{"id":4700,"date":"2019-11-27T10:38:58","date_gmt":"2019-11-27T09:38:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=4700"},"modified":"2019-11-27T10:38:58","modified_gmt":"2019-11-27T09:38:58","slug":"prohibicion-de-contratar-y-conflictos-de-intereses-de-los-conyuges-y-personas-en-analoga-relacion-de-convivencia-afectiva-de-los-electos-locales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/prohibicion-de-contratar-y-conflictos-de-intereses-de-los-conyuges-y-personas-en-analoga-relacion-de-convivencia-afectiva-de-los-electos-locales\/","title":{"rendered":"Prohibici\u00f3n de contratar y conflictos de intereses de los c\u00f3nyuges y personas en an\u00e1loga relaci\u00f3n de convivencia afectiva de los electos locales"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"\"La legislaci\u00f3n b\u00e1sica de contrataci\u00f3n p\u00fablica ha previsto durante d\u00e9cadas la prohibici\u00f3n de contratar del c\u00f3nyuge o persona en an\u00e1loga relaci\u00f3n de convivencia afectiva de cargos electos cuando presta directamente servicios como operador econ\u00f3mico o participa de forma relevante en una empresa que puede ser contratista de la misma Administraci\u00f3n (art. 20 e) LCAP; art. 20 e) TRLCAP; art. 49.1 f) LCSP 2007; art. 60.1 f) TRLCSP). Esa prohibici\u00f3n se traduc\u00eda en la exclusi\u00f3n de la licitaci\u00f3n p\u00fablica y, en caso de incumplirse, conllevaba la nulidad de pleno de Derecho de los actos y del contrato (art. 39.2 a) LCSP). La aplicaci\u00f3n de esa prohibici\u00f3n de contratar se produc\u00eda habitualmente de forma autom\u00e1tica constatando simplemente la existencia de un v\u00ednculo matrimonial y comprobando que el contrato se financiaba efectivamente por la Administraci\u00f3n afectada (art. 178.2 d) LOREG) -sirva como ejemplo el Informe JCCAArag\u00f3n, 7\/2013, de 10 de abril-.<\/p>\n

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La configuraci\u00f3n legal de este supuesto de prohibici\u00f3n de contratar tuvo que modificarse, sin embargo, de la mano de la regulaci\u00f3n de las causas de exclusi\u00f3n de la licitaci\u00f3n previstas en el Derecho europeo (art. 60.1 g) del TRLCSP, modificado por la D.F. 9\u00aa LRJSP; actual art. 71.1 g) p\u00e1rr. 3\u00ba LCSP). Para las Directivas de 2014 no es relevante la relaci\u00f3n de parentesco o familiar en s\u00ed; solo es relevante en la medida en que pueda poner de manifiesto la existencia de un conflicto de intereses (art. 57.4 e) Directiva 2014\/24\/UE, en relaci\u00f3n con el art. 24 Directiva 2014\/24\/UE). Adem\u00e1s, seg\u00fan el Derecho europeo la exclusi\u00f3n del licitador -esto es, la prohibici\u00f3n de contratar en la terminolog\u00eda del Derecho nacional- ha de ser una medida a adoptar \u00fanicamente cuando el conflicto de intereses no se haya podido evitar o solucionar por otras v\u00edas menos restrictivas. De modo que no solo se produce una necesidad de adaptar el Derecho positivo, sino que tambi\u00e9n hay que introducir una nueva forma de interpretar la aplicaci\u00f3n de esta prohibici\u00f3n de contratar -que est\u00e1 en la l\u00ednea con la obligaci\u00f3n de interpretar restrictivamente las medidas desfavorables o de gravamen para los particulares (Sentencia del TSJ de Arag\u00f3n, de 5 de febrero de 2008, ECLI:ES:TSJAR:2008:1428. FJ 5; Informe JCCACatalunya 16\/2014, de 17 de diciembre)-.<\/p>\n

As\u00ed pues, la prohibici\u00f3n de contratar vigente contenida en el art\u00edculo 71.1 g) p\u00e1rr. 3\u00ba LCSP solo podr\u00e1 apreciarse cuando exista un conflicto de intereses real o percibido y siempre que no exista una medida menos restrictiva para resolver dicho conflicto (FEMP, Gu\u00eda de integridad en la contrataci\u00f3n p\u00fablica local,<\/em> marzo de 2019). El conflicto de intereses no es, as\u00ed, un requisito m\u00e1s del supuesto de hecho para apreciar la prohibici\u00f3n de contratar. M\u00e1s bien, se produce la situaci\u00f3n inversa: la prohibici\u00f3n de contratar es una medida que puede llegar a adoptarse cuando hay un conflicto de intereses que no puede resolverse de otro modo. El concepto de conflicto de intereses es un concepto m\u00e1s amplio y aut\u00f3nomo de la prohibici\u00f3n de contratar (Informe JCCAEstado 11\/18). Este planteamiento es esencial para acomodar la interpretaci\u00f3n de la LCSP a las exigencias derivadas del Derecho europeo y de la normativa relativa a integridad y buen gobierno.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la configuraci\u00f3n legal del conflicto de intereses, hay que tener en cuenta que el legislador ha entendido que no basta con que se produzca cualquier conflicto de intereses. El conflicto debe producirse entre el c\u00f3nyuge del cargo electo y el titular del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, el titular del \u00f3rgano en el que se ha delegado la competencia para contratar o el sustituto del primero (Informe JCCAArag\u00f3n 10\/16, de 18 de mayo; Informe JCCACValenciana 3\/2017, de 12 de abril). Solo en esos casos parece legalmente posible apreciar una prohibici\u00f3n de contratar. Esto significa que pueden plantearse conflictos de intereses -por ejemplo, entre un cargo electo que forma parte de la Mesa de Contrataci\u00f3n y su c\u00f3nyuge- que deber\u00e1n resolverse por otras v\u00edas, pero no mediante la apreciaci\u00f3n de prohibici\u00f3n de contratar.<\/p>\n

Por lo que respecta a la apreciaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de contratar, habr\u00e1 que realizar un an\u00e1lisis ad hoc<\/em>, en cada supuesto, con el fin de determinar dos aspectos: en primer lugar, si hay conflicto de intereses cualificado -esto es, con los sujetos que tienen la capacidad de influir verdaderamente en la configuraci\u00f3n y resultado del procedimiento de contrataci\u00f3n-; en segundo lugar, si habiendo conflicto o pudiendo haberlo, es posible adoptar una medida menos restrictiva que la prohibici\u00f3n de contratar (Informes JCCACValenciana 5\/2016, de 22 de julio y 3\/2017, de 12 de abril). En este sentido, hay que hacer un esfuerzo por proyectar las exigencias del principio de proporcionalidad para evitar restringir la participaci\u00f3n de un operador econ\u00f3mico en el mercado, que puede conducir a un menoscabo de los principios de la contrataci\u00f3n p\u00fablica -competencia e igualdad de trato, fundamentalmente- (STJUE Assitur<\/em>, C-538\/07, 19\/05\/2009, ECLI:EU:C:2009:317, Cdos. 26-29). El Derecho europeo parte de un principio favor participationis<\/em> de los operadores econ\u00f3micos con el fin de encontrar la mejor oferta disponible en el mercado, que se quiebra en los casos de exclusi\u00f3n de los potenciales contratistas. De manera que la exclusi\u00f3n nunca puede ser autom\u00e1tica y absoluta, es preciso valorar las circunstancias del caso (STJUE Michaniki<\/em>, C-213\/07, 16\/12\/2008, ECLI:EU:C:2008:731).<\/p>\n

En ese momento de an\u00e1lisis de las posibles medidas que anular\u00edan el conflicto de intereses entran en juego los deberes de abstenci\u00f3n de los cargos electos contenidos en distintas normas del ordenamiento jur\u00eddico (art. 23 LRJSP, art. 76 LBRL y art. 25.2 LTGB, con car\u00e1cter general). Si se constata el conflicto de intereses, entonces la primera reacci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico es la abstenci\u00f3n del cargo electo, en cumplimiento de los deberes legales establecidos al respecto. Esa abstenci\u00f3n deber\u00eda abarcar, adem\u00e1s, toda intervenci\u00f3n en el procedimiento (TACPMAD 87\/2015, de 12 de junio; Sentencia TSJ Castilla y Le\u00f3n, de 3 de octubre de 2017, ECLI:ES:TSJCL:2016:3623, FJ 3). Solo cabr\u00eda apreciar una prohibici\u00f3n de contratar como una medida de ultima ratio<\/em>. No puede obviarse que la prohibici\u00f3n de contratar derivada de la existencia de conflicto de intereses es muy distinta de otras prohibiciones que est\u00e1n ligadas exclusivamente a la conducta del operador econ\u00f3mico.<\/p>\n

La valoraci\u00f3n de las circunstancias de cada caso, con el fin de apreciar la oportunidad de imponer una prohibici\u00f3n de contratar, corresponde, de acuerdo con el art\u00edculo 72.1 LCSP, al \u00f3rgano de contrataci\u00f3n; y, habr\u00eda que a\u00f1adir, al \u00f3rgano que, en su caso, ejerza las competencias del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n si hubiera una previa delegaci\u00f3n. Esa valoraci\u00f3n debe llevarse a cabo en el marco de un procedimiento contradictorio que contenga un tr\u00e1mite de vista y audiencia para el operador econ\u00f3mico. Solo de este modo se cumple con la exigencia del art\u00edculo 57.6 Directiva 2014\/24\/UE, de que el licitador pueda aportar pruebas mostrando su fiabilidad o poniendo de manifiesto la existencia de medidas que evitan o solucionan el posible conflicto de intereses; y \u00fanicamente por esa v\u00eda se garantiza que el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n conoce todas las circunstancias del caso para adoptar una medida razonable y motivada en Derecho, que no pueda considerarse arbitraria ni carente del procedimiento legalmente establecido -con las consecuencias que ello podr\u00eda tener para su validez-. Hay que destacar, adem\u00e1s, que la prohibici\u00f3n de contratar es un acto de gravamen conducente a la exclusi\u00f3n del licitador, por lo que podr\u00e1 ser objeto de recurso por las v\u00edas legalmente establecidas.<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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