![\"\"](\"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/urna-300x200.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Desde hace d\u00e9cadas, el fen\u00f3meno del transfuguismo en los gobiernos locales ha sido un motivo de preocupaci\u00f3n pol\u00edtica. Esto llev\u00f3 en 1998 a los (entonces) principales partidos pol\u00edticos a firmar el Acuerdo sobre el transfuguismo[1]<\/a>, que cuenta con adendas de los a\u00f1os 2000[2]<\/a>, 2006[3]<\/a> y 2020[4]<\/a>. En la actualidad, la gran mayor\u00eda de los partidos con representaci\u00f3n parlamentaria forman parte de este acuerdo. Una de las consecuencias del Acuerdo de 1998 fue la modificaci\u00f3n del art. 73.3 LBRL, precisamente para impedir que concejales tr\u00e1nsfugas disfrutaran de m\u00e1s derechos pol\u00edticos y econ\u00f3micos despu\u00e9s de su \u201ctraici\u00f3n\u201d (t\u00e9rmino empleado por las Adendas de 2006 y 2020). En relaci\u00f3n con ello, la STS, Sala 3\u00aa, 1401\/2020, de 26 de octubre (cas. 1178\/2019)<\/em> resuelve un caso interesante, pues se refiere a un caso parcialmente distinto a los ya conocidos por el TC y no exento de algunos problemas jur\u00eddicos que ponen de manifiesto la deficiente t\u00e9cnica legislativa de la regulaci\u00f3n de los derechos de los concejales no adscritos.<\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]\n La STS 1401\/2020, de 26 de octubre<\/strong><\/p>\n Para tenerlos a la vista, conviene en primer lugar exponer brevemente los hechos que se resuelven en esta sentencia. Tras las elecciones de 2015, en Font de Figueras el PP obtuvo 5 concejales; Comprom\u00eds, 3; el PSPV-PSOE, 2; y Ciudadanos, 1. Dado que el candidato de Comprom\u00eds fue elegido alcalde, no qued\u00f3 duda de que la concejal de Ciudadanos hab\u00eda votado a favor de \u00e9ste en la sesi\u00f3n constitutiva, y no a la candidata del PP.<\/p>\n Unos d\u00edas despu\u00e9s, la concejal de Ciudadanos comunic\u00f3 al Ayuntamiento su salida del partido y su solicitud de pase a concejal no adscrito. Posteriormente, fue nombrada Primer Teniente de Alcalde, concejala delegada del \u00e1rea de Promoci\u00f3n Econ\u00f3mica y Turismo, Sanidad y Tr\u00e1nsito, miembro de tres comisiones informativas y de la Junta de Gobierno Local y representante del Ayuntamiento en varios organismos. Varios de estos nombramientos conllevaron tambi\u00e9n un aumento de sus retribuciones o dietas. Todos estos nombramientos fueron impugnados por la candidata fallida del PP.<\/p>\n Poco despu\u00e9s de estos nombramientos, Ciudadanos comunic\u00f3 al Ayuntamiento la expulsi\u00f3n de la concejal (ya tr\u00e1nsfuga) por haber incumplido las instrucciones expresas<\/em> del partido y su disciplina de voto<\/em>.<\/p>\n En lo sustancial, tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo como el Tribunal Superior de Justicia estimaron la impugnaci\u00f3n y anularon los acuerdos. Contra la sentencia de este \u00faltimo se interpone el recurso de casaci\u00f3n resuelto en la STS que nos ocupa.<\/p>\n El Tribunal Supremo parte de la jurisprudencia constitucional y recuerda que los \u00fanicos derechos que no pueden ser negados al concejal no adscrito son aquellos que componen el n\u00facleo de la funci\u00f3n representativa<\/em> del concejal (FJ 4.5). De este modo, el l\u00edmite al art. 73.3 LBRL (que regula los derechos de los concejales no adscritos) se encuentra directamente en el art. 23.2 CE. Para fijar este n\u00facleo esencial acude a la LBRL y al ROF y concluye que \u00e9ste se concreta en la participaci\u00f3n y voto en los plenos, la funci\u00f3n de control pol\u00edtico, la formulaci\u00f3n de preguntas, ruegos, mociones, enmiendas y votos particulares, el ejercicio del derecho de informaci\u00f3n y el uso de los honores y tratamientos que correspondan.<\/p>\n Desde esta perspectiva, concluye que los nombramientos discrecionales o por delegaci\u00f3n que se han efectuado en este caso est\u00e1n prohibidos conforme al art. 73.3 p\u00e1rrafo 3\u00ba LBRL. Los \u00fanicos derechos que corresponden al concejal no adscrito son los consustanciales a su condici\u00f3n, que por ello son indisponibles por la LBRL.<\/p>\n Como doctrina casacional fija que el pase a concejal no adscrito (por tr\u00e1nsfuga) impide que asuma cargos o perciba retribuciones que antes no ejerc\u00eda o que impliquen mejoras<\/em> personales, pol\u00edticas o econ\u00f3micas, con excepci\u00f3n de la incorporaci\u00f3n a comisiones informativas.<\/p>\n Por ello, desestima el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la concejal afectada.<\/p>\n El Acuerdo y sus adendas<\/strong><\/p>\n Sint\u00e9ticamente, el Acuerdo de 1998 vino a tratar de atajar el problema del transfuguismo en el seno de los gobiernos locales, un fen\u00f3meno cuya relevancia cuantitativa supuso un motivo de preocupaci\u00f3n para los partidos pol\u00edticos. Dado que se trata de una cuesti\u00f3n que les afecta a todos, en mayor o menor medida, los partidos convinieron ciertas pautas pol\u00edticas<\/em> de actuaci\u00f3n que, a su vez, podr\u00edan verse reflejadas en el Derecho positivo. Hasta hace poco, el Acuerdo se refer\u00eda s\u00f3lo al nivel local de gobierno, sin perjuicio de que sus directrices pudieran ser trasladadas a otros niveles. Desde 2020, sin embargo, el \u00e1mbito del Acuerdo se ampl\u00eda tambi\u00e9n al auton\u00f3mico y al estatal.<\/p>\n Como consecuencia, se acord\u00f3 una definici\u00f3n de tr\u00e1nsfuga a nivel pol\u00edtico (primero en 2006 y modificada en 2020). Los elementos comunes de esta definici\u00f3n son varios. El decisivo es que el concejal tr\u00e1nsfuga pacta con otros grupos pol\u00edticos<\/em> para cambiar o mantener las mayor\u00edas de gobierno. Esto sucede porque el tr\u00e1nsfuga traiciona a sus compa\u00f1eros de lista o al partido (o coalici\u00f3n o agrupaci\u00f3n de electores), porque ha sido expulsado de \u00e9ste o porque se aleja del criterio fijado por el \u00f3rgano competente del partido. Para el caso que nos ocupa, no plantea dudas el hecho de que la concejal de Ciudadanos entra dentro de esta definici\u00f3n.<\/p>\n Las sucesivas versiones del Acuerdo prev\u00e9n varias consecuencias<\/em> en casos de transfuguismo. En general, se niega al tr\u00e1nsfuga cualquier derecho que podr\u00eda haberle correspondido como miembro del grupo pol\u00edtico de procedencia, as\u00ed como cualquier derecho que corresponda al grupo pol\u00edtico en su conjunto (como la asignaci\u00f3n de medios econ\u00f3micos). As\u00ed, por ejemplo, no podr\u00e1n formar parte de la Junta de Portavoces, ni su paso a no adscrito podr\u00e1 comportar un nuevo reparto de los miembros de las comisiones informativas. Tambi\u00e9n se acuerda que el resto de los grupos pol\u00edticos no acoger\u00e1n ni apoyar\u00e1n las iniciativas de los concejales no adscritos. Se trata, en definitiva, de aislar al tr\u00e1nsfuga.<\/p>\n El art. 73.3 LBRL <\/strong><\/p>\n Estas medidas, por supuesto, deben ser ejecutadas por cada partido a trav\u00e9s de sus estatutos y procedimientos internos. El Acuerdo no tiene en modo alguno car\u00e1cter normativo<\/em>. Precisamente por ello, el art. 73 LBRL se modific\u00f3 en dos ocasiones tras la firma del Acuerdo (as\u00ed como algunas normas auton\u00f3micas). Ahora recoge expresamente la figura de los concejales no adscritos (que no se integran o abandonan el grupo de la formaci\u00f3n por la que fueron elegidos). Y, en lo que aqu\u00ed interesa, establece en su p\u00e1rrafo 3\u00ba lo siguiente:<\/p>\n \u201cLos derechos econ\u00f3micos y pol\u00edticos de los miembros no adscritos no podr\u00e1n ser superiores<\/em> a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo<\/em> de procedencia, y se ejercer\u00e1n en la forma que determine el reglamento org\u00e1nico de cada corporaci\u00f3n\u201d (cursiva m\u00eda).<\/p>\n En apariencia, este precepto tiene un alcance limitado<\/em>. Por un lado, en cuanto a los casos a los que se refiere, porque presupone que el concejal no adscrito pertenec\u00eda a un grupo que ha abandonado. Si un concejal nunca se integr\u00f3 en un grupo, \u00bfes de aplicaci\u00f3n este p\u00e1rrafo? No est\u00e1 claro. En segundo lugar, la limitaci\u00f3n de los derechos de los no adscritos se hace por referencia a los que habr\u00edan disfrutado de permanecer en su grupo original. Esto presenta dos problemas. Uno es que a veces es algo imponderable saber qu\u00e9 derechos habr\u00eda tenido, especialmente en casos en los que el grupo del que se sale habr\u00eda gobernado. El otro problema es que, si ya se disfrutaba de derechos pol\u00edticos y econ\u00f3micos antes de la salida del grupo, no parecer\u00eda un problema que se le atribuyeran esos mismos derechos, siempre que no sean superiores.<\/p>\n Por lo dem\u00e1s, hay que fijar un poco m\u00e1s concretamente qu\u00e9 son esos \u201cderechos pol\u00edticos y econ\u00f3micos\u201d. Est\u00e1 claro que no pueden atribu\u00edrsele los que corresponden directamente a los grupos (art. 73.3 p\u00e1rrafo 2\u00ba LBRL). La duda se presenta con los nombramientos<\/em> efectuados por el alcalde, ya sea para formar parte de \u00f3rganos o como delegado en alguna \u00e1rea de gobierno.<\/p>\n Algunos problemas en la STS 1401\/2020<\/strong><\/p>\n Pues bien, vista la normativa aplicable, existen algunos problemas de aplicaci\u00f3n del art. 73.3 p\u00e1rrafo 3\u00ba LBRL al caso resuelto en la STS.<\/p>\n En primer lugar, como se ha indicado, no es posible saber (al menos tras la lectura de la STS) qu\u00e9 derechos habr\u00edan correspondido a la concejal tr\u00e1nsfuga, de haber permanecido en su grupo. \u00bfHabr\u00eda formado parte del gobierno municipal? \u00bfHabr\u00eda sido representante del Ayuntamiento en alg\u00fan organismo? No se sabe. Quiz\u00e1 por ello el TS directamente niega que la concejal pueda ostentar cualquiera de estos cargos, porque \u00e9stos no forman parte del n\u00facleo de la funci\u00f3n representativa. Pero aqu\u00ed el TS hace un giro extra\u00f1o en la argumentaci\u00f3n. El art. 73.3 LBRL no dice que no se podr\u00e1 ostentar ning\u00fan cargo. Es m\u00e1s, dice que s\u00ed se podr\u00e1n ostentar, pues el l\u00edmite que se impone es que los derechos pol\u00edticos y econ\u00f3micos no sean superiores<\/em>. Pero s\u00ed podr\u00edan ser iguales. Por ello, parecer\u00eda inevitable investigar cu\u00e1les habr\u00edan podido ser \u00e9stos. Y, en caso de que no sea posible identificarlos, parece tambi\u00e9n incorrecto igualar falta de identificaci\u00f3n de esos derechos con que esos derechos habr\u00edan sido los de un concejal \u201craso\u201d.<\/p>\n Este hilo argumentativo bebe, como declara la propia STS, de la doctrina constitucional en relaci\u00f3n con el art. 73.3 LBRL (fundamentalmente, SSTC 9\/2012, 30\/2012 y 246\/2012). El TC ha venido afirmando la constitucionalidad del art. 73.3 LBRL porque la privaci\u00f3n de los derechos a los que se refiere no afecta al n\u00facleo del derecho del art. 23.2 CE. Es decir, ese n\u00facleo no comprende el nombramiento<\/em> para cargos relacionados con el gobierno y la administraci\u00f3n del municipio (STC 9\/2012, FJ 4). Desde esa perspectiva, no existe objeci\u00f3n constitucional a que los concejales no adscritos no puedan disfrutar de los derechos que s\u00ed corresponden a los que se integran en los grupos pol\u00edticos municipales.<\/p>\n Podr\u00eda cuestionarse si el ejercicio de responsabilidades de gobierno municipal no forma parte del contenido del 23.2 CE, aunque fuera contenido \u201cno esencial\u201d y, por tanto, indisponible para el legislador (con las consecuencias que ello tendr\u00eda). Podr\u00eda incluso preguntarse si la elecci\u00f3n del alcalde tiene que ser parte del contenido esencial de la funci\u00f3n representativa del concejal.<\/p>\n Pero, m\u00e1s all\u00e1 de esto, tambi\u00e9n hay que destacar un peque\u00f1o detalle. Tanto la jurisprudencia constitucional citada como la doctrina del TS se construyen sobre supuestos en los que suele haber un cambio de gobierno mediante moci\u00f3n de censura. Es decir, la legislatura ya ha comenzado y, en alg\u00fan momento posterior al inicio, se produce el caso de transfuguismo. Pero, en la STS que aqu\u00ed se comenta, la legislatura a\u00fan no hab\u00eda comenzado. Ni siquiera hab\u00eda alcalde<\/em>. El voto d\u00edscolo se produce en la misma sesi\u00f3n constitutiva, a la hora de elegir alcalde.<\/p>\n Esto presenta, a su vez, otro problema, que se refiere a la posibilidad<\/em> de haber disfrutado de derechos pol\u00edticos y econ\u00f3micos con anterioridad a la fuga. En el momento en que aqu\u00ed se produjo, todos los concejales ten\u00edan los mismos derechos, que son los inherentes al cargo. Es m\u00e1s: \u00bfhab\u00eda grupos pol\u00edticos? Si no hay grupos pol\u00edticos en el momento de la fuga, \u00bfpuede hacerse a\u00fan el ejercicio de suposici\u00f3n sobre los derechos que le habr\u00edan correspondido al tr\u00e1nsfuga, de permanecer en un grupo que todav\u00eda no se ha constituido? Probablemente s\u00ed, pero es otro problema interpretativo que surge.<\/p>\n Deficiente t\u00e9cnica legislativa del art. 73.3 p\u00e1rrafo 3\u00ba LBRL<\/strong><\/p>\n Para no alargar innecesariamente esta entrada, no se va aqu\u00ed a hacer m\u00e1s hincapi\u00e9 en estos y otros problemas que presenta el estatuto del concejal no adscrito. El ejemplo que nos da la STS 1401\/2020 y las dudas interpretativas que se han expuesto en relaci\u00f3n con el art. 73.3 p\u00e1rrafo 3\u00ba LBRL son, en s\u00ed, manifestaciones de una t\u00e9cnica legislativa que no ha tenido su mejor obra en este precepto.<\/p>\n Podr\u00eda ser interesante indagar m\u00e1s a fondo en la historia del precepto y comprobar c\u00f3mo fue su tramitaci\u00f3n parlamentaria. Quiz\u00e1 ello arrojar\u00eda algo de luz sobre algunas de las cuestiones que surgen al leer el tenor literal del art\u00edculo. Aun as\u00ed, hay aspectos que s\u00ed parecen debidos a una redacci\u00f3n apresurada. Sin ir m\u00e1s lejos, el caso de los concejales que nunca se adscriban a un grupo. \u00bfEs un olvido del legislador o una exclusi\u00f3n consciente? Desde luego, parece un olvido, pero entonces se hace a\u00fan m\u00e1s complicado comparar entre los derechos que el tr\u00e1nsfuga tiene antes y despu\u00e9s de la fuga.<\/p>\n En cierta medida, existe una descoordinaci\u00f3n entre lo que el precepto parece querer y lo que realmente dispone. La lectura del Acuerdo contra el transfuguismo y sus adendas deja claro, en este sentido, que hay dos preocupaciones. La primera es que los concejales no adscritos no reciban, cada uno de ellos, el mismo tratamiento econ\u00f3mico que los grupos pol\u00edticos (tal es la raz\u00f3n del p\u00e1rrafo 2\u00ba del art. 73.3 LBRL). La segunda preocupaci\u00f3n es que los tr\u00e1nsfugas no accedan a ning\u00fan cargo o retribuci\u00f3n por raz\u00f3n de su cambio de bando. Pues bien, si \u00e9ste era el objetivo, \u00bfpor qu\u00e9 no haberlo dispuesto as\u00ed en el p\u00e1rrafo 3\u00ba? La referencia al grupo de procedencia distorsiona completamente el resultado.<\/p>\n Esto, adem\u00e1s, lleva a que los tribunales (incluso el TC, probablemente) hayan interpretado el art. 73.3 p\u00e1rrafo 3\u00ba LBRL de forma poco fiel a su tenor literal pero a la vista del Acuerdo, precisamente debido a que la redacci\u00f3n del precepto no se ajusta al fin pretendido por el legislador.<\/p>\n Queda esperar que el legislador, especialmente tras la \u00faltima adenda al Acuerdo en 2020, tome conciencia de estas disfunciones y concrete mejor el estatuto del concejal no adscrito. Aunque los fen\u00f3menos de transfuguismo no son en absoluto deseables, parece que no dejan de estar de moda.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n [1]<\/a> Acuerdo de 7 de julio de 1998, por el que se acuerda un c\u00f3digo de conducta pol\u00edtica sobre el transfuguismo.<\/p>\n [2]<\/a> Renovaci\u00f3n del Acuerdo sobre un c\u00f3digo de conducta en relaci\u00f3n con el \u201ctransfuguismo\u201d en las corporaciones locales (26 de septiembre de 2000).<\/p>\n [3]<\/a> Acuerdo sobre un c\u00f3digo de conducta pol\u00edtica en relaci\u00f3n con el transfuguismo en las corporaciones locales (II adenda) (23 de mayo de 2006).<\/p>\n [4]<\/a> Pacto por la estabilidad institucional. Acuerdo sobre un c\u00f3digo de conducta pol\u00edtica en relaci\u00f3n con el transfuguismo en las instituciones democr\u00e1ticas (III adenda) (11 de noviembre de 2020).<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default”… Seguir Leyendo Derechos de los concejales tr\u00e1nsfugas y t\u00e9cnica legislativa mejorable. 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