{"id":433,"date":"2017-02-20T19:42:13","date_gmt":"2017-02-20T18:42:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=433"},"modified":"2018-10-22T16:21:59","modified_gmt":"2018-10-22T15:21:59","slug":"la-inseguridad-juridica-y-el-impuesto-sobre-el-incremento-de-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana-incertidumbre-tambien-despues-de-la-stc-de-16-de-febrero-de-2017-diego-marin-barnuevo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/la-inseguridad-juridica-y-el-impuesto-sobre-el-incremento-de-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana-incertidumbre-tambien-despues-de-la-stc-de-16-de-febrero-de-2017-diego-marin-barnuevo\/","title":{"rendered":"La inseguridad jur\u00eddica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: incertidumbre tambi\u00e9n despu\u00e9s de la STC de 16 de febrero de 2017 (Diego Mar\u00edn-Barnuevo)"},"content":{"rendered":"

La inseguridad jur\u00eddica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: incertidumbre tambi\u00e9n despu\u00e9s de la STC de 16 de febrero de 2017<\/strong><\/p>\n

Diego Mar\u00edn-Barnuevo Fabo<\/p>\n

Instituto de Derecho Local-Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/em><\/p>\n

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Nota previa: Este comentario fue escrito antes de que se conociera la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017<\/a><\/strong><\/span>, que declara inconstitucionales y nulos determinados art\u00edculos de la Norma Foral 16\/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) del Territorio Hist\u00f3rico de Gipuzkoa. Dicha sentencia merece un estudio espec\u00edfico que ser\u00e1 publicado en breve, pero resulta oportuno destacar que todas las afirmaciones del presente comentario siguen siendo v\u00e1lidas, porque la STC s\u00f3lo anula la norma foral de Guip\u00fazcoa y, por tanto, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no se ve directamente afectada por dicha sentencia.<\/p>\n

La regulaci\u00f3n del IIVTNU ha sido muy criticada en los \u00faltimos a\u00f1os, porque la crisis econ\u00f3mica ha determinado una p\u00e9rdida de valor en los inmuebles que no tiene su correspondiente reflejo en la cuantificaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n tributaria. Ello es debido a que las reglas de determinaci\u00f3n de la base imponible cuantifican en un 3% anual el incremento de valor de los terrenos, en todo caso, con independencia de que durante ese tiempo se haya producido un incremento o un decremento de ese valor.<\/p>\n

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Es evidente que esa regulaci\u00f3n resulta contraria al principio constitucional de capacidad econ\u00f3mica y por ello el Tribunal Constitucional ha admitido a tr\u00e1mite la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad presentada por algunos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Pero ahora no queremos insistir en los motivos de inconstitucionalidad de dicha regulaci\u00f3n, ya explicados en otros comentarios, sino destacar la grave inseguridad jur\u00eddica existente en relaci\u00f3n con este tributo.<\/p>\n

En efecto: por imperativo legal, miles de ayuntamientos exigen el impuesto en los t\u00e9rminos previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y, como es l\u00f3gico, muchos contribuyentes impugnan la liquidaci\u00f3n que consideran injusta en aquellos casos en los que se consideran que no ha existido incremento de valor de los terrenos. Pero el resultado de esa impugnaci\u00f3n se ha convertido en una aut\u00e9ntica loter\u00eda, porque el Tribunal Constitucional todav\u00eda no ha resuelto la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad planteada y, como consecuencia de esa indeterminaci\u00f3n, se pueden producir las siguientes consecuencias:<\/p>\n

    \n
  1. Es posible que el Juzgado que conoce de la impugnaci\u00f3n comparta los motivos de inconstitucionalidad invocados en los Autos de los Juzgados n\u00ba 3 de Donosti <\/a><\/strong><\/span>y n\u00ba 1 de Vitoria<\/a><\/span><\/strong> y opte por presentar una nueva cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, como ha sucedido en el Juzgado n\u00famero 22 de Madrid<\/a><\/strong><\/span> y, tambi\u00e9n, en el Juzgado n\u00ba 1 de Jerez de la Frontera<\/a><\/strong><\/span>.<\/li>\n
  2. Tambi\u00e9n es posible que el Juzgado acept\u00e9 la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, como ha sucedido con el Auto del Juzgado n\u00ba 32 de Madrid<\/a><\/strong><\/span> en una decisi\u00f3n que nos parece muy razonable.<\/li>\n
  3. Pero tambi\u00e9n podr\u00eda suceder que el Juzgado siguiera las tesis mantenidas inicialmente por el TSJ de Catalu\u00f1a<\/a><\/strong><\/span> y, a partir de la prueba practicada, considere que no existe incremento de valor y por ello no se ha realizado el hecho imponible (tesis seguida tambi\u00e9n por alguna sentencia del TSJ de Madrid<\/a><\/strong><\/span> y de La Rioja<\/a><\/span><\/strong>) . Esas sentencias son frecuentes en los Juzgados de Catalu\u00f1a, aunque tambi\u00e9n se han producido en otros Juzgados, como el n\u00ba 1 de M\u00e1laga<\/a><\/strong><\/span>, el n\u00ba 1 de Segovia<\/a><\/strong><\/span>, el n\u00ba 6 de Sevilla<\/a> <\/strong><\/span>o el n\u00ba 2 de Oviedo<\/a><\/strong><\/span>.<\/li>\n
  4. Incluso no cabe descartar que el Juzgado decidiera seguir el sorprendente criterio mantenido por el Juzgado n\u00ba 1 de Cuenca en la sentencia de 21 de septiembre de 2010<\/a><\/strong><\/span>, en donde se establece un criterio de cuantificaci\u00f3n totalmente distinto del contenido en la Ley. Esa sentencia, confirmada por el TSJ de Castilla-La Mancha est\u00e1 pendiente de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo, pero el Pleno decidi\u00f3 suspender la votaci\u00f3n y fallo como consecuencia de la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional de admitir a tr\u00e1mite la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, lo que ha posibilitado que otros Juzgados vuelvan a utilizar ese mismo criterio de cuantificaci\u00f3n, como el Juzgado n\u00ba 15 de Madrid<\/a><\/strong><\/span> (aunque previsiblemente sea anulada por el TSJ, como sucedi\u00f3 en casos anteriores<\/a><\/strong><\/span>).<\/li>\n
  5. Pero lo m\u00e1s probable es que el Juzgado confirme la liquidaci\u00f3n administrativa por ser conforme a lo establecido en la LRHL y el contribuyente quede obligado a soportar una obligaci\u00f3n tributaria manifiestamente injusta.<\/li>\n<\/ol>\n

    Como se desprende de lo expuesto, los perjudicados por una norma manifiestamente injusta carecen de la m\u00ednima certeza sobre las consecuencias de sus actos, pues si aceptan los costes de una impugnaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n se pueden encontrar con resultados totalmente distintos, en funci\u00f3n del Juzgado encargado de resolver.<\/p>\n

    En este contexto resulta oportuno recordar que el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n reconoce el principio de seguridad jur\u00eddica, que seg\u00fan el Tribunal Constitucional \u201cimplica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusi\u00f3n normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jur\u00eddicos y los ciudadanos a qu\u00e9 atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas (…). Hay que promover y buscar la certeza respecto a qu\u00e9 es Derecho y no provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades dif\u00edcilmente salvables respecto a la previsibilidad de cu\u00e1l sea el Derecho aplicable, cu\u00e1les las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cu\u00e1les sean \u00e9stas<\/em>\u201d (STC 46\/1990, de 15 de marzo).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    La inseguridad jur\u00eddica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: incertidumbre tambi\u00e9n despu\u00e9s de la STC de 16 de febrero de 2017 Diego… Seguir Leyendo La inseguridad jur\u00eddica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: incertidumbre tambi\u00e9n despu\u00e9s de la STC de 16 de febrero de 2017 (Diego Mar\u00edn-Barnuevo)<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[6],"class_list":["post-433","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","tag-hacienda-local"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=433"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/433\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":436,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/433\/revisions\/436"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}