{"id":6156,"date":"2021-01-27T10:34:20","date_gmt":"2021-01-27T09:34:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=6156"},"modified":"2021-01-27T10:34:20","modified_gmt":"2021-01-27T09:34:20","slug":"la-inspeccion-tributaria-del-iae-a-la-luz-del-principio-de-buena-administracion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/la-inspeccion-tributaria-del-iae-a-la-luz-del-principio-de-buena-administracion\/","title":{"rendered":"La inspecci\u00f3n tributaria del IAE a la luz del principio de buena administraci\u00f3n"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n
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Fachada del Tribunal Supremo<\/p><\/div>\n

El Impuesto sobre Actividades Econ\u00f3micas es un impuesto de gesti\u00f3n compartida, <\/em>lo que supone, en s\u00edntesis, que la Administraci\u00f3n tributaria del Estado tiene atribuida originariamente la gesti\u00f3n censal y la inspecci\u00f3n del impuesto, as\u00ed como la gesti\u00f3n tributaria de las cuotas provinciales y nacionales, y a los ayuntamientos corresponde la gesti\u00f3n tributaria de las cuotas municipales.<\/p>\n

Este peculiar sistema de gesti\u00f3n se complica con la presencia de f\u00f3rmulas de redistribuci\u00f3n competencial, que incluso pueden resultar simult\u00e1neas: unas \u201cdescendentes\u201d, <\/em>atribuyen el ejercicio de\u00a0 las competencias estatales a otras administraciones tributarias de \u00e1mbito territorial inferior (art. 91.1 y 3 TRLRHL); y otras \u201cascendentes\u201d, <\/em>posibilitan que los ayuntamientos puedan delegar o establecer\u00a0 mecanismos de colaboraci\u00f3n en relaci\u00f3n con la competencia de gesti\u00f3n tributaria\u00a0 con\u00a0 entidades territoriales supramunicipales (arts. 7 y 8 TRLRHL).<\/p>\n

[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

De esta forma, la gesti\u00f3n compartida se convierte en un laberinto que dificulta relacionar adecuadamente las obligaciones tributarias formales y materiales con sus correspondientes procedimientos. Esta dificultad tambi\u00e9n se traslada al r\u00e9gimen de impugnaci\u00f3n, que como consecuencia de la gesti\u00f3n compartida resulta bifronte.<\/p>\n

En particular, la inspecci\u00f3n tributaria del IAE es diferente para las cuotas provinciales y nacionales, y para la inspecci\u00f3n de las cuotas municipales. La titularidad y ejercicio de la inspecci\u00f3n de las cuotas nacionales y provinciales corresponde a los \u00f3rganos competentes de la Administraci\u00f3n tributaria del Estado, y no est\u00e1 previsto ning\u00fan mecanismo de delegaci\u00f3n, \u00fanicamente caben f\u00f3rmulas de colaboraci\u00f3n con las entidades gestoras del tributo. Por el contrario, la inspecci\u00f3n de las cuotas municipales puede ser objeto de delegaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n conforme recoge la Orden del Ministerio de Econom\u00eda y Hacienda de 10 de junio 1992.<\/p>\n

El r\u00e9gimen de delegaci\u00f3n de la inspecci\u00f3n de las cuotas municipales ha sido solicitado por un n\u00famero muy considerable de Entidades locales, mientras que el r\u00e9gimen de colaboraci\u00f3n ha tenido escasa aceptaci\u00f3n. Esta circunstancia encuentra su justificaci\u00f3n en el hecho de que las Entidades locales han considerado m\u00e1s operativo el r\u00e9gimen de delegaci\u00f3n, en cuanto que no divide la tramitaci\u00f3n del procedimiento de inspecci\u00f3n en dos mitades separadas por la formalizaci\u00f3n del acta de inspecci\u00f3n y atribuidas a Administraciones tributarias diferentes (Estado y Entidades locales).<\/p>\n

Con este marco normativo, y en el seno de un procedimiento inspector realizado por delegaci\u00f3n por una entidad local, \u00a0que ten\u00eda por objeto comprobar una cuota municipal del IAE, y en el que result\u00f3 acreditado que el obligado tributario hab\u00eda presentado la declaraci\u00f3n de alta en \u00a0un ep\u00edgrafe incorrecto, el Tribunal Supremo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite un recurso de casaci\u00f3n para determinar: \u201csi la facultad de liquidar el IAE, atribuida por ley a un Ayuntamiento, comprende la posibilidad de modificar de oficio la matr\u00edcula del impuesto cuando se constate, en el ejercicio de la funci\u00f3n de inspecci\u00f3n que tiene delegada por la Administraci\u00f3n estatal, que el contribuyente no se encuentra correctamente encuadrado en el ep\u00edgrafe que le corresponde; o, por el contrario, se exige que el Ayuntamiento notifique previamente a la Administraci\u00f3n tributaria del Estado tal desajuste para que \u00e9sta lleve a cabo la modificaci\u00f3n de la matr\u00edcula que proceda, a fin de que se pueda girar nueva la liquidaci\u00f3n por aqu\u00e9l\u201d.<\/em><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El Tribunal Supremo ha dado respuesta afirmativa a esta cuesti\u00f3n en la reciente sentencia de 3 de diciembre de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:4030)<\/a>, razonando que el art. 18 del Real Decreto 243\/1995, de 17 de febrero no condiciona la liquidaci\u00f3n aprobada por la Entidad local a la previa comunicaci\u00f3n de la variaci\u00f3n de los datos censales a la Administraci\u00f3n tributaria del Estado. No obstante, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casaci\u00f3n presentado por la Entidad local, por no ofrecer la resoluci\u00f3n recurrida la v\u00eda de impugnaci\u00f3n adecuada, al omitir la referencia a la reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa ante los Tribunales Econ\u00f3mico-Administrativos estatales.<\/p>\n

Coincidimos con el Tribunal Supremo en las dos conclusiones. En primer lugar, no es necesario que el ayuntamiento notifique previamente a la Administraci\u00f3n tributaria del Estado el resultado de sus actuaciones de comprobaci\u00f3n e investigaci\u00f3n para que esta \u00faltima administraci\u00f3n modifique la matr\u00edcula del IAE que habilita la aprobaci\u00f3n de las nuevas liquidaciones. Dicha notificaci\u00f3n es\u00a0 posterior, y el Tribunal Supremo podr\u00eda haberse apoyado en el art. 8 de la Orden del Ministerio de Econom\u00eda y \u00a0Hacienda de 10 de junio 1992, que as\u00ed lo recoge expresamente cuando se\u00f1ala que: \u201cEn los veinte d\u00edas naturales siguientes a cada trimestre natural, la Entidad remitir\u00e1 a la Delegaci\u00f3n de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria, en cuyo \u00e1mbito territorial se encuentre ubicada, una relaci\u00f3n de las inclusiones, exclusiones y variaciones en los datos censales del Impuesto debidas a actuaciones de inspecci\u00f3n, con el fin de que la Administraci\u00f3n Tributaria Estatal pueda ejercer sus funciones de elaboraci\u00f3n y mantenimiento de la matr\u00edcula del Impuesto\u201d.<\/em><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En segundo lugar, la actuaci\u00f3n inspectora delegada realizada por la Entidad local tiene car\u00e1cter bifronte, es decir, es un acto administrativo con un doble efecto jur\u00eddico, de una parte aprueba una liquidaci\u00f3n tributaria (acto de gesti\u00f3n tributaria) y de otra, modifica los datos censales declarados por el sujeto pasivo (acto de gesti\u00f3n censal). Por ello, el ayuntamiento omiti\u00f3 incorrectamente en su resoluci\u00f3n el r\u00e9gimen de impugnaci\u00f3n previsto en el art. 18.4 del Real Decreto 243\/1995, de 17 de febrero.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La sentencia que comentamos es un claro ejemplo de las disfunciones que provoca la referida gesti\u00f3n compartida. Una respuesta distinta por el Tribunal Supremo al recurso de casaci\u00f3n presentado habr\u00eda convertido la ya calificada \u201cforzada y artificiosa\u201d gesti\u00f3n compartida en el IAE (v\u00e9ase, la STS de 25 de septiembre de 2001, ECLI: ES:TS:2001:7163<\/a>) en claramente ineficaz.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El Tribunal Supremo \u00a0ha analizado la gesti\u00f3n compartida a la luz del principio de buena administraci\u00f3n, que est\u00e1 impl\u00edcito en los arts. 9.3 y 103 de la CE y positivizado en el art. 3.1 e) de la Ley 40\/2015, de 1 de octubre y en los arts. 41 y 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea,\u00a0 desde la perspectiva de la gesti\u00f3n catastral y la gesti\u00f3n tributaria en el IBI, con objeto de impedir \u201csituaciones absurdas, que generen enriquecimiento injusto o, tambi\u00e9n, que supongan una tardanza innecesaria e indebida en el reconocimiento de los derechos que se aducen\u201d<\/em>(v\u00e9ase, entre otras, la STS de 18 de mayo de 2020 -N\u00ba. Rec. 6950\/2018-).<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En el supuesto que analizamos existe una incorrecta actuaci\u00f3n de la inspecci\u00f3n tributaria local al ofrecer una v\u00eda de impugnaci\u00f3n err\u00f3nea, pero, en nuestra opini\u00f3n, lo m\u00e1s importante de la sentencia es su reconocimiento de que la distribuci\u00f3n competencial en el IAE derivada de la Ley reguladora de las Haciendas locales de 1988 se encuentra actualmente\u00a0 completamente superada.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La funci\u00f3n de control censal de los principales impuestos estatales (IRPF, IS e IVA) constituy\u00f3 uno de los principales argumentos para fundamentar la competencia estatal en la gesti\u00f3n censal e inspecci\u00f3n tributaria del IAE. Ahora bien, tras la formaci\u00f3n de los censos tributarios previstos en el Real Decreto 1065\/2007, de 27 de julio, la virtualidad censal del impuesto para la Hacienda estatal resulta\u00a0 irrelevante, por lo que la gesti\u00f3n compartida ha perdido de forma sobrevenida su fundamento o justificaci\u00f3n.<\/p>\n

Por ello, en nuestro criterio el legislador deber\u00eda transformar el IAE en un impuesto de gesti\u00f3n \u00edntegramente local de las cuotas municipales y de transferencias territorializadas de las cuotas provinciales y nacionales, sin perjuicio de las delegaciones y mecanismos de colaboraci\u00f3n previstos en el TRLRHL. Este esquema competencial simplificar\u00eda su r\u00e9gimen de impugnaci\u00f3n que ser\u00eda el previsto con car\u00e1cter general en la normativa de Haciendas locales, lo que facilitar\u00eda la aplicaci\u00f3n del principio de buena administraci\u00f3n en la medida que reducir\u00eda las incertidumbres en su aplicaci\u00f3n y eliminar\u00eda la litigiosidad duplicada (censal y tributaria).<\/p>\n

El legislador no ha iniciado este camino. El Proyecto de Ley de medidas de prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude fiscal, actualmente en tr\u00e1mite de presentaci\u00f3n de enmiendas en el Congreso de los Diputados, solo establece dos medidas en relaci\u00f3n con el IAE. Por un lado, establece que la regla para el c\u00e1lculo del importe neto de la cifra de negocios para los grupos mercantiles deber\u00e1 aplicarse con independencia de la obligaci\u00f3n de consolidaci\u00f3n contable, con el objeto de superar la doctrina jurisprudencial fijada en la STS de 6 de marzo de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:837)<\/a> que interpret\u00f3 que la remisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 82.1.c).3\u00aa\u00a0 TRLRHL a los “grupos de sociedades en el sentido del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo de Comercio”<\/em> ven\u00eda referida a los grupos que deb\u00edan, por obligaci\u00f3n legal, formular sus cuentas anuales en r\u00e9gimen de consolidaci\u00f3n. Por otro lado, aclara que la exenci\u00f3n para las personas f\u00edsicas se aplica tanto a los residentes como a los no residentes.<\/p>\n

En consecuencia, con toda probabilidad, las disfunciones e incertidumbres derivadas de la gesti\u00f3n compartida, como la examinada en la sentencia del Tribunal Supremo comentada, continuar\u00e1n.<\/p>\n

Miguel Alonso Gil. <\/i><\/p>\n

Presidente TEAM del Ayto. de M\u00f3stoles. <\/i><\/p>\n

Profesor asociado Derecho Financiero y Tributario UC3M<\/i><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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