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[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]\nLa intervenci\u00f3n de las entidades locales en la vida de los ciudadanos a trav\u00e9s de la figura de las Ordenanzas municipales, conforme al art. 84.1.a) de la Ley 7\/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local alcanza en los momentos actuales, cada vez m\u00e1s, altas cotas de complejidad. Aun cuando dicha intervenci\u00f3n debe cumplir, por mor del principio de buena administraci\u00f3n (y m\u00e1s en concreto del principio de seguridad jur\u00eddica), conforme al art. 129.4, de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan, la exigencia de claridad, con el fin de lograr \u00abun marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensi\u00f3n y, en consecuencia, la actuaci\u00f3n y toma de decisiones de las personas y empresa\u00bb, lo cierto es que en muchos \u00e1mbitos la propia entidad local es consciente desde el primer momento de la especial complejidad t\u00e9cnica y las dificultades de interpretaci\u00f3n de la Ordenanza, no solo ya para los ciudadanos, sino para los propios servicios municipales encargados de la aplicaci\u00f3n de esa ordenanza. En esas situaciones surge la cuesti\u00f3n acerca de qui\u00e9n debe interpretar la ordenanza, de qui\u00e9n debe establecer criterios uniformes que garanticen el principio de igualdad en su aplicaci\u00f3n. Evidentemente, en grandes municipios (fundamentalmente en los de gran poblaci\u00f3n, articulados a trav\u00e9s de la divisi\u00f3n organizativa en barrios o distritos) la inexistencia de un \u00fanico t\u00e9cnico informante y de una \u00fanica autoridad administrativa que resuelva los distintos procedimientos autorizatorios o sancionadores dificulta la consecuci\u00f3n de ese objetivo de buena administraci\u00f3n y, en \u00faltima instancia, de un trato igual a todos los ciudadanos. Este es el objetivo regulatorio adoptado por diversos c\u00f3digos municipales de t\u00e9cnica normativa. As\u00ed, p.e., las Directrices de t\u00e9cnica normativa y administrativa del Ayuntamiento de Madrid (Aprobadas por Acuerdo de 25 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, Texto consolidado de 18 de noviembre de 2021), precisa en su art. 1.2, que \u00abLa destinataria de las normas jur\u00eddicas y los actos administrativos es la ciudadan\u00eda. Por ello, deben redactarse en un nivel de lenguaje culto, pero accesible. En este sentido, la redacci\u00f3n de los textos debe ser: a) Clara, esto es, de f\u00e1cil comprensi\u00f3n, desprovista de equ\u00edvocos. b) Sencilla, es decir, concisa y carente de elementos superfluos. c) Precisa, de modo que no deje lugar a dudas en quienes las leen\u2026 Se utilizar\u00e1 un repertorio l\u00e9xico com\u00fan, nunca vulgar, y se recurrir\u00e1, cuando proceda, al empleo de t\u00e9rminos t\u00e9cnicos dotados de significado propio. En ese caso, se a\u00f1adir\u00e1n descripciones que los aclaren. Para ello, tanto en el caso de empleo de t\u00e9rminos t\u00e9cnicos como, en general, cuando exista riesgo de confusi\u00f3n en la interpretaci\u00f3n sem\u00e1ntica de un t\u00e9rmino, es conveniente acudir a la t\u00e9cnica de las definiciones, insertando la definici\u00f3n que aclare el sentido con el que el t\u00e9rmino en cuesti\u00f3n es utilizado en ella, debiendo emplearse en todo el texto con el mismo sentido\u2026\u00bb.<\/p>\n
Pero lo cierto es que a pesar de esas prevenciones, muchas Ordenanzas incorporan conceptos t\u00e9cnicos de dif\u00edcil concreci\u00f3n, tambi\u00e9n para los propios t\u00e9cnicos municipales. Ante esta situaci\u00f3n, y siendo conscientes de la imposibilidad de adoptar normas \u201cincontrovertidas\u201d, as\u00ed como de la necesidad de adaptar su aplicaci\u00f3n no solo al transcurso del tiempo sino tambi\u00e9n a las concretas y singulares circunstancias que pueden surgir en el momento aplicativo y que fueron expresamente contempladas en el momento de adopci\u00f3n de la ordenanza, las entidades locales recurren al derecho de organizaci\u00f3n para tratar de paliar esas deficiencias. Ello se logra a trav\u00e9s de la creaci\u00f3n de \u00f3rganos t\u00e9cnicos (cuya composici\u00f3n puede variar hasta integrar no s\u00f3lo a t\u00e9cnicos municipales, sino tambi\u00e9n a representantes de la sociedad civil en orden a lograr una m\u00e1s amplia gobernanza), que fijen la interpretaci\u00f3n adecuada de la correspondiente ordenanza. Ahora bien, ah\u00ed surge la cuesti\u00f3n de la capacidad (competencia) normativa de dicho \u00f3rgano.<\/p>\n
Este es el supuesto resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2022 (Recurso de Casaci\u00f3n n\u00fam. 8701\/2021; ECLI:ES:TS:2022:4553<\/a>), que casa la decisi\u00f3n de instancia y considera conforme a derecho la previsi\u00f3n establecida por la modificaci\u00f3n de la Ordenanza municipal de Terrazas del municipio de Barcelona, aprobada por acuerdo del Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona de 29 de junio de 2.018,\u00a0 que dispuso que (art. 10.4) \u00abCorresponder\u00e1 a la Ponencia T\u00e9cnica de Terrazas la elaboraci\u00f3n de los criterios interpretativos, las circulares o las instrucciones que resulten pertinentes y coordinar la actuaci\u00f3n de los distritos con la voluntad de garantizar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal y de seguridad. Se dar\u00e1 conocimiento a la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica de Terrazas\u00bb.<\/p>\n La Ordenanza de Terrazas, en su art\u00edculo 92, crea la Ponencia T\u00e9cnica de Terrazas como \u00f3rgano interno municipal colegiado de car\u00e1cter consultivo t\u00e9cnico, que depende de la Gerencia de Ecolog\u00eda, Urbanismo y Movilidad. El mismo art\u00edculo concreta las funciones propias de la Ponencia, entre las que recoge expresamente, velar por el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal y de seguridad en las terrazas previstas en el art\u00edculo 10 y 11.1 de la Ordenanza. El art\u00edculo 10, concreta el alcance de estas funciones, relativas a la accesibilidad universal y seguridad cuando, en, en su apartado 4, habilita a la Ponencia a elaborar criterios interpretativos, circulares e instrucciones pertinentes, facultad ce\u00f1ida al cumplimiento de las condiciones de distancia m\u00ednima respecto de los elementos urbanos y edificios, a fin de garantizar la accesibilidad universal y la seguridad de los ciudadanos.<\/p>\n Con car\u00e1cter previo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a de 22 de julio de 2021 (Recurso contencioso-administrativo n\u00fam. 245\/2018; ECLI:ES:TSJCAT:2021:10097<\/a>) hab\u00eda estimado parcialmente el recurso formulado por la FUNDACI\u00d3N PRIVADA ECOM (cuyo fin es impulsar iniciativas, y gestar y prestar servicios orientados a la atenci\u00f3n de las personas con discapacidad f\u00edsica, as\u00ed como a la formaci\u00f3n continuada de los profesionales que les atienden, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar su autonom\u00eda personal) y hab\u00eda anulado dicho precepto. Para el Tribunal Superior de Justicia \u00abse atribuyen competencias a la Ponencia T\u00e9cnica de Terrazas para elaborar criterios interpretativos, cuando a tal organismo, carente de capacidad reglamentaria\u00a0 alguna,\u00a0 no\u00a0 cabe\u00a0 atribuirle\u00a0 por\u00a0 ello\u00a0 mismo\u00a0 funciones\u00a0 interpretativas\u00a0 de\u00a0 la ordenanza\u00a0 o\u00a0 de elaboraci\u00f3n a tal fin de circulares o instrucciones interpretativa\u00bb.<\/p>\n El recurso de casaci\u00f3n formulado por el Ayuntamiento hab\u00eda aducido que a aprobaci\u00f3n de criterios interpretativos, circulares o instrucciones persegu\u00eda, como objetivo indicado en el referido art\u00edculo 10.4 de la Ordenanza de Terrazas, el fijar criterios interpretativos de una norma municipal con determinaciones t\u00e9cnicas, y coordinar la actuaci\u00f3n de los distritos de la ciudad a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal y seguridad. La funci\u00f3n as\u00ed atribuida a esa Ponencia T\u00e9cnica tiene como resultado el establecer directrices de coordinaci\u00f3n en el ejercicio de las funciones a ejercer en materia de ocupaci\u00f3n del dominio p\u00fablico con la instalaci\u00f3n de terrazas, aprobadas por un organismo t\u00e9cnico creado en el \u00e1mbito de la potestad autoorganizativa que el art. 4.1 de la Ley 7\/1985 reconoce a las entidades locales.<\/p>\n El Auto del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2022 (Recurso de Casaci\u00f3n n\u00fam. 8701\/2021; ECLI:ES:TS:2022:5204A<\/a>) fij\u00f3 como cuesti\u00f3n de inter\u00e9s casacional objetivo determinar \u00absi en virtud de la potestad de autoorganizaci\u00f3n de los municipios puede un \u00f3rgano de gobierno local atribuir a un organismo t\u00e9cnico facultades para la aprobaci\u00f3n de criterios o instrucciones interpretativas sobre la aplicaci\u00f3n de una norma reglamentaria municipal\u00bb. La respuesta a esta cuesti\u00f3n es, como no pod\u00eda ser de otra forma, afirmativa.<\/p>\n En la casaci\u00f3n se hab\u00eda formulado oposici\u00f3n por parte del Gremio de Restauraci\u00f3n de Barcelona, que hab\u00eda aducido que\u00a0 no es posible atribuir competencias a la ponencia t\u00e9cnica para elaborar criterios interpretativos, dado que a tal organismo, carente de capacidad reglamentaria alguna, no dispone de funciones interpretativas de la ordenanza o de elaboraci\u00f3n de circulares o instrucciones interpretativas. A su juicio, los entes locales no disponen de capacidad normativa a trav\u00e9s de actuaciones llevadas a cabo por ponencias de car\u00e1cter t\u00e9cnico, dado que ello supondr\u00eda de facto legislar y crear un corpus jur\u00eddico por la puerta de atr\u00e1s, determinando par\u00e1metros y distancias menores a las establecidas en la normativa estatal o auton\u00f3mica que en ning\u00fan caso necesitan interpretaci\u00f3n para su concreci\u00f3n.<\/p>\n Frente a ello, el Tribunal Supremo concluye la legalidad de dicha previsi\u00f3n, ya que se atribuye a la citada Comisi\u00f3n \u00aben el ejercicio de potestades de autoorganizaci\u00f3n, de facultades interpretativas de la norma, as\u00ed como de la posibilidad de dictar circulares o instrucciones a fin de lograr una aplicaci\u00f3n homog\u00e9nea de la Ordenanza\u00bb. Y llega a esa conclusi\u00f3n porque conforme a los arts. 6.1 de la Ley 40\/2015 y 4.1 de la Ley 7\/1985, los \u00f3rganos de gobierno local, en virtud de su potestad de autoorganizaci\u00f3n, pueden atribuir a un organismo t\u00e9cnico creado ad hoc<\/em> facultades para la aprobaci\u00f3n de criterios o instrucciones interpretativas sobre la aplicaci\u00f3n de una norma reglamentaria municipal. Instrucciones que, naturalmente, tendr\u00e1n como contenido \u00abfijar unos criterios o pautas interpretativas, aclarando o ilustrando a los funcionarios sobre la interpretaci\u00f3n\u2026 (de) una Ordenanza de Terrazas- efectuada por el superior jer\u00e1rquico, a fin de unificar los criterios de su aplicaci\u00f3n por los \u00f3rganos y unidades que de \u00e9l dependen y conseguir una interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n homog\u00e9nea de la norma. Ofrece, por tanto, una interpretaci\u00f3n para exclusivo uso interno sin que tenga incidencia ni vinculaci\u00f3n alguna para los terceros administrados que en absoluto est\u00e1n sometidos a esta interpretaci\u00f3n efectuada que, si la consideran desacertada, pueden expresar tal disconformidad al impugnar los actos de aplicaci\u00f3n que la asuman\u00bb.<\/p>\n La conclusi\u00f3n es incuestionable. La potestad de autoorganizaci\u00f3n posibilita la constituci\u00f3n en el seno de una organizaci\u00f3n administrativa de \u00f3rganos de car\u00e1cter t\u00e9cnico que pueden adoptar instrucciones sobre la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las Ordenanzas. Pero esta realidad no deber\u00eda hacer perder el foco a las entidades locales de la necesidad de mejorar su t\u00e9cnica normativa, adoptando ordenanzas accesibles a la ciudadan\u00eda y precisas en su regulaci\u00f3n.<\/p>\n Juan Antonio Chinchilla Peinado<\/strong><\/p>\n Profesor Titular de Derecho Administrativo<\/p>\n Instituto de Derecho Local<\/p>\n Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default”… Seguir Leyendo \u00bfQui\u00e9n puede interpretar las cuestiones controvertidas de una ordenanza? Potestad de autoorganizaci\u00f3n municipal y derechos de los ciudadanos<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[384,334,82,416,243],"class_list":["post-8541","post","type-post","status-publish","format-standard","category-blog","tag-derecho-administrativo","tag-derecho-local","tag-lbrl","tag-ordenanzas-municipales","tag-terrazas"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8541"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8541\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8545,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8541\/revisions\/8545"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8541"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}