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[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]\nLos problemas de aplicaci\u00f3n de la plusval\u00eda municipal parecen no tener l\u00edmite. Como es sabido, comenzaron porque las reglas de determinaci\u00f3n de la base imponible vulneraban la capacidad econ\u00f3mica, en tanto desconsideraban el valor real de transmisi\u00f3n y adquisici\u00f3n y ello obligaba a pagar el impuesto a quienes no hab\u00edan tenido incrementos de valor. Esta circunstancia provoc\u00f3 que, respecto de las transmisiones producidas durante la crisis econ\u00f3mica de 2008 a 2014, muchos tribunales de justicia estimaran los recursos presentados por los contribuyentes que hab\u00edan vendido el inmueble por un valor inferior al de adquisici\u00f3n y consideraban injusto pagar un impuesto.<\/p>\n
En ese contexto se produjo la desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional STC 59\/2017<\/a>, que estim\u00f3 la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad y declar\u00f3 que los principales preceptos reguladores de la base imponible \u201cson inconstitucionales y nulos, pero \u00fanicamente en la medida que someten a tributaci\u00f3n situaciones de inexistencia de incrementos de valor<\/em>\u201d. Las dificultades de interpretaci\u00f3n del fallo dieron lugar a multitud de recursos y pronunciamientos judiciales, en los que poco a poco se fue imponiendo la llamada tesis maximalista, que consideraba que los preceptos declarados inconstitucionales hab\u00edan sido expulsados del ordenamiento jur\u00eddico y negaban la posibilidad de exigir el tributo. Finalmente, el Tribunal Supremo dict\u00f3 la sentencia 1163\/2018, de 9 de julio<\/a>, que realizaba una interpretaci\u00f3n singular de la STC citada que permit\u00eda exigir el impuesto mediante un procedimiento especialmente complejo que finalmente no satisfizo a nadie, ni a los ayuntamientos ni a los contribuyentes.<\/p>\n Tras varios a\u00f1os de inactividad del legislador se dict\u00f3 la STC 182\/2021<\/a>, que declar\u00f3 sin ambages la inconstitucionalidad de las reglas de la base imponible de la plusval\u00eda, pero estableci\u00f3 una limitaci\u00f3n de efectos desmesurada, sin precedentes<\/a>, que imped\u00eda reclamar la devoluci\u00f3n de lo pagado a quienes todav\u00eda estaban en plazo de impugnar la liquidaci\u00f3n o instar la rectificaci\u00f3n de la autoliquidaci\u00f3n. La posible contradicci\u00f3n existente esa limitaci\u00f3n de efectos y los principios constitucionales de seguridad jur\u00eddica y tutela judicial efectiva est\u00e1 siendo causa de nuevos litigios, por lo que de nuevo ser\u00e1 necesario que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta cuesti\u00f3n y establezca la interpretaci\u00f3n a seguir.<\/p>\n Por fin, despu\u00e9s de conocerse el fallo de la STC 182\/2021 se produjo la reacci\u00f3n del Gobierno, que en apenas dos semanas despu\u00e9s aprob\u00f3 el Real Decreto-Ley 26\/2021<\/a>, de 8 de noviembre, por el se modificaban sustancialmente las reglas de determinaci\u00f3n de la base imponible y, entre otras novedades, se establec\u00eda un sistema doble y alternativo de determinaci\u00f3n de la base imponible.<\/p>\n Algunos autores consideraron que el Real Decreto-Ley no era un instrumento normativo apto para realizar esos cambios normativos, lo que tambi\u00e9n est\u00e1 siendo motivo de algunas impugnaciones. En mi opini\u00f3n, esos cambios normativos no llegan a \u201cafectar al deber de contribuir<\/em>\u201d en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la jurisprudencia constitucional, por lo que consideramos improbable que el Tribunal Constitucional aprecie una vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n<\/a>. En todo caso, el problema al que quer\u00eda referirme ahora es otro distinto, y tiene que ver con la necesaria adecuaci\u00f3n de las ordenanzas fiscales al nuevo r\u00e9gimen legal de la plusval\u00eda.<\/p>\n En efecto, como es sabido, el art\u00edculo 59 de la LHL establece la naturaleza potestativa de la plusval\u00eda municipal, por lo que su exigibilidad est\u00e1 condicionada a la aprobaci\u00f3n de los acuerdos de imposici\u00f3n y a la aprobaci\u00f3n de la correspondiente ordenanza fiscal, tal y como recuerda el art\u00edculo 15 LHL. Consecuentemente, los relevantes cambios producidos en la regulaci\u00f3n de la plusval\u00eda obligan a los ayuntamientos a aprobar nuevas ordenanzas fiscales, adecuadas al nuevo marco legal.<\/p>\n Esta circunstancia fue advertida por el Gobierno al aprobar el Real Decreto-ley 26\/2021, y por ello concedi\u00f3 a los ayuntamientos un plazo de seis meses para adaptar las ordenanzas fiscales al nuevo r\u00e9gimen jur\u00eddico del impuesto, y dispuso la aplicaci\u00f3n de los coeficientes m\u00e1ximos fijados en el art\u00edculo 107.4 de la LHL hasta que se produjera esa necesaria adaptaci\u00f3n reglamentaria. En concreto, la Disposici\u00f3n transitoria \u00fanica de ese Real Decreto-ley, titulada \u201cAdaptaci\u00f3n de las ordenanzas fiscales\u201d, estableci\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n \u201cLos ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deber\u00e1n modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.<\/em><\/p>\n Hasta que entre en vigor la modificaci\u00f3n a que se refiere el p\u00e1rrafo anterior, resultar\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en este real decreto-ley, tom\u00e1ndose, para la determinaci\u00f3n de la base imponible del impuesto, los coeficientes m\u00e1ximos establecidos en la redacci\u00f3n del art\u00edculo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dada por este real decreto-ley\u201d.<\/em><\/p>\n El problema que se plantea ahora \u2013y pone en cuesti\u00f3n la exigibilidad de la plusval\u00eda\u2013 es que muchos ayuntamientos no han aprobado la ordenanza fiscal de adecuaci\u00f3n a la nueva normativa, lo que determinar\u00eda la improcedencia de exigir la plusval\u00eda.<\/p>\n En efecto, el vigente art\u00edculo 107.4 LHL establece que el coeficiente a aplicar \u201cser\u00e1 el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento seg\u00fan el periodo de generaci\u00f3n del incremento de valor<\/em>\u201d. Consecuentemente, ser\u00e1 imposible exigir el impuesto si no existe esa preceptiva ordenanza fiscal que determine el coeficiente aplicable, porque la excepci\u00f3n prevista por el legislador (que permit\u00eda aplicar los coeficientes m\u00e1ximos previstos en la ley) ten\u00eda una vigencia limitada a seis meses, por lo que transcurrido ese plazo no existe norma jur\u00eddica alguna que concrete los coeficientes aplicables.<\/p>\n En relaci\u00f3n con esta cuesti\u00f3n, la Subdirecci\u00f3n General de Tributos Locales emiti\u00f3 un informe de fecha 23 de marzo de 2022 en el que alcanza una conclusi\u00f3n distinta a la nuestra, con la siguiente motivaci\u00f3n: \u201cEl art\u00edculo 48.3 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Com\u00fan, establece lo siguiente: \u201c3. La realizaci\u00f3n de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas s\u00f3lo implicar\u00e1 la anulabilidad del acto cuando as\u00ed lo imponga la naturaleza del t\u00e9rmino o plazo.\u201d. En el caso de que el procedimiento para la aprobaci\u00f3n y publicaci\u00f3n de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto, para adaptarla al TRLHL, no finalice en el plazo de seis meses otorgado en el primer p\u00e1rrafo de la citada disposici\u00f3n transitoria \u00fanica, y teniendo en cuenta la salvaguarda contenida en el segundo p\u00e1rrafo de la misma disposici\u00f3n transitoria, se tratar\u00eda de una irregularidad no invalidante, de forma que: – Hasta que se lleve a cabo la adaptaci\u00f3n de la ordenanza fiscal, el ayuntamiento podr\u00e1 continuar exigiendo el impuesto, resultando de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en el TRLRHL. – Una vez se concluya el procedimiento de adaptaci\u00f3n de la ordenanza fiscal, se exaccionar\u00e1 el impuesto de acuerdo con la misma\u201d<\/em>.<\/p>\n El argumento jur\u00eddico que sustenta esa interpretaci\u00f3n administrativa nos parece muy poco convincente, sobre todo porque parece confundir la funci\u00f3n legislativa (aprobaci\u00f3n de normas) con la funci\u00f3n ejecutiva (aplicaci\u00f3n de normas), y ello le lleva a afirmar que en estos casos resulta de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 48.3 LPACAP. En nuestra opini\u00f3n, el problema planteado no tiene nada que ver con la superaci\u00f3n de los plazos de finalizaci\u00f3n de un procedimiento administrativo, sino con la existencia o no de una norma jur\u00eddica habilitante para la exacci\u00f3n del tributo. Porque de lo dispuesto en el art\u00edculo 107.4 LHL se desprende claramente que el coeficiente aplicable debe estar regulado en la ordenanza fiscal del ayuntamiento de la imposici\u00f3n, y la \u00fanica excepci\u00f3n a esa regla ten\u00eda una vigencia limitada a seis meses, por lo que ya expir\u00f3.<\/p>\n Como es sabido, las resoluciones de la Direcci\u00f3n General de Tributos no tienen la consideraci\u00f3n de fuente del Derecho y, como recuerda una reiterada jurisprudencia, \u201cdespliegan tal efecto \u00fanicamente para la Administraci\u00f3n, no para los Tribunales de justicia<\/a>\u201d. Por ello es posible que algunos ayuntamientos est\u00e9n actuando al amparo de esa resoluci\u00f3n, exigiendo la plusval\u00eda sin contar con una norma habilitante, lo que probablemente determine la anulaci\u00f3n en sede judicial de todas las liquidaciones dictadas hasta la aprobaci\u00f3n de la preceptiva ordenanza fiscal.<\/p>\n Diego Mar\u00edn-Barnuevo Fabo<\/strong><\/p>\n Catedr\u00e1tico de Derecho Financiero y Tributario<\/p>\n Instituto de Derecho Local<\/p>\n Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default”… Seguir Leyendo Nuevos problemas para la exigibilidad de la plusval\u00eda municipal<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[334,388,361,166,163],"class_list":["post-8486","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","tag-derecho-local","tag-derecho-tributario","tag-plusvalia","tag-tribunal-constitucional","tag-tribunal-supremo"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8486","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8486"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8486\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8488,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8486\/revisions\/8488"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8486"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8486"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8486"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}