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Hace unos d\u00edas (el 31 de octubre de 2019), el Bolet\u00edn Oficial del Estado publicaba la interesante Sentencia del Tribunal Constitucional 112\/2019, de 3 de octubre (ECLI:ES:TC:2019:112), en relaci\u00f3n con un recurso de amparo interpuesto por la demandante por considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n
En el inicial recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la luego recurrente en amparo aleg\u00f3, entre otras cosas, que la resoluci\u00f3n no le hab\u00eda sido notificada correctamente. La recurrente argumenta que no se trat\u00f3 de una verdadera notificaci\u00f3n puesto que el acto de comunicaci\u00f3n no conten\u00eda ni el texto \u00edntegro del acto, ni las exigencias y garant\u00edas derivadas de la legislaci\u00f3n del procedimiento administrativo com\u00fan: la indicaci\u00f3n de si el acto es o no definitivo en la v\u00eda administrativa, la expresi\u00f3n de los recursos que contra el mismo procede, \u00f3rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlo. Recibido el recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el art. 69.c LJCA, lo inadmiti\u00f3 por considerar que el acto impugnado (del Director General de Planificaci\u00f3n Sociosanitaria, Farmacia y Atenci\u00f3n al Ciudadano de la Consejer\u00eda de Sanidad y Pol\u00edtica Social del Gobierno de la Regi\u00f3n de Murcia) no agotaba la v\u00eda administrativa, al ser susceptible de recurso de alzada ante el Consejero competente. Contra la sentencia de inadmisi\u00f3n del Tribunal Superior de Justicia se interpuso recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo, que fue inadmitido por providencia de la Sala de lo contencioso-administrativo, por falta de inter\u00e9s casacional objetivo. Recurrida esta decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de recurso de amparo, en la Sentencia que estamos comentando, el Tribunal Constitucional declara la vulneraci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y anula la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, as\u00ed como la providencia del Tribunal Supremo que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n por falta de inter\u00e9s casacional objetivo.<\/p>\n
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El Tribunal Constitucional otorga amparo a la demandante por considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE (derecho de acceso a la jurisdicci\u00f3n), por inadmitir el recurso contencioso-administrativo que interpuso contra un acto administrativo que fue defectuosamente notificado. La inadmisi\u00f3n del recurso contencioso-administrativo se fundamentaba en que no se hab\u00eda agotado la v\u00eda administrativa por no interponer el preceptivo recurso de alzada, puesto que la resoluci\u00f3n impugnada no agotaba la v\u00eda administrativa. Frente a esto, el Tribunal Constitucional afirma que la resoluci\u00f3n recurrida no fue notificada correctamente, dado que carec\u00eda de la necesaria indicaci\u00f3n de los recursos procedentes frente a dicho acto y concluye en la sentencia afirmando que la ausencia de dicho contenido en el acto notificado no puede perjudicar al derecho a interponer recursos y acceder a la jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n
Si bien puede parecer que esta doctrina no es novedosa y es ya conocida y hasta consolidada, esta sentencia aporta algunos elementos de inter\u00e9s.<\/p>\n
Una primera cuesti\u00f3n a destacar de la STC 112\/2019 es que, a trav\u00e9s de ella, el Tribunal Constitucional altera su doctrina anterior en relaci\u00f3n con el incidente de nulidad de actuaciones como pieza necesaria para el agotamiento de la v\u00eda judicial previa al recurso de amparo. El Tribunal considera que, en los casos en los que el recurso interpuesto contra la resoluci\u00f3n que se estima lesiva de derechos fundamentales ha sido inadmitido por razones procesales que no son imputables a la falta de diligencia de la parte, no es preciso interponer un incidente de nulidad de actuaciones para cumplir el requisito que exige agotar la v\u00eda judicial antes de interponer el recurso de amparo (art. 44.1.a) LOTC).<\/p>\n
Tambi\u00e9n merece ser destacado que en esta sentencia el Tribunal Constitucional considera que reviste inter\u00e9s constitucional una cuesti\u00f3n que para el Tribunal Supremo carec\u00eda de un inter\u00e9s casacional. El Tribunal Constitucional sostiene, con car\u00e1cter general, que la decisi\u00f3n sobre la admisi\u00f3n o no de una demanda, as\u00ed como la verificaci\u00f3n de la concurrencia de los presupuestos y requisitos materiales y procesales de la misma, son cuestiones de estricta legalidad ordinaria. No obstante, admite el inter\u00e9s constitucional del asunto, porque se except\u00faan de la regla anterior aquellos supuestos en los que la interpretaci\u00f3n efectuada por el \u00f3rgano judicial de esta normativa \u201csea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente y, cuando del acceso a la jurisdicci\u00f3n se trata, los casos en los que dicha normativa se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relaci\u00f3n con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican\u201d (FJ 4.a).<\/p>\n
Centr\u00e1ndonos ya en el fondo del asunto, el Tribunal Constitucional considera que la inadmisi\u00f3n por no agotamiento de la v\u00eda administrativa supone una interpretaci\u00f3n rigorista e irrazonable del art. 69.c LJCA. Ciertamente, este precepto establece la inadmisi\u00f3n del recurso cuando tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnaci\u00f3n y, entre estos actos, se encuentran los que no ponen fin a la v\u00eda administrativa, tal y como prev\u00e9 el art. 25 LJCA. Sentado esto, el Alto Tribunal afirma que, antes de inadmitir, el Tribunal Superior de Justicia deber\u00eda haber examinado si la resoluci\u00f3n fue correctamente notificada, pues inadmite sin tener en cuenta si la Administraci\u00f3n ofreci\u00f3 al interesado toda la informaci\u00f3n necesaria para que pudiera ejercer debidamente su derecho a recurrir. El Tribunal Superior de Justicia se limit\u00f3 a constatar que el acto impugnado no era definitivo en v\u00eda administrativo y que el preceptivo recurso de alzada no fue interpuesto. Y, por ello, consider\u00f3 que, en virtud de lo dispuesto en el art. 69.c) LJCA, el recurso contencioso-administrativo resultaba inadmisible \u201ccon independencia de su pretendida falta de notificaci\u00f3n en forma a la demandante\u201d.<\/p>\n
Al no realizar este examen previo que verifique la correcta notificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos establecidos por el art. 58 de la antigua LJPAC y el art. 40 de la actual LPAC (que exigen que la notificaci\u00f3n de los actos administrativos indique, adem\u00e1s de otros extremos, los recursos procedentes frente a dichos actos), el Tribunal Superior de Justicia est\u00e1 permitiendo que la Administraci\u00f3n se pueda beneficiar de sus propias irregularidades,\u00a0en perjuicio de los afectados por la resoluci\u00f3n: \u201cla decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n no guarda la debida proporcionalidad e incurre en un rigor excesivo, pues, al no examinar si la indebida actuaci\u00f3n procesal de la recurrente pod\u00eda tener su origen en los defectos en los que incurri\u00f3 la administraci\u00f3n al notificar el acto, no ha ponderado debidamente los intereses que la inadmisi\u00f3n del recurso sacrifica\u201d (FJ 4.b). Esta forma de razonar \u201cno puede considerarse acorde con las exigencias que impone el art. 24.1 CE\u201d (FJ 4.b).<\/p>\n
Por todo ello, el Tribunal Constitucional anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y ordena la retroacci\u00f3n de las actuaciones al momento anterior a la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de la demandante de amparo (FJ 4.b). Esto supone que se ordena al Tribunal Superior de Justicia que dicte una nueva resoluci\u00f3n admitiendo el recurso contencioso-administrativo, sin exigir la interposici\u00f3n del recurso de alzada previo y aunque se trate de un acto que no agota la v\u00eda administrativa.<\/p>\n
Como valoraci\u00f3n final de esta sentencia, resulta desde luego destacable que ponga el \u00e9nfasis en la relevancia de la notificaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el derecho a la tutela judicial efectiva y, en especial, que destaque la importancia de indicar los recursos procedentes a interponer frente al acto administrativo. Para dar cumplimiento a las garant\u00edas legalmente reconocida en la legislaci\u00f3n b\u00e1sica de procedimiento administrativo, reside en la Administraci\u00f3n la obligaci\u00f3n de cumplir con la obligaci\u00f3n de notificar de forma adecuada, de manera tal que, si incumple con esta obligaci\u00f3n (o la cumple de manera incorrecta o insuficiente), no pueda resultar beneficiaria de dicha deficiencia. Por consiguiente, no cabe que los perjuicios y la carga de la diligencia resida en el destinatario del acto administrativo: no se le puede impedir acceder a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa por no haber agotado previamente la v\u00eda administrativa a trav\u00e9s del correspondiente recurso de alzada de cuya obligatoria interposici\u00f3n no tuvo conocimiento por faltar en la notificaci\u00f3n del acto administrativo la informaci\u00f3n relativa al sistema de recursos que correspond\u00edan frente a dicho acto.<\/p>\n
A esto hay que a\u00f1adir que la Sentencia del Tribunal Constitucional hace referencia no s\u00f3lo a la LRJPAC (norma aplicable en el supuesto ahora enjuiciado), sino que tambi\u00e9n incluye una menci\u00f3n a la actualmente vigente Ley 39\/2015 de Procedimiento Administrativo Com\u00fan, que es expresamente citada. Esta referencia expresa a la LPAC, junto a la identidad entre el contenido del antiguo art. 58 LRJPAC y del actual art. 40 LPAC, permite entender que la doctrina sentada por esta sentencia se aplica tanto a las tradicionales notificaciones documentales, en papel, como a las<\/strong>notificaciones electr\u00f3nicas. Igualmente, parece razonable entender que la necesidad de cumplir con estas garant\u00edas se ha de extender a todo tipo de actos que se deban notificar a los interesados. As\u00ed, la indicaci\u00f3n de si los actos agotan o no la v\u00eda administrativa (a los que expresamente se refiere la sentencia, FJ 4, primer p\u00e1rrafo), pero tambi\u00e9n deber\u00eda extenderse a los actos de tr\u00e1mite (y no s\u00f3lo a los definitivos) y a la notificaci\u00f3n de actos que afecten a terceros con intereses leg\u00edtimos, as\u00ed como, m\u00e1s all\u00e1 de la notificaci\u00f3n personal, a la notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de publicaci\u00f3n, cuando proceda.<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text] Hace unos d\u00edas (el 31 de octubre de 2019), el Bolet\u00edn… Seguir Leyendo Notificaciones defectuosas y derecho a interponer recurso (a prop\u00f3sito de la STC 112\/2019, de 3 de octubre)<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[252,86,166],"class_list":["post-4658","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","tag-notificacion","tag-recurso-contencioso-administrativo","tag-tribunal-constitucional"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4658"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4658\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4659,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4658\/revisions\/4659"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}