{"id":9497,"date":"2023-10-18T10:00:19","date_gmt":"2023-10-18T08:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=9497"},"modified":"2023-10-16T10:37:17","modified_gmt":"2023-10-16T08:37:17","slug":"posible-aplicacion-asimetrica-de-la-ley-12-2023-por-el-derecho-a-la-vivienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/posible-aplicacion-asimetrica-de-la-ley-12-2023-por-el-derecho-a-la-vivienda\/","title":{"rendered":"Posible aplicaci\u00f3n asim\u00e9trica de la Ley 12\/2023, por el Derecho a la Vivienda"},"content":{"rendered":"
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Basta con una r\u00e1pida lectura de la Ley 12\/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (LDV), para comprobar que una buena parte de sus normas son \u201csupletorias\u201d, porque as\u00ed lo dispone expresamente la propia ley. De esta forma, la LDV da preferencia aplicativa<\/em> a las leyes auton\u00f3micas sobre vivienda o, incluso, a reglamentos auton\u00f3micos municipales sobre la misma materia. El car\u00e1cter \u201csupletorio\u201d de esas normas es, seg\u00fan parece, una cuesti\u00f3n central en los recursos de inconstitucionalidad<\/em> interpuestos ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades aut\u00f3nomas. Avanzando lo que en seguida argumento, dir\u00e9 ahora que es posible que algunas normas \u201cdesplazables\u201d o \u201csupletorias\u201d de la LDV sean inconstitucionales, pero no por conceder preferencia aplicativa a otras normas, sino porque el Estado carezca de toda competencia sectorial o transversal para aprobar dichas normas. La cuesti\u00f3n central es la existencia de un t\u00edtulo competencial estatal suficiente<\/em> para la regulaci\u00f3n, no su posible car\u00e1cter \u201csupletorio\u201d. <\/p>\n

Como es sabido, desde la STC 118\/1996, la doctrina constitucional es contraria a las normas estatales meramente<\/em> supletorias. Esta doctrina llev\u00f3 directamente a la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 (STC 61\/1997). Pero esa doctrina no impide por s\u00ed toda suerte de normas supletorias del Estado<\/em>. Es m\u00e1s, en \u00e1mbitos materiales con importantes competencias auton\u00f3micas e importantes diferencias demogr\u00e1ficas entre regiones, las normas estatales supletorias pueden ser no s\u00f3lo conformes con la Constituci\u00f3n, sino incluso \u00f3ptimas para satisfacer el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada.<\/p>\n

La opci\u00f3n de uniformidad inherente a toda norma estatal bien puede consistir en abrir espacios de diversidad aplicativa<\/em>, para cuando las comunidades aut\u00f3nomas consideren oportuno una modulaci\u00f3n, sustituci\u00f3n o correcci\u00f3n de algunos criterios normativos estatales (los expresamente considerados como desplazables o corregibles por la propia ley estatal). Esto es, una vez asumido que una competencia estatal permite al Estado muchos grados y formas de regulaci\u00f3n, incidiendo correlativamente sobre el alcance efectivo de las competencias auton\u00f3micas exclusivas sobre vivienda, una de esas posibles formas de regulaci\u00f3n estatal consiste en dotar a sus propias normas de una eficacia limitada<\/em>, autorizando su posible desplazamiento por leyes auton\u00f3micas.<\/p>\n

No estamos aqu\u00ed ante una regulaci\u00f3n estatal meramente supletoria, sino ante una regulaci\u00f3n directamente vinculante<\/em> que, por decisi\u00f3n del propio Estado, puede ser parcialmente desplazada<\/em> en alguna comunidad aut\u00f3noma. El Estado, al ejercer su competencia legislativa, lo est\u00e1 haciendo de la manera m\u00e1s favorable posible al pleno despliegue de la competencia auton\u00f3mica exclusiva sobre vivienda, pues permite incluso el desplazamiento parcial de la regulaci\u00f3n estatal.<\/p>\n

En este sentido, no es invocable aqu\u00ed la jurisprudencia constitucional que enuncia severos l\u00edmites a la legislaci\u00f3n supletoria estatal (SSTC 118\/1996, FJ 6; 161\/1997, FJ 12 c) y 68\/2021, FJ 9). En estas sentencias considera el Tribunal Constitucional, que la supletoriedad del Derecho estatal<\/em>, a la que se refiere el art. 149.3 CE, es solo una t\u00e9cnica de integraci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico de cada Comunidad Aut\u00f3noma, y no una competencia estatal. Rechaza el Tribunal Constitucional, de forma absoluta, que all\u00ed donde el Estado carezca de un t\u00edtulo competencial propio y expreso (alguno de los enunciados en el art. 149.1 CE) pueda aprobar leyes \u201cmeramente supletorias\u201d, aplicables s\u00f3lo en defecto de regulaci\u00f3n auton\u00f3mica. En las tres sentencias citadas, el Tribunal Constitucional considera que las correspondientes normas impugnadas no tienen anclaje en ning\u00fan t\u00edtulo competencial estatal, y por eso declarara la inconstitucionalidad: en la STC 118\/1996, porque el Estado carece de competencias sobre transporte urbano; en la STC 61\/1997, porque el Estado carece de competencias sobre urbanismo; y en la STC 68\/2021, porque la competencia estatal b\u00e1sica ex<\/em> art. 149.1.18 CE sobre Administraci\u00f3n local y sobre contrataci\u00f3n p\u00fablica no alcanza para fijar el \u00f3rgano competente para la resoluci\u00f3n del recurso especial en materia de contrataci\u00f3n en los entes locales (y por eso mismo el Estado no puede fijar ese \u00f3rgano, ni siquiera de forma supletoria).<\/p>\n

Cuesti\u00f3n muy distinta es que el Estado, all\u00ed donde cuente con un t\u00edtulo competencial espec\u00edfico, expreso<\/em> y suficiente<\/em> en el art. 149.1 CE (incluyendo en su caso un t\u00edtulo competencial b\u00e1sico) opte por una regulaci\u00f3n flexible, dejando un cierto margen de divergencia a cada comunidad aut\u00f3noma. En tal caso, la opci\u00f3n legislativa estatal est\u00e1 amparada por un t\u00edtulo competencial concreto (no es meramente supletoria, lo que rechaza categ\u00f3ricamente el Tribunal Constitucional). Y ocurre, \u00fanicamente, que en el ejercicio leg\u00edtimo de su competencia legislativa el Estado puede prever y autorizar el desplazamiento o inaplicaci\u00f3n de alguno de los preceptos estatales. De esta forma, el Estado est\u00e1 actuando en los l\u00edmites de su competencia, pero de una forma tal que permite el mayor desarrollo posible de la competencia auton\u00f3mica exclusiva sobre vivienda (pues la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica puede incluso desplazar la aplicaci\u00f3n de la norma estatal).<\/p>\n

En especial, la regulaci\u00f3n estatal desplazable resulta adecuada all\u00ed donde uno o varios estatutos de autonom\u00eda<\/em> enuncian un aspecto o submateria como de competencia \u201cexclusiva\u201d auton\u00f3mica. Es el caso, por ejemplo, de la \u201cpromoci\u00f3n p\u00fablica de viviendas\u201d conforme al art. 137.1 c) del Estatuto catal\u00e1n (2006). Es cierto que, de acuerdo con la STC 31\/2010, FFJJ 60 y 64, aquellas submaterias exclusivas auton\u00f3micas son \u201cimpropias\u201d, en la medida en que no pueden impedir el \u201cpleno despliegue\u201d de las competencias estatales. Pero siendo esto incuestionable, tambi\u00e9n lo es que la v\u00e1lida existencia de una competencia auton\u00f3mica exclusiva es una clara directriz del bloque de la constitucionalidad<\/em> para que \u2013salvo que exista una raz\u00f3n constitucional muy cualificada- la ley estatal no agote toda su extensi\u00f3n potencial (STC 50\/2018, FJ 6 c). Esto lleva a afirmar la correcci\u00f3n y conveniencia constitucional de que ciertos preceptos de la LDV sean desplazables \u2013por propia decisi\u00f3n del Estado- por leyes auton\u00f3micas de vivienda, en relaci\u00f3n con aquellas sub-materias de la vivienda en las que los estatutos de autonom\u00eda han afirmado expresamente su car\u00e1cter exclusivo. Pues si bien en esas sub-materias el Estado a\u00fan puede hacer un pleno despliegue de sus competencias (sobre legislaci\u00f3n civil, bases y coordinaci\u00f3n de la econom\u00eda o condiciones b\u00e1sicas para la igualaci\u00f3n de derechos constitucionales), el bloque de la constitucionalidad indica que se trata de un aspecto de la vivienda con un alto grado de interiorizaci\u00f3n auton\u00f3mica<\/em>, con lo que un ejercicio m\u00e1ximo, exhaustivo y uniforme de la competencia estatal podr\u00eda resultar desproporcionado (si no est\u00e1 apoyado en otros bienes, valores o principios constitucionales primarios). El posible reproche de desproporci\u00f3n en el ejercicio de la competencia estatal se neutraliza mediante la previsi\u00f3n expresa de posibles desplazamientos aplicativos de la propia norma estatal.<\/p>\n

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Francisco Velasco Caballero<\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

Catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo<\/span><\/p>\n

Instituto de Derecho Local<\/span><\/p>\n

Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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