{"id":4256,"date":"2019-07-03T09:54:49","date_gmt":"2019-07-03T07:54:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=4256"},"modified":"2019-07-03T09:54:49","modified_gmt":"2019-07-03T07:54:49","slug":"las-tasas-locales-en-la-reciente-jurisprudencia-del-tribunal-supremo-ii-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/las-tasas-locales-en-la-reciente-jurisprudencia-del-tribunal-supremo-ii-parte\/","title":{"rendered":"Las tasas locales en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (II Parte)"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"\"Como se\u00f1alamos en el anterior comentario<\/a>, el Tribunal Supremo tiene pendiente de resoluci\u00f3n recursos de casaci\u00f3n en los que se suscitan cuestiones de gran calado en relaci\u00f3n con las tasas locales.<\/p>\n

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos catalanes, y con una evidente finalidad extrafiscal, modific\u00f3 la Ordenanza Fiscal correspondiente a la Tasa por la prestaci\u00f3n de servicios generales, para incluir el gravamen de las actuaciones derivadas de la inspecci\u00f3n y el control de las viviendas declaradas vac\u00edas o permanentemente desocupadas de acuerdo con la Ley 18\/2007, de 28 de diciembre del derecho a la vivienda en Catalu\u00f1a.\u00a0 Su hecho imponible est\u00e1 constituido por la actividad municipal, tanto t\u00e9cnica como administrativa, de inspecci\u00f3n de edificios y viviendas, efectuada a instancia particular o de oficio, que detecte el uso an\u00f3malo de las viviendas, as\u00ed como las \u00f3rdenes de ejecuci\u00f3n que se pudieran derivar.\u00a0 La tasa se devenga una vez declarada por resoluci\u00f3n firme en v\u00eda administrativa la situaci\u00f3n an\u00f3mala de la vivienda por mantenerla desocupada m\u00e1s de dos a\u00f1os sin causa justificada.\u00a0 La Ordenanza Fiscal regula distintos supuestos de exenci\u00f3n, y una importante bonificaci\u00f3n del 90 por 100 de la cuota aplicable a los sujetos pasivos que acrediten tener un patrimonio neto inferior a 500.000 euros y bienes por valor inferior a 2 millones de euros.<\/p>\n

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En relaci\u00f3n con dicha tasa, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a estim\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por \u00a0la\u00a0 Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Banca (v\u00e9ase, la STSJ de Catalu\u00f1a de 30 de junio de 2017 -Recurso n\u00ba: 778\/2016-). El Tribunal Supremo ha admitido a tr\u00e1mite el recurso de casaci\u00f3n preparado por el Ayuntamiento de Barcelona a trav\u00e9s delATS de 19 de febrero de 2018 –Rec. N\u00ba. 5316\/2017- <\/strong>\u00a0con el objeto de determinar si el citado ayuntamiento es competente para aprobar disposiciones de car\u00e1cter general en materia de control e inspecci\u00f3n de las viviendas desocupadas y, en particular, si ese servicio de inspecci\u00f3n y control sobre las viviendas declaradas vac\u00edas o permanentemente desocupadas puede o no constituir el hecho imponible de una tasa local .<\/p>\n

Como es sabido, la potestad tributaria de las Entidades Locales para crear\u00a0 tasas locales por la prestaci\u00f3n de un servicio o la realizaci\u00f3n de una actividad est\u00e1 anudada necesariamente al \u00e1mbito de sus propias competencias. En particular, en materia de vivienda, el art. 25.2 letra a) de la LRBRL ha limitado las competencias propias de los municipios en materia de vivienda a \u201cla p<\/em>romoci\u00f3n y gesti\u00f3n de la vivienda de protecci\u00f3n p\u00fablica con criterios de sostenibilidad financiera\u201d, <\/em>por lo que ha estrechado el \u00e1mbito competencial local m\u00ednimo en esta\u00a0 materia.\u00a0 En contraposici\u00f3n, algunas leyes auton\u00f3micas de vivienda han ampliado las competencias locales, con base a los principios de subsidiariedad y descentralizaci\u00f3n (v\u00e9ase, por ejemplo, Ley 18\/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda de\u00a0Catalu\u00f1a o la Ley 2\/2017, de 3 de febrero, por la funci\u00f3n social de las viviendas\u00a0 de la Comunidad Aut\u00f3noma de Valencia). Por ello, en nuestra opini\u00f3n, lo esencial para enjuiciar la legalidad de estas tasas\u00a0 derivar\u00e1 del examen de la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica en materia de vivienda,\u00a0a fin de comprobar si\u00a0 habilita a las Entidades locales para estas actuaciones de control de las viviendas vac\u00edas, es decir, los ayuntamientos que manifiesten su voluntad de establecer una tasa similar\u00a0 no pueden replicarla con apoyo en la legislaci\u00f3n b\u00e1sica estatal, sino que\u00a0 tendr\u00e1n que examinar la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica en materia de vivienda que les corresponda,\u00a0 y comprobar si les habilita para estas actuaciones de control de las viviendas vac\u00edas.<\/p>\n

El Tribunal Supremo tambi\u00e9n ha admitido un recurso de casaci\u00f3n a trav\u00e9s del\u00a0ATS de 31 de octubre de 2017 \u2013<\/strong>-Rec. N\u00ba. 3985\/2017- <\/strong>para\u00a0 determinar si las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los art\u00edculos 12 y 13 de la Directiva 2002\/20\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorizaci\u00f3n de redes y servicios de telecomunicaciones, seg\u00fan han sido interpretados por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, en orden a la imposici\u00f3n de tasas y c\u00e1nones a las compa\u00f1\u00edas que act\u00faan en el sector de las telecomunicaciones m\u00f3viles, se extienden tambi\u00e9n a las que lo hacen en los de la telefon\u00eda fija y de los servicios de internet.\u00a0La redacci\u00f3n vigente del art. 24.1 del TRLRHL, derivada de la ya lejana reforma de la Ley reguladora de las Haciendas locales operada por la Ley 51\/2002, de 27 de diciembre de 2002, resulta sumamente imprecisa y genera una conflictividad desmedida. En nuestra opini\u00f3n, esta materia requiere una urgente modificaci\u00f3n normativa que fije legalmente un sistema objetivo de determinaci\u00f3n de la cuota y que precise los elementos b\u00e1sicos de su r\u00e9gimen. La necesaria reforma legal tiene su expresi\u00f3n m\u00e1s palmaria en el arcaico r\u00e9gimen fiscal previsto para la Compa\u00f1\u00eda Telef\u00f3nica en la Ley 15\/1987, de 30 de julio.<\/p>\n

Otra pol\u00e9mica doctrinal y jurisprudencial cl\u00e1sica en relaci\u00f3n con las tasas consiste en determinar la naturaleza jur\u00eddica de las contraprestaciones que se exigen a los usuarios de los servicios p\u00fablicos [v\u00e9ase, por todos, ORTIZ CALLE, E. (2018), Las fronteras del derecho tributario. A prop\u00f3sito de las prestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico no tributario<\/em>], y que de acuerdo con la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico var\u00eda en funci\u00f3n de la forma de gesti\u00f3n del servicio. As\u00ed, si la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos se realiza por el propio Ayuntamiento, la contraprestaci\u00f3n tiene la consideraci\u00f3n de tasa, mientras que si la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico se realiza a trav\u00e9s de alguna de las formas de gesti\u00f3n directa con personificaci\u00f3n diferenciada (sociedad mercantil o entidad p\u00fablica empresarial de capital \u00edntegramente p\u00fablico) o mediante gesti\u00f3n indirecta (concesi\u00f3n administrativa), la contraprestaci\u00f3n exigida a los usuarios tiene la condici\u00f3n de prestaci\u00f3n patrimonial de car\u00e1cter p\u00fablico no tributario. Sobre esta cuesti\u00f3n, el Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casaci\u00f3n a trav\u00e9s delATS de 15 de septiembre de 2017 \u2013<\/strong>-Rec. N\u00ba. <\/strong>479\/2017-<\/strong>para aclarar, matizar, revisar o ratificar su propia doctrina jurisprudencial, en torno al art\u00edculo 2.2.a) de la Ley General Tributaria, en su redacci\u00f3n posterior a la Ley de Econom\u00eda Sostenible, relativo a la naturaleza jur\u00eddica de las cantidades cobradas a los usuarios del servicio de abastecimiento de agua potable prestado a trav\u00e9s de formas indirectas y, en particular, a trav\u00e9s de entidades concesionarias.<\/p>\n

En todo caso, debemos rese\u00f1ar que esta pol\u00e9mica no se agota con la sentencia del Tribunal Supremo que resuelva el citado auto, pues\u00a0 el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de marzo de 2018 acord\u00f3\u00a0 admitir a tr\u00e1mite el recurso de inconstitucionalidad n\u00famero 739-2018, promovido contra el art\u00edculo 289.2, disposici\u00f3n adicional 43.\u00aa y las disposiciones finales 9.\u00aa, 11.\u00aa y 12.\u00aa de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico, y este recurso ha sido recientemente desestimado por la STC 63\/2019, de 9 de mayo (BOE N\u00ba.-138 de 10 de junio de 2019), que sin duda requerir\u00e1 de un\u00a0estudio m\u00e1s detallado, si bien adelantamos que \u00a0el Tribunal Constitucional parte en su razonamiento de no considerar como sin\u00f3nimas la expresi\u00f3n \u201ctributos\u201d del art. 133.1 de la CE y la m\u00e1s gen\u00e9rica de \u201cprestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico\u201d del art. 31.3 de la CE, lo que determina que tambi\u00e9n sea distinto el alcance de la reserva de ley entre las diferentes prestaciones patrimoniales de naturaleza tributaria, como entre las que son tributarias y las que no lo son y, en el espec\u00edfico supuesto de las prestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico no tributario lo que se exige el Tribunal Constitucional es que sea una norma legal la que establezca los criterios a partir de los cu\u00e1les deben cuantificarse, de acuerdo con los fines y principios de la legislaci\u00f3n sectorial en la que en cada caso se inserte, y concluye que \u201cel hecho de que el legislador permita establecer un\u00a0 mecanismo distinto de financiaci\u00f3n del servicio y de aportaci\u00f3n del usuario en funci\u00f3n del modo de gesti\u00f3n y prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico, forma parte de su \u00e1mbito de configuraci\u00f3n\u201d <\/em>(STC 63\/20119, de 9 de mayo, FJ 6) por lo que desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado.<\/p>\n

Por \u00faltimo, en este \u00e1mbito el Tribunal Supremo tiene pendiente de dictar sentencia \u00a0<\/strong>en relaci\u00f3n con una cuesti\u00f3n de derecho tributario formal, \u00a0recogida en el ATS de 20 de junio de 2018\u00a0 – Rec. N\u00ba. \u00a01567\/2018- <\/strong>que consiste en determinar si, con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n indirecta de una ordenanza fiscal, cabe alegar la falta de emisi\u00f3n de la memoria econ\u00f3mica-financiera o su insuficiencia. En esta cuesti\u00f3n coincidimos con los razonamientos recogidos en la \u00a0sentencia del TSJ de Madrid de 22 de diciembre de 2017 \u2013Rec. Apelaci\u00f3n 718\/2016- que traza\u00a0una\u00a0 l\u00ednea roja, diferenciando los supuestos en los que se produce una ausencia total de estudio econ\u00f3mico-financiero o su insuficiencia por falta de alg\u00fan elemento sustancial,\u00a0de aquellos otros en los que el obligado tributario trata de rebatir la legalidad de la tasa con ocasi\u00f3n de la notificaci\u00f3n de la correspondiente liquidaci\u00f3n, en base a\u00a0 unos criterios t\u00e9cnico-financieros diferentes a los empleados por la Administraci\u00f3n Tributaria Municipal \u00a0en las memorias que soportan las ordenanzas, y concluye se\u00f1alando que\u00a0 en estos \u00faltimos casos\u00a0 el foro de discusi\u00f3n no puede ser la impugnaci\u00f3n indirecta de la Ordenanza Fiscal.<\/p>\n

Como corolario de todo lo anterior, cabe concluir que el nuevo recurso de casaci\u00f3n constituye un instrumento procesal que proporciona certeza y seguridad jur\u00eddica en la aplicaci\u00f3n de este sector del ordenamiento tributario local, que se encontraba hu\u00e9rfano de jurisprudencia del Tribunal Supremo en los t\u00e9rminos fijados en el art. 1.6 del C\u00f3digo Civil. No obstante, siendo esta cuesti\u00f3n muy relevante, coincidimos con GOM\u00c9Z PUENTE, M. (Procedimientos tributarios y conflictividad fiscal,<\/em>2019), que para reducir la conflictividad hay que reducir la incertidumbre jur\u00eddica, y para ello hace falta m\u00e1s jurisprudencia pero tambi\u00e9n mejores leyes. Es evidente, que en el \u00e1mbito de las Haciendas locales el cumplimiento de esta \u00faltima condici\u00f3n resulta inaplazable.<\/p>\n

 <\/p>\n

Miguel Alonso Gil<\/em><\/p>\n

Presidente TEAM del Ayto. de M\u00f3stoles<\/em><\/p>\n

Profesor asociado Derecho Financiero y Tributario UC3M.<\/em><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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