Los terrenos que deban ser objeto de un r\u00e9gimen especial de protecci\u00f3n por estar incluidos en la Red de \u00c1reas Protegidas de Extremadura, siempre que los correspondientes instrumentos de planificaci\u00f3n que los declaren o regulen establezcan expresamente su incompatibilidad para ser objeto de transformaci\u00f3n urban\u00edstica, en la variedad espec\u00edfica de protecci\u00f3n natural.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\nLa mera inclusi\u00f3n de unos terrenos en la Red Ecol\u00f3gica Natura 2000 no determinar\u00e1, por s\u00ed sola, su clasificaci\u00f3n como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformaci\u00f3n urban\u00edstica compatible con la preservaci\u00f3n de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del \u00e1rea, y comprendiendo \u00fanicamente los actos de alteraci\u00f3n del estado natural de los terrenos que expresamente se autoricen en el correspondiente procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental\u2026\u201d<\/p>\n
La inconstitucionalidad mediata de este precepto deriva, a juicio del Tribunal Constitucional, de la vulneraci\u00f3n de la normativa b\u00e1sica estatal, en su doble dimensi\u00f3n formal y material. Normativa estatal que regula la situaci\u00f3n b\u00e1sica de suelo rural [actual art. 21.2.a) TRLSRU] y su utilizaci\u00f3n [actual art. 13.3 TRLSRU]. En concreto, la regulaci\u00f3n estatal determina que debe tener tal consideraci\u00f3n (debe atribuirse la condici\u00f3n) de suelo en situaci\u00f3n rural a \u201cel suelo preservado por la ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica de su transformaci\u00f3n mediante la urbanizaci\u00f3n [por tratarse de] terrenos excluidos de dicha transformaci\u00f3n por la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n\u2026de la naturaleza\u201d. Cuando esos suelos rurales est\u00e9n incluidos formalmente dentro de la Red Natura 200, \u201cs\u00f3lo podr\u00e1 alterarse la delimitaci\u00f3n\u2026 reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando as\u00ed lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evoluci\u00f3n natural, cient\u00edficamente demostrada\u201d, a trav\u00e9s de un procedimiento que requiere la aprobaci\u00f3n (aceptaci\u00f3n) de la Comisi\u00f3n Europea.<\/p>\n
Para el Tribunal Constitucional, tales preceptos fijan tanto una norma m\u00ednima de protecci\u00f3n ambiental [art. 149.1.23 CE], como establecen las condiciones b\u00e1sicas en el ejercicio del derecho de propiedad sobre el suelo rural [art. 149.1.1\u00aa CE]. La articulaci\u00f3n de ambas normativas sectoriales (la urban\u00edstica y la medioambiental) se concreta en la siguiente regla: La normativa urban\u00edstica b\u00e1sica estatal excluye, ab initio<\/em>, la transformaci\u00f3n urban\u00edstica de estos terrenos, si bien la normativa b\u00e1sica medioambiental sectorial estatal [actualmente, la Ley 42\/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ex art. 149.1.23 CE], puede graduar ese nivel de protecci\u00f3n, permitiendo ciertas transformaciones urban\u00edsticas y posibilitando que se atribuya una clasificaci\u00f3n diferente a la de suelo en situaci\u00f3n b\u00e1sica de rural. De permitir tal transformaci\u00f3n, ello debe realizarse por el planificador territorial o urban\u00edstico. Pero tal decisi\u00f3n del planificador urban\u00edstico, si resulta procedente, debe respetar, de una parte, la prevalencia de la planificaci\u00f3n ambiental. De otra parte, los usos que se autoricen en tales suelos deben garantizar la preservaci\u00f3n de los valores ambientales, permiti\u00e9ndose \u00fanicamente los actos de alteraci\u00f3n del estado natural de los terrenos que la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n de la naturaleza expresamente autorice [art. 13.1 TRLSRU].<\/p>\nLa concreta construcci\u00f3n de la relaci\u00f3n entre ambas legislaciones sectoriales, urban\u00edstica y medioambiental, cuando se proyectan sobre terrenos de la Red Natura 2000 que efect\u00faa el Tribunal Constitucional puede calificarse de reduccionista. Considera que cualquier actuaci\u00f3n de nueva urbanizaci\u00f3n que se establezca por un instrumento de planeamiento urban\u00edstico sobre suelos incorporados en la Red Natura 2000 s\u00f3lo puede producirse si (i) el suelo ha cambiado sus caracter\u00edsticas naturales de forma significativa como consecuencia de la evoluci\u00f3n natural del espacio; y ii) existen estudios cient\u00edficos que demuestren la realidad de la evoluci\u00f3n natural del espacio, que no puede derivar de actuaciones humanas directamente dirigidas a transformar el suelo. Circunstancia que debe ser validada, en el plano formal (procedimental) por la Comisi\u00f3n Europea. Esta es una norma b\u00e1sica que deben respetar todos los legisladores auton\u00f3micos y todos los instrumentos de planeamiento a lo largo de la totalidad del territorio nacional.<\/p>\n
A\u00fan cuando el Tribunal Constitucional no lo se\u00f1ala expresamente, cabe inferir que su planteamiento es el siguiente. Ciertamente pueden existir municipios que est\u00e9n \u00edntegramente incluidos dentro del \u00e1mbito de un espacio de la Red Natura 2000. En tal caso, los suelos ya integrados en la trama urbana existente, en la medida en que no re\u00fanen las caracter\u00edsticas naturales que demanden su protecci\u00f3n, pueden ser objeto de actuaciones \u201curban\u00edsticas\u201d (de renovaci\u00f3n de la urbanizaci\u00f3n, de dotaci\u00f3n, o de edificaci\u00f3n).<\/p>\n
Por el contrario, en los suelos integrados en la Red Natura 2000 que no hayan sido objeto de transformaci\u00f3n urban\u00edstica, y por tanto mantengan su \u201cestado natural\u201d [art. 46, apartados 2 y 3, Ley 42\/2007], tanto el legislador auton\u00f3mico como el planificador municipal deben \u201cevitar\u2026 el deterioro de los h\u00e1bitats naturales y de los h\u00e1bitats de las especies\u201d, as\u00ed como \u201clas alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designaci\u00f3n de estas \u00e1reas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable\u201d, evitando \u201cla fragmentaci\u00f3n de los h\u00e1bitats\u201d. Por tanto, aqu\u00ed lo que se permite son exclusivamente, y en principio, las \u201calteraciones\u201d destinadas a la preservaci\u00f3n de tales suelos no urbanizables especialmente protegidos. Adem\u00e1s, los planes y proyectos que, respetando estos criterios, regulen el uso de estos suelos deben someterse a la correspondiente evaluaci\u00f3n ambiental.<\/p>\n
La conclusi\u00f3n que alcanza el Tribunal Constitucional es evidente. Exige que el estado ambiental de estos terrenos incluidos dentro del \u00e1mbito de la Red Natura 2000 no transformados urban\u00edsticamente, como m\u00ednimo, se \u201ccongele\u201d, excluy\u00e9ndolos de la transformaci\u00f3n urban\u00edstica, lo que requiere que el planificador urban\u00edstico otorgue de forma ineludible la clasificaci\u00f3n como suelo no urbanizable o equivalente.<\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n se explicita en los siguientes t\u00e9rminos por el Tribunal Constitucional:<\/p>\n
\u201c\u2026De los preceptos b\u00e1sicos de contraste que se han expuesto se deducen claramente unas reglas m\u00ednimas que pueden sintetizarse as\u00ed en lo siguiente: i) se debe preservar el suelo ambientalmente protegido de su transformaci\u00f3n mediante la urbanizaci\u00f3n;\u2026 iii) la utilizaci\u00f3n de los terrenos con valores ambientales protegidos por la ley queda supeditada imperativamente a preservar esos valores; y iv) solo son admisibles las alteraciones del estado natural de los terrenos protegidos si est\u00e1n expresamente autorizados por la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n aplicable. En suma, la regla general es la preservaci\u00f3n, salvo las autorizaciones expresamente previstas en la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n \u2014europea, b\u00e1sica estatal y auton\u00f3mica de desarrollo\u2014 sin que la legislaci\u00f3n de desarrollo auton\u00f3mica, ya sea en materia de protecci\u00f3n de la naturaleza o dictada con fundamento en otro t\u00edtulo competencial (como el urban\u00edstico), pueda autorizar alteraciones del estado natural all\u00ed donde la europea y la b\u00e1sica estatal no lo contemplen. La norma auton\u00f3mica cuestionada, al prever la transformaci\u00f3n urban\u00edstica all\u00ed donde meramente lo permita la evaluaci\u00f3n ambiental, es incompatible con las mencionadas reglas b\u00e1sicas.<\/p>\n
La urbanizaci\u00f3n implica siempre una grave alteraci\u00f3n \u2014la ocupaci\u00f3n de los terrenos por construcciones e instalaciones supone una reducci\u00f3n de facto de la superficie protegida\u2014 que, en el caso de los terrenos de la Red Natura 2000, por la especial protecci\u00f3n que la propia comunidad aut\u00f3noma les ha reconocido, con fundamento en la normativa europea y estatal, debe quedar condicionada a un supuesto muy concreto (evoluci\u00f3n natural, cient\u00edficamente demostrada) y un procedimiento exigente (tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica, remisi\u00f3n de la propuesta a la Comisi\u00f3n Europea y aceptaci\u00f3n por \u00e9sta)\u2026\u201d<\/p>\n
Por tanto, para poder realizar cualquier actuaci\u00f3n de transformaci\u00f3n urban\u00edstica en suelo incluidos dentro de la Red Natura 2000 se requerir\u00eda que, en primer lugar, los terrenos fuesen excluidos del concreto espacio incluido en la Red Natura 2000, a trav\u00e9s del correspondiente procedimiento concluido por decisi\u00f3n del Consejo de Gobierno auton\u00f3mico que, a trav\u00e9s del Ministerio competente en materia de medio ambiente, fuese \u201cconfirmada\u201d por la Comisi\u00f3n Europea. Y tal decisi\u00f3n auton\u00f3mica de exclusi\u00f3n de los terrenos, conforme a la normativa b\u00e1sica estatal, s\u00f3lo ser\u00eda posible si se acredita que los terrenos han perdido sus caracter\u00edsticas naturales como consecuencia de la evoluci\u00f3n natural del espacio y ello es aseverado por el correspondiente informe cient\u00edfico. Si la p\u00e9rdida de los valores se ha producido por causa no naturales, o se producir\u00e1 por esa en el futuro por la concreta actuaci\u00f3n de transformaci\u00f3n urban\u00edstica (causas no naturales), resulta improcedente la exclusi\u00f3n de los terrenos del \u00e1mbito de la Red Natura 2000.<\/p>\n
Ahora bien, puede razonablemente colegirse que ese proceso de exclusi\u00f3n tambi\u00e9n puede acreditar, no que el terreno ha perdido sus valores naturales, sino que el mismo nunca ha tenido tales valores naturales. En otros t\u00e9rminos, el procedimiento puede acreditar que los terrenos se incorporaron en la delimitaci\u00f3n del espacio protegido \u00a0\u201cad maiorem<\/em>\u201d y que, consecuentemente, son suelos rurales por decisi\u00f3n \u201cdiscrecional\u201d del planificador y no como ejercicio de una competencia reglada. Por tanto, tambi\u00e9n puede incorporarlos a procesos urban\u00edsticos al comprobar que no re\u00fanen tales caracter\u00edsticas naturales.<\/p>\nPrima facie<\/em>, las conclusiones del Tribunal Constitucional descansan, acertadamente, sobre la prevalencia de la protecci\u00f3n ambiental sobre el desarrollo urban\u00edstico. Pero esta interpretaci\u00f3n debe acomodarse a la realidad f\u00edsica de nuestro territorio. Como correctamente precisa el voto particular a la Sentencia del Tribunal Constitucional 134\/2019, afectar\u00e1 a todos los terrenos que est\u00e9n integrados en la Red Natura 2000. En el caso concreto de Extremadura, el frio dato revela que en la actualidad est\u00e1n incluidos casi la tercera parte de toda la superficie del territorio de esa comunidad. Pero no es la \u00fanica Comunidad Aut\u00f3noma as\u00ed afectada, la mayor\u00eda de los espacios de la Espa\u00f1a interior se encuentran en tal situaci\u00f3n. \u00a0\u00bfSupone esa inclusi\u00f3n total del t\u00e9rmino municipal en el \u00e1mbito de la Red Natura (ZEPA) que tales municipios tienen excluido cualquier desarrollo urban\u00edstico? Razonablemente el voto particular afirma que \u201cel efecto de la inclusi\u00f3n de estos n\u00facleos en la delimitaci\u00f3n de una ZEPA no puede ser impedirles todo crecimiento, de modo que junto a ese terreno urbanizado los instrumentos de ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica pueden incluir otros que permitan su paso a esa situaci\u00f3n de urbanizado\u201d.<\/p>\nLa conclusi\u00f3n del voto particular resulta correcta. Es incuestionable que debe permitirse a aquellos municipios que est\u00e1n totalmente incluidos dentro de un espacio de la Red Natura 2000, cuando menos un \u201ccrecimiento natural o vegetativo\u201d, que se encuentre colindante con la trama urbana existente. El principio de desarrollo sostenible implica, entre otros extremos, dar respuesta a las necesidades del crecimiento vegetativo de la poblaci\u00f3n local, garantizando as\u00ed el derecho constitucional de acceso a la vivienda, no s\u00f3lo para las nuevas generaciones sino tambi\u00e9n para los colectivos desfavorecidos como mayores y discapacitados. Todo ello dentro del respeto, adem\u00e1s, del modelo de ciudad compacta. Otra conclusi\u00f3n avoca a aumentar la realidad de la Espa\u00f1a \u201cvaciada\u201d.<\/p>\n
Obviamente lo que ya no resulta posible, en principio, en estos municipios es permitir nuevos crecimientos, desligados de la trama urbana y\/o de las necesidades del crecimiento natural del municipio. Ello s\u00f3lo ser\u00e1 posible si, como se ha precisado anteriormente, se acredita la inexistencia de valores naturales y se procede a la previa exclusi\u00f3n del suelo del espacio protegido.<\/p>\n
Aqu\u00ed debe tenerse presente que la Directiva 92\/43\/CEE, determina en su art. 4.1 que para las especies animales que requieran un territorio extenso, los mencionados lugares corresponder\u00e1n a los lugares concretos, dentro de la zona de distribuci\u00f3n natural de esas especies, que presenten los elementos f\u00edsicos o biol\u00f3gicos esenciales para su vida y reproducci\u00f3n. Para las especies acu\u00e1ticas que requieran territorios extensos, s\u00f3lo se propondr\u00e1n lugares de estas caracter\u00edsticas en caso de que exista una zona claramente delimitada que albergue los elementos f\u00edsicos y biol\u00f3gicos esenciales para su vida y reproducci\u00f3n. A su vez, la Directiva 2009\/147\/CE precisa, art. 3.1, que las especies de aves deber\u00e1n contar con zonas de protecci\u00f3n con una superficie suficiente. Los Estados miembros disponen de una cierta facultad de apreciaci\u00f3n para seleccionar los lugares que deben incluirse en la lista de LIC, no obstante, el margen de apreciaci\u00f3n de los Estados miembros est\u00e1 sujeto al cumplimiento de tres requisitos: (i) la selecci\u00f3n de los lugares que han de proponerse debe responder \u00fanicamente a criterios de car\u00e1cter cient\u00edfico; (ii) los lugares propuestos deben garantizar una cobertura geogr\u00e1fica homog\u00e9nea y representativa de la totalidad del territorio de cada Estado miembro con el fin de garantizar la coherencia y el equilibrio de la red que de ellos resulte. Por lo tanto, la lista que proponga el Estado miembro debe reflejar la diversidad ecol\u00f3gica (y, en el caso de las especies, gen\u00e9tica) de los h\u00e1bitats naturales y de las especies que se encuentren en su territorio; (iii) la lista debe ser completa, es decir, cada Estado miembro debe proponer un n\u00famero de lugares que permita incluir de manera suficientemente representativa todos los tipos de h\u00e1bitats naturales. Igualmente, los Estados miembros gozan de cierto margen de apreciaci\u00f3n en cuanto a la elecci\u00f3n de las ZEPA, sin embargo, la clasificaci\u00f3n de dichas zonas obedece a criterios ornitol\u00f3gicos, determinados por la Directiva. De ello se deduce que el margen de apreciaci\u00f3n de que gozan los Estados al elegir los territorios m\u00e1s adecuados para su clasificaci\u00f3n como ZEPA no se refiere a la conveniencia de clasificar como ZEPA los territorios que resulten ser los m\u00e1s apropiados seg\u00fan criterios ornitol\u00f3gicos, sino s\u00f3lo a la aplicaci\u00f3n de estos criterios para identificar los territorios m\u00e1s adecuados para la conservaci\u00f3n de las especies protegidas. Por consiguiente, los Estados tienen la obligaci\u00f3n de clasificar como ZEPA todos los parajes que, seg\u00fan criterios ornitol\u00f3gicos, sean los m\u00e1s adecuados para la conservaci\u00f3n de las especies de que se trate.<\/p>\n
Juan Antonio Chinchilla Peinado<\/em><\/a><\/p>\nProfesor Titular de Derecho Administrativo<\/em><\/p>\nUniversidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/em><\/p>\nORCID 0000-0003-2686-6753<\/em><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text] La Sentencia del Tribunal Constitucional 134\/2019 (ECLI:ES:TC:2019:134) estima parcialmente la cuesti\u00f3n… Seguir Leyendo El desarrollo urban\u00edstico de los municipios cuyo territorio se encuentra incluido en la Red Natura 2000 en entredicho. A prop\u00f3sito de la STC 134\/2019.<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[],"class_list":["post-4970","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4970","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4970"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4970\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4983,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4970\/revisions\/4983"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4970"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4970"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4970"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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La Sentencia del Tribunal Constitucional 134\/2019 (ECLI:ES:TC:2019:134) estima parcialmente la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad formulada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura respecto del art. 11.3.1 b), p\u00e1rrafo segundo de la Ley 15\/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenaci\u00f3n Territorial de Extremadura, en la redacci\u00f3n introducida por la Ley 9\/2011, de 29 de marzo, que se declara inconstitucional y nulo. La regulaci\u00f3n declarada inconstitucional establec\u00eda lo siguiente:<\/p>\n