![\"Fachada](\"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/IMG_B1_19_04_03-300x225.jpg\")
<\/p>\nEl Tribunal Supremo ha zanjado definitivamente la pol\u00e9mica en torno a la ejecuci\u00f3n de las decisiones judiciales que declararon la nulidad del Decreto 55\/2007, de 10 de abril, por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Inter\u00e9s Regional promovido por Marina Isla de Valdeca\u00f1as, S.A. La Sentencia de 9 de febrero de 2022<\/a> (ECLI:ES:TS:2022:481), en una prolija y premiosa decisi\u00f3n de 66 folios, casa la previa decisi\u00f3n de la Sala de Extremadura en el incidente de ejecuci\u00f3n -Autos de 30 de junio de 2020<\/a> y 21 de septiembre de 2020<\/a>) y, corrigiendo la postura del Tribunal Superior de Justicia que buscaba un equilibrio que evitase cuantiosas indemnizaciones mediante la apreciaci\u00f3n de una inejecuci\u00f3n parcial, ordena la demolici\u00f3n de las edificaciones ya ejecutadas (un hotel de 4 estrellas, 180 viviendas unifamiliares, campo de golf , un club n\u00e1utico, una playa artificial y otras instaciones). Tras la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de la Ley 9\/2011, de 29 de marzo, de modificaci\u00f3n de la Ley 15\/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenaci\u00f3n Territorial de Extremadura por la Sentencia del Tribunal Constitucional 134\/2019 (de la que me ocupe en una entrada anterior del blog – El desarrollo urban\u00edstico de los municipios cuyo territorio se encuentra incluido en la Red Natura 2000 en entredicho. A prop\u00f3sito de la STC 134\/2019<\/a>-), se cierra ahora el c\u00edrculo sobre la relaci\u00f3n entre desarrollo urban\u00edstico y protecci\u00f3n de los espacios de la Red Natura 2000, ineludiblemente decantada hacia la preservaci\u00f3n de estos espacios. Debe recordarse que el Tribunal Constitucional hab\u00eda afirmado que cualquier actuaci\u00f3n de nueva urbanizaci\u00f3n que se establezca por un instrumento de planeamiento urban\u00edstico sobre suelos incorporados en la Red Natura 2000 s\u00f3lo puede producirse si (i) el suelo ha cambiado sus caracter\u00edsticas naturales de forma significativa como consecuencia de la evoluci\u00f3n natural del espacio; y (ii) existen estudios cient\u00edficos que demuestren la realidad de la evoluci\u00f3n natural del espacio, que no puede derivar de actuaciones humanas directamente dirigidas a transformar el suelo. Circunstancia que debe ser validada, en el plano formal (procedimental) por la Comisi\u00f3n Europea.<\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overflow=”visible” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_spacing=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” column_position=”default” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” animation_type=”default” bg_image_animation=”none” border_type=”simple” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n La decisi\u00f3n del Tribunal Supremo adopta como punto de partida la cuesti\u00f3n que presenta int\u00e9res casacional objetivo, fijada por Auto de 6 de mayo de 2021<\/a>, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abSi cabe apreciar imposibilidad material de ejecuci\u00f3n de una sentencia \u2013respecto de todo lo que ya ha sido construido- cuando, en otro caso, se ver\u00edan seriamente afectados intereses de car\u00e1cter socioecon\u00f3mico o de otra \u00edndole, siempre que quede debidamente garantizada la integridad ambiental\u00bb. Tras recoger tanto los argumentos adoptados por las partes (Fundamento de Derecho 2\u00ba, p\u00e1gs. 21 a 38), como la argumentaci\u00f3n de los los Autos del Tribunal Superior de Justicia (Fundamento de Derecho 3\u00ba, p\u00e1gs. 38 a 46, que ya hab\u00eda expuesta en el Fundamento de Derecho 1\u00ba, p\u00e1gs. 8 a 21), el Tribunal Supremo completa su interpretaci\u00f3n del art. 105.2 LJCA como norma de control de la actuaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n Para ello, recuerda en primer lugar su consolidada doctrina sobre la inejecuci\u00f3n del art. 105.2 LJCA (Fundamento de Derecho 4\u00ba, p\u00e1gs. 46 a 50) por lo que refiere a la figura de la inejecuci\u00f3n material. Constata que lo que constituye una causa de imposibilidad material no est\u00e1 definido en el art. 105 LJCA. Su alcance ha sido concretado, de forma restrictiva para preservar la tutela del derecho fundamental a la ejecuci\u00f3n del fallo en sus propios t\u00e9rminos, desde una perspectiva caus\u00edstica por el Tribunal Supremo. Y esa concreci\u00f3n se ha verificado en \u00faltima instancia proyectando un an\u00e1lisis ponderativo de los intereses en presencia. Los diversos y previos pronunciamientos ya han precisado como norma de precedencia condicionada que ni los altos costes derivados de la necesidad de demoler lo ilegalmente construido, ni la complejidad de esa operaci\u00f3n suponen una imposibilidad material de ejecutar el fallo. En definitiva, la simple transformaci\u00f3n f\u00edsica del suelo no se equipara a la imposibilidad material. Como axioma se afirma que la imposibilidad debe entenderse en el sentido m\u00e1s restrictivo y estricto, y en t\u00e9rminos de imposibilidad absoluta; esto es, absoluta imposibilidad f\u00edsica.<\/p>\n Tras ello, el Tribunal Supremo encara la fundamentaci\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. \u00c9ste hab\u00eda concluido la imposibilidad material parcial respecto de lo ya construido al considerar, sint\u00e9ticamente, (i) que no se hab\u00eda producido un impacto negativo sobre el medioambiente, m\u00e1xime cuando se hab\u00edan adoptado medidas para proteger y garantizar debidamente el medioambiente, donde el proceso de eutrofizaci\u00f3n del embalse -contaminaci\u00f3n por exceso de nutrientes, fundamentalmente nitr\u00f3geno y f\u00f3sforo- no deriva de la urbanizaci\u00f3n del \u00e1mbito, y no existe una acreditaci\u00f3n de los da\u00f1os directos a las aves acu\u00e1ticas; (ii) se producir\u00eda un grave perjuicio econ\u00f3mico y social en una comarca en riesgo de despoblaci\u00f3n; (v), el desequilibrio econ\u00f3mico que puede suponer para las arcas auton\u00f3micas las indemnizaciones derivadas de la anulaci\u00f3n; y (vi) el largo lapso transcurrido desde la implantaci\u00f3n de la urbanizaci\u00f3n.<\/p>\n Partiendo de la doctrina fijada por la STC 134\/2019, el Tribunal Supremo rechaza los diferentes motivos aducidos por la Sala de instancia. En primer lugar, la culminaci\u00f3n de una actuaci\u00f3n de transformaci\u00f3n urban\u00edstica no preserva sino que cambia el destino del suelo objeto de la urbanizaci\u00f3n. En la medida en que la ejecuci\u00f3n de las obras de urbanizaci\u00f3n implica siempre una grave alteraci\u00f3n y supone una reducci\u00f3n de facto de la superficie protegida del espacio de la Red Natura 2000 no puede considerarse que no tenga ning\u00fan impacto sobre el medio ambiente. Aqu\u00ed no se verifica ninguna ponderaci\u00f3n. Simplemente se constata la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de la Sala de intancia.<\/p>\n Del art\u00edculo 5 de la Ley 42\/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se infiere no solo la prevalencia del planeamiento medioambiental sobre el urban\u00edstico, como reflejo de la preponderancia de los valores medioambientales sobre los de mera ordenaci\u00f3n del territorio , sino el que el planeamiento urban\u00edstico ha de adaptarse a lo establecido en el planeamiento medioambiental. La inacci\u00f3n administrativa en tal adaptaci\u00f3n de un instrumento de planificaci\u00f3n urban\u00edstica no determina la desprotecci\u00f3n de los \u00e1mbitos incluidos en el instrumento de ordenaci\u00f3n para la protecci\u00f3n de los recursos naturales. Aqu\u00ed debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 21.2.a) del Real Decreto Legislativo 7\/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido Ley de Suelo y Rehabilitaci\u00f3n Urbana, determina el car\u00e1cter reglado del suelo en situaci\u00f3n b\u00e1sica de rural que deba quedar excluido de su transformaci\u00f3n por determinaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n de la naturaleza, as\u00ed como los que deban quedar sujetos a tal protecci\u00f3n conforme a la ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica por sus valores, ecol\u00f3gicos, forestales, y paisaj\u00edsticos. Car\u00e1cter reglado que debe predicarse del suelo no urbanizable de especial protecci\u00f3n. Ello no es \u00f3bice para que en los espacios naturales tambi\u00e9n pueden existir suelos clasificados como urbanos, cuando sobre los mismos se erige un n\u00facleo preexistente integrado en la delimitaci\u00f3n del parque. Pero no cabe alterar la clasificaci\u00f3n de los suelos que tengan la condici\u00f3n de suelo no urbanizable de especial protecci\u00f3n. El elemento clave es la concurrencia de una debida justificaci\u00f3n espec\u00edfica de la alteraci\u00f3n de la clasificaci\u00f3n de los suelos no urbanizables de especial protecci\u00f3n a suelos urbanizables o urbanos sobre la base del principio de no regresi\u00f3n . Al respecto no basta una motivaci\u00f3n meramente formal o sem\u00e1ntica, siendo necesario una motivaci\u00f3n material referida a la realidad de la ausencia de valores ambientales . Y ello porque la declaraci\u00f3n de un espacio como protegido no supone otra cosa que la constataci\u00f3n y reconocimiento de una realidad f\u00edsica. S\u00f3lo una posterior alteraci\u00f3n de la realidad f\u00edsica suficientemente constatada permite la reclasificaci\u00f3n. En caso contrario, el principio de no regresi\u00f3n excluye alterar la clasificaci\u00f3n del suelo no urbanizable de especial protecci\u00f3n. Consecuentemente, la interpretaci\u00f3n finalista del fallo no permite eludir su cumplimiento sobre la base de que las construcciones ya ejecutadas dentro del \u00e1mbito protegido no suponen una afecci\u00f3n a los valores ambientales. Si los terrenos sobre los que se ubic\u00f3 tal urbanizaci\u00f3n materialmente reun\u00edan los valores ambientales protegidos, el principio de no regresi\u00f3n exige su demolici\u00f3n. El r\u00e9gimen de protecci\u00f3n apropiada aplicable a los lugares que conforman un espacio protegido o incluido en la Red Natura 2000 exige que no se autoricen intervenciones que puedan alterar significativamente las caracter\u00edsticas ecol\u00f3gicas de tales lugares. Alteraci\u00f3n que ocurre cuando una intervenci\u00f3n conlleva el riesgo de reducir de forma significativa la superficie de un lugar, o de provocar la desaparici\u00f3n de especies prioritarias que est\u00e9n presentes en \u00e9l, o, por \u00faltimo, de tener como resultado la destrucci\u00f3n de dicho lugar o la eliminaci\u00f3n de sus caracter\u00edsticas representativas.<\/p>\n Respecto del perjuicio econ\u00f3mico y social para una comarca en una clara situaci\u00f3n de riesgo de despoblaci\u00f3n, s\u00ed se efect\u00faa un juicio ponderativo. Debe tenerse en cuenta que el municipio de El Gordo tiene en 2021 una poblaci\u00f3n de 382 habitentes -manteni\u00e9ndose con ligeras fluctuaciones desde los a\u00f1os 80, tras la gran p\u00e9rdida de poblaci\u00f3n en los a\u00f1os 50 y 60 del siglo pasado -, mientras que el Berrocalejo tiene en 2021 una poblaci\u00f3n de 102 habitentes \u2013 con un declive sostenido desde esas fechas-. La ejecuci\u00f3n de la urbanizaci\u00f3n ha generado importantes impuestos municipales que se han traducido en nuevas dotaciones p\u00fablicas, a la vez que ha permitido un relativo aumento de los puestos de trabajo. En la atribuci\u00f3n de peso a los distintos intereses, el Tribunal Supremo considera que la fijaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n al territorio como consecuencia del aumento de la actividad tur\u00edstica y la limitada generaci\u00f3n de empleo no presenta una gran dimensi\u00f3n frente a la protecci\u00f3n de la legalidad urban\u00edstica y territorial y la protecci\u00f3n del medio ambiente, valores que se encuentran \u00ednsitos en el fallo y el derecho de los recurrentes a su ejecuci\u00f3n en sus propios t\u00e9rminos.<\/p>\n Finalmente, respecto de los posibles perjuicios para la hacienda auton\u00f3mica derivados de las acciones de responsabilidad patrimonial a los que deber\u00eda hacer frente la Comunidad Aut\u00f3noma (cifrados en unos 140 millones de euros: 110 millones de indemnizaci\u00f3n a los propietarios, y 30 millones en costes de demolici\u00f3n y reposici\u00f3n, sin que se incorpore el valor del hotel, a\u00fan no cuantificado), el Tribunal Supremo remite a la posiblidad de considerar ampliable el presupuesto y establecer formas de ejecuci\u00f3n por parte del \u00f3rgano jurisdiccional, sin que ello pueda considerarse una causa de imposibilidad material.<\/p>\n Consecuentemente, el Tribunal Supremo concluye como respuesta a la cuesti\u00f3n que presenta inter\u00e9s casacional objetivo que \u00abno cabe apreciar imposibilidad material de ejecuci\u00f3n de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectaci\u00f3n de intereses de car\u00e1cter socioecon\u00f3mico o de otra\u2000\u00edndole\u00bb. Por ello se ordena la demolici\u00f3n de lo ilegalmente construido. Esta es la conclusi\u00f3n ineludible que ha fijado el Tribunal Supremo.<\/p>\n Juan Antonio Chinchilla Peinado<\/strong><\/p>\n Profesor Titular de Derecho Administrativo<\/p>\n Instituto de Derecho y Gobierno Local<\/p>\n Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overflow=”visible” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_spacing=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” column_position=”default” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″… Seguir Leyendo Imposibilidad de ejecuci\u00f3n de sentencias que implican la demolici\u00f3n en la Red Natura 2000 y los efectos sobre la Espa\u00f1a Vaciada. A prop\u00f3sito de la sentencia de 9 de febrero de 2022 sobre la urbanizaci\u00f3n de Valdeca\u00f1as<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[362,376,370,163],"class_list":["post-7381","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","tag-despoblacion","tag-medioambiente","tag-poldespo","tag-tribunal-supremo"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7381","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7381"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7381\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7410,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7381\/revisions\/7410"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7381"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7381"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7381"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}