{"id":5682,"date":"2020-06-24T12:07:58","date_gmt":"2020-06-24T10:07:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=5682"},"modified":"2020-06-24T12:07:58","modified_gmt":"2020-06-24T10:07:58","slug":"nulidad-de-planes-urbanisticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/nulidad-de-planes-urbanisticos\/","title":{"rendered":"Nulidad de planes urban\u00edsticos"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n
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Fotograf\u00eda gr\u00faas<\/p><\/div>\n

Hace unos pocos meses, a\u00fan en la \u201cantigua normalidad\u201d, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dict\u00f3 una importante sentencia (318\/2020)<\/a> en la que se abr\u00eda camino la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta parcial<\/em> de los planes urban\u00edsticos, cuando la infracci\u00f3n de la ley es individualizable en concretas determinaciones del plan, sin contaminar \u00e9ste en su conjunto. Esta sentencia fue valorada positivamente<\/a> por la doctrina, en general. Aunque en seguida mi colega JA Chinchilla<\/a> plante\u00f3 si esa apertura hacia la nulidad absoluta-parcial reg\u00eda s\u00f3lo para infracciones sustantivas del plan o si tambi\u00e9n podr\u00eda ampliarse a casos en los que la infracci\u00f3n es procedimental<\/em>, como la no solicitud de un informe preceptivo sobre recursos hidrol\u00f3gicos o de telecomunicaciones.<\/p>\n

Pues bien, en aparente respuesta a esta pregunta, la m\u00e1s reciente STS de 27 de mayo de 2020 (RC 6731\/2028) ampl\u00eda los confines de la nulidad absoluta parcial hacia los defectos procedimentales<\/em>. En concreto, el plan general de Yaiza (Lanzarote), que se hab\u00eda aprobado definitivamente sin haberse recibido a\u00fan el preceptivo informe litoral del Estado (conforme al art. 117.2 de la Ley de Costas), se declara nulo de pleno Derecho s\u00f3lo para la ordenaci\u00f3n urban\u00edstica referida a la parte litoral del t\u00e9rmino municipal, donde rigen las servidumbres y prohibiciones urban\u00edsticas de la Ley de Costas.<\/p>\n

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Parecer\u00eda pues, que la jurisprudencia se mueve en una direcci\u00f3n favorable a embridar las declaraciones de nulidad de los planes. Pero si atendemos a la argumentaci\u00f3n de la sentencia que comento, veremos que a\u00fan rigen ciertos dogmas conceptuales que auguran pocos avances m\u00e1s en la materia, salvo que lleguen modificaciones legales severas.<\/p>\n

Me explico. La sentencia que comento dedica la mayor parte de su argumentaci\u00f3n a insistir en la oposici\u00f3n conceptual<\/em> entre nulidad de pleno derecho y la anulabilidad, siendo as\u00ed que los planes, en tanto que reglamentos, siempre y s\u00f3lo pueden ser nulos de pleno derecho, y no anulables. A partir de esta premisa, la sentencia repite una y otra vez que los planes, cuando se declaran nulos de pleno derecho, no son convalidables; y tampoco es posible conservar los actos procedimentales previos. Precisamente porque, como dice la Sala de lo Contencioso-administrativo, esto es lo propio de la nulidad absoluta o de pleno derecho. Mas estos enunciados, que la sentencia da por obvios, son menos obvios que lo que sugiere la contundente prosa de la sentencia. Al menos, en relaci\u00f3n con la conservaci\u00f3n de los tr\u00e1mites procedimentales no viciados.<\/p>\n

Por decirlo claro, en ning\u00fan momento dice la ley<\/em> que los tr\u00e1mites de un procedimiento normativo, como el de elaboraci\u00f3n de un plan urban\u00edstico, no se puedan conservar, cuando sobre ellos no hay ninguna tacha de irregularidad, aunque luego el plan sea declarado nulo por otras razones, tanto procedimentales como sustantivas. Si vamos a los art\u00edculos 127 a 133 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (LPAC), que es donde se regula la \u201cpotestad para dictar reglamentos y otras disposiciones\u201d, veremos que nada se dice sobre la nulidad de las disposiciones generales. Y por tanto, menos a\u00fan sobre la conservaci\u00f3n parcial de los procedimientos que han dado lugar disposiciones generales nulas. La nulidad de las disposiciones se regula, parad\u00f3jicamente, en el art\u00edculo 47.2 LPAC; esto es, dentro del T\u00edtulo III referido a los \u201cactos administrativos\u201d. Es ah\u00ed donde se dice que las disposiciones generales que infrinjan otras normas jer\u00e1rquicamente superiores son, siempre, nulas de pleno derecho. Luego, el mismo T\u00edtulo III de la LPAC no vuelve a ocuparse de esa nulidad absoluta, y por tanto nada dice \u2013al menos no expresamente- de una hipot\u00e9tica convalidaci\u00f3n de la disposici\u00f3n o de la posible conservaci\u00f3n de los actos y tr\u00e1mites de su elaboraci\u00f3n. Digamos, entonces, que a diferencia de los actos administrativos, para los que los art\u00edculos 51 y 52 LPAC expresamente regulan la \u201cconservaci\u00f3n de actos y tr\u00e1mites\u201d y la \u201cconvalidaci\u00f3n\u201d, la ley no dice nada<\/em> para las disposiciones generales nulas. Laguna hay, sin duda.<\/p>\n

A falta de regulaci\u00f3n expresa, la Sala de lo Contencioso-administrativo opta por su integraci\u00f3n mediante categor\u00edas dogm\u00e1ticas que se dan por obvias. Esto es, en ning\u00fan momento se ensaya la analog\u00eda entre la nulidad absoluta de actos administrativos y la de las disposiciones generales. La sentencia se remite directamente a una supuesta obviedad conceptual<\/em>, que no legal: que la nulidad absoluta no permite ni la convalidaci\u00f3n ni la conservaci\u00f3n, precisamente porque es absoluta y genera efectos \u201cex tunc\u201d. Se mezclan aqu\u00ed muchas cosas. La convalidaci\u00f3n de una decisi\u00f3n tiene muy poco que ver con la conservaci\u00f3n de un procedimiento. Y que la nulidad absoluta tenga efectos \u201cex tunc\u201d nada tiene que ver con el procedimiento previo a la decisi\u00f3n, sino con el momento en que se dicta. Lo cierto es que la supuesta obviedad conceptual a la que se refiere la sentencia es de todo menos cierta. De distintas formas, la jurisprudencia constitucional ya ha modulado en los \u00faltimos 30 a\u00f1os la nulidad absoluta de las leyes, cuando infringen la Constituci\u00f3n. E incluso el Derecho privado, de donde arranca la distinci\u00f3n entre anulabilidad y nulidad radical, orilla cuando puede las categor\u00edas r\u00edgidas para el tratamiento de los vicios del consentimiento, y se orienta hacia conceptos m\u00e1s pragm\u00e1ticos y flexibles, como las \u201ccrisis de los contratos\u201d y los \u201cremedios\u201d id\u00f3neos para su superaci\u00f3n<\/a>. Pronto, al paso que vamos, la oposici\u00f3n ontol\u00f3gica entre la nulidad y la anulabilidad s\u00f3lo va a estar presente en la justicia contenciosa.<\/p>\n

De hecho, si bien leemos el art\u00edculo 51 LPAC (y antes, el art\u00edculo 66 de la Ley 30\/1992) nos daremos cuenta que ni siquiera la ley mantiene esa oposici\u00f3n tajante<\/em> entre anulabilidad y nulidad, a la que se refiere la sentencia. Dice el art\u00edculo 51 LPAC, en principio refiri\u00e9ndose s\u00f3lo a los actos administrativos (aunque incluso esto podr\u00eda ponerse en duda) que el \u00f3rgano \u201cque declare la nulidad o anule las actuaciones, dispondr\u00e1 siempre la conservaci\u00f3n de aquellos actos y tr\u00e1mites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracci\u00f3n\u201d. Rep\u00e1rese en que el precepto habla de que \u201cse declare\u201d o se \u201canule\u201d una actuaci\u00f3n, lo que claramente remite a la nulidad de pleno derecho frente a la anulabilidad. Esto es, para los actos administrativos \u2013tanto los anulados como los declarados radicalmente nulos- la ley permite la conservaci\u00f3n de \u201cactos y tr\u00e1mites\u201d. Lo dice s\u00f3lo para los actos administrativos, y no expresamente para las disposiciones generales. Pero, en lo que ahora importa, est\u00e1 abiertamente roto el dogma<\/em>, en el que insiste la sentencia que comento, de que la nulidad de pleno derecho no admite conservaci\u00f3n de tr\u00e1mites. Hoy, conforme al art\u00edculo 51 LPAC el principio de conservaci\u00f3n rige tanto para actos<\/em> nulos como para actos anulables.<\/p>\n

Y a partir de aqu\u00ed, ya podr\u00edamos dar el \u00faltimo paso. Visto que es posible la conservaci\u00f3n de los tr\u00e1mites procedimentales de un acto<\/em> administrativo radicalmente nulo; y dado que la ley no regula el r\u00e9gimen de nulidad absoluta de las disposiciones generales: \u00bfqu\u00e9 problema hay en integrar la laguna mediante las normas que rigen los actos administrativos nulos de pleno derecho?<\/p>\n

Francisco Velasco Caballero<\/em><\/a><\/p>\n

Catedr\u00e1tico de Derecho administrativo<\/em><\/p>\n

Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/em><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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