Disposici\u00f3n Adicional en el Estatuto de los Trabajadores<\/a> que expresamente proh\u00edbe la aplicaci\u00f3n de estas medidas a las administraciones y a las entidades de derecho p\u00fablico vinculadas o dependientes de ellas.<\/p>\nEsta prohibici\u00f3n supuso una novedad en nuestro ordenamiento jur\u00eddico. En el inicio de la crisis econ\u00f3mica y presupuestaria del 2008 se produjo un n\u00famero importante de expedientes de regulaci\u00f3n temporal de empleo (ERTES) en el \u00e1mbito local, que fueron autorizados por la autoridad laboral o terminaron en acuerdo. La prohibici\u00f3n de esta medida y la introducci\u00f3n de una detallada regulaci\u00f3n de los despidos colectivos en la Administraci\u00f3n evidenci\u00f3 la intenci\u00f3n de la norma de reducir al m\u00e1ximo el personal que prestaba servicios en el sector p\u00fablico. Se pretend\u00eda, por tanto obligar a las administraciones o a los entes p\u00fablicos a acudir a los despidos sin la posibilidad de utilizar medidas m\u00e1s flexibles y menos dr\u00e1sticas para el empleo como son la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo o la reducci\u00f3n de la jornada. Esta voluntad de la nueva regulaci\u00f3n tambi\u00e9n se estableci\u00f3 en la Memoria Econ\u00f3mica de la reforma laboral donde se puso, negro sobre blanco, la pretensi\u00f3n de \u00abredimensionar aquellas estructuras administrativas que crecieron de manera desmesurada durante la fase de fuerte crecimiento econ\u00f3mico pero que hoy no son sostenibles desde el punto de vista financiero actual\u00bb<\/p>\n
Lo que se vio en el 2012 como una medida eficiente de redimensionamiento del sector p\u00fablico, se ha convertido en la actual crisis como un lastre para las administraciones, especialmente las locales. El sector p\u00fablico se enfrenta a esta nueva crisis econ\u00f3mica y financiera derivada de la emergencia sanitaria del covid-19 con una estructura de personal debilitada, fruto de los despidos que se produjeron en la \u00faltima d\u00e9cada y las restricciones presupuestarias de los \u00faltimos a\u00f1os, con tasas de reposici\u00f3n de personal limitadas o incluso nulas. Son los entes locales los m\u00e1s afectados por esta situaci\u00f3n, porque es la administraci\u00f3n territorial que presta m\u00e1s servicios no esenciales a los ciudadanos que requieren de una presencialidad y que no son f\u00e1ciles de sustituir por f\u00f3rmulas telem\u00e1ticas. Pongamos como ejemplos el del personal que presta sus servicios en centros de mayores, escuelas infantiles, polideportivos o bibliotecas. Todo ello supone que estas administraciones o los entes que tienen encomendada la prestaci\u00f3n de estos servicios est\u00e1n soportando los gastos de todo este personal sin poder prestar el servicio a los ciudadanos.<\/p>\n
En este contexto, lo importante es delimitar qui\u00e9n deber\u00eda asumir el coste del mantenimiento de este personal: la administraci\u00f3n empleadora aunque el personal no est\u00e9 prestando el servicio o la Seguridad Social mediante las prestaciones derivadas de la situaci\u00f3n de suspensi\u00f3n del contrato de trabajo. Se podr\u00eda llegar a pensar que es indiferente qu\u00e9 entidad o administraci\u00f3n territorial tiene que correr con este gasto porque todo es dinero p\u00fablico. No es as\u00ed teniendo en cuenta que cada administraci\u00f3n o ente tiene sus propios presupuestos y unas fuentes de financiaci\u00f3n diferenciadas y limitadas. Volviendo a los ejemplos planteados anteriormente, algunos de ellos se financian en parte con aportaciones derivadas de los precios p\u00fablicos o las tasas que abonan los usuarios y que en este momento no est\u00e1n recibiendo debido a la paralizaci\u00f3n de su actividad. Y es previsible que esta situaci\u00f3n se extienda en el tiempo, pudiendo provocar un problema de liquidez o incluso de insolvencia de estas administraciones o entidades. Todo ello puede desembocar en la necesidad de proceder al despido de personal si no reciben ingresos extraordinarios, como ocurri\u00f3 en la crisis financiera y presupuestaria anterior. Por el contrario, si el coste de este personal fuera asumido por la Seguridad Social mediante el mecanismo de la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo por fuerza mayor, permitir\u00eda a las administraciones o entidades p\u00fablicas afectadas poder mantener su equilibrio presupuestario y no tener que hacer un ajuste de sus plantillas si no reciben transferencias econ\u00f3micas excepcionales.<\/p>\n
Teniendo en cuenta todo lo planteado, parece aconsejable valorar una posible modificaci\u00f3n legislativa que permita acudir a las administraciones y a los entes p\u00fablicos a mecanismos de flexibilidad del empleo como son los ERTES en situaciones como las actuales. Con ello se puede conseguir que no tengan que hacer frente al gasto del mantenimiento de los contratos de trabajo y producir el menor impacto en el equilibrio de sus cuentas por la falta de ingresos provocado por la paralizaci\u00f3n de algunos servicios. Solo de este modo se podr\u00e1 mantener el nivel de empleo p\u00fablico y garantizar la calidad de los servicios p\u00fablicos sin la necesidad de ingresos extraordinarios una vez que se supere la situaci\u00f3n actual de emergencia sanitaria.<\/p>\n
Alfonso\u00a0Esteban Miguel<\/i><\/a><\/p>\nIDL-UAM<\/em><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text] La crisis sanitaria del covid-19 est\u00e1 provocando la necesidad de articular… Seguir Leyendo ERTES en el sector p\u00fablico (I): la necesidad de replantearse la prohibici\u00f3n<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157,313],"tags":[61,164,302],"class_list":["post-5223","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","category-blog-especial-emergencia-sanitaria-covid-19","tag-empleo-local","tag-empleo-publico","tag-estado-de-alarma"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5223","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5223"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5223\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5234,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5223\/revisions\/5234"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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La crisis sanitaria del covid-19 est\u00e1 provocando la necesidad de articular una \u201cnormativa de emergencia\u201d para hacer frente a las consecuencias de la paralizaci\u00f3n de la actividad derivada del confinamiento de la poblaci\u00f3n. Pero tambi\u00e9n est\u00e1 poniendo a prueba la legislaci\u00f3n laboral y las instituciones de Derecho del Trabajo para determinar si se adaptan y son eficientes en situaciones extremas como las actuales. No es hora de emprender reformas legislativas de gran calado, pero es necesario ir abriendo debates sobre la eficiencia de algunas normas para, llegado el momento, poder modificarlas y que sean capaces de adaptarse a situaciones que eran muy dif\u00edcil prever que sucedieran cuando se promulgaron.<\/p>\n