{"id":8265,"date":"2022-10-19T08:00:49","date_gmt":"2022-10-19T06:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=8265"},"modified":"2022-10-17T12:05:49","modified_gmt":"2022-10-17T10:05:49","slug":"el-tjue-respalda-la-normativa-valenciana-sobre-accion-social-que-excluye-a-las-entidades-con-animo-de-lucro-stjue-de-14-de-julio-de-2022-asunto-c-436-20","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/el-tjue-respalda-la-normativa-valenciana-sobre-accion-social-que-excluye-a-las-entidades-con-animo-de-lucro-stjue-de-14-de-julio-de-2022-asunto-c-436-20\/","title":{"rendered":"El TJUE respalda la normativa valenciana sobre acci\u00f3n social que excluye a las entidades con \u00e1nimo de lucro (STJUE de 14 de julio de 2022, Asunto C-436\/20)"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]\n

\"PaisajeEn este blog (ver<\/em> blog UAM-IDL del 10 de febrero de 2021<\/a> y el 9 febrero de 2022<\/a>) hemos realizado un seguimiento de la cuesti\u00f3n prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE), que , en lo fundamental, plantea si la limitaci\u00f3n de los llamados \u201cconciertos sociales\u201d a entidades sin \u00e1nimo de lucro que realiza la normativa valenciana es o no contraria a las libertades de establecimiento y prestaci\u00f3n de servicios del TFUE, la Directiva de Servicios y las Directivas de contrataci\u00f3n p\u00fablica. En concreto, la regulaci\u00f3n auton\u00f3mica sobre los conciertos sociales parte de la consideraci\u00f3n de la naturaleza no contractual de esta figura y, por tanto, excluye a las entidades con \u00e1nimo de lucro de la celebraci\u00f3n de \u201dacuerdos de acci\u00f3n concertada\u201d con la Administraci\u00f3n p\u00fablica para la prestaci\u00f3n de servicios sociales de su responsabilidad: solo las entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro (no solo a las organizaciones o asociaciones de voluntariado) pueden celebrar tales acuerdos para la prestaci\u00f3n de servicios sociales a cambio de una remuneraci\u00f3n sin que tengan que pasar por un proceso competitivo.<\/p>\n

[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]\n

Desde el 14 de julio de 2022 disponemos del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n europea (Asunto C-436\/20). En lo que aqu\u00ed interesa, la Sentencia parte de afirmar la naturaleza contractual de los acuerdos de acci\u00f3n concertada previstos en la normativa valenciana que no son, en opini\u00f3n del Tribunal, asimilables a actos administrativos unilaterales que se imponen, por el poder adjudicador, a las entidades sin \u00e1nimo de lucro. Adicionalmente, tras analizar el concepto de contratos de servicios, concluye que algunos de los servicios sociales de la normativa valenciana objeto del litigio encajan en esta categor\u00eda: son actividades de car\u00e1cter econ\u00f3mico y, por tanto, constituyen servicios en el sentido de la Directiva 2014\/24. Las prestaciones sociales no impiden, en cuanto tal, que sean consideradas como actividad econ\u00f3mica, aunque persigan una finalidad social o la toma en consideraci\u00f3n del principio de solidaridad. Tambi\u00e9n nos recuerda que la celebraci\u00f3n del contrato con una entidad sin \u00e1nimo de lucro no excluye que dicha entidad pueda ejercer actividad econ\u00f3mica y, por tanto, no excluye la aplicaci\u00f3n de las normas de contrataci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n: puede considerarse actividad econ\u00f3mica los servicios prestados a cambio de una retribuci\u00f3n que, sin corresponder al ejercicio de poder p\u00fablico, se prestan en inter\u00e9s p\u00fablico y sin \u00e1nimo de lucro. Y esta retribuci\u00f3n encaja en el concepto del car\u00e1cter oneroso del contrato p\u00fablico, que puede ser \u00fanicamente el reembolso de los gastos soportados por el servicio prestado.<\/p>\n

Sentada la naturaleza contractual de servicios de esta actividad, el Tribunal recuerda que el Considerando 114, el art. 76 y el Protocolo 26\u00aa de la Directiva 2014\/24 otorgan un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para organizar, del modo que consideren m\u00e1s oportuno, la elecci\u00f3n de los prestadores de los servicios: consagran una amplia capacidad de discrecionalidad de las autoridades nacionales.<\/p>\n

En este contexto normativo, muy resumidamente expuesto, el an\u00e1lisis de la normativa valenciana le lleva al Tribunal a afirmar que la exclusi\u00f3n de las entidades con \u00e1nimo de lucro no constituye una diferencia de trato contraria al principio de igualdad de trato de los operadores econ\u00f3micos, en cuanto que dicha normativa establece que la acci\u00f3n concertada debe ser conforme a los principios de solidaridad (los servicios ser\u00e1n ofrecidos gratuitamente o atendiendo a la capacidad econ\u00f3mica) y eficacia presupuestaria (las entidades s\u00f3lo pueden obtener el reembolso de los costes y se excluye la obtenci\u00f3n de beneficios). Estas previsiones, por tanto, justifican la exclusi\u00f3n de las entidades con \u00e1nimo de lucro.<\/p>\n

Por otro lado, el principio de transparencia exige del poder adjudicador un grado de publicidad adecuado que permita abrir a la competencia los procedimientos de adjudicaci\u00f3n y controlar la imparcialidad para posibilitar a cualquier operador interesado decidir concurrir a la licitaci\u00f3n sobra la base de toda la informaci\u00f3n pertinente y garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte del poder adjudicador. La obligaci\u00f3n de transparencia implica, por tanto, que todos los requisitos y condiciones del procedimiento de licitaci\u00f3n han de estar formulados de forma clara, precisa e inequ\u00edvoca.<\/p>\n

En el caso enjuiciado, el Tribunal considera que del an\u00e1lisis de la normativa valenciana no se desprende que no ofrezca garant\u00edas suficientes que permitan proteger a las entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro frente al riesgo de favoritismo o arbitrariedad del poder adjudicador durante el procedimiento de adjudicaci\u00f3n de un acuerdo de acci\u00f3n concertada. Eso s\u00ed, respecto de la publicidad de los anuncios de licitaci\u00f3n, la normativa valenciana establece que las convocatorias se publican en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.<\/em> Para el Tribunal, esta forma de publicidad, que se circunscribe a la Comunidad Valenciana, no basta para satisfacer las exigencias del art. 75 de la Directiva.<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, el Tribunal afirma que los arts. 76 y 77 de la Directiva 2014\/24 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que reserva a las entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro la facultad de reservar, previo examen competitivo de sus ofertas, acuerdos en virtud de los cuales esas entidades prestan servicios sociales de asistencia a las personas, a cambio del reembolso de los costes que soportan, sea cual fuere el valor estimado de esos servicios, aunque dichas entidades no cumplan los requisitos establecidos en el propio art. 77, siempre y cuando, por una parte, el marco legal y convencional en el que se desarrolla la actividad de esas entidades contribuya efectivamente a la finalidad social y a la consecuci\u00f3n de los objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria que sustentan esa normativa y, por otra parte, se respete el principio de transparencia en los t\u00e9rminos del art. 75 de la Directiva 2014\/24 (lo cual no se cumple con la previsi\u00f3n de publicaci\u00f3n \u00fanicamente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana<\/em>).<\/p>\n

Y, en lo que hace a los criterios de selecci\u00f3n para la celebraci\u00f3n de acuerdos de acci\u00f3n concertada, el Tribunal considera que no es acorde con el art. 76 de la Directiva 2014\/24 una previsi\u00f3n, como la contenida en la normativa valenciana, que incluye, entre dichos criterios, previo al examen de las ofertas, la exigencia de implantaci\u00f3n del operador econ\u00f3mico en la localidad donde vaya a prestarse el servicio.<\/p>\n

En definitiva, una valoraci\u00f3n resumida de esta sentencia permite afirma que, con ella, se est\u00e1 dando un aval, en t\u00e9rminos generales, a la configuraci\u00f3n de la acci\u00f3n social por parte de la normativa auton\u00f3mica, incluida la exclusi\u00f3n de las entidades con \u00e1nimo de lucro. Tras el pronunciamiento del TJUE, queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la resoluci\u00f3n del litigio original bas\u00e1ndose en la respuesta dada desde Luxemburgo.<\/p>\n

M\u00f3nica Dom\u00ednguez Mart\u00edn<\/strong><\/p>\n

Profesora Titular de Derecho Administrativo<\/p>\n

Instituto de Derecho Local<\/p>\n

Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default”… Seguir Leyendo El TJUE respalda la normativa valenciana sobre acci\u00f3n social que excluye a las entidades con \u00e1nimo de lucro (STJUE de 14 de julio de 2022, Asunto C-436\/20)<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[384,27,395,396,397],"class_list":["post-8265","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","tag-derecho-administrativo","tag-derecho-europeo","tag-gestion-municipal","tag-politica-social","tag-tjue"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8265","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8265"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8265\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8268,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8265\/revisions\/8268"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8265"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8265"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8265"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}