{"id":6818,"date":"2021-09-15T12:00:54","date_gmt":"2021-09-15T10:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=6818"},"modified":"2021-09-14T11:16:53","modified_gmt":"2021-09-14T09:16:53","slug":"tiene-fecha-de-caducidad-la-temporalidad-en-la-administracion-ii-la-insuficiente-respuesta-del-legislador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/tiene-fecha-de-caducidad-la-temporalidad-en-la-administracion-ii-la-insuficiente-respuesta-del-legislador\/","title":{"rendered":"\u00bfTiene fecha de caducidad la temporalidad en la Administraci\u00f3n? (II): La insuficiente respuesta del legislador"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]\n

\"\"Como se se\u00f1al\u00f3 en la entrada anterior (ver aqu\u00ed<\/a>), la jurisprudencia matizada del TJUE y la consiguiente adaptaci\u00f3n de la del Tribunal Supremo, a trav\u00e9s de la sentencia de 28 de junio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2454<\/a>), ha motivado que el Gobierno haya aprobado el Real Decreto-ley 14\/2021, de 6 de julio<\/a>, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la Administraci\u00f3n, que recoge parciamente algunas de las medidas acordadas entre Gobierno y sindicatos en el \u201cAcuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones P\u00fablicas\u201d, comentado por el profesor Mor\u00f3n Prieto<\/a>. Cualquier medida que trate de paliar y reducir la temporalidad injustificada<\/strong>, sin duda, debe ser bien recibida<\/strong>. En este caso, adem\u00e1s, debe celebrarse que el legislador haya acertado con el diagn\u00f3stico de algunos de los elementos que dificultan la gesti\u00f3n de los recursos humanos p\u00fablicos como, por ejemplo, los procesos selectivos excesivamente largos y dilatados o la ausencia de una pr\u00e1ctica asentada de convocatorias peri\u00f3dicas y sistem\u00e1ticas de plazas, preferentemente de car\u00e1cter anual. Sin embargo,<\/strong> las medidas dise\u00f1adas son incoherentes, parciales y poco cre\u00edbles<\/strong>.<\/p>\n

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Son incoherentes, en primer lugar, porque en una norma que pretende reducir la temporalidad se ha ampliado en tres meses la duraci\u00f3n m\u00e1xima de los nombramientos del personal funcionario por exceso o acumulaci\u00f3n de tareas. Se ha pasado, as\u00ed, de los 6 meses en un periodo de referencia de 12, como el r\u00e9gimen previsto en el ET, a un plazo m\u00e1ximo de 9 meses en un periodo de referencia de 12. En segundo lugar, si las normas pretenden dar una respuesta urgente \u2013recordemos que se han aprobado mediante Real Decreto-ley\u2013 sorprende que los efectos de la medida estrella, la limitaci\u00f3n de los contratos de interinidad por vacante a un periodo m\u00e1ximo de 3 a\u00f1os, solo tenga eficacia para los nombramientos suscritos a partir de la entrada en vigor de la norma (DT2\u00aa RDL 14\/2021). Es decir, que hasta el 8 de julio de 2024 no veremos los primeros efectos de esta medida inaplazable. Es cierto que dicha limitaci\u00f3n temporal ya estaba incluida en el acuerdo suscrito entre los sindicatos \u2013CCOO, UGT y CSIF\u2013 y el Gobierno.<\/p>\n

Las medidas son adem\u00e1s parciales porque se centran en la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen del personal funcionario. El Real Decreto-ley modifica solo el EBEP<\/a>, de forma se\u00f1alada su art\u00edculo 10, sobre los funcionarios interinos, sin facilitar una soluci\u00f3n adecuada para corregir la temporalidad laboral en las Administraciones, que en esta materia se rige por lo dispuesto en el ET. Ciertamente, habr\u00eda sido m\u00e1s conveniente que la reforma de la temporalidad en la Administraci\u00f3n se acometiera de forma simult\u00e1nea tanto en su vertiente funcionarial como laboral. Asimismo, aunque se identifica de forma acertada que las Administraciones tienen dificultades para desarrollar de forma \u00e1gil sus procesos de selecci\u00f3n, la respuesta contenida en el Real Decreto-ley es claramente exigua. Se limita a recoger un claro brindis al sol<\/em> llamando a que las \u201cAdministraciones P\u00fablicas deber\u00e1n asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecuci\u00f3n de los procesos de estabilizaci\u00f3n mediante la adopci\u00f3n de medidas apropiadas para un desarrollo \u00e1gil de los procesos selectivos, tales como la reducci\u00f3n de plazos, la digitalizaci\u00f3n de procesos o la acumulaci\u00f3n de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras\u201d. Sin indicar c\u00f3mo ser\u00e1 posible reducir dichos plazos sin facilitar los correspondientes medios econ\u00f3micos y t\u00e9cnicos, sobre todo a los mermados departamentos de recursos humanos de los entes locales.<\/p>\n

Tambi\u00e9n es poco ambicioso el r\u00e9gimen indemnizatorio previsto en la norma. Es muy positivo la fijaci\u00f3n de una indemnizaci\u00f3n unificada \u2013para personal funcionario y laboral\u2013 en el caso de que se superen los plazos m\u00e1ximos de permanencia, lo que contribuir\u00e1 a buen seguro a penalizar la duraci\u00f3n injustificada de v\u00ednculos temporales. Sin embargo, se pueden plantear tres objeciones. En primer lugar, se limita a seguir excluyendo de indemnizaci\u00f3n la extinci\u00f3n de los nombramientos de los funcionarios interinos en todos los supuestos salvo cuando se supere el periodo m\u00e1ximo de duraci\u00f3n de los 3 a\u00f1os de duraci\u00f3n. En segundo lugar, como se ha se\u00f1alado, cuando se sobrepasen los l\u00edmites temporales previstos se contempla una indemnizaci\u00f3n de 20 d\u00edas por a\u00f1o de servicio, con un m\u00e1ximo de 12 mensualidades, pero dicha indemnizaci\u00f3n se limita solo al nombramiento\/contrato \u201cdel que traiga causa el incumplimiento\u201d. Lo que parece indicar que solo se tendr\u00e1 en cuenta la antig\u00fcedad del nombramiento\/contrato vigente en el momento, pero se prescindir\u00e1 de los periodos desarrollados a trav\u00e9s de otros. Finalmente, de nuevo, se pospone la aplicaci\u00f3n de este r\u00e9gimen indemnizatorio hasta dentro de 3 a\u00f1os, pues solo se aplicar\u00e1 a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor de la norma (DT2\u00aa RDL 14\/2021). Aunque quiz\u00e1s este \u00faltimo aspecto quede paliado, al menos parcialmente, con la previsi\u00f3n de otorgar una indemnizaci\u00f3n de similar cuant\u00eda al personal temporal de la Administraci\u00f3n que concurra y no supere el proceso de estabilizaci\u00f3n previsto en el Real Decreto-ley (art. 2.6 RDL 14\/2021).<\/p>\n

En tercer lugar, son poco cre\u00edbles porque incorporan dos medidas que ya han estado en vigor en nuestro ordenamiento con mayor o menor extensi\u00f3n y no han reportado los \u00e9xitos esperados. En primer lugar, la norma contiene el en\u00e9simo proceso de estabilizaci\u00f3n, cuando todav\u00eda no ha terminado el anterior y, desde luego, sin que se hayan notado efectos significativos en la reducci\u00f3n de la temporalidad. En segundo lugar, lugar se incorpora un r\u00e9gimen de responsabilidades aplicable a los gestores de recursos humanos que no podr\u00e1 ser aplicado. Por una parte, porque no se tipifican ni las infracciones ni las sanciones y, por otra, porque se declara nulo de pleno derecho todo acto en contra del cumplimiento de los plazos m\u00e1ximos de permanencia recogidos en la medida, olvidando que precisamente el problema de nuestra Administraci\u00f3n en la gesti\u00f3n de la temporalidad en los recursos humanos es de inacci\u00f3n, no de acci\u00f3n.<\/p>\n

En definitiva, la redacci\u00f3n del Real Decreto-ley supone un avance en la resoluci\u00f3n de la temporalidad injustificada en nuestras Administraciones, pero no termina de plantear soluciones reales a los problemas pr\u00e1cticos que la gesti\u00f3n cotidiana de los recursos humanos p\u00fablicos tiene en nuestro ordenamiento. Quiz\u00e1s la objeci\u00f3n m\u00e1s significativa sea que la norma aprobada est\u00e1 centrada en el personal funcionario. Habr\u00eda sido m\u00e1s acertado acometer una reforma integral de la temporalidad \u2013funcionarial y laboral\u2013 en la Administraci\u00f3n. Asimismo, debe se\u00f1alarse que algunas medidas son acertadas y, sin duda, contribuir\u00e1n a reducir la temporalidad. No obstante, su entrada en vigor pospuesta en el tiempo de forma no justificada, aunque acordada con las centrales sindicales, no parece que pueda lograr dicho objetivo a corto o medio plazo. En conclusi\u00f3n, la norma plantea algunas soluciones interesantes y nuevos interrogantes que quiz\u00e1s contribuir\u00e1n a generar nuevas dificultades en la gesti\u00f3n de las plantillas p\u00fablicas.<\/p>\n

Luis Gordo Gonz\u00e1lez<\/em><\/a><\/p>\n

Profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social<\/em><\/p>\n

Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/em><\/p>\n

*Entrada publicada el 19 de julio de 2021 en el Foro de Labos.<\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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