{"id":6202,"date":"2021-02-10T12:03:33","date_gmt":"2021-02-10T11:03:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=6202"},"modified":"2021-02-10T12:03:33","modified_gmt":"2021-02-10T11:03:33","slug":"la-accion-socio-sanitaria-concertada-de-la-comunidad-valenciana-ante-el-tjue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/la-accion-socio-sanitaria-concertada-de-la-comunidad-valenciana-ante-el-tjue\/","title":{"rendered":"La acci\u00f3n socio-sanitaria concertada (de la Comunidad Valenciana) ante el TJUE"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1\/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"Fotograf\u00edaComo a estas alturas ya es bien conocido (ver blog IDL-UAM del 21 de noviembre de 2018)<\/a>, tanto el Derecho de la Uni\u00f3n Europea como el Derecho espa\u00f1ol (LCSP) reconocen las singularidades de los contratos de servicios a las personas, as\u00ed como de las asociaciones u organizaciones sin \u00e1nimo de lucro que act\u00faan en este \u00e1mbito. Y, a partir de este dato, acepta la construcci\u00f3n de un r\u00e9gimen peculiar de contrataci\u00f3n en este \u00e1mbito. Pero, para configurarlo, el legislador espa\u00f1ol (al igual que hizo la Directiva) ha optado no por establecer una regulaci\u00f3n espec\u00edfica y diferenciada, sino que, simplemente, establece ciertas peculiaridades a lo largo del articulado de la vigente Ley de Contratos del Sector P\u00fablico. A partir de estas determinaciones normativas, el Informe 52\/18 de la Junta Consultiva de Contrataci\u00f3n P\u00fablica del Estado (ver blog IDL-UAM de febrero de 2020) concluye que no existe ninguna obligaci\u00f3n legal de acudir a un contrato p\u00fablico para gestionar este tipo de servicios, siendo posible utilizar otro tipo de f\u00f3rmulas (se entiende que se refiere a f\u00f3rmulas no contractuales) como, por ejemplo, las enumeradas sin \u00e1nimo de ser exhaustivo en el art\u00edculo 11.6 de la Ley, siempre que se cumplan los requisitos que este precepto prev\u00e9.<\/p>\n

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El resultado es un r\u00e9gimen jur\u00eddico no acabado, ni uniforme, puesto que, adem\u00e1s, estamos ante materias en las que el legislador auton\u00f3mico tiene potestad normativa para regular las formas de gesti\u00f3n de estos servicios y establecer diferentes modelos de colaboraci\u00f3n con el sector privado. Y as\u00ed se ha hecho por gran parte de la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica.<\/p>\n

La novedad de esta regulaci\u00f3n y la falta de concreci\u00f3n, adem\u00e1s de la dispersi\u00f3n del r\u00e9gimen jur\u00eddico de estos contratos a lo largo del articulado de la Ley y en la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica, hace que surjan dudas al respecto y van a seguir surgiendo en el futuro. Y, sobre todo, plantean especiales dificultades las figuras de la reserva y las figuras no contractuales, previstas en la Ley, pero con una remisi\u00f3n a la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica que, con car\u00e1cter general, ha regulado la figura del concierto o acci\u00f3n concertada, con distintas denominaciones.<\/p>\n

Esta regulaci\u00f3n auton\u00f3mica muestra una relativa disparidad dentro de las formas de gesti\u00f3n de los servicios socio sanitarios y los diferentes modelos de colaboraci\u00f3n con el sector privado (incluso se configura el concierto como figura contractual o no contractual). Por todo ello, merecen un an\u00e1lisis detenido las leyes auton\u00f3micas que regulan las acciones concertadas para la gesti\u00f3n de los servicios socio-sanitarios, as\u00ed como las convocatorias concretas de acci\u00f3n concertadas que se lleven a cabo en su aplicaci\u00f3n. Esta regulaci\u00f3n no puede ser id\u00e9ntica a las de los contratos, porque la acci\u00f3n concertada, como f\u00f3rmula no contractual, ha de ser algo distinto y porque esto har\u00eda que la figura perdiera su utilidad. Al tiempo, tampoco puede utilizarse la acci\u00f3n concertada como una manera de escapar de la normativa y del procedimiento de contrataci\u00f3n y de sus principios (igualdad, no discriminaci\u00f3n, competencia, transparencia) si es que ocultan una aut\u00e9ntica relaci\u00f3n contractual ya que, adem\u00e1s de no tener competencia para regular formas contractuales, puede suponer una conculcaci\u00f3n de las reglas de la libre competencia, por privilegiar (o excluir) a determinados sujetos en la contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

De acuerdo con todo lo anterior, tenemos varias opciones posibles para poder llegar a la conclusi\u00f3n de que la regulaci\u00f3n auton\u00f3mica es adecuada. En primer lugar, entender que es una acci\u00f3n concertada en sentido estricto, al estilo de los actos administrativos necesitados de colaboraci\u00f3n\/aceptaci\u00f3n, sin que exista competici\u00f3n y sin que existan criterios selectivos entre los solicitantes. Esto reconduce a f\u00f3rmulas no contractuales, perfectamente admisibles de acuerdo con la DA 49\u00aa LCSP. Tambi\u00e9n cabr\u00eda defender que no son contratos porque no existe onerosidad, con independencia de que exista o no competici\u00f3n entre ellos. Si no es oneroso (s\u00f3lo cubre gastos), no es un contrato.<\/p>\n

La otra posibilidad, admisible a la luz de la DA 48 LCSP, ser\u00eda entender que estamos ante una reserva de contratos en favor de entidades sin \u00e1nimo de lucro. Se tratar\u00eda de f\u00f3rmulas contractuales, perfectamente admisibles, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la DA 48 LCSP. El resto de f\u00f3rmulas contractuales, con independencia de la denominaci\u00f3n que se les den, son inadmisibles fuera de la regulaci\u00f3n de la LCSP (la DA 49 LCSP s\u00f3lo remite a las Comunidades Aut\u00f3nomas la determinaci\u00f3n de \u201cf\u00f3rmulas no contractuales\u201d).<\/p>\n

Y es en este contexto en el que se aprob\u00f3 la Generalidad Valenciana la Ley 7\/2017, de 30 de marzo, de Acci\u00f3n Concertada para la prestaci\u00f3n de servicios a las personas en el \u00e1mbito sanitario, cuyo objeto es \u201cestablecer las medidas urgentes necesarias para la puesta en funcionamiento del r\u00e9gimen de acci\u00f3n concertada para la prestaci\u00f3n a las personas de servicios de car\u00e1cter sanitario\u201d (art. 1). Con anterioridad, ya hab\u00eda aprobado el Decreto-ley 7\/2016, de 4 de noviembre, y la Orden 3\/2017, de 1 de marzo, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud P\u00fablica, que regula la acci\u00f3n concertada para la prestaci\u00f3n de servicios a las personas en el \u00e1mbito sanitario. En el \u00e1mbito de las prestaciones sociales, se aprob\u00f3 el Decreto 181\/2017, de 17 de noviembre, que desarrolla la acci\u00f3n concertada para la prestaci\u00f3n de servicios sociales por entidades de iniciativa social: Y, por \u00faltimo, se aprueba la Ley 3\/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat<\/a>, que regula los servicios sociales inclusivos en la Comunidad Valenciana. En conjunto, el r\u00e9gimen resultante de todas estas normas parte de la consideraci\u00f3n de la naturaleza no contractual de esta figura.<\/p>\n

La exclusi\u00f3n de las entidades privadas con \u00e1nimo de lucro de esta acci\u00f3n concertada valenciana ya fue denunciada ante la Comisi\u00f3n Europea por vulneraci\u00f3n de los principios de igualdad, no discriminaci\u00f3n y libre concurrencia. Tambi\u00e9n fue objeto la Ley valenciana de una queja (n\u00fam. 17011962) ante el Defensor del pueblo espa\u00f1ol que, en su Recomendaci\u00f3n de 5 de julio de 2017, afirm\u00f3 la innecesaridad de interponer recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley. Eso s\u00ed, considera que deber\u00eda aprobarse un desarrollo reglamentario y un plan de control del proceso de adjudicaci\u00f3n de las acciones concertadas, para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia y no discriminaci\u00f3n, asegurar la publicidad en todo el procedimiento y establecer medidas transitorias para compensar las disfunciones derivadas del cambio de modelo. Tambi\u00e9n se ha recurrido la Orden 3\/2017 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuya Sentencia n\u00fam. 560\/2018, de 12 de junio, ha afirmado que este mecanismo, por s\u00ed mismo, no vulnera el Derecho de la Uni\u00f3n, aunque remite a cada convocatoria concreta de acci\u00f3n concertada para verificar que no se vulneren los principios de solidaridad y eficacia presupuestaria.<\/p>\n

El \u00faltimo hito en el cuestionamiento de la normativa valenciana dictada en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n concertada en los servicios sociales lo constituye la presentaci\u00f3n, el 16 de septiembre de 2020, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de una cuesti\u00f3n prejudicial (asunto C-436\/20<\/a>) ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

De forma muy escueta, podemos decir que en esta cuesti\u00f3n prejudicial el Tribunal Superior de Justicia valenciano plantea si la limitaci\u00f3n de los llamados \u201cconciertos sociales\u201d a entidades sin \u00e1nimo de lucro es o no contraria a las libertades de establecimiento y prestaci\u00f3n de servicios del TFUE, la Directiva de Servicios y las Directivas de contrataci\u00f3n p\u00fablica. Y, para ello, m\u00e1s concretamente, el Tribunal Europeo tendr\u00e1 que pronunciarse acerca de si estos conciertos sociales pueden ser considerados como una f\u00f3rmula no contractual para la gesti\u00f3n de los servicios p\u00fablicos a las personas y si, para tal consideraci\u00f3n, basta con limitar la retribuci\u00f3n del prestador del servicio al reembolso de los costes. Ello tiene implicaciones, tanto competenciales (s\u00f3lo se pueden regular por las Comunidades Aut\u00f3nomas si son f\u00f3rmulas no contractuales, como ya hemos visto), como sustantivas (por posible vulneraci\u00f3n de la normativa europea se\u00f1alada). Derivado de lo anterior, se tendr\u00e1 que pronunciar acerca de si es posible que la legislaci\u00f3n restringa la participaci\u00f3n en los conciertos sociales a entidades sin \u00e1nimo de lucro. Y, por \u00faltimo, si se puede incluir en las convocatorias de acci\u00f3n concertada como criterio de adjudicaci\u00f3n (la existencia de criterios de adjudicaci\u00f3n en una supuesta f\u00f3rmula no contractual, por s\u00ed misma, puede ser un problema) la implantaci\u00f3n del licitador en la localidad donde vaya a prestarse el servicio.<\/p>\n

La decisi\u00f3n que tome al respecto el TJUE tendr\u00e1 implicaciones que m\u00e1s van all\u00e1 del pleito concreto y del an\u00e1lisis de la normativa de la Comunidad Valenciana: ser\u00e1 determinante para la definici\u00f3n de la acci\u00f3n concertada en el \u00e1mbito socio-sanitario y para el futuro de estas figuras, ya sean consideradas como contractuales o no contractuales. Supondr\u00e1 dar un respaldo e impulsar la forma en que se han regulado (y aplicado) o acabar con el modelo de colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada con el tercer sector configurado por una parte importante de la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica. Estaremos atentos a ese pronunciamiento.<\/p>\n

M\u00f3nica Dom\u00ednguez Mart\u00edn<\/em><\/a><\/p>\n

Profesora de Derecho Administrativo de la UAM<\/em><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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