{"id":4752,"date":"2019-12-18T10:36:47","date_gmt":"2019-12-18T09:36:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=4752"},"modified":"2019-12-18T10:36:47","modified_gmt":"2019-12-18T09:36:47","slug":"reservas-de-ordenanza-municipal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/reservas-de-ordenanza-municipal\/","title":{"rendered":"Reservas de ordenanza municipal"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"\"Sabemos que en la forma de gobierno parlamentaria es esencial la existencia de reservas de ley<\/em>. Cuanto m\u00e1s amplias e intensas son las reservas de ley, m\u00e1s d\u00e9bil resulta la posici\u00f3n institucional del Gobierno y la Administraci\u00f3n, respecto del Parlamento. A partir de aqu\u00ed, se puede plantear si la t\u00e9cnica de la reserva de ley tiene su oportuna correspondencia, en el \u00e1mbito interno de cada ayuntamiento, en una hipot\u00e9tica reserva de ordenanza<\/em>. Esto es, si en determinadas materias la alcald\u00eda y la junta de gobierno, as\u00ed como los servicios municipales, no pueden intervenir sin previa regulaci\u00f3n del pleno, por medio de ordenanza.<\/p>\n

En principio se puede afirmar que la LBRL no contiene una reserva general<\/em> de ordenanza. Y ninguna ley auton\u00f3mica de r\u00e9gimen local (menos a\u00fan un reglamento org\u00e1nico municipal) podr\u00eda imponer tal reserva total o general de ordenanza. Dicho esto, s\u00ed se puede hablar de concretas reservas de ordenanza<\/em>. Algunas provienen inmediatamente de la LBRL, como la reserva de reglamento org\u00e1nico. Otras pueden ser introducidas por las leyes sectoriales estatales o por leyes auton\u00f3micas, tanto generales como sectoriales. Y finalmente, tambi\u00e9n se puede identificar una reserva de ordenanza all\u00ed donde existe una reserva de ley. Veamos.<\/p>\n

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En el sistema de gobierno municipal, la LBRL atribuye al pleno el poder de aprobar ordenanzas, reglamentos org\u00e1nicos, planes urban\u00edsticos y el presupuesto anual (arts. 22.2 c) d) y e) y 123.1 c) d) h) i) LBRL). Todos ellos son actos jur\u00eddicos que, tradicionalmente, calificamos como normas reglamentarias. La simple atribuci\u00f3n de poder normativo al pleno municipal, en forma de ordenanza o reglamento, no supone siempre y por s\u00ed una reserva de ordenanza. Porque la ordenanza \u2013o el reglamento municipal- es s\u00f3lo una forma jur\u00eddica, no un contenido. Esto es, la simple competencia del pleno para aprobar ordenanzas o reglamentos ser\u00eda, para la forma de gobierno municipal, una regla sim\u00e9trica a la del art. 66.2 CE, que atribuye a las Cortes la potestad legislativa (pero no determina por s\u00ed qu\u00e9 materias necesariamente han de ser aprobadas por ley). A partir de aqu\u00ed, y sin perjuicio de lo que se dir\u00e1 en los apartados siguientes, puede sostenerse con car\u00e1cter general que s\u00f3lo hay reservas de ordenanza all\u00ed donde la ley expresamente remite la regulaci\u00f3n de una concreta materia a un concreto tipo de norma aprobada por el pleno: reglamento org\u00e1nico (arts. 22.2 d) y 123.1 c) LBRL), presupuesto (arts. 22.2 e) y 123.1 h) LBRL) plan urban\u00edstico (arts. 22.2 c) 123.1 i) LBRL) y ordenanza fiscal (arts. 22.2 e) y 123.1 g) LBRL y arts. 15 a 17 LHL). Fuera de estos casos, la LBRL no contiene una hipot\u00e9tica \u201creserva total de ordenanza\u201d. M\u00e1s a\u00fan. Con car\u00e1cter general, y precisamente para no alterar la forma de gobierno municipal configurada por la LBRL, es necesaria una interpretaci\u00f3n estricta de las espec\u00edficas materias reservadas a las ordenanzas o reglamentos plenarios. Seg\u00fan lo dicho, el pleno puede<\/em> ciertamente aprobar ordenanzas en cualesquiera materias de competencia municipal (arts. 22.2 d) y 123.1 d) LBRL), pero s\u00f3lo para materias concretas la ley impide<\/em> la actuaci\u00f3n de los dem\u00e1s \u00f3rganos municipales sin previa ordenanza o reglamento plenario.<\/p>\n

Tambi\u00e9n podemos identificar reservas de ordenanza en aquellas materias en las que, existiendo una reserva de ley<\/em>, hay un amplio margen de discrecionalidad en la actividad municipal. Pi\u00e9nsese en aquellos \u00e1mbitos de la vida local en los que est\u00e1n presentes, de forma muy cualificada, algunos derechos fundamentales: la libertad religiosa (art. 16 CE), el derecho de propiedad (art. 33.1 CE), o el derecho de libre empresa (art. 38 CE). Todos estos derechos fundamentales est\u00e1n sometidos a reserva de ley (art. 53.1 CE) y ello implica que no cabe la intervenci\u00f3n gubernativa o administrativa sin previa ley. Cuando estos y otros derechos fundamentales se proyectan sobre \u00e1mbitos de inter\u00e9s o competencia local, es claro que el ayuntamiento no puede actuar sin previa ley. Pero tambi\u00e9n es cierto que, como ya hab\u00eda destacado la doctrina\u00a0 y luego confirm\u00f3 el Tribunal Constitucional a partir de la STC 233\/1999, sobre la Ley de Haciendas Locales, esa exigencia constitucional de ley es atenuada y flexible en relaci\u00f3n con las ordenanzas municipales. Tal flexibilizaci\u00f3n de la reserva de ley en el \u00e1mbito local se debe, precisamente, a que todo ayuntamiento necesariamente ha de disponer de un espacio de regulaci\u00f3n propio, por exigencia del principio constitucional de autonom\u00eda local (art. 137 CE) y porque el pleno municipal cuenta con legitimidad democr\u00e1tica directa, y en esa medida su posici\u00f3n constitucional es comparable a la de un parlamento. A partir de aqu\u00ed se puede afirmar que en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales no s\u00f3lo existe una reserva de ley sino tambi\u00e9n una reserva de ordenanza<\/em>. Esto es: si la reserva constitucional de ley es menos exigente en el \u00e1mbito local esto se debe precisamente a que se complementa con ordenanzas del pleno. De tal manera que en una materia de inter\u00e9s local reservada a la ley, la regulaci\u00f3n legal puede ser relativamente imprecisa o indeterminada, siempre que luego sea complementada con una ordenanza. Ahora bien, en el caso de que la ley contenga una regulaci\u00f3n extensa (suficiente por s\u00ed para cubrir por entero la reserva constitucional de ley) ya no puede exigirse tambi\u00e9n, cumulativamente, que a la intervenci\u00f3n gubernativa o administrativa municipal preceda una ordenanza. Esto es, s\u00f3lo podr\u00eda hablarse de una reserva de ordenanza cuando la ley no hubiera cubierto por completo la predeterminaci\u00f3n normativa que es exigible para la intervenci\u00f3n administrativa o aplicativa en una materia sujeta a reserva de ley. Este puede ser el caso de las leyes que, en materias reservadas a la ley, pr\u00e1cticamente se limitan a atribuir competencias a los municipios, sin regular el ejercicio de esas competencias. As\u00ed, en el caso de que consideremos que la reserva constitucional de ley ha quedado cubierta con la simple atribuci\u00f3n de la competencia al ayuntamiento, seguidamente habr\u00eda que entender que en el \u00e1mbito interno local a\u00fan es necesaria una regulaci\u00f3n por medio de ordenanza.<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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