![\"\"](\"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/24991577_10156124719168783_2563380192319147171_n.jpg\")
Como es conocido, los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora, sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria, es decir, son una especie de compensaci\u00f3n espec\u00edfica del coste financiero que para la Administraci\u00f3n tributaria supone dejar de disponer a tiempo cantidades dinerarias que le son legalmente debidas (v\u00e9ase, STC 76\/1990, de 26 de abril, FJ 9).<\/p>\n
Una de las m\u00faltiples cuestiones que suscita su regulaci\u00f3n es la aplicaci\u00f3n del\u00a0 art. 26.5 de la LGT, que regula la liquidaci\u00f3n de intereses de demora cuando resulte necesaria la pr\u00e1ctica de una nueva liquidaci\u00f3n en los casos\u00a0 de anulaci\u00f3n administrativa o judicial de la liquidaci\u00f3n originaria. El citado precepto ordena computar los intereses sobre el importe de la nueva liquidaci\u00f3n, desde el d\u00eda que resulte conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 del art. 26 de la LGT, y hasta que se dicte la nueva liquidaci\u00f3n, sin que el dies ad quem<\/em> pueda ser posterior al plazo m\u00e1ximo para ejecutar la resoluci\u00f3n anulatoria.<\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n Sobre la aplicaci\u00f3n de este art\u00edculo \u00a0constituye una consolidada doctrina jurisprudencial la recogida, entre otras,\u00a0 en la \u00a0STS de 9 de diciembre de 2013 (Rec. 4494\/2012), que tras un proceso de evoluci\u00f3n jurisprudencial, \u00a0diferencia:<\/p>\n Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado la\u00a0 sentencia de 9 de octubre de 2019 (Rec. 5120\/2017)<\/strong> que ha fijado\u00a0como doctrina legal el criterio interpretativo de que \u201cel art. 26.5 de la LGT no es aplicable a los tributos gestionados por el sistema de declaraci\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n No es novedosa esta interpretaci\u00f3n, el propio Tribunal Supremo ya la hab\u00eda puesto de manifiesto [v\u00e9ase, entre otras, las SSTS de 26 de octubre de 2009 (Rec.253\/2006) y de 7 de marzo de 2011 (Rec. 325\/2007)], y tambi\u00e9n la doctrina la ha defendido [FALC\u00d3N Y TELLA. R. (2008) Quincena Fiscal n\u00ba 3 <\/em>y VEGA BORREGO, F.A. (2011) Revista T\u00e9cnica Tributaria N\u00ba. Extra 1<\/em>],<\/em>con el argumento de que en los tributos que se gestionan por declaraci\u00f3n con posterior liquidaci\u00f3n la obligaci\u00f3n tributaria devengada \u00fanicamente es l\u00edquida, vencida y exigible a partir de la notificaci\u00f3n de la respectiva liquidaci\u00f3n, por lo que es l\u00f3gico que\u00a0 no se devenguen \u00a0intereses de demora\u00a0 por el periodo de tiempo que va desde la fecha del devengo del impuesto hasta la fecha de liquidaci\u00f3n.<\/p>\n En cambio, en los tributos que se gestionan mediante autoliquidaci\u00f3n la obligaci\u00f3n tributaria \u00a0es una obligaci\u00f3n \u00a0ex lege<\/em>, que nace por la realizaci\u00f3n del hecho imponible, e \u00a0impone al obligado tributario la obligaci\u00f3n legal de liquidar, es decir, de determinar la obligaci\u00f3n tributaria en el plazo establecido, a cuyo \u00a0t\u00e9rmino la obligaci\u00f3n tributaria es \u00a0l\u00edquida, vencida y exigible, por lo que si la autoliquidaci\u00f3n es incompleta, incorrecta o inexacta la Administraci\u00f3n Tributaria puede exigirse intereses de demora.<\/p>\n De esta forma, el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de octubre de 2019, al igual que en los supuestos de nulidad total por raz\u00f3n de fondo o de forma, concluye que el art. 26.5 de la LGT no es aplicable a los tributos gestionados por el sistema de declaraci\u00f3n, puesto que hasta que la Administraci\u00f3n tributaria no aprueba la liquidaci\u00f3n derivada de la declaraci\u00f3n no hay deuda a ingresar, \u00a0por lo que no pueden devengarse intereses de demora, y ello con apoyo en el\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0art. 129.3 de la LGT, en relaci\u00f3n con el art. 133 del Real Decreto 1065\/2007, sobre tramitaci\u00f3n del procedimiento iniciado mediante declaraci\u00f3n, que dispone que \u00a0en las liquidaciones que se dicten en este procedimiento no se exigir\u00e1n intereses de demora desde la presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n hasta la finalizaci\u00f3n del plazo para el pago en periodo voluntario.<\/p>\n Aunque, como hemos expuesto, esta doctrina jurisprudencial \u00a0no es novedosa consideramos oportuno este comentario, por dos motivos: en primer lugar, por la claridad expositiva de la referida sentencia y, en segundo lugar, por su relevancia pr\u00e1ctica en el \u00e1mbito particular de la aplicaci\u00f3n de los tributos locales.<\/p>\n Como\u00a0 es conocido, el esquema de gesti\u00f3n tributaria tradicional, con origen en la derogada Ley General Tributaria de 1963, se iniciaba mediante declaraci\u00f3n del sujeto pasivo, que inclu\u00eda los hechos con trascendencia tributaria, y la Administraci\u00f3n tributaria practicaba la liquidaci\u00f3n provisional con los datos declarados y, en su caso, con las actuaciones de comprobaci\u00f3n e investigaci\u00f3n realizadas. En este \u00faltimo caso,\u00a0 seg\u00fan los resultados de estas actuaciones, la Administraci\u00f3n tributaria realizaba la liquidaci\u00f3n definitiva que confirmaba o no la provisional.<\/p>\n Este esquema entr\u00f3 en crisis por distintos motivos, uno de los m\u00e1s importantes fue la generalizaci\u00f3n en el \u00e1mbito estatal del sistema de autoliquidaci\u00f3n,\u00a0 fen\u00f3meno conocido como de \u201cprivatizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n tributaria\u201d<\/em>, \u00a0que desplaz\u00f3 a los particulares los deberes de aplicaci\u00f3n del tributo.\u00a0 \u00a0Actualmente, los tributos estatales que se gestionan a trav\u00e9s del sistema tradicional de declaraci\u00f3n, y posterior liquidaci\u00f3n son excepci\u00f3n.<\/p>\n Por el contrario, aunque la Ley de Haciendas Locales de 1988 habilit\u00f3 a los Ayuntamientos para que pudieran establecer el sistema de autoliquidaci\u00f3n (v\u00e9ase, Tasas: Art. 27\u00a0 TRLRHL; IVTM: Art. 98.1 TRLRHL;\u00a0 ICIO: Art. 103.4 TRLRHL e IIVTNU: Art. 110.4 del TRLRHL), el sistema de gesti\u00f3n tributaria tradicional (declaraci\u00f3n-liquidaci\u00f3n provisional-comprobaci\u00f3n-liquidaci\u00f3n definitiva) se mantiene en un amplio campo de aplicaci\u00f3n de los tributos locales, con los necesarios ajustes derivados de la vigente Ley General Tributaria.<\/p>\n \u00a0As\u00ed, el ordenamiento tributario local\u00a0 mantiene el sistema tradicional de\u00a0 gesti\u00f3n de los tributos de cobro peri\u00f3dico por recibo para aquellos tributos que se encuentran vinculados a la existencia de un padr\u00f3n, \u00a0matr\u00edcula o registro (por ejemplo, el IBI, el IAE, el IVTM), que permite que\u00a0 una vez notificada la liquidaci\u00f3n correspondiente al alta en el respectivo registro, padr\u00f3n o matricula, puedan notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que as\u00ed lo adviertan conforme establece el art. 102.3 de la LGT.<\/p>\n Por\u00a0 ejemplo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que desde una perspectiva recaudatoria es el tributo sobre el que pivota el sistema tributario local y que en su aplicaci\u00f3n distingue entre la gesti\u00f3n catastral y la gesti\u00f3n tributaria, sigue el sistema tradicional de declaraci\u00f3n y posterior liquidaci\u00f3n, y no tiene prevista su exacci\u00f3n en r\u00e9gimen de autoliquidaci\u00f3n. Tambi\u00e9n el Impuesto sobre Actividades Econ\u00f3micas, que diferencia en su aplicaci\u00f3n la gesti\u00f3n censal y la tributaria, se gestiona por el sistema de declaraci\u00f3n, salvo el supuesto contemplado \u00a0en el art. 13.3 del RD 243\/1995, de 17 de febrero, que habilita \u00a0su exacci\u00f3n en r\u00e9gimen de autoliquidaci\u00f3n cuando la gesti\u00f3n censal se ejerza por delegaci\u00f3n. Y, por \u00faltimo, \u00a0\u00a0como hemos se\u00f1alado, \u00a0el sistema de gesti\u00f3n tributaria tradicional se desplegar\u00e1 en el resto de figuras tributarias en las que la Entidad local no haya establecido el sistema de autoliquidaci\u00f3n en la correspondiente Ordenanza Fiscal.<\/p>\n Por ello, la conclusi\u00f3n\u00a0 contenida en la\u00a0 sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2019 (Rec. 5120\/2017) \u00a0de que \u00a0\u201cel art. 26.5 de la LGT no es aplicable a los tributos gestionados por el sistema de declaraci\u00f3n\u201d<\/em> tiene una relevancia singular en la aplicaci\u00f3n de los tributos locales.<\/p>\n Miguel Alonso Gil. <\/i><\/p>\n Presidente TEAM del Ayto. de M\u00f3stoles. <\/i><\/p>\n Profesor asociado Derecho Financiero y Tributario UC3M.<\/i><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text] Como es conocido, los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora,… Seguir Leyendo La aplicaci\u00f3n del art. 26.5 de LGT a los tributos locales<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[6],"class_list":["post-4705","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","tag-hacienda-local"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4705","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4705"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4705\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4707,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4705\/revisions\/4707"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n