilizaci\u00f3n del servicio. En definitiva, como ha se\u00f1alado recientemente el Tribunal Constitucional, si bien las tasas se basan en el principio de equivalencia no pueden desconocer el principio de capacidad econ\u00f3mica (STC 63\/2019, de 9 de mayo, FJ 3).<\/p>\n La segunda sentencia que rese\u00f1amos es la STS de 22 de mayo de 2019 -Rec. N\u00ba. 1800\/2017-<\/strong>referida a la Tasa por la prestaci\u00f3n del servicio de vigilancia especial y prevenci\u00f3n del riesgo de usurpaci\u00f3n de las viviendas propiedad de las entidades financieras del Ayuntamiento de Torrej\u00f3n de Ardoz. Suhecho imponible consist\u00eda en la prestaci\u00f3n del servicio de vigilancia especial y prevenci\u00f3n del riesgo de usurpaci\u00f3n de las viviendas propiedad de las entidades financieras. Los sujetos pasivos eran las entidades financieras, y el importe de la tasa se determinaba a trav\u00e9s de una tarifa de prevenci\u00f3n especial, que se cuantificaba en funci\u00f3n del coste del mantenimiento del servicio de prevenci\u00f3n del riesgo de usurpaci\u00f3n, y una tarifa de actuaciones de vigilancia especial, a partir de un coste de 30 euros\/hora por agente y 45 euros\/hora por sargento por la prestaci\u00f3n del servicio.<\/p>\n El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anul\u00f3 la Ordenanza Fiscal con el argumento de que esta tasa vulneraba el art. 21.1 c) del TRLRHL, ya que supon\u00eda exigir una tasa por el servicio de vigilancia p\u00fablica en general, dado que las caracter\u00edsticas del servicio por su propia naturaleza de vigilancia y patrulla de v\u00eda p\u00fablica \u00fanicamente se concibe como de vigilancia p\u00fablica en general. Tambi\u00e9n a\u00f1ad\u00eda el citado \u00f3rgano jurisdiccional que, atendiendo al ordenamiento jur\u00eddico vigente, el fen\u00f3meno de la ocupaci\u00f3n ilegal est\u00e1 tipificado como delito en el art. 245 del C\u00f3digo Penal, y conclu\u00eda que no cab\u00eda repercutir lo costes de prevenci\u00f3n del delito a quien lo sufr\u00eda.<\/p>\n El Tribunal Supremo, que admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el Ayuntamiento de Torrej\u00f3n de Ardoz, se ha cuestionado si una tasa por prevenci\u00f3n y vigilancia especial de vivienda, como la descrita, tiene encaje en el art. 20 del TRLRHL, o si se trata de un supuesto de vigilancia general no sujeto a tasa en virtud del art\u00edculo 21.1.c) del citado texto legal. Con\u00a0 apoyo\u00a0 en\u00a0jurisprudencia anterior en la que ya \u00a0hab\u00eda \u00a0subrayado que las exigencias derivadas del principio de reserva de ley en materia tributaria,\u00a0imponen que los ayuntamientos que decidan establecer una tasa deben realizar el esfuerzo de definir clara y n\u00edtidamente en la correspondiente ordenanza fiscal el contenido de los servicios cuya prestaci\u00f3n legitima su exacci\u00f3n, el Tribunal Supremo ha concluido que no tiene encaje en nuestro ordenamiento jur\u00eddico una tasa por prevenci\u00f3n y vigilancia especial de viviendas, como la exigida por el Ayuntamiento de Torrej\u00f3n de Ardoz, en tanto que incumple el principio de legalidad, por cuanto su delimitaci\u00f3n resultaba tautol\u00f3gica y vac\u00eda de contenido,\u00a0 e identifica un supuesto paradigm\u00e1tico de vigilancia p\u00fablica general, \u00a0que no est\u00e1 sujeto por aplicaci\u00f3n\u00a0 del art. 21.1.c) del TRLRHL.<\/p>\n El Tribunal Supremo tambi\u00e9n se ha pronunciado en m\u00faltiples ocasiones sobre la potestad local para cuantificar las tasas y, recientemente, ha dictado la STS de 22 de mayo de 2019 -Rec. N\u00ba. 1800\/2017- <\/strong>referida a la tasa por utilizaci\u00f3n privativa o aprovechamiento especial del dominio p\u00fablico local de las instalaciones de transporte de energ\u00eda el\u00e9ctrica, gas, agua e hidrocarburos, que con apoyo en jurisprudencia anterior [cinco sentencias de 21 de diciembre de 2016 (recursos de casaci\u00f3n n\u00fams. 336\/2016 , 436\/2016 , 580\/2016 , 947\/2016 y 1117\/2016 ) y de otras dos posteriores de 18 de enero de 2017 (recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 1473\/2016 ) y 2 de febrero de 2017 (recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 1114\/2016)], ha concluido que, a efectos de cuantificar la tasa por utilizaci\u00f3n privativa o aprovechamiento especial del dominio p\u00fablico local de las instalaciones de transporte de energ\u00eda el\u00e9ctrica, gas, agua e hidrocarburos, cuando \u00e9stas discurren o se encuentran emplazadas en suelo r\u00fastico, cabe determinar la utilidad que el sujeto pasivo obtiene (de la utilizaci\u00f3n o del aprovechamiento) acudiendo al valor catastral de esta clase de suelo con construcciones, ponder\u00e1ndolo con el de las citadas instalaciones.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Rese\u00f1adas las sentencias m\u00e1s recientes dictadas por el Tribunal Supremo en este \u00e1mbito, en una segunda entrada nos referiremos a los recursos de casaci\u00f3n que se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n en los que tambi\u00e9n se suscitan cuestiones de gran calado en relaci\u00f3n con las tasas locales.<\/p>\n Miguel Alonso Gil<\/em><\/p>\n Presidente TEAM del Ayto. de M\u00f3stoles<\/em><\/p>\n Profesor asociado Derecho Financiero y Tributario UC3M.<\/em><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text] La reforma del\u00a0recurso de casaci\u00f3n \u00a0en el \u00e1mbito contencioso-administrativo, operada por… Seguir Leyendo Las tasas locales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (I Parte)<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[163],"class_list":["post-4244","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","tag-tribunal-supremo"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4244"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4244\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4248,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4244\/revisions\/4248"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}