![\"Fachada](\"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/IMG_B1_19_04_03-300x225.jpg\")
<\/p>\nLa jurisprudencia del Tribunal Supremo, tras la reforma del recurso de casaci\u00f3n, sigue produciendo cambios significativos en la forma de entender y aplicar nuestro ordenamiento tributario y, muy particularmente, en el \u00e1mbito local. Una de sus \u00faltimas manifestaciones ha sido la doctrina establecida en relaci\u00f3n con el procedimiento de revocaci\u00f3n, que probablemente obligue a los ayuntamientos a modificar sus protocolos de actuaci\u00f3n en la tramitaci\u00f3n de dicho procedimiento.<\/p>\n
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Como es sabido, el procedimiento de revocaci\u00f3n en materia tributaria se regula en el art\u00edculo 219 LGT, en donde se establece que \u201cel procedimiento de revocaci\u00f3n se iniciar\u00e1 siempre de oficio<\/em>\u201d, si bien el reglamento de desarrollo establece una curiosa matizaci\u00f3n al disponer que dicho procedimiento \u201cse iniciar\u00e1 exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciaci\u00f3n por la Administraci\u00f3n competente mediante un escrito que dirigir\u00e1n al \u00f3rgano que dict\u00f3 el acto. En este caso, la Administraci\u00f3n quedar\u00e1 exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito<\/em>\u201d.<\/p>\n Se trata de una regulaci\u00f3n ciertamente sorprendente, porque parece negar toda relevancia jur\u00eddica a la solicitud presentada por el interesado. Ello ha permitido a los ayuntamientos deso\u00edr las peticiones de revocaci\u00f3n presentadas por los contribuyentes lo que, en t\u00e9rminos de justicia constitucional, puede ser considerado como un obst\u00e1culo insalvable para el control judicial sobre la actuaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n.<\/p>\n En relaci\u00f3n con esta cuesti\u00f3n, las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de febrero (ECLI:ES:TS:2022:484<\/a>), 14 de febrero (ECLI:ES:TS:2022:699<\/a>) y 4 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:865<\/a>) han introducido importantes cambios al reconocer la posibilidad de que el procedimiento de revocaci\u00f3n pueda ser iniciado a instancia de parte, al menos en los supuestos en que el recurrente pretende una devoluci\u00f3n de ingresos indebidos.<\/p>\n Las sentencias citadas comienzan recordando que la jurisprudencia rechazaba inicialmente la existencia de un derecho subjetivo a la revocaci\u00f3n, pero poco despu\u00e9s se reconoci\u00f3 que la actuaci\u00f3n administrativa debe respetar el mandato de interdicci\u00f3n de la arbitrariedad, de lo que cabe concluir que la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n en el procedimiento de revocaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 sometida a control judicial para garantizar el cumplimiento de ese mandato constitucional.<\/p>\n Seguidamente destacan que el ejercicio de potestades discrecionales no est\u00e1 exenta de elementos reglados, entre los que tiene especial relevancia la motivaci\u00f3n, as\u00ed como la necesaria sujeci\u00f3n a la legalidad respecto del contenido de la decisi\u00f3n adoptada que, en todo caso, debe ajustarse a los principios y finalidades que deben regir la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, que en materia tributaria se identifican con los principios de generalidad, igualdad, capacidad econ\u00f3mica, progresividad y no confiscatoriedad. Todo ello pone de manifiesto, seg\u00fan la nueva doctrina jurisprudencial, \u201cla existencia de un derecho subjetivo del contribuyente que puede hacer valer en el procedimiento de revocaci\u00f3n<\/em>\u201d.<\/p>\n En el procedimiento de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos la situaci\u00f3n es distinta, porque la normativa reguladora prev\u00e9 el inicio del procedimiento a instancia del interesado. Y entiende la Sala que, en el seno de este procedimiento, si la devoluci\u00f3n est\u00e1 relacionada con un acto firme, el procedimiento de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos debe cursarse mediante la revocaci\u00f3n, que tendr\u00eda car\u00e1cter instrumental respecto de aqu\u00e9l. Esa sorprendente conclusi\u00f3n se desprende -seg\u00fan las sentencias citadas- de lo dispuesto en el art\u00edculo 221.3 LGT, en donde se dispone que cuando el acto que motiv\u00f3 el ingreso indebido \u201chubiera adquirido firmeza, \u00fanicamente se podr\u00e1 solicitar la devoluci\u00f3n del mismo instando o promoviendo la revisi\u00f3n del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisi\u00f3n establecidos en los p\u00e1rrafos a), c) y d) del art\u00edculo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisi\u00f3n regulado en el art\u00edculo 244 de esta ley<\/em>\u201d .<\/p>\n Todo ello significa -en opini\u00f3n de la Sala- que si los contribuyentes instan la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos en relaci\u00f3n con un acto que ha devenido firme pueden hacerlo a trav\u00e9s del procedimiento de revocaci\u00f3n si consideran que concurre alguna de las causas legitimadoras del mismo; y la Administraci\u00f3n estar\u00eda obligada a resolver por tratarse de una v\u00eda instrumental (sic) para lograr la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos. \u201cEn definitiva<\/em> -sostienen las sentencias citadas- al igual que ocurre con la solicitud de nulidad de pleno derecho del art. 217 o de rectificaci\u00f3n de errores del art. 220, con la solicitud de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos por el interesado, en los supuestos contemplados en el 221.3 instando o promoviendo, en este caso, la revocaci\u00f3n, se debe iniciar el procedimiento a instancia de parte y la Administraci\u00f3n viene obligada a resolver, sin que posea potestad de convertir el procedimiento de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos a instancia del interesado y en el \u00e1mbito del art. 221.3, en un procedimiento que s\u00f3lo cabe iniciar de oficio<\/em>\u201d.<\/p>\n De lo expuesto se desprende que se ha producido un cambio de paradigma en la tramitaci\u00f3n del procedimiento de revocaci\u00f3n y creemos que, a partir de ahora, los ayuntamientos est\u00e1n obligados a resolver todas las solicitudes de revocaci\u00f3n presentadas por los interesados, puesto que en la pr\u00e1ctica totalidad de los casos dicha solicitud contendr\u00e1 una pretensi\u00f3n de devoluci\u00f3n de lo indebidamente pagado en la interpretaci\u00f3n seguida por el Tribunal Supremo.<\/p>\n Siendo as\u00ed, cabe imaginar que muchos contribuyentes solicitar\u00e1n la devoluci\u00f3n de lo pagado en concepto de plusval\u00eda, v\u00eda revocaci\u00f3n, lo que provocar\u00e1 un nuevo aluvi\u00f3n de procedimientos administrativos y judiciales relacionados con esta cuesti\u00f3n. En ese escenario, y a vista de lo anteriormente expuesto, consideramos que los ayuntamientos deber\u00e1n resolver expresamente la solicitud de revocaci\u00f3n presentada por los interesados, aunque ello no implicar\u00e1 necesariamente la estimaci\u00f3n de sus pretensiones, puesto que son varias las situaciones imaginables.<\/p>\n Si los contribuyentes invocan la STC 59\/2017<\/a> y consideran procedente la revocaci\u00f3n por el primer motivo recogido en el art\u00edculo 219 LGT, esto es, \u201cporque se estime que infringen manifiestamente la ley<\/em>\u201d, la pretensi\u00f3n podr\u00e1 ser desestimada de acuerdo con lo dispuesto en la STS de 14 de febrero citada, en donde se recuerda que s\u00f3lo\u00a0 procede apreciar \u201cla infracci\u00f3n manifiesta cuando esta es “ostentosa, palmaria, evidente, clara, indiscutible, que no exija razonamiento alguno, sino la simple exposici\u00f3n del precepto legal correspondiente y del acto de la Administraci\u00f3n de que se trate (\u2026) En fin, al tiempo en que se producen los hechos y recae la propia sentencia impugnada, lo que era evidente era la incertidumbre, la oscuridad de la normativa, sus posibles interpretaciones razonables y, en definitiva, un abanico de repuestas jur\u00eddicas y judiciales no ya diferentes sino incluso contradictorias; es evidente que la infracci\u00f3n est\u00e1 lejos de colmar los criterios que la jurisprudencia ha identificado para integrarle infracci\u00f3n de la Ley como manifiesta. Por lo que la conclusi\u00f3n se impone, no estamos ante el supuesto del art. 219.1 de revocaci\u00f3n por infracci\u00f3n manifiesta de la Ley, y planteado en estos t\u00e9rminos el debate no cabe entrar en otras consideraciones<\/em>“.<\/p>\n Ahora bien, si los contribuyentes consideran procedente la revocaci\u00f3n por el segundo motivo recogido en el art\u00edculo 219 LGT, esto es, porque \u201ccircunstancias sobrevenidas que afecten a una situaci\u00f3n jur\u00eddica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado<\/em>\u201d, la situaci\u00f3n creemos que puede ser distinta, porque la STS de 4 de marzo de 2021 citada consider\u00f3 procedente la revocaci\u00f3n del acto impugnado en un supuesto en que la anulaci\u00f3n judicial de una disposici\u00f3n general implicaba que fuera procedente la aplicaci\u00f3n de una exenci\u00f3n en favor del recurrente, afirmando que \u201cla circunstancia sobrevenida consist\u00eda en la nulidad judicial de la Orden que hab\u00eda constituido el fundamento de la liquidaci\u00f3n. Es evidente que tal nulidad, posterior y sobrevenida, resulta un motivo adecuado para acceder a la revocaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n firme\u201d<\/em>.\u00a0 Por tanto, mutatis mutandi<\/em>, podr\u00eda entenderse que la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de las reglas de determinaci\u00f3n de la base imponible de la plusval\u00eda puede constituir una \u201ccircunstancia sobrevenida\u201d a los efectos de estimar las solicitudes de revocaci\u00f3n.<\/p>\n En todo caso, conviene recordar que la STC 182\/2021<\/a> limit\u00f3 los efectos de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad al disponer que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas aquellas obligaciones tributarias que hayan devenido firmes, considerando situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia. Consecuentemente, cabe entender que los ayuntamientos tienen un motivo jur\u00eddico s\u00f3lido para desestimar la solicitud de revocaci\u00f3n y devoluci\u00f3n de ingresos indebidos, al menos mientras siga siendo v\u00e1lida la controvertida limitaci\u00f3n de efectos contenida en la STC 182\/2021.<\/p>\n Diego Mar\u00edn-Barnuevo Fabo<\/strong><\/p>\n Catedr\u00e1tico de Derecho Financiero y Tributario<\/p>\n Instituto de Derecho Local<\/p>\n Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overflow=”visible” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_spacing=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” column_position=”default” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″… Seguir Leyendo El procedimiento tributario de revocaci\u00f3n en la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[387,334,388,6,163],"class_list":["post-7761","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","tag-derecho-fiscal","tag-derecho-local","tag-derecho-tributario","tag-hacienda-local","tag-tribunal-supremo"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7761","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7761"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7761\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7763,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7761\/revisions\/7763"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7761"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7761"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7761"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}