{"id":5760,"date":"2020-07-29T20:53:31","date_gmt":"2020-07-29T18:53:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=5760"},"modified":"2020-07-29T20:53:31","modified_gmt":"2020-07-29T18:53:31","slug":"madrid-central-es-obligatorio-abrir-un-tramite-de-informacion-publica-si-la-modificacion-sustancial-deriva-de-una-alegacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/madrid-central-es-obligatorio-abrir-un-tramite-de-informacion-publica-si-la-modificacion-sustancial-deriva-de-una-alegacion\/","title":{"rendered":"Madrid Central: \u00bfEs obligatorio abrir un tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica si la modificaci\u00f3n sustancial deriva de una alegaci\u00f3n?"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"\"Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la parte de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 (OMS), que contiene la regulaci\u00f3n de Madrid Central y las dem\u00e1s \u201cordenaciones permanentes\u201d (art\u00edculos 21-25; Sentencia 445\/2020, de 27 de julio, de la Secci\u00f3n 2\u00aa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo).<\/p>\n

La resoluci\u00f3n judicial basa la anulaci\u00f3n en un defecto de tramitaci\u00f3n: la falta de cumplimentaci\u00f3n suficiente del tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica exigido por la normativa por la que se rige el procedimiento de aprobaci\u00f3n de Ordenanzas, que en el caso del municipio de Madrid est\u00e1 regulado por su ley especial:<\/em> la Ley 22\/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de R\u00e9gimen Especial de Madrid (LCREM).<\/p>\n

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De acuerdo con el art\u00edculo 48.3 LCREM, la fase digamos \u201cadministrativa\u201d de tramitaci\u00f3n de un proyecto de Ordenanza debe ajustarse al siguiente procedimiento: a) La Junta de Gobierno aprobar\u00e1 el proyecto inicial,<\/strong>y lo someter\u00e1 al tr\u00e1mite de alegaciones<\/strong> si afecta a los derechos e intereses leg\u00edtimos de los ciudadanos, durante un plazo no inferior a treinta d\u00edas naturales; b) examinadas las alegaciones, el proyecto definitivo<\/strong>ser\u00e1 aprobado por la Junta de Gobierno y remitido al Pleno.<\/p>\n

Siguiendo este procedimiento, el proyecto inicial de la OMS se someti\u00f3 al tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/strong> El problema es que el proyecto inicial no conten\u00eda una regulaci\u00f3n detallada de Madrid Central sino que preve\u00eda unas l\u00edneas bastante generales y remit\u00eda su concreci\u00f3n a un acuerdo posterior de la Junta de Gobierno. Este planteamiento inicial se vio modificado durante la tramitaci\u00f3n de la norma, de modo que el texto final de la OMS acab\u00f3 incluyendo un r\u00e9gimen bastante completo de Madrid Central en su art\u00edculo 23. Pues bien, el TSJ estima que este cambio, al ser sustancial, <\/em>debi\u00f3 dar lugar a la apertura de un nuevo tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica. Puesto que no se hizo as\u00ed, \u201clos ciudadanos se vieron privados de la posibilidad de formular alegaciones\u201d sobre la regulaci\u00f3n de Madrid Central (FJ 3\u00ba).<\/p>\n

2. Como se\u00f1ala Francisco Velasco en este mismo blog<\/a> (entrada de 28 de julio de 2020), hay una informaci\u00f3n esencial para valorar la sentencia que no figura en su texto: cu\u00e1ndo se produjeron las modificaciones <\/em>respecto del proyecto inicial.<\/p>\n

La respuesta no est\u00e1 en aire sino en la tramitaci\u00f3n de la Ordenanza. La modificaci\u00f3n<\/strong> se introdujo en el proyecto definitivo<\/strong> aprobado por la Junta de Gobierno tras el tr\u00e1mite de alegaciones y como consecuencia, precisamente, de una alegaci\u00f3n.<\/strong> En rigor, no fue por una alegaci\u00f3n sino por varias.<\/p>\n

Como se puede comprobar en la \u201chuella normativa\u201d de la OMS, publicada en la web municipal<\/a>, en el expediente consta el Informe de contestaci\u00f3n a las alegaciones presentadas al proyecto de Ordenanza de movilidad Sostenible<\/em> (informe de 24 de julio de 2018, de la Direcci\u00f3n General de Gesti\u00f3n y Vigilancia de la Circulaci\u00f3n<\/a>).<\/p>\n

Dicho informe recoge varias alegaciones que proponen que la creaci\u00f3n de Madrid Central no se remita a la Junta de Gobierno sino que se incorpore al articulado de la propia Ordenanza. Al menos tres asociaciones hicieron esta propuesta: la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Aparcamientos y Garajes (alegaci\u00f3n n\u00famero 27); Uno, Organizaci\u00f3n Empresarial de Log\u00edstica (n\u00fam. 40); y la CEIM (n\u00fam. 47).<\/p>\n

Todas las alegaciones en ese sentido recibieron la misma respuesta: \u201cSe estima, y a tal efecto se modifica el Proyecto de Ordenanza para incluir una disposici\u00f3n que cree Madrid Central y defina su \u00e1mbito geogr\u00e1fico y los criterios de acceso, <\/strong>sin perjuicio del necesario desarrollo de las cuestiones administrativas de su procedimiento cuyo detalle excede del contenido de una Ordenanza. Por la misma raz\u00f3n se modifica el art\u00edculo 25 para la regulaci\u00f3n concreta del \u00c1rea de Acceso Restringido denominada Colonia Marconi\u201d (p\u00e1ginas 171, 294 y 337 del informe).<\/p>\n

3.La cuesti\u00f3n de cu\u00e1ndo y por qu\u00e9 se introduce la modificaci\u00f3n no es balad\u00ed. La propia Sentencia del TSJM se\u00f1ala lo siguiente en el mismo fundamento que justifica la anulaci\u00f3n:<\/p>\n

\u201cEn parecidos t\u00e9rminos en cuanto a la eventual necesidad de reiterar el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica se pronuncia la STS de 5 noviembre 2018 (rec. 3732\/2017), en la que se expone que \u201cLa jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido entendiendo que las modificaciones introducidas tras el tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica y\/o de audiencia solo exigen volver a repetir el tr\u00e1mite de audiencia cuando se trate de modificaciones de car\u00e1cter sustancial que no sean consecuencia de las alegaciones formuladas en el curso del procedimiento\u201d <\/strong>(FJ tercero, p\u00e1rrafo 3\u00ba; resaltado nuestro).<\/p>\n

El Tribunal Supremo ha precisado que \u201cs\u00f3lo en los supuestos de modificaciones esenciales, fundamentales o sustanciales del texto finalmente aprobado respecto del texto sometido a informaci\u00f3n p\u00fablica, que no sean consecuencia de las alegaciones formuladas, <\/strong>cabe apreciar la infracci\u00f3n del art\u00edculo 24 de la Ley del Gobierno, resultando procedente la concesi\u00f3n de un nuevo tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica\u201d (STS 7023\/2012, de 29 de octubre de 2012, rec. 393\/2010)<\/p>\n

La STS transcrita cita la STS 476\/2010, de 9 de febrero de 2010 (rec. 186\/2007), que a su vez invoca otra de 24 de noviembre de 2009, que declara lo siguiente: \u201cEn numerosas ocasiones hemos tenido la oportunidad de subrayar que para que una alegaci\u00f3n semejante pueda fructificar es preciso que la modificaci\u00f3n sea fundamental y no accesoria, as\u00ed como que la misma no pueda entenderse que es precisamente una modificaci\u00f3n consecuencia de las alegaciones y observaciones formuladas en dicho tr\u00e1mite\u201d. <\/strong><\/p>\n

Como se\u00f1ala Cayetano Prieto (El procedimiento de elaboraci\u00f3n de ordenanzas por las Entidades Locales, <\/em>Revista digital CEMCI, n\u00famero 43, julio a septiembre de 2019, pp. 24-25), de quien hemos tomado las referencias a las sentencias citadas, el Tribunal Supremo ha establecido \u201cuna consolidada doctrina jurisprudencial\u201d sobre la reiteraci\u00f3n del tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica, seg\u00fan la cual la obligaci\u00f3n de abrirlo se produce solo si concurren tres requisitos: la existencia de una modificaci\u00f3n del proyecto normativo; que la modificaci\u00f3n introducida pueda calificarse de \u201csustancial\u201d; y \u201cque la modificaci\u00f3n no derive de una alegaci\u00f3n o sugerencia presentada en ese tr\u00e1mite\u201d.<\/strong><\/p>\n

4. Por nuestra parte, consideramos que la distinci\u00f3n entre modificaciones derivadas de la alegaciones recibidas o introducidas al margen de ellas tiene sentido.<\/p>\n

Una cosa es que la Administraci\u00f3n, despu\u00e9s de someter un texto a las alegaciones de los ciudadanos, introduzca en \u00e9l un cambio sustancial por iniciativa propia -es decir, sin conexi\u00f3n alguna con las alegaciones presentadas-, lo que desvirt\u00faa el tr\u00e1mite efectuado.<\/p>\n

Y otra cosa diferente es que lo haga precisamente porque se toma en serio las alegaciones<\/em> y est\u00e1 dispuesta a estimarlas aunque ello suponga introducir una modificaci\u00f3n de cierto calado de su planteamiento inicial. Esta segunda posibilidad se podr\u00eda ver perjudicada si se \u201cdesincentiva\u201d esta conducta, digamos, al obligar a la Administraci\u00f3n a abrir un nuevo tr\u00e1mite de alegaciones, con el consiguiente alargamiento de un procedimiento de elaboraci\u00f3n ya largo de por s\u00ed. Un alargamiento que, adem\u00e1s, llevando las cosas al extremo, se podr\u00eda agravar si en el segundo periodo de informaci\u00f3n p\u00fablica vuelve a suceder lo mismo (modificaci\u00f3n sustancial derivada de una alegaci\u00f3n) y hay que abrir un tercero\u2026<\/p>\n

5. A la vista de lo expuesto, se nos plantea una duda razonable: \u00bfes correcta la decisi\u00f3n del TSJM de exigir la apertura de un nuevo tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica por la introducci\u00f3n de una modificaci\u00f3n sustancial del texto del proyecto normativo que se someti\u00f3 a alegaciones, cuando, como es el caso, esa modificaci\u00f3n deriva de la estimaci\u00f3n de las alegaciones formuladas en el tr\u00e1mite que se llev\u00f3 a cabo?<\/p>\n

La eventual presentaci\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n contra la Sentencia 445\/2020 del TSJM podr\u00eda servir para despejar la cuesti\u00f3n.<\/p>\n

Javier Calvo Garc\u00eda<\/em><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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