{"id":5997,"date":"2020-10-28T10:22:27","date_gmt":"2020-10-28T09:22:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=5997"},"modified":"2020-11-04T12:14:50","modified_gmt":"2020-11-04T11:14:50","slug":"suspension-de-las-reglas-fiscales-a-los-entes-locales-un-giro-copernicano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/suspension-de-las-reglas-fiscales-a-los-entes-locales-un-giro-copernicano\/","title":{"rendered":"Suspensi\u00f3n de las reglas fiscales a los entes locales: un giro copernicano (primera parte)"},"content":{"rendered":"[vc_row type=&#8221;in_container&#8221; full_screen_row_position=&#8221;middle&#8221; scene_position=&#8221;center&#8221; text_color=&#8221;dark&#8221; text_align=&#8221;left&#8221; overlay_strength=&#8221;0.3&#8243; shape_divider_position=&#8221;bottom&#8221;][vc_column column_padding=&#8221;no-extra-padding&#8221; column_padding_position=&#8221;all&#8221; background_color_opacity=&#8221;1&#8243; background_hover_color_opacity=&#8221;1&#8243; column_shadow=&#8221;none&#8221; column_border_radius=&#8221;none&#8221; width=&#8221;1\/1&#8243; tablet_text_alignment=&#8221;default&#8221; phone_text_alignment=&#8221;default&#8221; column_border_width=&#8221;none&#8221; column_border_style=&#8221;solid&#8221;][vc_column_text]\n<div id=\"attachment_3678\" style=\"width: 358px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-3678\" id=\"longdesc-return-3678\" class=\" wp-image-3678\" tabindex=\"-1\" src=\"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/IMG_B_19_04_10.jpg\" alt=\"\" width=\"348\" height=\"260\" longdesc=\"http:\/\/www.idluam.org\/blog?longdesc=3678&amp;referrer=5997\" srcset=\"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/IMG_B_19_04_10.jpg 4032w, https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/IMG_B_19_04_10-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/IMG_B_19_04_10-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/IMG_B_19_04_10-1024x768.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 348px) 100vw, 348px\" \/><p id=\"caption-attachment-3678\" class=\"wp-caption-text\">Fotograf\u00eda de la Torre del reloj del Ayuntamiento de Madrid<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">El 20 de octubre de 2020 el Congreso de los Diputados ha apreciado por mayor\u00eda absoluta que existen las condiciones de excepcionalidad para suspender las reglas fiscales. A trav\u00e9s de esta apreciaci\u00f3n se da cumplimiento al mandato del art. 135.4 CE el cual establece que <em>\u201cLos l\u00edmites de d\u00e9ficit estructural y de volumen de deuda p\u00fablica s\u00f3lo podr\u00e1n superarse en caso de cat\u00e1strofes naturales, recesi\u00f3n econ\u00f3mica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situaci\u00f3n financiera o la sostenibilidad econ\u00f3mica o social del Estado, <strong>apreciadas por la mayor\u00eda absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados<\/strong>\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La suspensi\u00f3n de las reglas fiscales, tal y como ha sido articulada, permite a los entes locales hacer uso de sus remanentes, fij\u00e1ndose la tasa de referencia de su d\u00e9ficit para 2021 en el 0,1 % PIB. De este modo, finalmente, se ha dotado a las entidades locales de cierto margen de maniobra para hacer frente a la compleja situaci\u00f3n presupuestaria derivada de la crisis del COVID-19. M\u00e1s all\u00e1 de la clara idoneidad de la medida en t\u00e9rminos de pol\u00edtica presupuestaria, la pregunta que inevitablemente surge, y que fue planteada por diferentes Diputados a lo largo del debate parlamentario, es c\u00f3mo es posible, desde un punto de vista jur\u00eddico, que la flexibilizaci\u00f3n de las reglas fiscales alcance ahora tambi\u00e9n a los entes locales. La duda es mayor si tenemos en cuenta que con anterioridad el propio Gobierno hab\u00eda defendido lo contrario; y, es m\u00e1s, incluso, hab\u00eda dise\u00f1ado un mecanismo alternativo (regulado en el Real Decreto-Ley 27\/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de car\u00e1cter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales) para que los entes locales pudieran hacer uso de sus remanentes (tras poner a disposici\u00f3n de la Administraci\u00f3n General del Estado recursos financieros por importe equivalente a los mismos).<\/p>\n<p><!--more-->[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=&#8221;in_container&#8221; full_screen_row_position=&#8221;middle&#8221; scene_position=&#8221;center&#8221; text_color=&#8221;dark&#8221; text_align=&#8221;left&#8221; overlay_strength=&#8221;0.3&#8243; shape_divider_position=&#8221;bottom&#8221;][vc_column column_padding=&#8221;no-extra-padding&#8221; column_padding_position=&#8221;all&#8221; background_color_opacity=&#8221;1&#8243; background_hover_color_opacity=&#8221;1&#8243; column_shadow=&#8221;none&#8221; column_border_radius=&#8221;none&#8221; width=&#8221;1\/1&#8243; tablet_text_alignment=&#8221;default&#8221; phone_text_alignment=&#8221;default&#8221; column_border_width=&#8221;none&#8221; column_border_style=&#8221;solid&#8221;][vc_column_text]\n<p style=\"text-align: justify;\">Para dar respuesta a esta cuesti\u00f3n es necesario analizar los dos preceptos en los que se ha fundamentado jur\u00eddicamente la suspensi\u00f3n de las reglas fiscales tanto para el Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas, como para los entes locales; en concreto, el art. 135.4 CE y el art. 11.3 de la Ley Org\u00e1nica 2\/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dejando al margen interpretaciones un tanto forzadas del conjunto de la LOEPSF, que trataremos posteriormente, el art. 11.3 LOEPSF claramente limita la capacidad de incurrir en d\u00e9ficit estructural <em>\u201cen caso de cat\u00e1strofes naturales, recesi\u00f3n econ\u00f3mica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones P\u00fablicas\u201d<\/em> al <strong>Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, mayores dudas plantea la determinaci\u00f3n del sujeto capacitado para superar los l\u00edmites de d\u00e9ficit y deuda p\u00fablicos en circunstancias excepcionales en el precepto constitucional. El apartado 4 del art. 135, que previamente hemos reproducido, solo establece que dichos limites \u201cpodr\u00e1n superarse\u201d, sin precisar por qui\u00e9n. Para poder resolver esta pregunta debemos examinar c\u00f3mo se estructuran los l\u00edmites de d\u00e9ficit y deuda p\u00fablicos en el art. 135 CE cuando nos encontramos en circunstancias presupuestarias \u201cnormales\u201d y, posteriormente, el modo en que el precepto constitucional excepciona el cumplimiento de dichos l\u00edmites en supuestos excepcionales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En t\u00e9rminos generales, la problem\u00e1tica relativa a la determinaci\u00f3n del sujeto de cada uno de los mandatos del art. 135 CE se ha visto acentuada por la t\u00e9cnica normativa de la reforma constitucional. En la redacci\u00f3n del art. 135 CE tras la reforma de 2011 se mantuvo, casi de forma \u00edntegra, el texto del antiguo art. 135 CE. De esta forma, existen disposiciones del nuevo precepto constitucional que tienen un marcado car\u00e1cter europeo, mientras que otras, como la relativa al principio de reserva de ley para la emisi\u00f3n de deuda p\u00fablica del art. 135.3 CE (art. 135.1 CE originario), que carecen del mismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En todo caso, dadas las claras remisiones que el art. 135.2 CE y el art. 135.3 CE <em>in fine<\/em> hacen al Derecho de la Uni\u00f3n Europea y al Tratado de Funcionamiento de la UE para la determinaci\u00f3n de los l\u00edmites del d\u00e9ficit y la deuda p\u00fablicos, respectivamente, los conceptos de estas partes del precepto constitucional deben interpretarse tomando en consideraci\u00f3n el Derecho de la Uni\u00f3n Europea y, en particular, el Reglamento del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010). Lo mismo sucede respecto a la interpretaci\u00f3n de los apartados 4 y 5 del art. 135 CE relativos a las circunstancias que permiten, de forma excepcional, la superaci\u00f3n de dichos l\u00edmites.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El SEC-2010 es la metodolog\u00eda que deben seguir los Estados miembros para elaborar los datos estad\u00edsticos presentados a la Comisi\u00f3n Europea a efectos del cumplimiento de la disciplina presupuestaria. En concreto, el art. 2 del Reglamento (CE) n\u00fam. 479\/2009, relativo a la aplicaci\u00f3n del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de d\u00e9ficit excesivo, recoge las definiciones de los conceptos esenciales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estas definiciones, a su vez, contienen remisiones a lo establecido en el Reglamento del SEC-2010. As\u00ed, por ejemplo, el sector p\u00fablico se define como \u201clo perteneciente al sector \u00abadministraciones p\u00fablicas\u00bb (S.13), que comprende los subsectores \u00abadministraci\u00f3n central\u00bb (S.1311), \u00abComunidades Aut\u00f3nomas\u00bb (S.1312), \u00abcorporaciones locales\u00bb (S.1313) y \u00abadministraciones de seguridad social\u00bb (S.1314)\u201d. De lo anterior se infiere que, cuando el precepto constitucional hace referencia a las \u201cAdministraciones p\u00fablicas\u201d en este concepto se incluyen los entes locales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Volviendo al texto del precepto constitucional, el apartado 2 del art. 135 CE define el l\u00edmite relativo al d\u00e9ficit p\u00fablico en circunstancias que podemos calificar de \u201cnormales\u201d. En concreto establece que \u201cEl <strong>Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas<\/strong> no podr\u00e1n incurrir en un d\u00e9ficit estructural que supere los m\u00e1rgenes establecidos, en su caso, por la Uni\u00f3n Europea para sus Estados Miembros\u201d. A su vez precisa que \u201c[U]na ley org\u00e1nica fijar\u00e1 el d\u00e9ficit estructural m\u00e1ximo permitido al <strong>Estado y a las Comunidades Aut\u00f3nomas<\/strong>, en relaci\u00f3n con su producto interior bruto. Las <strong>Entidades Locales deber\u00e1n presentar equilibrio presupuestario<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma del Derecho de la Uni\u00f3n que hace referencia al d\u00e9ficit estructural es el Tratado de Estabilidad, Coordinaci\u00f3n y Gobernanza de la Uni\u00f3n Econ\u00f3mica y Monetaria, el conocido como \u201c<em>Fiscal Compact<\/em>\u201d de 2012 (TECG), que se aprob\u00f3 de forma paralela al Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para reforzar la disciplina presupuestaria. Por su parte, el art. 126 del Tratado de Funcionamiento de la UE hace referencia al d\u00e9ficit c\u00edclico. Por este motivo, el precepto constitucional, a la hora de concretar el criterio del d\u00e9ficit, se remite al Derecho de la Uni\u00f3n Europea en general y no al Tratado de Funcionamiento de la UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El art. 3.1 b) TECG establece un l\u00edmite inferior de d\u00e9ficit estructural del 0,5 % del PIB (este l\u00edmite m\u00ednimo se fija en un 1 % del PIB si la deuda p\u00fablica es inferior al 60 % del PIB). Este es, por tanto, el margen de maniobra en t\u00e9rminos de d\u00e9ficit estructural que el precepto constitucional ced\u00eda al Estado y a las Comunidades Aut\u00f3nomas y que deb\u00eda ser concretado por ley org\u00e1nica. El precepto constitucional excluye de forma expresa de este reparto del d\u00e9ficit estructural en \u201ccircunstancias normales\u201d a los entes locales, estos \u00faltimos deber\u00e1n \u201cpresentar equilibrio presupuestario\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N\u00f3tese, que el precepto no precisa c\u00f3mo debemos entender el concepto de \u201cequilibrio presupuestario\u201d, si en t\u00e9rminos c\u00edclicos o estructurales, lo cual puede permitir tambi\u00e9n cierto margen de maniobra a los entes locales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En una interpretaci\u00f3n que podemos calificar de restrictiva del precepto constitucional, la LOEPSF, en su art. 11.2 CE, precisa el mandato de la CE afirmando que <em>\u201c[<strong>N]inguna Administraci\u00f3n P\u00fablica<\/strong> podr\u00e1 incurrir en d\u00e9ficit estructural (\u2026)\u201d<\/em>. Ahora bien, a continuaci\u00f3n flexibiliza esta prohibici\u00f3n al establecer que <em>\u201c[N]obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podr\u00e1 alcanzarse en el <strong>conjunto de Administraciones P\u00fablicas<\/strong> un d\u00e9ficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional\u201d.<\/em>Esta disposici\u00f3n de la LOEPSF al hacer referencia al \u201cconjunto de Administraciones p\u00fablicas\u201d parece dejar abierta la posibilidad de que los entes locales pudieran alcanzar d\u00e9ficit estructural, lo cual podr\u00eda ser contrario a los mandatos constitucionales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A diferencia de lo que sucede con el l\u00edmite al d\u00e9ficit, respecto a la deuda p\u00fablica, el art. 135.3 <em>in fine <\/em>CE establece que <em>\u201c[E]l volumen de deuda p\u00fablica del conjunto de las <strong>Administraciones P\u00fablicas<\/strong> en relaci\u00f3n con el producto interior bruto del Estado no podr\u00e1 superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea\u201d<\/em>. Por tanto, el l\u00edmite constitucional a la deuda p\u00fablica en \u201ccircunstancias normales\u201d s\u00ed permite capacidad de endeudamiento a los entes locales. El conjunto de las Administraciones p\u00fablicas no podr\u00e1 superar el 60 % de deuda p\u00fablica en relaci\u00f3n con el PIB, porcentaje fijado en el Protocolo n\u00fam. 12, sobre el procedimiento aplicable en caso de d\u00e9ficit excesivo, anejo al Tratado de Funcionamiento de la UE. De este 60 % de deuda p\u00fablica en relaci\u00f3n con el PIB, el art. 13.1 de la LOEPSF ha atribuido al conjunto de las corporaciones locales un 3 %.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De todo lo anterior podemos concluir que, en \u201ccircunstancias normales\u201d, el precepto constitucional restringe la capacidad de incurrir en d\u00e9ficit estructural al Estado y a las Comunidades Aut\u00f3nomas. A su vez, remite a la ley org\u00e1nica la determinaci\u00f3n del d\u00e9ficit estructural m\u00e1ximo permitido al Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas (que en ning\u00fan caso puede ser superior al 0,5 % del PIB fijado en el TECG). Finalmente, excluye del reparto del posible d\u00e9ficit estructural a los entes locales, cuyo l\u00edmite es en t\u00e9rminos de d\u00e9ficit estructural es el m\u00e1s severo posible (el 0 % PIB). Por su parte, el art. 11.2 LOEPSF ha precisado el mandato constitucional habilitando al conjunto de las \u201cAdministraciones p\u00fablicas\u201d a alcanzar un d\u00e9ficit estructural del 0,4 % PIB, referencia al conjunto de las Administraciones p\u00fablicas que, como hemos se\u00f1alado, difiere de lo establecido en el art. 135.2 CE. Por \u00faltimo, respecto a la deuda p\u00fablica, el l\u00edmite del art. 135.3 CE hace referencia a la deuda del conjunto de las Administraciones p\u00fablicas, incluidos, por tanto, los entes locales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estos l\u00edmites tan severos, especialmente para los entes locales, son aplicables en circunstancias normales pero, tal como establece el art. 135.5 CE y analizaremos en la siguiente entrada de este blog, se flexibilizan para las <strong>\u201cdistintas Administraciones p\u00fablicas\u201d <\/strong>en supuestos excepcionales.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><a href=\"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/ester-marco-penas\/\">Ester Marco Pe\u00f1as<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Profesora de Derecho Tributario y Financiero<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row type=&#8221;in_container&#8221; full_screen_row_position=&#8221;middle&#8221; scene_position=&#8221;center&#8221; text_color=&#8221;dark&#8221; text_align=&#8221;left&#8221; overlay_strength=&#8221;0.3&#8243; shape_divider_position=&#8221;bottom&#8221;][vc_column column_padding=&#8221;no-extra-padding&#8221; column_padding_position=&#8221;all&#8221; background_color_opacity=&#8221;1&#8243; background_hover_color_opacity=&#8221;1&#8243; column_shadow=&#8221;none&#8221; column_border_radius=&#8221;none&#8221; width=&#8221;1\/1&#8243; tablet_text_alignment=&#8221;default&#8221; phone_text_alignment=&#8221;default&#8221; column_border_width=&#8221;none&#8221; column_border_style=&#8221;solid&#8221;][vc_column_text] El 20 de octubre de 2020 el Congreso de los Diputados&hellip; <a class=\"continue\" href=\"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/suspension-de-las-reglas-fiscales-a-los-entes-locales-un-giro-copernicano\/\">Seguir Leyendo<span> Suspensi\u00f3n de las reglas fiscales a los entes locales: un giro copernicano (primera parte)<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[330],"class_list":["post-5997","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","tag-reglas-fiscales"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5997","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5997"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5997\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6007,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5997\/revisions\/6007"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5997"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}