{"id":7979,"date":"2022-06-22T08:00:01","date_gmt":"2022-06-22T06:00:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=7979"},"modified":"2022-06-21T20:11:45","modified_gmt":"2022-06-21T18:11:45","slug":"la-escuela-concertada-espanola-y-el-concepto-de-sector-administraciones-publicas-en-el-sistema-europeo-de-cuentas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/la-escuela-concertada-espanola-y-el-concepto-de-sector-administraciones-publicas-en-el-sistema-europeo-de-cuentas\/","title":{"rendered":"La escuela concertada espa\u00f1ola y el concepto de sector Administraciones p\u00fablicas en el Sistema Europeo de Cuentas"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overflow=”visible” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_spacing=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” column_position=”default” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” animation_type=”default” bg_image_animation=”none” border_type=”simple” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]\n

\"UnaEl pasado 28 de abril de 2022, el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea resolvi\u00f3 una cuesti\u00f3n prejudicial planteada por Conseil d\u2019\u00c9tat<\/em> belga (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) sobre el alcance del sector Administraciones p\u00fablicas en t\u00e9rminos de Sistema Europeo de Cuentas (Reglamento (UE) n\u00ba 549\/2013, de 21 de mayo de 2013). En particular, el TJUE se pronuncia sobre la inclusi\u00f3n en dicho sector de la Secretar\u00eda General de la Formaci\u00f3n Cat\u00f3lica ASBL (SeGEC) y otras seis asociaciones sin \u00e1nimo de lucro que operan en el \u00e1mbito de la ense\u00f1anza en B\u00e9lgica (asunto C-277\/21).<\/p>\n

Como es sabido, el SEC-2010 constituye la metodolog\u00eda que deben seguir los Estados miembros para presentar los datos estad\u00edsticos a las instituciones europeas, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los mandatos de disciplina presupuestaria. Uno de los aspectos m\u00e1s importantes en la elaboraci\u00f3n de los datos estad\u00edsticos es la delimitaci\u00f3n del sector \u201cAdministraciones p\u00fablicas\u201d (S.13), puesto que el d\u00e9ficit y la deuda de las entidades que se encuentren incluidas en este sector consolidar\u00e1n en el balance de la Administraci\u00f3n p\u00fablica que las controla: Estado, Comunidades Aut\u00f3nomas o Entes locales.<\/p>\n

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Ahora bien, la inclusi\u00f3n de una entidad en el sector Administraciones p\u00fablicas (en este caso de un conjunto de instituciones sin \u00e1nimo de lucro), no solo tiene consecuencias presupuestarias para la Administraci\u00f3n p\u00fablica en cuyo balance se integrar\u00e1n las cuentas de la entidad, sino que tambi\u00e9n lleva aparejadas una serie de restricciones para la propia entidad. En este sentido, es probable que se produzcan limitaciones en la capacidad de gesti\u00f3n de la entidad, que hasta entonces ten\u00eda naturaleza privada en t\u00e9rminos de SEC, y que se introduzcan controles de car\u00e1cter financiero (como puede ser la necesidad de tener autorizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n p\u00fablica de la cual depende para aprobar su presupuesto, endeudarse, comprar y vender activos, limitaciones a nivel de contrataci\u00f3n de personal, etc.).<\/p>\n

La reclasificaci\u00f3n en el sector Administraciones p\u00fablicas de instituciones sin fines de lucro (en adelante, ISFL) se ha convertido en una constante tras la aprobaci\u00f3n del SEC-2010, que sucedi\u00f3 al SEC-95. En este sentido, el SEC-95 defin\u00eda el control p\u00fablico como el control de la pol\u00edtica general de la entidad y tomaba en consideraci\u00f3n, esencialmente, la composici\u00f3n de los \u00f3rganos clave de la entidad. Sin embargo, el SEC-2010 se caracteriz\u00f3 porque fij\u00f3 un conjunto de indicadores, de distinta naturaleza, a trav\u00e9s de los cuales analizar la existencia de control p\u00fablico respecto de una entidad. En concreto, el apartado 20.309 del SEC-2010 establece nueve indicadores para determinar la existencia de control p\u00fablico (que se aplican de forma complementaria a las ISFL, apartado 29 STJUE SeGEC), estos son: \u201ca) Derechos de designaci\u00f3n, veto o destituci\u00f3n de la mayor\u00eda de los funcionarios, miembros del consejo, etc.; b) Derechos de designaci\u00f3n, veto o destituci\u00f3n del personal clave; c) Derechos de designaci\u00f3n, veto o destituci\u00f3n de la mayor\u00eda de los nombramientos en los principales comit\u00e9s de la entidad; d) Propiedad de la mayor\u00eda de los derechos de voto; e) Derechos vinculados a opciones y acciones especiales; f) Derechos de control mediante acuerdos contractuales; g) Derechos de control por acuerdos\/permiso para solicitar pr\u00e9stamos; h) Control a trav\u00e9s de una regulaci\u00f3n excesiva; i) Otros. Por su parte, el apartado 2.39 SEC-2010 enumera los indicadores para determinar el control por las Administraciones p\u00fablicas de las ISFL: a) nombramiento de responsables; b) otras disposiciones del instrumento habilitante, como las obligaciones establecidas en el estatuto de la ISFL; c) acuerdos contractuales; d) grado de financiaci\u00f3n; e) exposici\u00f3n al riesgo.<\/p>\n

A su vez, el apartado 20.15 SEC-2010 adiciona la siguiente consideraci\u00f3n sobre la aplicaci\u00f3n de los indicadores relativos a las ISFL: \u201cUn solo indicador puede ser suficiente para determinar si existe el control, pero si una ISFL que est\u00e1 financiada principalmente por las administraciones p\u00fablicas mantiene la capacidad para definir su pol\u00edtica o programa en una medida significativa siguiendo las l\u00edneas mencionadas en los dem\u00e1s indicadores, entonces no se considerar\u00eda controlada por las administraciones p\u00fablicas<\/em>. En la mayor\u00eda de los casos, una serie de indicadores conjuntamente se\u00f1alan el control\u201d.<\/em><\/p>\n

La estricta aplicaci\u00f3n por parte de Eurostat (Oficina Estad\u00edstica de la Comisi\u00f3n europea) de estos indicadores de control del SEC-2010 est\u00e1 haciendo que muchas ISFL que hasta el momento se clasificaban en el sector ISFLSH (S.15), en la medida en que sus patronatos estaban formados por miembros designados por el sector privado, pasen a ser consideradas p\u00fablicas. La naturaleza p\u00fablica de la entidad supondr\u00e1, a su vez, su muy probable clasificaci\u00f3n en el sector \u201cAdministraciones p\u00fablicas\u201d (S.13), puesto que al ser una entidad sin \u00e1nimo lucro su actividad no ser\u00e1 considerada de mercado en t\u00e9rminos de SEC-2010.<\/p>\n

En este contexto, diversas ISFL han recurrido su reclasificaci\u00f3n en la v\u00eda judicial interna, especialmente, en B\u00e9lgica e Italia, dando lugar a varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia interpretando los indicadores de control del SEC-2010 fruto de las cuestiones prejudiciales presentadas por el Consejo de Estado belga y el Tribunal de Cuentas italiano. Se trata de los asuntos acumulados C-612\/17 y C-613\/17, sobre las Federaciones italianas de golf y de deportes ecuestres, el asunto C-632-18 sobre el Fonds du Logement de la R\u00e9gion de <\/em>Bruxelles<\/em> y el asunto C-364\/21 sobre la Federaci\u00f3n italiana de Triatl\u00f3n.<\/p>\n

El \u00faltimo pronunciamiento del Tribunal de Justicia en esta materia, al que nos refer\u00edamos al principio de esta entrada del blog, afecta a un conjunto de ISFL del sector de la ense\u00f1anza en B\u00e9lgica (STJUE SeGEC) que se financia mayoritariamente por las Administraciones p\u00fablicas. Siguiendo lo establecido en el apartado 20.15 SEC-2010, que hemos reproducido, la existencia de una financiaci\u00f3n p\u00fablica principal no es suficiente para determinar la inclusi\u00f3n de los centros educativos concertados belgas en el sector Administraciones p\u00fablicas. Ahora bien, junto a este indicador de control, el \u00f3rgano jurisdiccional remitente plantea la duda al TJUE sobre si se produce tambi\u00e9n la concurrencia del indicador relativo al \u201ccontrol a trav\u00e9s de una regulaci\u00f3n excesiva\u201d<\/em> (establecido en el apartado 20.309, letra h) SEC-2010, en relaci\u00f3n con las respectivas letras b) de los apartados 2.39 y 20.15 SEC-2010 para las ISFL). El Tribunal de Justicia en este punto resuelve afirmando que el concepto de \u201cregulaci\u00f3n excesiva\u201d incluye una normativa nacional que conf\u00eda a la Administraci\u00f3n p\u00fablica la funci\u00f3n o el derecho:<\/p>\n

\u201c\u2013 de aprobar los planes de estudio;<\/p>\n

\u2013 de regular tanto la estructura de los estudios como las tareas prioritarias y espec\u00edficas; de establecer el control de los requisitos de matriculaci\u00f3n y de expulsi\u00f3n de los alumnos, de las decisiones de los consejos de clase y de la participaci\u00f3n financiera; de organizar la agrupaci\u00f3n de centros escolares en redes estructuradas, y de exigir la elaboraci\u00f3n de proyectos educativos, pedag\u00f3gicos y del centro escolar, as\u00ed como la presentaci\u00f3n de un informe de actividad;<\/p>\n

\u2013 de llevar a cabo una tarea de control e inspecci\u00f3n, especialmente en lo que respecta a las materias impartidas, el nivel de estudios y la aplicaci\u00f3n de las leyes lingu\u0308\u00edsticas, con exclusi\u00f3n de los m\u00e9todos pedag\u00f3gicos, y<\/p>\n

\u2013 de imponer un n\u00famero m\u00ednimo de alumnos por clase, secci\u00f3n, curso u otras subdivisiones, salvo excepci\u00f3n ministerial\u201d.<\/p>\n

Estas afirmaciones del Tribunal de Justicia respecto al concepto de control por parte de la Administraci\u00f3n en el \u00e1mbito educativo, unidas a la estricta interpretaci\u00f3n de los indicadores de control por parte de Eurostat, invitan a la reflexi\u00f3n desde la perspectiva espa\u00f1ola. En particular, hay que plantearse si estas consideraciones que hace el TJUE pueden significar una potencial inclusi\u00f3n de las entidades que gestionan la escuela concertada en Espa\u00f1a en el sector Administraciones p\u00fablicas, como consecuencia de que dicha ense\u00f1anza se financia con fondos p\u00fablicos, a trav\u00e9s de los conciertos educativos, y\u00a0 sus centros deben cumplir con los requisitos establecidos tanto en el Real Decreto 2377\/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas B\u00e1sicas sobre Conciertos Educativos; como en el t\u00edtulo IV (relativo a los centros concertados), de la Ley Org\u00e1nica 8\/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci\u00f3n y los arts. 116 y 117 de la Ley Org\u00e1nica 2\/2006, de 3 de mayo, de Educaci\u00f3n. En concreto, el art.14 del Real Decreto 2377\/1985 establece que \u201c<\/em>1. El concierto educativo obliga al titular del centro privado a impartir gratuitamente las ense\u00f1anzas del concierto de acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio y con sujeci\u00f3n a las normas de ordenaci\u00f3n acad\u00e9mica en vigor\u201d<\/em>.<\/p>\n

Ester Marco Pe\u00f1as<\/strong><\/p>\n

Profesora de Derecho Financiero y Tributario<\/p>\n

Instituto de Derecho Local<\/p>\n

Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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