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Tres aspectos del funcionamiento de los gobiernos locales est\u00e1n necesitados de reformas para equipararse con pr\u00e1cticas democr\u00e1ticas est\u00e1ndar y presentes en otros niveles de gobierno.<\/p>\n
Manuel Zafra<\/strong><\/p>\n Universidad de Granada<\/p>\n El dise\u00f1o institucional del sistema pol\u00edtico municipal requiere una profunda reforma: 1.-Las comisiones informativas como ejemplo de deficiencia superada a golpe de sentencia 2.- La indistinci\u00f3n entre pol\u00edtica y administraci\u00f3n 3.- La singularidad local de la no adscripci\u00f3n a grupo pol\u00edtico.<\/p>\n En el a\u00f1o 1999 las comisiones informativas se regularon como \u00f3rgano obligatorio, fundamentalmente por la continuada jurisprudencia del Tribunal Supremo y, sobre todo, del Tribunal Constitucional ante la proliferaci\u00f3n de recursos de amparo interpuestos por los concejales en minor\u00eda. Asimiladas a los consejos sectoriales y los \u00f3rganos desconcentrados y descentralizados, las comisiones informativas integraban la potestad de autoorganizaci\u00f3n municipal. La mayor\u00eda en el gobierno las creaba potestativamente y era, justamente, al crearlas, cuando las minor\u00edas entend\u00edan menoscabados su derecho al seguimiento y control del gobierno. No cabe aqu\u00ed un repaso exhaustivo de los reiterados pronunciamientos judiciales, pero s\u00ed evidenciar una situaci\u00f3n profundamente antidemocr\u00e1tica: los derechos de la minor\u00eda eran concesi\u00f3n graciable de la mayor\u00eda. El TC, por raz\u00f3n de los recursos de amparo, determin\u00f3 la inconstitucionalidad de la disposici\u00f3n por el perjuicio provocado en el derecho de representaci\u00f3n protegido por el art\u00edculo 23 CE pero no sobre el motivo de fondo: la determinaci\u00f3n por la mayor\u00eda de los derechos de la minor\u00eda.<\/p>\n En la STC 103\/2013, de 25 de abril el Tribunal Constitucional declara contrario a la Constituci\u00f3n el art\u00edculo correspondiente de la Ley 57\/2003 de medidas para la modernizaci\u00f3n del Gobierno Local, en el que se contempla la posibilidad de nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condici\u00f3n de concejales, siempre que su n\u00famero no supere un tercio de sus miembros excluido el alcalde. En el FJ 6 el Tribunal expone su argumentaci\u00f3n destacando que el art\u00edculo 140 CE atribuye el gobierno y la administraci\u00f3n a los Ayuntamientos integrados por alcaldes y concejales, imponiendo la elecci\u00f3n democr\u00e1tica de sus integrantes. Reconoce el Tribunal la dificultad para delimitar ambas funciones, la propia del gobierno, \u201cla alta direcci\u00f3n de la pol\u00edtica municipal en lo que supone la adopci\u00f3n de decisiones con criterios esencialmente pol\u00edticos, como tambi\u00e9n la suprema direcci\u00f3n de la Administraci\u00f3n municipal\u2026\u201d. El criterio para diferenciar la regulaci\u00f3n constitucional del gobierno municipal en relaci\u00f3n al Gobierno del Estado es \u201cuna especial legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica\u2026 un plus de legitimidad democr\u00e1tica\u2026 frente a la profesionalizaci\u00f3n\u2026\u201d. La superficialidad de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica con una apelaci\u00f3n gen\u00e9rica al art\u00edculo 23 CE, motiva, con raz\u00f3n sobrada, el voto particular del Magistrado Ollero Tassara. En primer lugar, por una raz\u00f3n evidente: atribuir la administraci\u00f3n a concejales y alcaldes \u201cdesaf\u00eda el sentido com\u00fan, ante la obvia existencia de funcionarios locales\u201d; en segundo lugar, porque la sumariedad constitucional no autoriza al Tribunal a imponer una interpretaci\u00f3n determinada del alcance de ambos conceptos cuando el constituyente opt\u00f3 por no definirlos de modo un\u00edvoco.<\/p>\n Aparte de las justificadas razones esgrimidas en el voto particular, el sentido com\u00fan tambi\u00e9n aconseja acotar bien una decisi\u00f3n pol\u00edtica de su articulaci\u00f3n jur\u00eddica. La pr\u00e1ctica habitual de decisiones administrativas que exigen la firma del responsable pol\u00edtico, no hace m\u00e1s democr\u00e1tica la pol\u00edtica municipal. Decidir pol\u00edticamente supone definir prioridades presupuestarias y temporales para diferentes pol\u00edticas; las decisiones sujetas a potestad discrecional o reglada corresponden a los funcionarios. Este es uno de los retos para el buen gobierno municipal.<\/p>\n La no adscripci\u00f3n de los concejales que votan en contra del parecer mayoritario del grupo y abandonan voluntariamente o son expulsados de la formaci\u00f3n pol\u00edtica que present\u00f3 la candidatura, ha sido el remedio jur\u00eddico al fen\u00f3meno pol\u00edtico del transfuguismo.<\/p>\n Dos grandes pensadores, H. Arendt y S. Wolin, analizaron con rigor la precisi\u00f3n que la teor\u00eda pol\u00edtica imprime al lenguaje coloquial. El t\u00e9rmino transfuguismo ha evadido cualquier reflexi\u00f3n politol\u00f3gica y aparece en el vocabulario pol\u00edtico y, sobre todo, period\u00edstico investido de una inequ\u00edvoca simplicidad sem\u00e1ntica: no necesita adjetivo, por definici\u00f3n, el voto en contra, de un concejal, merece el reproche y la descalificaci\u00f3n como una muestra de oportunismo pol\u00edtico y medro personal. Sin embargo, la disidencia puede estar justificada y ser acreedora de protecci\u00f3n jur\u00eddica.<\/p>\n El TC declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales de 1978 que otorgaba a los partidos pol\u00edticos del derecho a conservar la concejal\u00eda si el concejal era expulsado. La fundamentaci\u00f3n era clara: era contrario a la constituci\u00f3n que una instancia, pese al reconocimiento constitucional de determinadas funciones, no reun\u00eda las consideraciones necesarias para se calificada como un poder p\u00fablico, tuviera la facultad de disponer de una instituci\u00f3n seg\u00fan las reglas dictadas para su organizaci\u00f3n interna. Significaba equiparar el r\u00e9gimen jur\u00eddico del militante y el del representante.<\/p>\n Ante este postulado, los partidos intentaron, mediante pactos pol\u00edticos, atenuar los efectos de la jurisprudencia constitucional. Un empe\u00f1o que acab\u00f3 teniendo resultados positivos: el concejal disidente perder\u00eda los derechos inherentes por la pertenencia a grupo, con indiferencia de si la salida era voluntaria o consecuencia de la expulsi\u00f3n. El TC que ha diferenciado el grupo del partido no objet\u00f3 que el titular de la secretar\u00eda del ayuntamiento se dirigiera a la secretar\u00eda de la formaci\u00f3n pol\u00edtica para aclarar la situaci\u00f3n. \u00a0En la representaci\u00f3n auton\u00f3mica y estatal no se penaliza la disidencia con la no adscripci\u00f3n, ni se proh\u00edbe la integraci\u00f3n en el grupo mixto. En la STC 141\/2007 el TC consider\u00f3 el m\u00ednimo de la funci\u00f3n representativa \u201cel ejercicio de la funci\u00f3n legislativa o de control de la acci\u00f3n del gobierno\u201d, una funci\u00f3n inviable sin la facultad de constituir grupo parlamentario; sin embargo, en la STC 169\/2009 entendi\u00f3 no lesionado ese m\u00ednimo cuando de un representante local se trataba. De nuevo se justifica el trato diferenciado entre la representaci\u00f3n local y auton\u00f3mica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tres aspectos del funcionamiento de los gobiernos locales est\u00e1n necesitados de reformas para equipararse con pr\u00e1cticas democr\u00e1ticas est\u00e1ndar y presentes en otros niveles de gobierno. 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