{"id":4350,"date":"2019-09-04T11:11:39","date_gmt":"2019-09-04T09:11:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=4350"},"modified":"2019-09-04T11:11:39","modified_gmt":"2019-09-04T09:11:39","slug":"el-tc-avala-con-un-criterio-cuestionable-las-nuevas-prestaciones-patrimoniales-de-caracter-publico-no-tributario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/el-tc-avala-con-un-criterio-cuestionable-las-nuevas-prestaciones-patrimoniales-de-caracter-publico-no-tributario\/","title":{"rendered":"El TC avala (con un criterio cuestionable) las nuevas prestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico no tributario"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"\"A comienzos de junio se public\u00f3 la STC 63\/2019<\/a>, en la que se desestim\u00f3 \u2013con una celeridad poco habitual\u2013 el recurso de inconstitucionalidad presentado por m\u00e1s de cincuenta diputados contra determinados preceptos de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector p\u00fablico, que califican como prestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico no tributario (PPCPNT) a las contraprestaciones exigidas por servicios p\u00fablicos prestados de manera indirecta o de forma directa a trav\u00e9s de personificaci\u00f3n privada. El fallo, como se ver\u00e1, es claro y su argumentaci\u00f3n, como tratar\u00e9 de justificar, cuestionable.<\/p>\n

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Antecedentes<\/em><\/strong><\/p>\n

Hace m\u00e1s de un a\u00f1o ya advert\u00ed aqu\u00ed<\/a>que la nueva Ley de Contratos conten\u00eda un nuevo hito en la vexata qu\u00e6stio<\/em>que constituye la diferenciaci\u00f3n entre la potestad tributaria y la denominada potestad tarifaria. Es una historia demasiado larga para una entrada de blog, por lo que a los interesados les remito a este trabajo anterior<\/a>. En todo caso, hay que tener presente que, contrariamente a lo que parece haber entendido el TC en esta sentencia [vid<\/em>. FJ 3\u00ba.e)], se trataba de una cuesti\u00f3n que hab\u00eda quedado claramente resuelta por el TS,que entend\u00eda que la forma de prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico (gesti\u00f3n directa o indirecta) no alteraba la naturaleza jur\u00eddica de la contraprestaci\u00f3n exigida (STS 23 de noviembre de 2015<\/a>, rec. 4091\/2013). De hecho, la consolidaci\u00f3n de este criterio es lo que justific\u00f3 la modificaci\u00f3n legal conducente a la introducci\u00f3n de la novedosa calificaci\u00f3n de PPCPNT.<\/p>\n

Resumen de la sentencia <\/em><\/strong><\/p>\n

En s\u00edntesis, los recurrentes sosten\u00edan que la regulaci\u00f3n era contraria a la doctrina constitucional relativa a las tasas y precios p\u00fablicos, a la reserva de ley establecida en el art. 31.3 CE, a la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n establecida en el art. 14 CE y al principio de universalidad presupuestaria consagrado en el art. 134.2 CE.<\/p>\n

El TC no admite lo anterior, desestimando el recurso por los siguientes motivos:<\/p>\n

i) Seg\u00fan su criterio, \u00ablas disposiciones impugnadas no alteran el r\u00e9gimen jur\u00eddico de las tasas y los precios p\u00fablicos\u2026 porque no se modifican los preceptos legales que regulan estas figuras en la LTPP, la LGT y la LHL\u00bb [FJ 6\u00ba.a)].<\/p>\n

ii) A lo anterior, se a\u00f1ade que puesto que \u00abel legislador dispone de un amplio margen de configuraci\u00f3n para establecer el modo de prestaci\u00f3n y gesti\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, es l\u00f3gico concluir que este margen se proyecta igualmente sobre su modo de financiaci\u00f3n\u00bb [FJ 6\u00ba.b)].<\/p>\n

iii) Igualmente, se sostiene que debe descartarse la vulneraci\u00f3n de la reserva de ley, en tanto que la Constituci\u00f3n \u00abno exige que todos los elementos de las prestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico no tributarias est\u00e9n delimitados en una ley, sino que sea una norma legal la que establezca los criterios a partir de los cuales debe cuantificarse\u00bb. Si se tiene en cuenta que la ley de contratos regula en el cap\u00edtulo I del t\u00edtulo III del libro I las reglas para establecer la cuant\u00eda de los contratos del sector p\u00fablico, debe concluirse \u2013a su juicio\u2013 que esta regulaci\u00f3n \u00abcolma la reserva de ley para este tipo de contraprestaciones\u00bb [FJ 6\u00ba.c)].<\/p>\n

iv) Por \u00faltimo, tambi\u00e9n se rechaza la vulneraci\u00f3n del art. 14 CE, en tanto que el recurrente \u00abparte de una premisa no demostrada y en relaci\u00f3n con la cual no se aporta ning\u00fan dato\u00bb. Igualmente, no se acoge la posible contravenci\u00f3n de lo dispuesto en el art. 134.2 CE, ya que \u00abprecisamente una nota definitoria de las prestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico es que no supondr\u00e1n necesariamente un ingreso p\u00fablico en sentido estricto, lo que l\u00f3gicamente implica que no figuren en el estado de ingresos de los presupuestos p\u00fablicos\u00bb (FJ 7\u00ba).<\/p>\n

Valoraci\u00f3n cr\u00edtica<\/em><\/strong><\/p>\n

Con la concisi\u00f3n a la que obliga un escrito de estas caracter\u00edsticas, apunto a continuaci\u00f3n mi opini\u00f3n sobre los argumentos anteriores:<\/p>\n

i) No puedo compartir que no se haya alterado el r\u00e9gimen jur\u00eddico de las tasas, puesto que me resulta notorio que s\u00ed se ha hecho (es paradigm\u00e1tico en este sentido el nuevo art. 20.6 TRLHL). En efecto, se ha variado el contenido del elemento objetivo del hecho imponible de las tasas, de forma que la forma de gesti\u00f3n del servicio p\u00fablico pasa a ser una caracter\u00edstica definitoria del mismo. En efecto, tanto se ha afectado a este elemento esencial del tributo que muchas contraprestaciones que hasta este momento eran calificadas como tasas, a partir de ahora dejar\u00e1n de serlo (v<\/em>.gr<\/em>. contraprestaci\u00f3n exigida por el servicio de recogida domiciliaria de residuos urbanos prestado por una concesionaria). Por tanto, la alteraci\u00f3n del hecho imponible de las tasas me parece clara.<\/p>\n

ii) Asimismo, esta era una ocasi\u00f3n muy oportuna para precisar qu\u00e9 es lo que convierte en tributarias, desde un punto de vista constitucional, a las gen\u00e9ricas prestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico. A este respecto, se apunta que seg\u00fan su doctrina ser\u00e1n tributarias las que \u00ab\u201cse satisfacen, directa o indirectamente, a los entes p\u00fablicos con la finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos\u201d (SSTC 182\/1997, de 28 de octubre, FJ 15, y 102\/2005, de 20 de abril, FJ 6)\u00bb [FJ 5\u00ba.d)]; mientras que \u00aben los casos de las prestaciones patrimoniales no tributarias, su finalidad podr\u00e1 no ser el sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de forma general, sino que se trata de prestaciones con \u201cinequ\u00edvoca finalidad de inter\u00e9s p\u00fablico\u201d (\u2026) De esta manera, la prestaci\u00f3n no ser\u00e1, estrictamente, una nueva fuente de ingresos p\u00fablicos, pues con ella \u201cno se persigue derechamente buscar una nueva forma de allegar medios econ\u00f3micos con los que financiar el gasto p\u00fablico, aunque tenga como como efecto econ\u00f3mico indirecto el de servir tambi\u00e9n a dicha financiaci\u00f3n (STC 83\/2014)\u00bb [FJ 5\u00ba e)].<\/p>\n

A mi juicio, esta distinci\u00f3n dista de ser n\u00edtida y, en todo caso, se deber\u00eda haber llegado a la conclusi\u00f3n de que este tipo de contraprestaciones s\u00ed merecen ser calificadas como tributarias por, al menos, dos razones:<\/p>\n

a) Porque, tal y como exige la propia doctrina del TC, este tipo de contraprestaciones \u00abse satisfacen, directa o indirectamente, a los entes p\u00fablicos con la finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos\u00bb. En efecto, en funci\u00f3n de lo que establezca el pliego, las cantidades se abonar\u00e1n a la Administraci\u00f3n o a la concesionaria (\u00abdirecta o indirectamente\u00bb) y, desde luego, sirven al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos, en tanto que constituyen una fuente de financiaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos (lo que pagan los usuarios reduce, en su caso, el canon concesional).<\/p>\n

b) No en vano, esta cuesti\u00f3n ya fue abordada en la STC 102\/2005<\/a>, sobre tarifas portuarias, en la que se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que las contraprestaciones que los usuarios abonan por la prestaci\u00f3n de esos servicios p\u00fablicos, gestionados en r\u00e9gimen de concesi\u00f3n, han de ser calificadas como tasas. En la referida sentencia se dijo claramente que \u00ablas llamadas “tarifas” por servicios portuarios constituyen prestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico de naturaleza tributaria. Y son tributos, con independencia de que los denominados servicios portuarios sean prestados por la Autoridad portuaria de forma directa o indirecta\u00bb (FJ 6\u00ba). As\u00ed, el TC parece que ha cambiado de criterio, lo cual es perfectamente posible pero habr\u00eda sido deseable que se hubieran explicitado las razones que han motivado tal modificaci\u00f3n.<\/p>\n

iii) En cuanto a la reserva de ley, discrepo tambi\u00e9n de la conclusi\u00f3n que se alcanza en la sentencia porque, en mi opini\u00f3n, la regulaci\u00f3n sustantiva de las PPCPNT es insuficiente y no se colma con la remisi\u00f3n a la normativa de contratos. De hecho, me parece contradictorio que el TC haga alusi\u00f3n al art. 11.2 de la Ley de Contratos (\u00ab[s]e excluyen, asimismo, de la presente Ley las relaciones jur\u00eddicas consistentes en la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico cuya utilizaci\u00f3n por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio p\u00fablico de aplicaci\u00f3n general\u00bb) y, al mismo tiempo, se afirme que la reserva de ley queda salvada por la remisi\u00f3n a esta norma reguladora de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Esto es, la Ley de Contratos rige la relaci\u00f3n entre Administraci\u00f3n y concesionario pero no, salvo de manera incidental, entre este y el usuario final. De ese modo, es necesario que la ley regule respecto a las PPCPNT qui\u00e9n ser\u00e1 el obligado al pago, en qu\u00e9 plazo, qu\u00e9 consecuencias tendr\u00e1 el impago, etc. En ese sentido, la remisi\u00f3n que en el art. 20.6 TRLHL se hace a la ordenanza resulta un ejemplo de \u201cdeslegalizaci\u00f3n\u201d de los elementos esenciales de las PPCPNT.<\/p>\n

iv) Por \u00faltimo, entiendo que la posible vulneraci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n as\u00ed como del principio de universalidad presupuestaria son argumentos menores que no pueden ser abordados en este comentario, que ya es demasiado largo.<\/p>\n

En definitiva, se comparta o no, esta sentencia acaba con las dudas de constitucionalidad que algunos planteamos (por ejemplo aqu\u00ed<\/a>) acerca de las PPCPNT. As\u00ed pues, ahora se trata de resolver los importantes problemas que comporta su aplicaci\u00f3n concreta, especialmente lo que tiene que ver con el contenido de las ordenanzas de desarrollo. To be continued<\/em>.<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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